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Carolina Mardones Luna con INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP) Rol: C331-21

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto de Desarrollo Agropecuario, ordenado la entrega de la información relativa al proyecto adjudicado en el año 2017, por la persona consultada, a través del cual se financió la construcción del cerco que se indica. Lo anterior, por tratarse de información respecto de la cual no se acreditó que su entrega afecte los derechos de las personas. Previo a su entrega, deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida; ello en cumplimiento a lo establecido en Ley sobre protección de la vida privada y a la Ley de Transparencia. El presente caso se relaciona con lo resuelto en amparo Rol C431-21.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Conformidad objetiva

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C331-21

Entidad pública: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

Requirente: Carolina Mardones Luna

Ingreso Consejo: 15.01.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto de Desarrollo Agropecuario, ordenado la entrega de la información relativa al proyecto adjudicado en el año 2017, por la persona consultada, a través del cual se financió la construcción del cerco que se indica.

Lo anterior, por tratarse de información respecto de la cual no se acreditó que su entrega afecte los derechos de las personas.

Previo a su entrega, deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida; ello en cumplimiento a lo establecido en Ley sobre protección de la vida privada y a la Ley de Transparencia.

El presente caso se relaciona con lo resuelto en amparo Rol C431-21.

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C331-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 31 de diciembre de 2020, doña Carolina Mardones Luna solicitó al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), en lo pertinente, lo siguiente:

"(...) información respecto de Plan de Manejo Sistema Incentivos Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, adjudicado por doña Karina Rivera Hermosilla en INDAP BIO BIO VIII Región, proyecto adjudicado en el año 2017 y por el cuál (sic) obtuvo los materiales y pago de mano de obra para el cambio de cerco que nos delimita como vecinos colindantes".

2) RESPUESTA: Por medio de Carta N° 1136, de 11 de enero de 2021, el Instituto de Desarrollo Agropecuario respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que comunicada la solicitud en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, se recibió la oposición por escrito de los terceros sobre los cuales versa el requerimiento.

3) AMPARO: El 15 de enero de 2021, doña Carolina Mardones Luna dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Instituto de Desarrollo Agropecuario fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario de la Región del Biobío mediante oficio N° E2575, de fecha 30 de enero de 2021.

Por medio de Oficio N° 4746, de fecha 10 de febrero de 2021, el INDAP presentó sus descargos en esta sede, señalando, en síntesis, que se encuentra impedido de proporcionar la información solicitada por cuanto comunicada la solicitud de información formulada de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia a doña Karina Rivera Hermosilla y don Antonio Espinoza Villablanca en su calidad de terceros, estos manifestaron su oposición a su entrega. Acompaña copias de dichas comunicaciones.

El INDAP, justifica el emplazamiento a los terceros aludidos, con base a la existencia de un procedimiento judicial respecto del cual incide la información solicitada.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Este Consejo, mediante oficios N° E5249 y E5250, ambos de fecha 1 de marzo de 2021, notificó el presente amparo a don Antonio Espinoza Villablanca y a doña Karina Rivera Hermosilla, respectivamente, a fin que presentaran sus descargos y observaciones al presente amparo.

Los terceros aludidos, a través de correos electrónicos de fecha 10 de marzo de 2021, señalaron, en síntesis, que se oponen a la entrega de la información pedida, por cuanto temen que el solicitante mal utilice dichos antecedentes para seguir hostigándolos y acusándolos infundadamente como se desprendería de la información que acompañan, razón por la cual estiman que entregar lo pedido afectaría sus garantías constitucionales del derecho a la protección de la vida privada y a la honra personal y de su familia, su derecho a la propiedad, y a la libertad de trabajo y asociación, dado que se buscaría dañar sus proyectos financiados por INDAP, como su participación en sus labores campesinas. Finalmente, agregan que visitados por diversas autoridades de INDAP, han constatado que su trabajo se ha realizado conforme a los fines previstos por dicha institución, señalando finalmente las causas judiciales civiles y penales existentes que darían cuenta de la relación conflictiva que existe con el requirente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega por parte del INDAP, de la información relativa al proyecto adjudicado en el año 2017, por la persona individualizada en la solicitud, en el contexto del Plan de Manejo del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, a través del cual se financió la construcción del cerco que se indica. Al efecto el órgano reclamado, denegó la entrega de dicha información, en atención a la oposición de los terceros involucrados, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, oposición que también manifestaron en esta sede.

2) Que, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, si bien no se invocó expresamente, las alegaciones del organismo y terceros involucrados quedarían comprendidas en la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se puede denegar total o parcialmente el acceso a la información "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Por su parte, el artículo 7° N° 2 del Reglamento de la Ley señala que se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés. En consecuencia, un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información solicitada, debiendo justificarse la existencia de un derecho que, con la entrega de lo pedido, se vería afectado.

4) Que, al respecto este Consejo ha establecido como criterio, reiteradamente, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, se debe acreditar una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad que la justifique, circunstancia que en este caso no se produce. En efecto, de los antecedentes examinados no se ha podido acreditar que la divulgación de la información requerida afectaría los bienes jurídicos que la causal de reserva cautela, constatándose que corresponden más bien a la invocación de riesgos remotos, o la protección de meros intereses, y no de derechos resguardados por el ordenamiento jurídico vigente. Ahora bien, cuestión distinta es el conflicto judicial que está siendo canalizado a través de los tribunales respectivos, y que en cualquier caso exceden la competencia legal del Consejo para la Transparencia.

5) Que, a mayor abundamiento, no escapa al conocimiento de este Consejo el control social que subyace a la materia objeto del presente amparo, en cuanto la información sobre proyectos adjudicados en un ámbito determinado, corresponde al uso de los recursos públicos que obtienen los proyectos beneficiarios de los distintos programas, a cargo de INDAP en este caso, toda vez que permite acceder a información referida a los fundamentos en la selección de proponentes, y con ello en la utilización de los fondos entregados en virtud de dicho programa, y, asimismo, posibilita un adecuado escrutinio sobre el modo en que el mencionado ente estatal ha ejercido las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere sobre el particular, por lo que corresponde desestimar las alegaciones del órgano requerido y de los terceros.

6) Que, por lo anterior, este Consejo acogerá amparo en esta parte, ordenando a INDAP entregar la información relativa a la adjudicación consultada, tarjando previamente, sólo los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, según lo disponen los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Carolina Mardones Luna en contra del Instituto de Desarrollo Agropecuario, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario de la Región del Biobío:

a) Entregue al reclamante, la información relativa al proyecto adjudicado en el año 2017, por la persona consultada, en el contexto del Plan de Manejo del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, a través del cual se financió la construcción del cerco que se indica, tarjando previamente, sólo los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, según lo disponen los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Carolina Mardones Luna, al Sr. Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario de la Región del Biobío, a doña Karina Rivera Hermosilla y don Antonio Espinoza Villablanca, estos últimos en su calidad de terceros en el presente procedimiento de acceso a la información pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.