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Carlos Jara con MINISTERIO DE BIENES NACIONALES Rol: C387-21

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Se acoge el amparo deducido en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, ordenando la entrega de la información sobre las solicitudes, aprobadas y rechazadas, de concesiones onerosas y gratuitas de uso de terrenos fiscales que se consulta. Lo anterior, por tratarse de información pública, desestimándose la causal de distracción indebida alegada por el órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C387-21

Entidad pública: Ministerio de Bienes Nacionales

Requirente: Carlos Jara

Ingreso Consejo: 19.01.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, ordenando la entrega de la información sobre las solicitudes, aprobadas y rechazadas, de concesiones onerosas y gratuitas de uso de terrenos fiscales que se consulta.

Lo anterior, por tratarse de información pública, desestimándose la causal de distracción indebida alegada por el órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C387-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de diciembre de 2020, don Carlos Jara solicitó al Ministerio de Bienes Nacionales, la entrega de lo siguiente:

"información respectiva a todas las solicitudes de concesiones onerosas y gratuitas de uso de terrenos fiscales recibidas por este organismo en los últimos 10 años. Esto es, entre el 01-01-2010, y el 24-12-2020. La información debe incluir el objetivo para el que se solicita el terreno, el periodo de tiempo solicitado, la fecha de realización de la solicitud, el resultado de la solicitud (si se otorgó o no y bajo qué condiciones, tanto de pago monetarios como de tiempo, incluyendo solicitudes aprobadas y solicitudes denegadas). Asimismo, se solicita que la información explicite quienes (ya sean particulares u organizaciones) solicitaron estos terrenos, y dónde están ubicados los mismos (ambas informaciones lo más detalladas que sea posible). En virtud del artículo 19 [sic] letra e) de la Ley 20.285, la información se solicita bajo el principio divisibilidad, según el cual si los documentos requeridos contienen al mismo tiempo información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda, ya que lo que interesa es el número y el detalle de los antecedentes solicitados y no las identidades de quienes están involucrados. Asimismo, la información se solicita bajo el principio de oportunidad, de la misma ley, conforme al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios. Por último, los documentos se solicitan teniendo en cuenta que de manifestarse la oposición de un tercero, para que esta proceda debe estar fundada en una de las causas de reserva contenidas en el artículo 21 de la mencionada ley".

2) RESPUESTA: Por medio de Ord. GABS N° 28, de 18 de enero de 2021, el Ministerio de Bienes Nacionales, otorgó respuesta a la solicitud, denegando la información solicitada con base a la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

Al efecto argumentan que lo pedido está referido a una cantidad relevante de información que se encuentra desagregada en cada una de las oficinas regionales, y por lo tanto, no se encuentra actualmente sistematizada. Acceder a lo pedido, expresan, implicaría que funcionarios del organismo deban emplear para ello el tiempo ordinariamente destinado a sus tareas habituales, obligándolos a extender su jornada laboral, aumentando excesivamente su carga de trabajo.

3) AMPARO: El 19 de enero de 2021, don Carlos Jara dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante Oficio E2600, de 31 de enero de 2021.

Posteriormente, por medio de Ord. GABS N° 90, de 17 de febrero de 2021, el organismo emitió sus descargos, reiterando la causal de reserva invocada en la respuesta otorgada al reclamante, no obstante agregan los siguientes argumentos:

- El Ministerio de Bienes Nacionales, no cuenta al día de hoy con un registro sistematizado y completo que contenga la información que solicita el recurrente. Para ello, es necesario realizar un levantamiento de antecedentes. En este sentido, precisan, es necesario tener presente la gran cantidad de solicitudes de concesiones que ingresan al Ministerio, tanto a nivel central como en regiones. A modo de ejemplo, la región de Antofagasta registra un total de 1428 ingresos de solicitudes de concesión (de uso gratuito y oneroso) en un periodo de dos años.

- Luego, en el año 2020, se dictaron un total de 757 actos positivos a nivel nacional, no considerando las solicitudes que fueron resueltas negativamente o rechazadas. Hacen presente que, la documentación mínima que integra un expediente de concesión de uso, sea gratuita u onerosa, comprende a lo menos unos 20 documentos, sin considerar los antecedentes que presenta la entidad solicitante. Esto significa que, para responder a la solicitud sería necesario revisar, solo respecto del caso de Antofagasta recién aludido, alrededor de 28.560 documentos.

- Señalan que los sistemas en los cuales se tramitan los expedientes de concesión han ido cambiando a lo largo de estos últimos 10 años, mutando de una tramitación física de expedientes a una digital. Sin embargo, aún coexisten los expedientes físicos y digitales, así como distintos sistemas digitales de tramitación.

- En síntesis, el requerimiento comprende un periodo de 10 años, respecto de información que obra en las distintas oficinas regionales del país, lo que significa que varios funcionarios -se estima que dos por cada Secretaría Regional Ministerial- se dediquen de forma exclusiva, y por largos periodos de tiempo, a recopilar la referida información, lo cual constituye una distracción indebida de los funcionarios de sus labores habituales y, por tanto, una afectación de las funciones propias del servicio.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en síntesis, lo pedido es información sobre las solicitudes, aprobadas y rechazadas, de concesiones onerosas y gratuitas de uso de terrenos fiscales, ingresadas al organismo, entre el 1 de enero de 2010 y 24 de diciembre de 2020; en las cuales se detalle, el objetivo para el que se solicitó el terreno; período de tiempo solicitado; fecha de realización de la solicitud; las condiciones en que se aprobó -en tiempo y pago-; quiénes solicitaron estos terrenos y lugar de ubicación de los terrenos. Todos antecedentes denegados por el Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, conforme a dicho precepto se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales".

3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias.

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que, a juicio de este Consejo, las dificultades alegadas por el órgano reclamado no permiten dar por configurada la distracción indebida que se ha invocado como supuesto de la causal de reserva, pues cuenta con un sistema informático del cual se puede extraer, en gran medida, la información solicitada. En tal sentido, se revisó el "Sistema de Catastro de Bienes Nacionales", disponible en el sitio web www.catastro.cl, advirtiendo que a través de éste es posible ingresar al listado de bienes inmuebles fiscales por región, los que se encuentran singularizados por comuna, número de identificación catastral, ubicación e inscripción. A continuación, se verifica que consignando la dirección o número catastral de cada inmueble en el ícono "búsqueda del inmuebles", arroja como resultado la ficha individual de la propiedad consultada, registrándose información relativa a los metros cuadrados u hectáreas que posee y el acto administrativo que recae sobre éste. Por su parte, se constata que a través del sitio web de Transparencia Activa del Ministerio del ramo -ítem actos y resoluciones con efectos sobre terceros-, es posible obtener las resoluciones respecto de las concesiones de corto y largo plazo -a título gratuito u oneroso- que han sido otorgadas en las distintas regiones del país, documentos en los cuales se identifica al inmueble y beneficiario; todas formas de acceso que no fueron descritas en la respuesta otorgada al peticionario conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley de Transparencia, no obstante, permiten dilucidar que el organismo podría dar respuesta a la solicitud en los términos formulados.

6) Que, en cuyo mérito, teniendo en especial consideración las competencias que detenta la recurrida respecto de las concesiones de los inmuebles fiscales, descritas en el título III, del Decreto Ley N° 1.939, de 1977, sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado y en el Decreto Supremo N° 79/2010 del Ministerio de Bienes Naciones, tornan insuficientes los hechos descritos por el órgano reclamado para efectos de justificar la causal que alegan, por cuanto la información pedida debería encontrarse de manera íntegra y sistematizada en poder del organismo al recaer solicitudes que ya cuentan con el acto decisorio respectivo; caso contrario, develaría que no poseen un mecanismo apto de gestión documental en el cual se contenga la información pedida, tornando ilusorio el derecho de acceso a la información, además de constituir una infracción a los principios de transparencia, máxima divulgación y facilitación contemplados en las letras c), d) y f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia.

7) Que, por todo lo expuesto, este Consejo estima que la reclamada puede cumplir con la entrega de la información; en consecuencia, se acogerá el presente amparo. Finalmente, considerando las especiales circunstancias generadas por el COVID-19, y el periodo que comprende la solicitud formulada, para efectos del cumplimiento de lo resuelto, se otorga un plazo de 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Carlos Jara en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales:

a) Entregue al reclamante de la información sobre las solicitudes, aprobadas y rechazadas, de concesiones onerosas y gratuitas de uso de terrenos fiscales, ingresadas al organismo, entre el 1 de enero de 2010 y 24 de diciembre de 2020; en las cuales se detalle, el objetivo para el que se solicitó el terreno; período de tiempo solicitado; fecha de realización de la solicitud; las condiciones en que se aprobó -en tiempo y pago-; quiénes solicitaron estos terrenos y lugar de ubicación de los terrenos.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Carlos Jara y al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.