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Paz Peña Ochoa con Rol: C7529-20

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Evaluación Social, ordenando informar a la reclamante cuáles son las 125 variables (estadísticas) que se utilizan para lograr el Puntaje Alerta Niñez y su prioridad en el marco del programa Sistema de Alerta Niñez (SAN). Lo anterior, por cuanto se trata de información pública, comprendida en la solicitud de acceso, respecto de la cual el órgano no acredito su entrega ni la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación. Luego, la presente reclamación no apunta a obtener acceso a las bases de datos que informan el sistema consultado sino la identificación de las variables estadísticas que miden dichas bases de datos, desprovisto de cualquier dato personal o sensible de los niños, niñas y adolescentes que allí se informen. Se rechaza el amparo en lo relativo al acceso al instrumento de focalización e información de contexto que permite identificar a los niños, niñas y adolescentes con índice de mayor riesgo de sufrir vulneraciones de derecho a través del Puntaje Alerta Niñez, así como los términos de referencia y contrato de la consultora que efectuó la auditoria al instrumento Alerta Niñez, por corresponder a antecedentes que exceden el tenor de la solicitud de información que le dio origen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7529-20

Entidad pública: Subsecretaría de Evaluación Social

Requirente: Paz Peña Ochoa

Ingreso Consejo: 18.11.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Evaluación Social, ordenando informar a la reclamante cuáles son las 125 variables (estadísticas) que se utilizan para lograr el Puntaje Alerta Niñez y su prioridad en el marco del programa Sistema de Alerta Niñez (SAN).

Lo anterior, por cuanto se trata de información pública, comprendida en la solicitud de acceso, respecto de la cual el órgano no acredito su entrega ni la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación. Luego, la presente reclamación no apunta a obtener acceso a las bases de datos que informan el sistema consultado sino la identificación de las variables estadísticas que miden dichas bases de datos, desprovisto de cualquier dato personal o sensible de los niños, niñas y adolescentes que allí se informen.

Se rechaza el amparo en lo relativo al acceso al instrumento de focalización e información de contexto que permite identificar a los niños, niñas y adolescentes con índice de mayor riesgo de sufrir vulneraciones de derecho a través del Puntaje Alerta Niñez, así como los términos de referencia y contrato de la consultora que efectuó la auditoria al instrumento Alerta Niñez, por corresponder a antecedentes que exceden el tenor de la solicitud de información que le dio origen.

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7529-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de septiembre de 2020, doña Paz Peña Ochoa solicitó a la Subsecretaría de Evaluación Social lo siguiente:

"Sobre el Sistema Alerta Niñez (SAN), se solicita información sobre:

1. Términos de referencia de la licitación para el desarrollo de esta plataforma informática

2. Contrato con el proveedor(es) que desarrolla la plataforma SAN

3. Además del SAN, ¿la subsecretaría lleva a cabo otro sistema informático con modelos predictivos? Si es así, proporcione nombre, estado de la licitación y, si ya ha sido licitada, adjuntar contrato y términos de referencia.

4. Descripción de todo antecedente que permita entender el funcionamiento del software SAN y su lógica para llegar a los resultados de alertas. Entre ellos:

- Explicación del modelo predictivo: todo antecedente que permita entender cómo el software decide qué tipos de alerta levantar. Incluido la explicación de por qué esos datos son importantes para un modelo predictivo de alertas.

- Previo borrado de información personal y sensible de las personas, todas las bases de datos que alimentan el sistema.

- Los parámetros que las personas que son usuarios del SAN deben completar para alimentar el sistema y obtener alertas.

- Protocolos que orienten cómo y cuándo las personas que usan el SAN deben alimentar el sistema.

- Muestra de cómo son los reportes de alertas del SAN.

- Cualquier tipo de evaluación o auditoría del SAN: interesa, sobre todo, qué tipo y cuántos errores y falsos positivos dio el sistema, así como la información de posibles sesgos en los resultados, y las conclusiones y recomendaciones de esa evaluación. Asimismo, es importante identificar quién hizo la evaluación y/o la auditoria.

- Cualquier documento que dé cuenta de la participación de la comunidad afectada por el uso del SAN, ya sea en el diseño del SAN como en su evaluación. Describir cómo se desarrolló esa participación".

2) RESPUESTA: El 12 de noviembre de 2020, la Subsecretaría de Evaluación Social respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, lo siguiente:

Se adjuntan los Términos de referencia de la licitación para el desarrollo de esta plataforma informática.

Se adjunta Contrato con el(los) proveedor(es) que desarrolla la plataforma SAN:

Respecto de la tercera pregunta, se adjunta documentación asociada a la operación de las Oficinas Locales de la Niñez, que pueden facilitar la comprensión del uso de la plataforma Sistema Alerta Niñez.

Ahora, en lo referido a si la subsecretaría lleva a cabo otro sistema informático con modelos predictivos, señala que además del Sistema Piloto Alerta de Niñez, otro instrumento de focalización preventivo desarrollado por la subsecretaría es el Piloto de Alerta de Deserción, la cual es una herramienta diseñada para apoyar la toma de decisiones que, a partir de información administrativa, identifica el conjunto de condiciones individuales, familiares, del entorno y de los pares de los niños, niñas y adolescentes, que tienden a presentarse cuando existe un riesgo de deserción escolar.

En cuanto a la cuarta consulta, expone latamente el modelo predictivo que utiliza el SAN, concluyendo que para desarrollar la alerta, primero se elaboró un conjunto de datos de investigación con el fin de replicar las condiciones en las que se desplegaría posteriormente el modelo. Esto implicó crear el universo de datos de una cohorte, de tal modo que fuese igual al universo de datos que existe para la cohorte a la que se le identifica el riesgo cuando se implementa mes a mes el Sistema Piloto Alerta de Niñez.

En lo relativo a la base de datos que alimentan al sistema, señala que aquella suma 125 variables, incluidos datos personales de niños, niñas y adolescentes, sus padres, hermanos, entorno y hogar, complementados con datos demográficos, de salud, socioeconómicos, educacionales, del sistema de protección social, y datos del registro civil, además de datos censales y estadísticos de entorno. En tal sentido, indica que, en atención al deber de sujetar todo tratamiento de datos personales y sensibles a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, no es posible hacer entrega de información requerida, incluso tras el "borrado de información personal y sensible de las personas, todas las bases de datos que alimentan el sistema" ya que, en último término, dicha acción pone en riesgo la privacidad de los titulares de los datos ante la posibilidad de asociar a las personas y sus familias con los datos personales entregados por ellos con otra finalidad.

Refiere que anonimizar datos es mucho más complejo que solo remover identificadores explícitos, como RUT, número de pasaporte, nombres. En general, las bases de datos contienen otro grupo de datos, no siempre tan evidentes, llamados cuasi identificadores, que colectivamente tienen el potencial de permitir identificar al dueño de un registro (titular del dato). En esta tipología están datos como la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono, pero también están otros datos que, dependiendo del nivel de diversidad de las personas incluidas en la base de datos, pueden permitir identificar a personas específicas. Un ejemplo de esto último son variables como la profesión, la etnia, la religión, una enfermedad poco frecuente, o el monto específico del ingreso del trabajo. Este tipo de datos, por ejemplo, en una localidad pequeña, pueden habilitar la reidentificación de personas particulares. Por ello, es este segundo grupo el que genera más complejidad a la hora de evaluar la entrega de los datos requeridos en su solicitud referida, principalmente, a niños, niñas y adolescentes, ya miembros de sus hogares.

En el caso concreto de la solicitud, se está haciendo una petición respecto de 125 variables que conforman el conjunto solicitado. Después de remover algunos datos de identificación directa, se analizó cuántas personas distintas comparten atributos y, por tanto, pueden generar alguna protección desde el punto de vista de la privacidad. Así las cosas, de los casi 4 millones de casos que se usaron en el entrenamiento del modelo (3,9 millones), se obtiene que 3,6 millones de tuplas son únicas. Es decir, con el conjunto de datos requeridos, se reconoce o puede reconocer potencialmente al 91, 7% de las personas porque la combinación de las más de 100 variables las hace únicas.

Por todo lo anterior, la Subsecretaría de Evaluación Social ha realizado esfuerzos serios por avanzar en la generación de capacidades técnicas que permitan tratar las bases de datos personales y sensibles, de manera de poder compartirlas con una comunidad mayor de usuarios, en el marco de las atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En este sentido, se trabajó en 2019 con académicos expertos del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, para integrar conocimiento sobre técnicas de k-anonimización, l-diversidad, y privacidad diferencial, de manera de habilitar la generación de bases de datos anonimizadas que pudieran entregarse en requerimientos como el recibido a través de su solicitud. Sin embargo, la convicción que se alcanzó en este contexto es que el avance en la ciencia y de la práctica todavía no permiten asegurar la privacidad de los datos de casi 4 millones de personas que forman parte de las bases requeridas, con un nivel de certeza compatible con el resguardo garantizado a nivel constitucional, quienes tienen una legítima expectativa de privacidad cuando una institución pública hace tratamiento de sus datos sobre la base de legitimidad de una autorización legal, y no han sido consultados sobre su consentimiento para liberar los datos en el contexto de requerimientos como el de la solicitud.

En cuanto a la realización de auditorias del SAN, informa que se efectúo una auditoría algorítmica se recurrió a un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y fue realizada por la consultora española Éticas Research and Consulting. Los resultados de este informe se presentarán a los encargados correspondientes con el fin de timar medidas para la mejora del Sistema de Alerta Niñez. Por ello, no es posible acceder a la entrega de esta última información, toda vez que se trata de antecedentes previos a la adopción de las respectivas políticas o medidas que la autoridad decida para esta temática, lo que por demás se enmarca en la causal legal de reserva contenida en el Artículo 21 ° N° 1 letra b) de la Ley N° 20.285.

En cuanto a los parámetros que las personas que son usuarios del SAN deben completar para alimentar el sistema y obtener alertas; respecto de los protocolos; en cuanto a una muestra de cómo son los reportes de alertas y respecto de la participación de la comunidad, derivó el requerimiento a la Subsecretaría de la Niñez, que es el órgano competente en estas materias específicas.

3) AMPARO: El 18 de noviembre de 2020, doña Paz Peña Ochoa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta incompleta a la solicitud de información. Agregó que: La información es incompleta en los siguientes aspectos:

a) Respecto al proveedor de desarrollo de software del sistema SAN (y los términos de servicios), la respuesta de la subsecretaría no adjunta antecedentes de la empresa que desarrolló el "instrumento de focalización e información de contexto que permite identificar a los NNA con índice de mayor riesgo de sufrir vulneraciones de derecho a través del Puntaje Alerta Niñez".

b) Se pide la explicación del modelo predictivo y solo se nombra que existen "125 variables" que se toman para lograr el Puntaje Alerta Niñez, pero no se nombran esas variables ni su prioridad. No se vulneran datos personales si solo se enlistan las variables que se toman en cuenta para el modelo predictivo.

c) Sobre cualquier tipo de auditoría al sistema, se nombra a la consultora española Eticas Research and Consulting pero no se otorgan antecedentes como los términos de referencia para la auditoria algorítmica ni el contrato de la consultora.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social, mediante Oficio E20504, de 30 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información reclamada obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (4°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (5°) informe detalladamente el estado actual de los procesos de decisión de la medida, resolución o política, sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

Mediante Ordinario N° 4195, de 22 de diciembre de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos en esta sede señalando, en síntesis, que:

a) Respecto de la primera alegación de la reclamante, sostiene que se hizo entrega de la información textualmente pedida en los puntos 1 y 2 del requerimiento, como plataforma SAN. Precisa que esta plataforma no contempló en su desarrollo ni en su mantención la construcción del "instrumento de focalización e información de contexto que permite identificar a los NNA con índice de mayor riesgo de sufrir vulneraciones de derecho a través del Puntaje Alerta Niñez", aunque sí muestra un indicador de riesgo generado a partir de él, además de otra información de contexto de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. En este sentido, este organismo estima que la solicitud de información no alude al instrumento "Alerta Niñez" reclamado en el amparo, por cuanto aquel corresponde a otro componente del Sistema, contratada en un proceso de licitación anterior a la construcción de la plataforma SAN.

b) En lo referido a la segunda alegación, donde indica que "no se nombran las variables utilizadas en el modelo predictivo ni su prioridad", argumenta que dicha pregunta no estaba incluida en la solicitud original, la cual en rigor en este punto requería específicamente "Previo borrado de información personal y sensible de las personas, todas las bases de datos que alimentan el sistema." Dicha base de datos fue denegada por el riesgo a la privacidad y en el tratamiento de datos personales de los titulares de los mismos ante la posibilidad de identificar a las personas y sus familias.

c) En lo relativo a la tercera alegación, señala que al requerirse información sobre "cualquier auditoría al Sistema" se informó a la interesada la única auditoría que a la fecha de la solicitud disponía respecto del Sistema Alerta Niñez en su conjunto, que, en rigor, correspondía a una auditoria referida al componente instrumento denominado "Alerta Niñez" realizada por la consultora española Eticas Research and Consulting, cuyo contenido fue denegado en la referida carta, por cuanto, sus resultados sirven de antecedente directo para la adopción de decisiones respecto de mejoras del instrumento y su implementación por parte de la autoridad.

En este punto, indica que es necesario volver a explicitar la distinción que hay al interior del Sistema Alerta Niñez, el cual cuenta, por una parte, con un instrumento que da información que permite la identificación de NNA en situación de riesgo y, por otra, con una plataforma, que corresponde a una herramienta de gestión informática que se utiliza en comunas donde se ejecuta el programa piloto "Oficinas Locales de la Niñez. En este punto, se informa, adicionalmente que, respecto de la plataforma informática del Sistema Alerta Niñez (SAN), no se cuenta con auditorías.

En cuanto a lo expuesto referido a que "no se otorgan antecedentes como los términos de referencia para la auditoria algorítmica ni el contrato de la consultora", informa que, si bien, se cuenta con la aludida auditoria, ésta no fue financiada por el organismo, sino por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que los términos de referencia para contratar dicho servicio, o los contratos recaídos en él, es información que no obra en su poder ni ha sido producida por sus funcionarios.

d) Finalmente, sostiene que a su juicio la solicitante pretende extender por vía del presente recurso su solicitud original a aspectos o materias que no fueron contempladas en su requerimiento inicial.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la Subsecretaría de Evaluación Social no habría hecho entrega de los antecedentes a que hace referencia la reclamante en los literales a), b) y c) del numeral 3) de lo expositivo, circunscribiéndose por tanto a dicha información el reclamo en análisis.

2) Que, respecto de lo alegado en el literal a) del numeral 3); es posible señalar que del requerimiento se desprende que lo pedido se vinculaba a los "términos de referencia" y "contrato con el proveedor(es)" que desarrollaron la "plataforma informática" denominada Sistema Alerta Niñez (SAN), y, por tanto, no comprendía el acceso al "instrumento de focalización e información de contexto que permite identificar a los NNA con índice de mayor riesgo de sufrir vulneraciones de derecho a través del Puntaje Alerta Niñez" que, como especifica el órgano en sus descargos, es un instrumento previo a la construcción de la plataforma informática por la cual se consultó. De igual forma, respecto de lo alegado en el literal c) del numeral 3), esto es, la falta de entrega de los términos de referencia y contrato de la consultora que efectuó la auditoria al instrumento "Alerta Niñez" -que como se señaló previamente, no es equivalente a la plataforma Sistema Alerta Niñez (SAN)- tampoco se colige que dichos antecedentes fuesen requeridos originalmente. Al respecto, cabe señalar que el artículo 12, letra b) de la Ley de Transparencia, exige que la solicitud de acceso a la información debe ser formulada por escrito o por sitios electrónicos y debe contener, entre otros, la "identificación clara de la información que se requiere".

3) Que, en mérito de lo expuesto, se rechazará el amparo en esta parte, toda vez los antecedentes a que hace referencia el solicitante en las letras a) y c) de su reclamo, corresponden a información que excede el tenor de la solicitud de información que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que dichos documentos puedan ser objeto de una nueva solicitud de acceso.

4) Que, por el contrario, en lo que dice relación a lo alegado en la letra b) del numeral 3) de lo expositivo, esto es, la falta de entrega de las 125 variables que se toman para lograr el Puntaje Alerta Niñez y su prioridad, a juicio de este Consejo, dicho antecedente sí corresponde a información que estaba comprendida en la solicitud de acceso que dio origen al amparo. En efecto, lo pedido por la peticionaria apuntaba a obtener "4. Descripción de todo antecedente que permita entender el funcionamiento del software SAN y su lógica para llegar a los resultados de alertas", entre los cuales razonablemente se comprende información sobre los parámetros o variables estadísticas (cuantitativas o cualitativas) que alimentan el sistema de alerta consultado. Luego, la presente reclamación no apunta a obtener acceso a las bases de datos que informan el sistema consultado sino la identificación de las variables estadísticas que miden dichas bases de datos, desprovisto de cualquier dato personal o sensible que los niños, niñas y adolescentes que allí se informen.

5) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

6) Que, la Subsecretaría de Evaluación no efectuó alegación alguna tendiente a acreditar la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su negativa a informar cuáles son las 125 variables que se utilizan para lograr el Puntaje Alerta Niñez y su prioridad en el marco del programa Sistema de Alerta Niñez (SAN). En merito de lo anterior, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando proporcionar a la recurrente la información reclamada

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Paz Peña Ochoa en contra de la Subsecretaría de Evaluación Social, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social, lo siguiente

a) Informar a la reclamante cuáles son las 125 variables (estadísticas) que se utilizan para lograr el Puntaje Alerta Niñez y su prioridad en el marco del programa Sistema de Alerta Niñez (SAN).

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo relativo al acceso al instrumento de focalización e información de contexto que permite identificar a los niños, niñas y adolescentes con índice de mayor riesgo de sufrir vulneraciones de derecho a través del Puntaje Alerta Niñez, así como los términos de referencia y contrato de la consultora que efectuó la auditoria al instrumento Alerta Niñez, por corresponder a antecedentes que exceden el tenor de la solicitud de información que le dio origen.

IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Paz Peña Ochoa y a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica e Directora Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.