logo
 

Armada de Chile con Rol: RC5603-20

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Consejo se pronunció sobre el amparo Rol C5603-20, deducido por don Nicolás Alejandro Hurtado Acuña en contra de la Armada de Chile, acogiendo el reclamo, ordenando, entre otras cosas, entregar el nombre de los funcionarios que manipularon la grabación o registro audiovisual del procedimiento de fiscalización consultado. Armada interpuso solicitud de invalidación por falta de emplazamiento. Consejo rechaza la solicitud.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

RESUELVE SOLICITUD DE INVALIDACIÓN POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO DECISIÓN AMPARO ROL C5603-20

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la presentación efectuada por don Pedro Spencer Marín, Capitán de Navío, en su calidad de Jefe de Oficina de Transparencia de la Armada de Chile, de fecha 16 de marzo de 2021, relativa a solicitud de invalidación por falta de emplazamiento en contra de la decisión adoptada en la sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 05 de enero del presente año, en el procedimiento de amparo Rol C5603-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 05 de enero de 2021, en sesión ordinaria N° 1146, este Consejo se pronunció sobre el amparo Rol C5603-20, deducido por don Nicolás Alejandro Hurtado Acuña en contra de la Armada de Chile, acogiendo el reclamo, ordenando, entre otras cosas, entregar el nombre de los funcionarios que manipularon la grabación o registro audiovisual del procedimiento de fiscalización consultado.

2) Que, la Armada de Chile presentó el Oficio N° 12900/194, de 16 de marzo de 2021, señalando que el cumplimiento de lo resuelto en la aludida decisión "significa que se debió notificar al tercero afectado". Hace presente que, si bien se interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de la decisión, éste no fue admitido a tramitación por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, por extemporáneo. Argumenta que de acuerdo con la nueva y reiterada jurisprudencia de la Corte de Apelaciones se debió notificar al tercero afectado, pero al momento de la presentación de la solicitud de información se pensó que no era necesario pues se trataba de una investigación radicada en el Ministerio Público. Refiere que el cumplimiento vulneraría derecho de terceros, contenidos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y, consecuentemente, las garantías constitucionales del debido proceso y aquellas que podrían verse amenazas por el afectado, como podrían ser las contenidas en el artículo 19 N° 1, 4 y 5 de la Constitución Política de la República. Por lo anterior, solicita tener por interpuesto recurso de invalidación de conformidad a lo establecido en el artículo 53 de la ley 19.880, con el objeto "que se invaliden todos los actos de este proceso, ordenando retrotraer la tramitación al estado de llevar a cabo la notificación al tercero afectado, según lo dispone la Ley de Trasparencia en su Artículo 20° citado en el párrafo anterior".

3) Que, adicionalmente, requiere que, como medida para mejor resolver, se solicite autorización a la Fiscalía Local de Iquique para la entrega de los antecedentes que la Institución maneja. Ello pues el antecedente que la decisión ordena entregar fue remitido a dicho ente persecutor, el que se encuentra investigando los delitos de "amenaza a funcionarios de la armada" en el cumplimiento de sus funciones y de "denegación de auxilio", causa tramitada bajo el RUC N° 2000807454-3, RIT 7364-2020 del Juzgado de Garantía de Iquique. Todo lo anterior, considerando que tanto el registro como los nombres y demás antecedentes, se encuentran resguardados por el secreto que establece según lo dispone el Artículo 182° del Código Procesal Penal.

4) Finalmente, alega que no queda claro qué es lo que este Consejo ordena entregar, toda vez que no se entiende a qué se refiere con "manipular" el registro audiovisual. Argumenta que ello podría implicar más de una alternativa, propia de la investigación que realiza el Ministerio Público, por ser parte de la investigación que no se encuentra en manos de la Armada de Chile.

5) Que, en subsidio, solicita que este Consejo corrija el procedimiento de oficio.

6) Mediante O.T.A.I.P.A Ordinario N° 12900/327, de 22 de abril de 2021, la Armada de Chile solicitó a este Consejo, se tenga presente el Oficio N° 164, de 18 de marzo de 2021, suscrito por el Sr. Fiscal Regional de Tarapacá, en el cual acusa recibo del oficio O.T.A.I.P.A. Ord. N° 12900/194, de 16 de marzo de 2021 e indica que "los antecedentes que se solicitan en el marco de la Ley de Transparencia, forman parte de la investigación penal seguida por la Fiscalía Local de Iquique en causal RUC 2000807454-3, actualmente vigente. En dicho contexto, en caso de ser requeridos como Institución por autoridad competente, emitiremos pronunciamiento en el contexto de lo que en derecho corresponda, en atención a la materia debatida".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el inciso 1° del artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone: "Los actos administrativos serán siempre impugnables mediante los recursos que establezca la ley". Así, en términos generales, se ha señalado que los recursos administrativos son medios de carácter impugnatorio a través de los cuales el afectado por un acto administrativo inicia un procedimiento en que insta del órgano administrativo, autor del mismo, su modificación, reemplazo o anulación.

2) Que, el inciso primero del artículo 53 de la ley N° 19.880, establece que "La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado; siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto". Como es dable apreciar, y así lo ha entendido tanto la doctrina como la jurisprudencia administrativa y judicial, dicha norma contempla el deber de la autoridad administrativa de dejar sin efecto los actos que ha emitido con infracción a derecho, en otras palabras, la invalidación es una potestad-deber del órgano de la administración, pero respecto de sus propios actos ("la autoridad...podrá...invalidar"). En tal sentido, por el ejemplo, la Contraloría General de la República, en su dictamen N° 18.353/2009, señala "la disposición precitada contempla la obligación de la autoridad administrativa para dejar sin efecto los actos que ha emitido con infracción a derecho, sujeto a las restricciones que para tal efecto ha previsto el propio ordenamiento jurídico y la jurisprudencia administrativa, entre las cuales cabe destacar que esa atribución debe ejercerse dentro del término de dos años contados desde la notificación o publicación del acto viciado"; de igual forma, la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de autos ingreso N° 3125-03, sostiene "Que es efectivo que, en virtud de lo que dispone el artículo 6° de la Constitución Política de la República, la administración tiene un poder de autotutela en cuya virtud el Estado o sus órganos pueden invalidar sus actos o corregirlos para encuadrarlos en el ordenamiento jurídico alterado por tales actuaciones irregulares" (considerado 1°). En conclusión, la institución que se comenta tiene su fundamento en el deber de todo órgano de la Administración del Estado o autoridad administrativa de conformar su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, esto es, respetar el principio de legalidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Policita de la República.

3) Que, del tenor de lo señalado en el numeral 3) de lo expositivo, el objeto del recurso incoado por la Armada de Chile es iniciar un procedimiento de invalidación del procedimiento de acceso a la información por falta de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia al funcionario consultado, a fin de retrotraer su tramitación al estado de poder llevar a cabo dicha notificación, esto es, al 09 de agosto de 2020, fecha de presentación de la solicitud de acceso que da origen al amparo.

4) Que, en tal orden de ideas, lo pretendido por el órgano recurrente es que se inicie un procedimiento que en definitiva invalide no solo los actos emitidos por esta Corporación durante la tramitación del procedimiento de amparo Rol C5603-20 (incluida la decisión adoptada) sino que también aquellos emitidos por la propia Armada de Chile en el procedimiento administrativo de acceso a información pública respecto de los cuales este Consejo carece de potestad invalidatoria, por tratarse de actuaciones que no fueron realizadas por esta Corporación. Luego, de los antecedentes examinados, el procedimiento de amparo sustanciado en esta sede ha sido tramitado conforme a las normas establecidas en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia no advirtiéndose ilegalidad alguna que justifique su invalidación.

5) Que, en efecto, en cuanto a la primera alegación del recurrente, esto es, la necesidad de haber concedido traslado al funcionario que se vería afectado con la entrega de información, es menester señalar que con ocasión del traslado conferido en el procedimiento de amparo, este Consejo requirió a la recurrente explícitamente lo siguiente "(6°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (7°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (8°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento"; a lo que el organismo respondió "respecto a lo solicitado en los numerales (6°), (7°) y (8°) del Oficio N° E16928 de la referencia, numerales cuyos requerimientos son todos referentes al Artículo 20° y 25° de la Ley N° 20.285, sobre "Acceso a la Información Pública", normas relativas a la información que pueda afectar a los derechos de terceros; y el Artículo 47° del Reglamento de la Ley de Transparencia, cabe indicar como ya se ha reiterado en los puntos anteriores, que dicho cuerpo legal no es aplicable a la especie, al tratarse el requerimiento realizado por el Sr. Hurtado, más bien al ejercicio del Derecho de Petición, establecido en el Artículo 19° N° 14 de la Constitución Política de la República y regulado, consecuentemente, en la Ley N° 19.880".

6) Que, en tal contexto, encontrándose la Armada de Chile en una posición idónea para haber ponderado la eventual afectación a derechos de terceros en la oportunidad procesal pertinente, esta circunstancia fue desestimada por el organismo, imposibilitando, además, a este Consejo cumplir con dicho trámite en esta sede. De esta forma, la petición de emplazar a terceros en la tramitación del caso es del todo extemporánea e improcedente, máxime si se considera que la instancia judicial de reclamación ante el tribunal jurisdiccional competente también se encuentra precluida.

7) Que, por lo demás, al momento de resolver el amparo, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, esto es, "[v]elar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado", este Consejo ponderó todos los antecedentes de caso y desestimó la configuración de cualquier causal de secreto o reserva respecto de divulgación de la identidad del o los funcionarios consultados, en virtud de los argumentos que allí se exponen. Especialmente, la circunstancia de que a diferencia del registro de video pedido, el que naturalmente es un medio de prueba en la investigación penal que se desarrolla, la identidad de los funcionarios que habrían operado el equipo de grabación no constituye un antecedente cuya divulgación pueda afectar el éxito de la investigación penal que se indica.

8) Que, al efecto, se debe señalar que el artículo 182 del Código Procesal Penal establece la reserva de las "actuaciones de investigaciones realizadas por el Ministerio Público", dentro de lo cual, de acuerdo con su tenor literal, no se encuentran incluidos los documentos emitidos o elaborados con anterioridad por los organismos. De ahí que, a juicio de este Consejo, la información cuya entrega se ordena no es de aquella generada a raíz de actuaciones de investigación ordenadas por el Ministerio Público sino a antecedentes que con posterioridad fui incorporada a una investigación criminal, como es el caso del nombre de los funcionarios que junto a la realización del procedimiento de fiscalización consultado procedieron a registrar el mismo por medio de una videograbación. Asimismo, tampoco se allegaron al expediente antecedentes que permitan concluir que la divulgación de los datos pedidos pueda entorpecer el éxito de la investigación llevada adelante actualmente por el ente persecutor. Se reitera que la información cuya entrega se ordena constituye un antecedente que obra en poder de la Armada de Chile, pues dice relación con el nombre del funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones públicas, efectuó una determinada acción (grabar un procedimiento de fiscalización).

9) Que, en mérito de lo expuesto, se desestimará de plano la petición del órgano reclamado de iniciar un procedimiento de invalidación en los términos formulados, por improcedente en esta sede y por no haberse acreditado que durante la tramitación de la solicitud de amparo este Consejo haya incurrido en una ilegalidad que deba ser subsanada con la invalidación de la decisión adoptada.

10) Que, asimismo, por lo argumentos expuestos resulta igualmente innecesaria e improcedente por extemporánea la petición del recurrente, referida a que este Consejo decrete como medida para mejor resolver que la Fiscalía Local de Iquique autorice o se pronuncie sobre la entrega de la información reclamada. Esto, toda vez que dicho antecedente obra en poder de la Armada de Chile y no se encuentra sujeta a ninguna causal de reserva establecida en la Ley de Transparencia u otra ley de quórum calificado.

11) Que, finalmente, respecto de la alegación de la Armada de Chile relativa a que no estaría claro la información cuya entrega se ordena, es menester señalar, en primer término, que si se estimaba que la solicitud de acceso que dio origen al amparo no era clara en cuanto a la identificación de la información que se requería dicho organismo contaba con el procedimiento de subsanación establecido en el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia, situación que en la especie no ocurrió. En segundo lugar, el Diccionario de la Real Lengua Española, define "manipular", en su primera acepción, como "Operar con las manos o con cualquier instrumento". Luego, este Consejo, entendió que la solicitud de acceso apuntaba a obtener información sobre el o los funcionarios que operaron la cámara o equipo electrónico que grabó el procedimiento de fiscalización consultado, esto es, por ejemplo, aquel funcionario que portó la bodycam o videograbadora portátil.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y EN LA LEY N° 19.880, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y EN LA LEY N° 19.880, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar la solicitud de invalidación presentada en el procedimiento de amparo Rol C5603-20 deducido por la Armada de Chile, de fecha 16 de marzo de 2021, en la cual requirió retrotraer el proceso al estado de poder llevar a cabo la notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia a los funcionarios consultados, esto es, al 09 de agosto de 2020, fecha de presentación de la solicitud de acceso que da origen al amparo, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a la Armada de Chile y a don Nicolás Alejandro Hurtado Acuña.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.