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Patricio Alejandro Sánchez González con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C8450-20

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativo a la entrega de informes técnicos que otorgaron jubilación por invalidez de segunda clase por salud mental a más de 16 funcionarios de la institución y, de los antecedentes respecto de ellos. Lo anterior, toda vez que la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder, tal como da cuenta el certificado de búsqueda negativa emanado de la Jefatura de Salud de la institución recurrida, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que desvirtúen lo alegado por el órgano requerido, en tal sentido.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8450-20

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI)

Requirente: Patricio Alejandro Sánchez González

Ingreso Consejo: 27.12.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativo a la entrega de informes técnicos que otorgaron jubilación por invalidez de segunda clase por salud mental a más de 16 funcionarios de la institución y, de los antecedentes respecto de ellos.

Lo anterior, toda vez que la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder, tal como da cuenta el certificado de búsqueda negativa emanado de la Jefatura de Salud de la institución recurrida, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que desvirtúen lo alegado por el órgano requerido, en tal sentido.

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8450-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de diciembre de 2020, don Patricio Sánchez González solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile -en adelante e indistintamente PDI-; "copia íntegra y foliada de los informes técnicos de la Comisión Médica de la PDI, que le otorgaron la jubilación por invalidez de segunda clase por salud mental, a más de 16 funcionarios de la Institución, entre los años 2015 y 2020, aportando todos los antecedentes que obren en su poder respecto a ellos; tales como sus informes y exámenes médicos, técnicos, decretos, resoluciones, hojas de vida anuales, etc., así como la copia de sus fichas clínicas en la PDI, y otros documentos que, al respecto obren en poder de Dipreca y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. De ser necesario tarjar o ennegrecer los datos personales de los funcionarios".

2) RESPUESTA: Por medio de carta, de fecha 23 de diciembre de 2020, la PDI adjuntó Resolución N° 27, de fecha 17 de diciembre de 2020, en la cual explicó que los informes técnicos y todos los antecedentes médicos que obran en su poder, contienen información relativa a diagnósticos y exámenes médicos y a los beneficios que dicha condición les generaría, la que al alero de lo dispuesto en el artículo 2 letra g) de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, es de carácter sensible, cuya divulgación produciría una afectación a la esfera de la vida privada de sus titulares, configurándose a su respecto la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Además indicó que conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud - en adelante ley N° 20.584-; los datos que surja tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos que registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, circunstancias que concurre en la especie.

3) AMPARO: El 27 de diciembre de 2020, don Patricio Alejandro Sánchez González, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE AMPARO: Este Consejo mediante Oficio N° E806, de fecha 11 de enero de 2021, solicitó al reclamante aclarar si su amparo es solo por la respuesta entregada mediante la Resolución N° 27, de fecha 17 de diciembre de 2020, o por todas las respuestas entregadas; y en caso de que el amparo fuese por todas las respuestas, acompañar copia íntegra de las resoluciones Nos. 25 y 26, ambas de fecha 16 de diciembre de 2020.

Al respecto, por medio de correo electrónico de fecha 13 de enero de 2021, el peticionario adjuntó, nuevamente, presentación de respuesta de fecha 23 de diciembre de 2020, en la cual se señala que se adjuntan Resoluciones Nos. 25 y 26, y Resolución N° 27. No obstante lo anterior, adjuntó únicamente la Resolución N° 27, de fecha 17 de diciembre de 2020, la cual da respuesta a la solicitud de información referida en el numeral 1° de lo expositivo.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E2113, de fecha 25 de enero de 2021, con el objeto de que presente sus descargos y observaciones.

Por medio de Ordinario N° 153, de fecha 24 de febrero de 2021, el órgano presentó sus descargos, en los que reiteró lo señalado con ocasión de su respuesta y citó jurisprudencia emanada de esta Corporación en relación a la reserva de información sobre datos sensibles. Además, aclaró que se solicitó a la Comisión Médica Institucional la búsqueda de antecedentes requeridos, la que informó que no existe ninguna evaluación a funcionarios por parte de la misma para el otorgamiento de invalidez por salud mental. Al respecto, adjuntó certificado de búsqueda negativa emitido por la Jefatura Nacional de Salud de la PDI, de fecha 28 de enero de 2021.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, al respecto el órgano recurrido alegó la concurrencia de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto en la ley N° 19.628. Además, con ocasión de sus descargos, esgrimió la inexistencia de los informes técnicos que fueren requeridos.

2) Que, respecto a la inexistencia alegada por la reclamada, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de los amparos Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que aquella constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. En tal sentido, según lo prescrito en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación, "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen." (Énfasis agregado)

3) Que, además, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en orden a que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de antecedentes que, de acuerdo a lo aclarado por el mismo con ocasión de sus descargos, no obraría en su poder, luego de haberse realizado una búsqueda exhaustiva de aquellos, tal como da cuenta el certificado de búsqueda negativa emanado de la Jefatura de Salud de la Institución.

4) Que, en la especie, la PDI señaló que solicitó a su Jefatura Nacional de Salud antecedentes relativos a aquellos funcionarios que hubieren sido declarados inválidos por salud mental, según fuere solicitado, respecto de lo cual, aquella informó que efectuada una búsqueda en las dependencias de dicha unidad sobre informes técnicos de invalidez de segunda clase por salud mental, en el período consultado, constataron que no existe ninguna evaluación en los términos requeridos, tal como da cuenta el certificado de búsqueda negativa adjuntado al efecto.

5) Que, no obstante la constatación de la inexistencia esgrimida por la reclamada, que constituye justificación suficiente para efectos de rechazar el presente amparo, en consideración al tipo de información que fuere consultada, cabe hacer presente que, conforme a lo establecido en el artículo 2 letra g) de la ley N° 19.628 y en el punto 2.4 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, los antecedentes que den cuenta del estado de salud de una persona, como ocurre en la especie -informes médicos, fichas clínicas, entre otros-, constituyen datos sensibles, que en ausencia de autorización de su titular, no pueden ser objeto de tratamiento, salvo que, como lo dispone el artículo 10 de la ley N° 19.628, "la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares", circunstancias que no se verifican en la especie. Por consiguiente, a juicio de esta Corporación, la divulgación de los antecedentes consultados produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a la esfera de la vida privada de los funcionarios consultados, derecho consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

6) Que, en esta misma línea, no consta en el presente procedimiento antecedentes que acrediten que el requirente detenta alguna de las calidades habilitantes para acceder a la información contenida en la ficha clínica -instrumento en que se registran los datos relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas- de los funcionarios consultados, en conformidad a lo prescrito en el artículo 13 de la ley N° 20.584, que señala que: "Sin perjuicio de lo anterior, la información contenida en la ficha, copia de la misma o parte de ella, será entregada, total o parcialmente, a solicitud expresa de las personas y organismos que se indican a continuación, en los casos, forma y condiciones que se señalan: a) Al titular de la ficha clínica, a su representante legal o, en caso de fallecimiento del titular, a sus herederos (...)".

7) Que, a mayor abundamiento, este Consejo en las decisiones de amparos Roles C26-20 y C759-20, entre otras, ha denegado la divulgación de información sobre informes médicos de terceros que no han autorizado a su entrega, por cuanto su divulgación daría cuenta del estado de salud de los mismos, así como la esfera de su vida privada.

8) Que, en conclusión, se rechazará el presente amparo por haberse acreditado la inexistencia de la información pedida.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Patricio Alejandro Sánchez González en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por no obrar en su poder la información requerida, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Alejandro Sánchez González y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.