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Rodrigo Emilio Ernesto Soto Lizana con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Rol: C183-21

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago, ordenando la entrega de la información correspondiente a los documentos asociados a beneficios que se habrían entregado a la persona consultada Lo anterior, por cuanto, no se encuentra satisfecho el estándar de acreditación de la circunstancia de hecho de inexistencia de los antecedentes en poder del órgano, que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes solicitados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C183-21

Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago

Requirente: Rodrigo Emilio Ernesto Soto Lizana

Ingreso Consejo: 11.01.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago, ordenando la entrega de la información correspondiente a los documentos asociados a beneficios que se habrían entregado a la persona consultada

Lo anterior, por cuanto, no se encuentra satisfecho el estándar de acreditación de la circunstancia de hecho de inexistencia de los antecedentes en poder del órgano, que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo.

Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes solicitados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C183-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de diciembre de 2020, don Rodrigo Emilio Ernesto Soto Lizana solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago la siguiente información:

"a) Copia de nómina de la región metropolitana, donde aparece beneficiada, donde se detalla, lugar donde se asignó, y modalidad dentro de otros. Teniendo presente que, por ley dicha nómina es pública y debe ser publicada. La beneficiada es la señora (...).

b) Copia de documento que detalle en qué región fue utilizado dicho beneficio del estado. Para el caso en que regiones entendiendo y teniendo conocimiento que fueron 2 beneficios.

c) Copia de nómina donde aparece beneficiada, entre el año 1992 y 1993 donde se detalla, lugar donde se asignó, y modalidad dentro de otros. La señora (...).

d) Copia de documento o ley o decreto que se aplicó, para permitir obtener 2 subsidios de parte del estado. A la señora (...). En el caso de no existir ley ni documento ni jurídico ni administrativo, para permitir lo presentado.

Solicito, por economía administrativa. Responder lo presente de acuerdo a mi derecho a petición. Capítulo III artículo 19 n°14 de nuestra Carta Magna (...) Por lo que hago uso expreso a mi derecho a petición. Solicitando expresamente al señor Ministro del Ministerio de Obras Públicas. Conocer ¿A qué se debió y cómo es posible que se le haya entregado en dos oportunidades subsidio del Estado? En el primer caso entregándole una casa básica emplazada en la comuna de San Miguel. Y en el segundo caso un beneficio, para construcción en sitio propio, el cual se utilizó en otra región del país (...)".

2) RESPUESTA: El 8 de enero de 2021, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago respondió al requerimiento, indicando que: "revisados nuestros sistemas, efectivamente la Sra. (...), obtuvo dos beneficios, los cuales son compatibles entre sí, ya que corresponden a la misma vivienda, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, los que corresponden a Cartera Hipotecaria Nueva y Marginalidad Habitacional (Vivienda Básica Serviu). Estos subsidios no fueron aplicados en la comuna de San Miguel, ni tampoco en otra región, toda vez que los subsidios son regionales".

3) AMPARO: El 11 de enero de 2021, don Rodrigo Emilio Ernesto Soto Lizana dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que los antecedentes entregados no corresponden a los solicitados. Además, en lo pertinente y en resumen, el reclamante hizo presente que lo señalado respecto de que los subsidios no fueron aplicados en la comuna de San Miguel, ni tampoco en otra región, toda vez que son regionales, es plenamente falso, ya que los beneficios se pueden aplicar en otra región del país, de lo que darían cuenta la Resolución Exenta N° 578, del 26 de marzo de 2020; y, la Circular N° 16, de 24 de mayo de 2017. Indica que, aparte de no entregar la información, se proporcionaron antecedentes confusos, contraviniendo las reglamentaciones indicadas.

Indica que la información solicitada estuvo a disposición anteriormente, ya que, en la primera postulación, por la data, ya que hablamos de los años donde fue beneficiada, entre los años: 1992 y 1993, la internet, no era alcanzable para todos los ciudadanos, siendo impensado la publicación de información en páginas web. Con lo dicho, la primera publicación de los beneficiados, dentro de los que aparece la señora consultada se hizo a través del Diario Oficial.

En el año 2016 fueron publicados en la página del MINVU los beneficiados, resultando contradictorio con lo informado, el que la señora consultada aparecía con un beneficio para construir en sitio propio. De haber dado cumplimiento cabal a las obligaciones que le corresponden al órgano, se hubiera hecho entrega de las copias solicitadas.

Se ha enmarcado la respuesta a una consulta ciudadana, ya que no se solicitó una opinión o respuesta a una consulta, sino copias de archivos digitales y físicos, que dan cuenta de beneficios, en los que, la persona señalada se vio beneficiada en la primera oportunidad y, luego, postuló en la segunda oportunidad a construcción en sitio propio. Incluso, en el informe Valech se señalan las formas en que se beneficia a las personas que aparecen en sus listados, pero aun en este apartado, se impide optar a una segunda vivienda. Y solo en caso de haber perdido la primera vivienda, en fechas expresamente señaladas, se podría optar a un segundo beneficio. Difícilmente se puede aplicar el segundo beneficio del Estado, ya que, para ello, se debería estar ante un terreno, entregado por aquel. En la respuesta se señala de vivienda, con lo cual deja imposible de llevar a cabo la construcción en un sitio propio, cuestión que aparece en el segundo beneficio.

Señala que, solo en el caso de que no existieran documentos administrativos o legales que justificasen la entrega de dos viviendas o dos beneficios que cobijen el derecho a una vivienda, solicitó y señaló su derecho a petición.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio E1784, del 21 de enero de 2021, solicitó al reclamante que: (1°) adjunte copia íntegra de la respuesta remitida por el órgano reclamado, de fecha 8 de enero de 2021, junto con el respectivo comprobante de notificación; y, (2°) aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, señalando expresamente qué información de la solicitada no le ha sido proporcionada.

Por medio de presentación de fecha 22 de enero de 2021, el reclamante manifestó, en lo pertinente y en resumen, que la infracción cometida es denegación a la solicitud de información pública, por estar la respuesta alejada de los documentos solicitados.

Luego, en relación con la letra a) de la solicitud, manifiesta que dicha nómina es publicada en la página web del Minvu, pero el segundo beneficio de quien se consulta estuvo publicado un período breve. Para el primer beneficio que recibió la persona, se sabe se publicó en el Diario Oficial, por la data. Por lo cual, se solicita la copia de la nómina de la región metropolitana del año 2016, correspondiente al beneficio de construcción en sitio propio, de quien se consulta. Dichos datos son públicos y deben estar permanentemente a disposición, tal cual lo mandatan las leyes, decretos y demás documentos al Minvu.

Tratándose de la letra b) de la solicitud, indica que, puesto que se adjuntaron los documentos que facultan a los beneficiarios a aplicar sus beneficios en otra región del país, en el segundo beneficio se solicita el documento que se tramitó tanto en la región de postulación, como en la que se aplicó el beneficio. Para el primer beneficio se sabe fue aplicado en la región metropolitana, pero de igual modo se solicita el documento donde se detalla que fue aplicado. En la circular N° 16 del 24 de mayo del 2017, del Minvu, se detalla autorización de un cambio en la región de aplicación de un subsidio habitacional, alternativa individual. Por lo que, se solicita la autorización del Ministro para aplicar el beneficio del subsidio en construcción en sitio propio (En forma de resolución exenta). Dicha resolución exenta nace a solicitud del SERVIU, ya sea de la región en que originalmente correspondía aplicar el subsidio o de la región donde la persona requiere aplicar en la actualidad. Dicha resolución identificará a la nueva región de la aplicación del beneficio, que es la quinta.

Indica, beneficio de construcción en sitio propio, aplicado en la V Región, o sea, se benefició 2 veces a la misma persona, por la gravedad de los hechos, de acuerdo con las obligaciones de un funcionario, solicita que dichos antecedentes se pongan a disposición del Minvu, y a través de ellos se entreguen al Ministerio Público.

Solicita se ponga directamente en conocimiento del Ministro de Vivienda y Urbanismo, puesto que la información de los beneficiados a construcción en sitio propio, no se le ha puesto a disposición a pesar de haber sido publicada en la página del Minvu en el año de adjudicarse los beneficios.

Para las letras c) y d) de la solicitud, manifiesta que, puesto que, de acuerdo a la respuesta entregada alejada de la documentación solicitada, si se deja a firme que si posee la señora consultada una vivienda registrada en el Conservador de San Miguel, a pesar de ser una comuna en la región metropolitana, corresponde a un conservador distinto, por lo cual, complejiza la búsqueda en dichos libros y listados.

Señala que deja a inequívoco que el segundo beneficio de quien se consulta fue aplicado en la V Región y bajo ninguna forma en la misma vivienda como se le respondió. Afirma que, dicho beneficio de construcción en sitio propio no fue aplicado en el departamento ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, como se le respondió, enmarcado más bien en una solicitud ciudadana.

Adjunta las escrituras de la propiedad donde se debió aplicar dicho beneficio de construcción en sitio propio en la V Región y no en el mismo domicilio de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región metropolitana. Indica que, en la letra d) invoca un derecho señalado en la Constitución, derecho a petición.

Acompaña certificado de hipotecas y gravámenes correspondientes al sitio adquirido, en la V Región, y, archivos emanados del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso.

5) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada.

A través de correo electrónico de fecha 21 de febrero de 2021, el órgano comunicó haber proporcionado antecedentes al reclamante, por medio de presentación de la misma fecha, en la que le informó que consultadas las áreas competentes y revisados sus sistemas, se constató que la persona consultada obtuvo dos beneficios, compatibles entre sí, ya que corresponden a la misma vivienda, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, específicamente Cartera Hipotecaria Nueva y Marginalidad Habitacional (Vivienda Básica Serviu). Estos subsidios no fueron aplicados en la comuna de San Miguel, ni tampoco en otra región, toda vez que los subsidios son regionales.

A su vez, se volvió a consultar a las unidades pertinentes desde donde se informó que no existen registros por solicitudes de cambio de región. Se constató que como beneficiaria no figura en el Programa D.S. N° 1, ni en ningún otro programa que los de marginalidad habitacional y cartera hipotecaria, ya informados.

Aporta como antecedente que podría haber llevado a confusión al reclamante, el hecho que, la persona consultada y su hermana, acreditan el mismo Registro Social de Hogares y ambas son propietarias de un inmueble habitacional en la comuna de Estación Central y un sitio eriazo en la región de Valparaíso. Respecto de la referida, en sistema figura con dos registros "Benef. Cartera Hipotecaria Nueva Llamado N° 0 Año 1900" y "VIVIENDA BASICA SERVIU (MARGINALIDAD) Llamado N° 0 Año 1992, no pagados, asociados a la comuna de Pedro Aguirre Cerda". Al estar identificados como Llamado 0, no permite ubicar documentos físicos y/o individualizar la dirección exacta.

Indica que, es la hermana de la persona consultada quien presenta un beneficio pagado correspondiente al programa "ROGRESIVO PRIVADO - VBP Etapa II Prog. Regular", Oferta "Vivienda Progresiva Privada Etapa II Prog. Regular Llamado N° 3 Año 2004", lo que puede haber provocado la confusión.

6) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E5490, de 5 de marzo de 2021, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en el último caso, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. A través de correo electrónico de fecha 12 de marzo de 2021, el reclamante manifestó que la respuesta no satisface su requerimiento, expresando, en lo pertinente y en resumen, lo que sigue.

Que en la propia respuesta se da cuenta de que al estar en el llamado con código 0, no se tiene respaldo físico alguno. Reitera que el código y excepción no se aplica de los sistemas informáticos y publicación que debe poseer permanentemente el Minvu a disposición de la ciudadanía, como son la copia de lo solicitado, que es lista de beneficiarios a construcción en sitio propio, el año 2016. Afirma que no puede ser que un órgano del Estado no tenga respaldos físicos de los documentos de la postulación. Indica que nada se ha dicho de lo solicitado.

Señala que, puesto que desde la petición ha solicitado las publicaciones de las beneficiadas y beneficiados, de la Región Metropolitana, en el año 2016, referente a "Construcción en Sitio Propio". Reitera que estas son publicaciones que de acuerdo con los manuales del propio órgano y la Ley de Transparencia, deben ser publicadas y estar permanente publicadas, según el artículo 6 de la mencionada ley. Niega que exista confusión en las fechas.

Ello, a pesar de que, se ha señalado que la persona consultada posee un sitio eriazo en la quinta región que, de acuerdo a las averiguaciones en el departamento de obras de la Municipalidad de Valparaíso, el sitio en nada aparece eriazo, ya que posee una construcción con recepción municipal. Indica que, lo señala, puesto que, a pesar de tener los antecedentes aportados al Consejo, no realizó ni aplicó el principio de derivación y el de divisibilidad. A pesar de que la información goza de relevancia de entrega. Principio de apertura, principio de máxima publicidad.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Regional (S) del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago, mediante Oficio E6344, de 16 de marzo de 2021, solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida por el reclamante, en los literales a) a d) de su presentación código CAS-6323634-K6F3Y4, obra en su poder, constando total o parcialmente en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) indique si procedió a efectuar la búsqueda de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante correo electrónico de fecha 9 de abril de 2021, el órgano presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó, tal como se ha respondido reiteradamente, tanto en su respuesta como en la etapa SARC, se constató que la persona consultada presenta dos registros en sus sistemas informáticos (no marca de beneficio), los cuales son compatibles entre sí, ya que se refieren a la misma vivienda, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, los que corresponden a Cartera Hipotecaria Nueva y Marginalidad Habitacional (Vivienda Básica Serviu), no pagados.

Adicionalmente, indica que no existen registros por solicitudes de cambio de región.

Aclara que la persona consultada solo es propietaria de un sitio eriazo en la región de Valparaíso.

Por último, indica que la persona consultada y su hermana, acreditan el mismo RSH, siendo esta última quien presenta un beneficio pagado correspondiente a programa "ROGRESIVO PRIVADO - VBP Etapa II Prog. Regular", Oferta "Vivienda Progresiva Privada Etapa II Prog. Regular Llamado N° 3 Año 2004". Este hecho puede haber inducido a confusión al solicitante, no existiendo más información que aportar al respecto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información requerida, correspondiente a los documentos asociados a los beneficios habitacionales que se habrían entregado a la persona consultada. El órgano, por su parte, ha dado respuesta explicando la situación que presentaría en sus registros la persona por la que se pregunta, manifestando no obrar otros antecedentes en su poder.

2) Que, el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la que se encuentre contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda aquella elaborada con presupuesto público, salvo las excepciones legales.

3) Que, al respecto, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada en poder del órgano requerido constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente.

4) Que, en este sentido, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregados).

5) Que, en el presente caso, si bien el órgano reclamado ha manifestado haber realizado la búsqueda de la información requerida, explicando a su vez la situación que presenta la persona consultada en sus registros, lo cierto es que no ha proporcionado antecedentes que acrediten la circunstancia de hecho de inexistencia de la información, pues, ha reconocido que aquella usuaria consultada figura en sus sistemas con beneficios otorgados, pero no ha acompañado los antecedentes que lo demuestren y que, por tanto, evidencien la imposibilidad de entregar otro tipo de información en los términos requeridos por el reclamante. En este sentido, la afirmación de que al "estar identificados como Llamado 0, no permite ubicar documentos físicos y/o individualizar la dirección exacta", por si sola, resulta insuficiente para acreditar el hecho de no obrar los antecedentes en su poder. En razón de lo anterior, se concluye que no se encuentra satisfecho el estándar establecido para la acreditación de la circunstancia fáctica de inexistencia de la información en poder del órgano, que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, resultando procedente acoger el amparo en este aspecto, ordenando la entrega de la información solicitada, o en su defecto, la debida acreditación de su inexistencia, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que la decisión adoptada por este Consejo recae sobre aquellos aspectos referidos al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los que resultan procedentes en esta sede, y no así, sobre otras materias formuladas por el reclamante, en específico, aquellas referidas a las eventuales irregularidades que podrían haberse evidenciado en el otorgamiento de beneficios a la persona consultada.

7) Que, en consideración de lo anterior, y tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Carta Fundamental, que puede obrar en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual, no se encuentra debidamente acreditada la circunstancia de hecho de inexistencia en poder del órgano, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la información requerida. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Previa entrega, y en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, el órgano requerido deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, cédula de identidad, domicilio, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico, entre otros, que pudieran estar contenidos en los documentos cuya entrega se ordena. Lo anterior, en aplicación de lo previsto en el artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4, de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Rodrigo Emilio Ernesto Soto Lizana en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Director Regional (S) del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante la siguiente información:

i. Copia de nómina de la región metropolitana, donde aparece beneficiada, donde se detalla, lugar donde se asignó, y modalidad dentro de otros. Teniendo presente que, por ley dicha nómina es pública y debe ser publicada. La beneficiada es la señora que indica.

ii. Copia de documento que detalle en qué región fue utilizado dicho beneficio del estado. Para el caso en que regiones entendiendo y teniendo conocimiento que fueron 2 beneficios.

iii. Copia de nómina donde aparece beneficiada, entre el año 1992 y 1993 donde se detalla, lugar donde se asignó, y modalidad dentro de otros. La señora es la que indica.

iv. Copia de documento o ley o decreto que se aplicó, para permitir obtener 2 subsidios de parte del estado. A la señora que indica.

Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto contenidos en la información solicitada, por ejemplo, RUT, domicilio, teléfono y correo electrónico, entre otros.

Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Emilio Ernesto Soto Lizana y a la Sra. Directora Regional (S) del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.