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Roberto Andrés Navarro Dolmestch con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Rol: C1131-21

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, requiriendo la entrega de copia de listado de querellas deducidas a partir del 19 de octubre de 2019, con indicación del tribunal, rol único de causa o el rol interno del tribunal asignado a la querella. Lo anterior, por tratarse de información pública, toda vez que la designación del RIT o RUC, la realizan los Tribunales, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad consagrado en el Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos"; respecto de la cual, la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no se aviene con su obligación de informar, en conformidad del artículo 15 de la Ley de Transparencia. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otros. La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

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Tipo de Documento



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Inhabilitación)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1131-21

Entidad pública: Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Requirente: Roberto Andrés Navarro Dolmestch

Ingreso Consejo: 18.02.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, requiriendo la entrega de copia de listado de querellas deducidas a partir del 19 de octubre de 2019, con indicación del tribunal, rol único de causa o el rol interno del tribunal asignado a la querella.

Lo anterior, por tratarse de información pública, toda vez que la designación del RIT o RUC, la realizan los Tribunales, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad consagrado en el Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos"; respecto de la cual, la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no se aviene con su obligación de informar, en conformidad del artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otros.

La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1131-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de diciembre de 2020, don Roberto Andrés Navarro Dolmestch solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública el "listado de querellas deducidas por el Ministerio del Interior a partir del 19 de octubre de 2019, indicando en cada caso, el tribunal ante el cual se dedujo cada querella y Rol único de Causa (RUC) o Rol Interno del Tribunal (RIT) asignado a la querella o en el que se tramita dicha presentación".

2) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 4.178, de fecha 16 de febrero de 2021, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública respondió a dicho requerimiento de información, indicando que, respecto de las querellas presentadas por el organismo, éstas se encuentran disponibles en la Oficina Judicial Virtual, cuyo enlace electrónico consignó. Al efecto, informó que debe accederse mediante la clave única y dirigirse a la pestaña "consulta unificada". Acto seguido, indicó que es necesario acceder a la búsqueda por nombre y presionar persona jurídica, escribiendo en el campo de búsqueda el nombre del organismo.

3) AMPARO: El 18 de febrero de 2021, don Roberto Andrés Navarro Dolmestch dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° E5693, de fecha 6 de marzo de 2021, a fin de que presente sus descargos y observaciones.

Mediante Ordinario N° 6426, de fecha 22 de marzo de 2021, el organismo evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Además, informó que entre el 19 de octubre de 2019 y el 20 de diciembre de 2020, el órgano recurrido, por medio de su equipo penal, interpuso un total de 543 querellas, 450 de ellas correspondientes a la Región Metropolitana y 93 en regiones. A su vez, indicó que las causas judiciales se encuentran permanente a disposición del público en la Oficina Judicial Virtual, reiterando su ruta de búsqueda. Por tal motivo, puntualizó que cumplió con su obligación de informar, en los términos previstos en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso. Al respecto, el órgano recurrido esgrimió que las querellas presentadas por el organismo, se encuentran disponibles permanentemente a disposición del público en la Oficina Judicial Virtual -cuyo enlace electrónico y ruta de búsqueda consignó-, en conformidad de lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en cuanto a lo alegado por el órgano reclamado, es menester tener en consideración lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, esto es, "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar". (Énfasis agregado)

3) Que, a partir de la decisión del amparo Rol C955-12, este Consejo ha razonado que la antedicha disposición consagra una modalidad especial de entrega de la información que resulta equivalente a proporcionarla materialmente o en un soporte físico, y que incluso puede llegar a reemplazar a esta última forma, en la medida que su acceso sea permanente, expedito, completo y suficiente. Esto atiende particularmente a la finalidad perseguida por dicha norma, cual es, evitar que los órganos de la Administración incurran en gastos innecesarios asociados a la reproducción material de la información que le ha sido requerida, cuando esta se encuentra disponible en otro medio que permita el acceso a la misma del modo ya indicado, y que satisfaga cumplidamente lo requerido. (Énfasis agregado)

4) Que, en tal contexto, esta Corporación procedió a revisar de oficio el enlace electrónico proporcionado por el órgano reclamado, verificando que dicho sitio web corresponde a un reservatorio general de información, consistente en un sistema general de búsqueda de causas para todas las competencias, cuyos parámetros no permiten obtener -de manera expedita, completa y suficiente- el acceso a los antecedentes peticionados, conforme al detalle señalado por el reclamante. Al efecto, el referido motor de búsqueda no permite obtener un listado desagregado - con indicación del tribunal, RUC Y RIT- respecto de las querellas interpuestas por el organismo, pues la aplicación de los criterios de búsqueda sólo permiten obtener aquello de forma parcial sobre un tribunal determinado. Razón por la cual, se descarta que se haya proporcionado acceso a lo pedido de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

5) Que, respecto de la información solicitada, se debe tener presente lo razona por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otros, en orden a que el marco normativo aplicable a la publicidad de los expedientes judiciales en materia penal, dentro del cual se encuentran lógicamente los medios para identificarlos, como ocurre por ejemplo, con el rol de cada causa. En este orden de ideas, la designación de un RIT o RUC a las respectivas causas penales, la realizan los Tribunales de Justicia, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad, que se encuentra consagrado en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos". Esta es, en consecuencia, la premisa legal que aplica sobre la materia consultada, en tanto la designación de un número para identificar una causa judicial, constituye una actuación del tribunal correspondiente.

6) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública, verificándose en la especie que la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no se aviene con su obligación de informar, en conformidad de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de los antecedentes consultados.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Roberto Andrés Navarro Dolmestch en contra de la Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante copia de listado de querellas deducidas por el Ministerio del Interior a partir del 19 de octubre de 2019, con indicación del tribunal ante el cual se dedujo cada querella, el rol único de causa o el rol interno del tribunal asignado a la querella.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Roberto Andrés Navarro Dolmestch y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.