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Claudio García Lobos con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C725-21

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Se rechaza el amparo en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de la entrega de información sobre el precio de transferencia del vehículo que se indica. Lo anterior, toda vez que, la reclamada informó a la solicitante la fuente, forma y lugar donde puede requerir la información, mediante un procedimiento especial destinado al efecto, previo pago del arancel correspondiente, estando facultado legamente para ello. Aplica precedentes de los amparos Roles C3434-16, C3603-17 y C1462-18.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C725-21

Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI)

Requirente: Claudio García Lobos

Ingreso Consejo: 01.02.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de la entrega de información sobre el precio de transferencia del vehículo que se indica.

Lo anterior, toda vez que, la reclamada informó a la solicitante la fuente, forma y lugar donde puede requerir la información, mediante un procedimiento especial destinado al efecto, previo pago del arancel correspondiente, estando facultado legamente para ello.

Aplica precedentes de los amparos Roles C3434-16, C3603-17 y C1462-18. 

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C725-21.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de enero de 2021, don Claudio García Lobos solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación -en adelante e indistintamente, SRCeI-, "copia de: 1.- La declaración consensual o documento que acredite la venta el 14 de marzo del año 2019 respecto del vehículo placa patente única que indica, vendido a la persona que señala. 2.- En caso de no existir ese documento, solicito la información del precio de venta de dicho vehículo".

2) RESPUESTA: Mediante Carta UTSI N° 1.115 de fecha 29 de enero de 2021, el SRCeI respondió el requerimiento, haciendo presente que el artículo 47 del decreto con fuerza de ley N° 1, año 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito - en adelante Ley de Tránsito-, prescribe que: "El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar o certificar, a quien lo solicite, los hechos o actuaciones que consten en el Registro de Vehículos Motorizados". A su turno, el artículo 28 del Decreto Supremo N° 1.111, año 1985, del Ministerio de Justicia, Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados, especifica que dicha información se entrega por medio de certificados automatizados, respecto de los cuales, cualquier persona puede acceder mediante el Código de la Placa Patente del vehículo, pagando los derechos de rigor.

En esta línea, agregó que, conforme al procedimiento regulado en la DN Circular N° 5, de fecha 12 de enero de 2017, del SRCeI, sobre modificación en la forma de tramitar las solicitudes de documentos fundantes del Registro de Vehículos Motorizados, para conocer el contenido de cualquiera de dichos documentos, es posible requerirlo en cualquiera de sus oficinas, previo pago del arancel correspondiente, establecido en el artículo 1° del Decreto N° 560, de fecha 14 de marzo de 2019, del Ministerio de Justicia. En efecto, explicó que para la obtención de los antecedentes que sirvieron de base a una determinada solicitud de inscripción, así como del detalle de las características de cada vehículo y de sus transferencias u anotaciones, se debe obtener por medio del correspondiente Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes, el cual se debe solicitar en cualquier Oficina del SRCeI. Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido.

3) AMPARO: El 1° de febrero de 2021, don Claudio García Lobos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial a su solicitud.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N° E4526, de fecha 16 de febrero de 2021, solicitó al reclamante aclarar la infracción cometida por el órgano, señalando específicamente por qué, a su juicio, debe informar el precio de venta del vehículo en respuesta a una solicitud de acceso a la información.

Al respecto, por medio de correo electrónico de fecha 17 de febrero de 2021, el peticionario señaló que la infracción consiste en la falta de entrega de la información sobre el precio de transferencia del vehículo que se indica. Así, agregó que aquella consta en registros públicos, y no en el certificado de inscripción y anotaciones vigentes, según da cuenta copia de certificado adjuntado al efecto.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante Oficio N° E5674, de fecha 6 de marzo de 2021, con el objeto de que presente sus descargos y observaciones.

Por medio de DN. Ordinario N° 221, de fecha 30 de marzo de 2021, el SRCeI presentó sus descargos, en los que aclaró que no se denegó la información solicitada, sino que se señaló al reclamante el procedimiento que debe seguir para efectos de obtener las copias de los documentos fundantes de una determinada solicitud de inscripción -y que son resguardados por el Registro de Vehículos Motorizados-, previo pago de los derechos correspondientes.

En este sentido, precisó que los documentos fundantes de una solicitud de transferencia presentada ante el Registro de Vehículos Motorizados, siempre han de consignar el precio de venta, al cual se puede acceder una vez que se obtiene el referido documento por la vía especial destinada al efecto y que se informó con ocasión de su respuesta, no correspondiendo que el recurrente utilice la Ley de Transparencia para eximirse del pago del arancel correspondiente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en atención a los términos en que fuere interpuesto el presente amparo, el objeto del mismo es la entrega de la información sobre el precio de transferencia del vehículo indicado, respecto de lo cual, el SRCeI informó que para requerir cualquier documento fundante, en que consta el precio de venta y que es presentando ante toda solicitud de transferencia presentada ante el Registro de Vehículos Motorizados, el solicitante puede dirigirse a cualquiera de sus oficinas a lo largo del país, debiendo pagar el arancel correspondiente.

2) Que, a modo de contexto, cabe hacer presente que el artículo 3 de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, establece que a este le corresponderá "llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende". Asimismo, los numerales 1 y 7 del artículo 4 del mismo cuerpo legal prescriben, respectivamente, que son funciones de la reclamada, formar y mantener actualizados los registros que indica, entre ellos, el Registro de Vehículos Motorizados, y "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio". A su vez, los artículos 39 y 47 de la Ley de Tránsito, disponen, respectivamente, que aquel "llevará un Registro de Vehículos Motorizados en la base de datos central de su sistema mecanizado, en el cual se inscribirán los vehículos y la individualización de sus propietarios y se anotarán las patentes únicas que otorgue", debiendo "informar o certificar, a quien lo solicite, los hechos o actuaciones que consten en el Registro de Vehículos Motorizados". Por otra parte, tanto el Decreto con Fuerza de Ley N° 1.282, de 1975, del Ministerio de Hacienda, establece montos de impuestos y exenciones en actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación - en adelante D.F.L. N° 1.282-; como el Decreto Supremo N° 451, año 2009, del Ministerio de Justicia, reajusta montos de los derechos en las actuaciones del SRCeI de acuerdo a la ley N° 18.290 y reajusta el monto de los derechos y valores de las demás actuaciones y documentos que señala - en adelante D.S. N° 451-; establecen los montos en pesos de los impuestos que deberán pagarse por las actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación.

3) Que, luego, el órgano informó al requirente que éste tiene derecho a acceder a los documentos fundantes en los cuales consta el precio de transferencia del vehículo consultado, previo pago de los derechos de rigor. Sobre el particular, y según lo razonado por este Consejo en el amparo Rol C3434-16, el artículo 18 de la Ley de Transparencia, dispone que "Sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada. La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto el interesado no cancele los costos y valores a que se refiere el inciso precedente". Al efecto, se advierte que las copias o fotocopias de los documentos fundantes están sujetas por ley al pago de derechos, de conformidad a lo establecido en el decreto ley N° 1.268, año 1975, que fija normas sobre agilización del SRCeI; el D.F.L. N° 1.282, y el D.S. N° 451.

4) Que, en la decisión de amparo Rol C3603-17, esta Corporación se pronunció respecto de una solicitud de acceso a la información similar a la requerida en la especie -copia de contratos de compraventa fundantes de actuaciones en el Registro de Vehículos Motorizados-, razonando lo siguiente "4) "Que, del análisis del marco normativo expuesto, en relación con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, complementada por el artículo 20 de su Reglamento, y lo dispuesto en la Instrucción General N° 6 de este Consejo sobre Gratuidad y Costos Directos de Reproducción, se concluye que lo autorización otorgada al Servicio de Registro Civil e Identificación, se subsume en el segundo supuesto de la norma del artículo 18 en comento, vale decir, se contempla expresamente otro(s) valor(es) a cobrar por entrega de la información, lo que habilitaría a la reclamada para exigir el pago de sumas por requerido." (Énfasis agregado) En este mismo sentido, se resolvió en la decisión de amparo Rol C1462-18.

5) Que, habiéndose acreditado en la especie que el órgano se encuentra autorizado legalmente para proceder al cobro de determinado valor por la entrega de la información requerida, y habiéndose informado al reclamante la fuente, el lugar y la forma en que se puede tener acceso a los documentos fundantes presentados para la solicitud de transferencias en el Registro de Vehículos Motorizados -y en los cuales consta el precio de transferencia del vehículo consultado-, existiendo en consecuencia un régimen especial destinado acceder a lo requerido, este Consejo rechazará el presente amparo. Asimismo, en virtud de lo anterior, esta Corporación no se pronunciará sobre la afectación a los derechos de terceros que fuere esgrimida por la reclamada con ocasión de sus descargos, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Claudio García Lobos en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio García Lobos y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados, y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.