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Esteban Rodríguez González con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C8218-20

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, respecto a la individualización de los funcionarios públicos que habrían obtenido el bono clase media. Lo anterior, por tratarse de información que, a la fecha de la solicitud, se encontraba en etapa de revisión de antecedentes, atendidas las diferencias detectadas en las declaraciones de 37.100 funcionarios, por ello su divulgación puede afectar la honra y la presunción de inocencia que ampara a los contribuyentes a que se refiere, por cuanto expone un eventual incumplimiento en la percepción del beneficio que aún tiene un carácter preliminar. Aplica criterio contenido en la decisión amparo Rol C7908-20. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8218-20

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Esteban Rodríguez González

Ingreso Consejo: 16.12.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, respecto a la individualización de los funcionarios públicos que habrían obtenido el bono clase media.

Lo anterior, por tratarse de información que, a la fecha de la solicitud, se encontraba en etapa de revisión de antecedentes, atendidas las diferencias detectadas en las declaraciones de 37.100 funcionarios, por ello su divulgación puede afectar la honra y la presunción de inocencia que ampara a los contribuyentes a que se refiere, por cuanto expone un eventual incumplimiento en la percepción del beneficio que aún tiene un carácter preliminar.

Aplica criterio contenido en la decisión amparo Rol C7908-20.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8218-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de octubre de 2020, don Estaban Rodríguez González presentó ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), el siguiente requerimiento: "Base de datos individualizando funcionarios y respectivo servicio público, que cobraron bono clase media (ips, supen, ministerio público, contraloría). formato Excel"

2) RESPUESTA: Por medio de Res. Ex. N° LT Not. 0019729, notificado el 26 de noviembre de 2020, el Servicio de Impuestos Internos, otorgó respuesta al requerimiento, denegando la información solicitada en virtud de las causales del artículo 21 N° 1, letra c) y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

- Expresan que resulta imposible acceder a la entrega de lo requerido, por cuanto se encuentran en la etapa de recepción de antecedentes aportados por los trabajadores para demostrar el cumplimiento de los requisitos para acceder al aporte fiscal, por lo que el análisis aún no está completo. La entrega de lo pedido en este momento implicaría vulnerar el derecho que tiene todo contribuyente de presentar los antecedentes que estime necesarios ante el SII y que aquellos sean evaluados de acuerdo a los principios de igualdad y equidad, con la debida imparcialidad, conforme la legislación vigente y a lo ordenado por este Servicio mediante Resolución Ex. N° 136, de 23 de octubre de 2020.

- Lo antes razonado debe ser analizado en concordancia con los derechos de las personas, particularmente tratándose de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, según lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y lo dispuesto en los artículos 2, letra f), 4 y 7, de la Ley N° 19.628, toda vez que lo pretendido contempla la entrega de datos de personas naturales, protección que ha sido consagrada a nivel constitucional en el artículo 19 N° 14.

- Luego, el artículo 8 bis N° 9 del Código Tributario, dispone: "Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes, los siguientes: (...) 9°. Que en los actos de fiscalización se respete la vida privada y se protejan los datos personales en conformidad con la ley; y que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código".

- Finalmente, atendido el número de contribuyentes que accedieron al beneficio por el cual se consulta, resulta imposible para este servicio efectuar el procedimiento de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, por configurar este solo procedimiento una distracción indebida.

3) AMPARO: El 16 de diciembre de 2020, don Esteban Rodríguez González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa. Expresa no haber requerido información sobre quienes cumplían los requisitos "sino los funcionarios de determinados servicios que simplemente lo cobraron". A continuación, argumenta que "la Ley N° 21.252 no trata de un beneficio tributario o de "contribuyentes" sujetos al respectivo código y secreto, sino de un depósito directo del fisco para proteger la caída de ingresos con ocasión del COVID-19, pero en este caso, pagado a funcionarios públicos sujetos a una taxativa obligación de probidad y transparencia".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio E488, de 7 de enero de 2021.

Posteriormente, el 22 de enero de 2021, el organismo remitió sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó, en síntesis:

- Que el amparo debe ser declarado inadmisible toda vez que no se cumplirían las condiciones necesarias para su procedencia por cuanto la respuesta se otorgó dentro de plazo y no se denegó el acceso a la información.

- Manifiestan que la información con el detalle y cruces específicos requeridos, no existe porque no se ha elaborado y construir esa información en estos momentos constituye una distracción indebida, en los términos del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, ya que exige que diversos funcionarios destinen una cantidad de horas excesivas para responder solo a dicho requerimiento, entorpeciendo y retrasando sus labores habituales, ante la alta cantidad de requerimientos que recibe este Servicio.

- El proceso establecido en el artículo 4 del Artículo Primero de la Ley N° 21.252, que estableció un aporte fiscal y la forma de determinar su monto, para las personas naturales "que cumplían los requisitos" copulativos dispuestos en el artículo 2 del mismo cuerpo legal, pagadero por una sola vez, con cargo a recursos fiscales y sin obligación de reintegrar, fue objeto de revisión por parte de esta entidad de fiscalización atendido a que se verificó en la práctica que en el otorgamiento del citado beneficio algunas personas no cumplían con los requisitos para acceder al mencionado emolumento, o bien, si cumplían con los requisitos para acceder, pero no habían sido considerados en el proceso. Lo anterior fue realizado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del Artículo Primero de la anotada Ley N° 21.252, que dispone que compete al Servicio de Impuestos Internos, verificar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del referido "beneficio", así como para el cálculo del monto que corresponda a las personas naturales que lo soliciten,

- Luego, el Servicio relató que estableció un mecanismo especial y previo de devolución de las sumas obtenidas o para acreditar la procedencia del beneficio, en el período fijado hasta el 30 de noviembre de 2020, el cual debió ser ampliado hasta el 31 de diciembre de 2020, señalando que "atendida las indicadas circunstancias realizar en este momento la correspondiente entrega implicaría vulnerar el derecho que tiene todo contribuyente de presentar los antecedentes que estime necesarios ante el SII y que estos sean evaluados de acuerdo a los principios de igualdad y equidad, con la debida imparcialidad (...) Luego, precisar la cifra exacta de funcionarios/as públicos que solicitaron y recibieron bono clase media sin cumplir requisitos, con todo el detalle y desglose requerido, es una labor que hoy es imposible de efectuar, por tratarse ello de un proceso en actual desarrollo, en consideración al proceso de restitución voluntaria instruido (...). Luego, inclusive concluido el plazo para que los contribuyentes puedan efectuar la restitución voluntaria, es necesario tener presente que aún existirá una instancia de restitución obligatoria que podrá efectuar este Servicio en la próxima Operación Renta año tributario 2021 (AT 2021) [según lo establecido en el artículo 12 de la ley N° 21.252], por lo cual, solo una vez concluida la misma podrá estimarse concluido el proceso actualmente pendiente en relación con la información requerida".

- En consecuencia, el servicio se encuentra imposibilitado de entregar la información solicitada, por cuanto, la base de datos específica solicitada no existe, al encontrarse pendiente el proceso de revisión, verificación de antecedentes y la restitución voluntaria y obligatoria establecida, por lo cual, el referido proceso no estará finalizado sino hasta la próxima operación renta del año Tributario 2021. haciendo mención a diversas alegaciones relativas a la determinación de los funcionarios públicos, y la protección de los datos personales, establecida en la Constitución Política de la República, en la ley N° 19.628, y en el Código Tributario, además de señalar las funciones y facultades de la institución tributaria, citando jurisprudencia judicial y diversas decisiones de este Consejo relativas a la distracción indebida, y los argumentos que justificarían dicha causal en la especie.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a resolver el fondo, respecto de la alegación del Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible por no cumplir los requisitos que establece la ley, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la respuesta negativa otorgada por la institución, acompañando los antecedentes que menciona el artículo 24 de la Ley de Transparencia para la procedencia del amparo. Por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de dicha ley, el cual establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por el reclamante. En consecuencia, este Consejo desestimará dicha alegación.

2) Que, en cuanto al fondo, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Impuestos Internos, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a la individualización -nombre y organismo al que pertenece- de los funcionarios públicos que habrían obtenido el bono clase media otorgado de acuerdo a la Ley N° 21.252. Al respecto, el órgano denegó su entrega por tratarse de información que no existe, cuyo procedimiento de revisión se encuentra en curso, y por tratarse de datos personales en los términos dispuestos en la ley N° 19.628, en la Constitución Política de la República y en el Código Tributario.

3) Que, en cuanto a la información pedida, en una primera instancia, se debe tener presente lo razonado por este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C333-10, respecto a que el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social respecto de a quiénes han sido otorgados dichos beneficios. A mayor abundamiento, la propia Ley de Transparencia, en su artículo 7 letra i) ha establecido que la nómina de beneficiaros de programas de subsidios u otros beneficios que entregue el respectivo órgano, debe hacerse pública de manera proactiva, por parte de los órganos de la Administración del Estado, mes a mes, con la única excepción de aquellos casos en que se estime que dicha información constituye datos sensibles, en cuyo caso el tratamiento de los mismos debe hacerse de acuerdo con las normas de la ley N° 19.628.

4) Que, en dicho contexto, en el Oficio N° 821, de fecha 30 de junio de 2020, por medio del cual "Efectúa requerimiento y recomendaciones en materia de transparencia, acceso y entrega de información, en relación con los planes y programas sociales y económicos desarrollados y/o ejecutados por los Órganos de la Administración del Estado, en el marco de la pandemia por COVID-19", este Consejo recomendó que "En los procedimientos de postulación, asignación o rechazo y entrega o pago del beneficio, cuando corresponda, deberá darse debido cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 19.628. Sin perjuicio de ello, para el adecuado cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, en los procesos de entrega o comunicación de información sobre nóminas de beneficiarios, se deberá reservar el domicilio y otros antecedentes personales, que no sean necesarios para ejercer el control social...".

5) Que, lo requerido, en la especie, se refiere a aquellos funcionarios públicos que recibieron un beneficio fiscal o estatal, el cual, conforme lo dispuesto en la ley N° 21.252. Al respecto, el inciso 2° del artículo 6 de la citada ley, dispone que "Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos la determinación del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del beneficio y el cálculo del monto máximo que corresponda a cada beneficiario". Luego, en el artículo 12 de la misma ley, se establece que "Las personas que obtuvieran un beneficio mayor al que les corresponda en conformidad a esta ley, según lo determine el Servicio de Impuestos Internos, deberán reintegrar dicho exceso en el proceso de declaración anual de impuesto a la renta conforme al artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta siguiente a dicha determinación. Para estos efectos se aplicarán las normas sobre reajustabilidad e intereses establecidas en el artículo 53 del Código Tributario y la sanción que contempla el artículo 97 N° 11 del mismo Código, en caso que se haya obtenido un beneficio mayor por causa imputable al beneficiario".

6) Que, con fecha 2 de octubre de 2020 -época de la solicitud-, el Servicio de Impuestos Internos informaba que tras iniciar los procesos de verificación para determinar el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 21.252, se detectó que 437.703 trabajadores dependientes presentaron diferencias entre el monto que autodeclararon como sueldo tributable de julio de 2020, al momento de solicitar el bono y el real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias o de lo efectivamente percibido; razón por la cual, no cumplían con el requisito legal de tener una disminución de un 30% o más en sus remuneraciones de dicho mes, respecto del promedio de ingresos totales de 2019. De ellos, 400.603 eran trabajadores del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado. En tal sentido, se estableció un procedimiento para que los trabajadores aludidos, restituyeran voluntariamente los montos percibidos; y, una vez concluido este proceso, se determinarían las acciones respecto de quienes no realizaran dicha devolución. Para ello, el servicio contactaría a los trabajadores, informándoles su situación, quienes tendrían la posibilidad de aportar los antecedentes que comprueben circunstancias eventualmente no contempladas .

7) Que, en dicho escenario fue efectuado el requerimiento de información, el que si bien, dice relación con datos que obran en poder del servicio, tal y como se razonó en la decisión recaída en el amparo Rol C7908-20, relativa a información relacionada, dichos antecedentes, a la fecha de la solicitud y amparo, se encontraban susceptibles de modificación, toda vez que los procesos de verificación de requisitos aún se encontraban pendientes. Así las cosas, según lo consignado en el considerando 5° precedente, el SII es la institución competente para determinar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del beneficio consultado, por lo tanto, conforme a lo indicado en sus descargos, los procedimientos voluntarios de restitución y de revisión de antecedentes para demostrar que dichos funcionarios sí cumplían con los requisitos para acceder al aporte fiscal seguían en tramitación, de acuerdo a lo instruido en las resoluciones exentas N° 13, de fecha 2 de octubre de 2020, N° 136 del 23 de octubre de 2020, y N° 145, del 26 de noviembre de 2020, todas disponibles en los enlaces que menciona. Asimismo, como se estipuló en el artículo 12 de la ley N° 21.252, también se fijó el período de declaración de impuesto a la renta siguiente -Año Tributario 2021- para efectos de reintegrar los montos obtenidos en exceso, proceso que aún no se ha iniciado.

8) Que, en este sentido, cabe hacer presente lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 9 de la ley N° 19.628, en orden a que "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. // En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos". Así como también, lo establecido en el artículo 2, letra d), de la ley citada define "Dato caduco", como aquel "que ha perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia o, si no hubiese norma expresa, por el cambio de los hechos o circunstancias que consigna". En el presente caso, consta que el requerimiento versaba en información no actualizada, susceptible de ser caduca en el evento de que cambien las circunstancias en que se funda, ya que los datos de los beneficiarios indicados originalmente no se encontraban vigentes en su totalidad, y los procedimientos de verificación sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley estaban en curso. En efecto, de acuerdo a lo informado por el órgano reclamado a la data de la solicitud y descargos aún se encontraba en proceso de recepción de antecedentes de parte de los contribuyentes, a fin de determinar las diferencias en las declaraciones que se habrían detectado.

9) Que, en virtud de lo señalado, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, establece que se podrá denegar el acceso a la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de (...) la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". En dicho contexto, la información requerida se refiere a datos personales protegidos por las disposiciones establecidas en la ley N° 19.628, cuyo artículo 2, letra f), indica que son "Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables", por lo que se debe tener presente que, por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró ésta a nivel constitucional, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, condición que debe ser considerada al ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental. Esta última norma consagra que "La Constitución asegura a todas las personas: 4°.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;".

10) Que, en este orden de ideas, y considerando especialmente que la situación de los beneficiarios a que se refiere la solicitud no se encontraba totalmente consolidada, divulgar su identidad constituye una información que tiene un potencial suficiente para afectar su honra y la presunción de inocencia que los ampara por cuanto expone un eventual incumplimiento en la percepción del beneficio que aún tiene un carácter preliminar. En el mismo sentido, conviene tener presente lo razonado por este Consejo en la decisión Rol C327-14 en cuanto a que "(...)De lo anterior se desprende que, pudiendo existir reclamaciones de determinación de diferencias de impuestos pendientes, luego la individualización de los contribuyentes podría generar una exposición pública de la condición de sujeto fiscalizado y una eventual afectación a la presunción de inocencia respecto del comportamiento tributario de estos contribuyentes, mientras no finalicen dichos procedimientos impugnatorios, circunstancia que a juicio de este Consejo justifica reservar la información en análisis, por lo que corresponde rechazar el amparo respecto de dicha parte de la solicitud."

11) Que, seguidamente, cabe recordar que el artículo 4 de la ley N° 19.628 dispone que "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", y que el artículo 7 de la misma ley, estipula que "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público (...)". En el mismo sentido, el artículo 33, letras j) y m), de la Ley de Transparencia, expresa que "El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones: j) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado; m) Velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado".

12) Que, en consecuencia, conforme a lo razonado, habiéndose configurado la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en la ley N° 19.628 y el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

13) Que, en virtud de lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará respecto de las demás alegaciones del Servicio de Impuestos Internos, por resultar inoficioso.

14) Que, sin perjuicio de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 11, letra d), de la Ley de Transparencia, que reconoce el principio de máxima divulgación, se recomienda que el órgano reclamado haga entrega al solicitante de la nómina de los funcionarios públicos que recibieron el bono consultado, una vez que exista la debida consolidación respecto de los efectivamente beneficiados.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Esteban Rodríguez González en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Esteban Rodríguez González y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.