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Gustavo Brito Díaz con CARABINEROS DE CHILE Rol: C771-21

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, relativo al acceso a los antecedentes que sean fundamento de la adquisición del carro lanza aguas LA-66. Lo anterior, por estimarse que forman parte de aquellas materias que el artículo 436 N° 4, del Código de Justicia Militar, pretende cautelar, por cuanto se refiere a datos que de ser entregados implicaría revelar antecedentes específicos del vehículo consultado, lo cual conlleva un riesgo de afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile y a la seguridad de la Nación. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C5857-20.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C771-21

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Gustavo Brito Díaz

Ingreso Consejo: 03.02.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, relativo al acceso a los antecedentes que sean fundamento de la adquisición del carro lanza aguas LA-66.

Lo anterior, por estimarse que forman parte de aquellas materias que el artículo 436 N° 4, del Código de Justicia Militar, pretende cautelar, por cuanto se refiere a datos que de ser entregados implicaría revelar antecedentes específicos del vehículo consultado, lo cual conlleva un riesgo de afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile y a la seguridad de la Nación.

Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C5857-20.

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C771-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de diciembre de 2020, don Gustavo Brito Díaz solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información: "Solicito acceso al o los expedientes de actos administrativos que ha facultado la adquisición por parte de carabineros del carro lanza aguas o "guanaco" que recibe el nombre de LA-66. Esto, con el fin de observar las debidas justificaciones del caso".

2) RESPUESTA: Mediante resolución exenta N° 43, de 28 de enero de 2021, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento indicando, en resumen, que no es posible entregar la información pedida ya que posee el carácter de secreta.

Refiere, en primer término, que el entregar la información solicitada, que dice relación los actos administrativos que han facultado la adquisición por parte de Carabineros del Carro Lanza Aguas, conlleva un riesgo de afectación cierto, probable, y específico al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de hile y, en definitiva, a la seguridad pública. En efecto, atendido su contenido específico referido a la descripción detallada de un elemento utilizado por Carabineros de hile en el desarrollo de sus funciones, aumentaría la sensación de inseguridad entre los particulares y afecta el futuro desempeño de los funcionarios y de las unidades y reparticiones.

Argumenta que resulta aplicable las causales de reserva del artículo 21 N° 1, 3 y 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar. Esto pues se trata de elementos que son considerados estratégicos, ya que son esenciales en la materialización del concepto de orden público y seguridad interior, al vincularse con estos conceptos constituyen una excepción al conocimiento público respecto a sus características, cantidades e implementación, ya que la publicidad de la información solicitada, afectaría el cumplimiento de los fines para los cuales son destinados, y proporcionaría una ventaja táctica que permitiría otorgar herramientas o adoptar contramedidas en el ámbito de armas y municiones para repeler el actuar policial.

Finalmente, señala Carabineros de Chile se encuentra impedido de entregar cualquier información que recaiga sobre elementos calificados como estratégicos ya que son utilizados por Carabineros de Chile en tareas de prevención y control de orden público, lo que en la práctica produciría n daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones Institucionales.

3) AMPARO: El 3 de febrero de 2021, don Gustavo Brito Díaz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio E4583, de 17 de febrero de 2021 solicitante que: (1°) acompañe copia del correo de notificación de respuesta, donde conste la fecha en que fue remitida por Uds.; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (3°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación.

Mediante Oficio N° 66, de 02 de marzo de 2021, Carabineros de Chile presentó sus descargos reiterando la procedencia de las causales de reserva invocadas. Agrega que entregar la documentación pedida implica revelar medios logísticos adquiridos por la institución lo cual conlleva un riesgo de afectación cierto, probable, y específico al debido cumplimiento de sus funciones, en definitiva, al control del orden y seguridad pública; pues su entrega importaría revelar parte de la flota vehicular, lo que implicaría que con posterioridad, se requiriera conocer los mismos datos para otros vehículos, y tener, finalmente, una visión completa de todo el parque vehicular táctico destinado al control del orden público, con sus características y de ese modo revelar la capacidad institucional para hacer frente a los procedimientos policiales y develar datos sobre esta materia.

Asimismo, significaría poner en riesgo a los civiles a los cuales la institución está llamada a resguardar, dificultar la labor de restablecimiento del orden público que tiene asignada y finalmente, arriesgar la integridad de quienes la componen, toda vez que implicaría entregar valiosos datos los cuales permitirán elaborar planes de respuesta tácticos a quienes quieran repeler su actuación, resultando necesario, para garantizar el debido cumplimiento de sus funciones, de mantener tales antecedentes en reserva. Por lo anterior, revelar su contenido arriesgaría tornar ineficaz el actuar policial e impediría el cumplimiento de la misión constitucional que ha sido encomendada a Carabineros de Chile, configurándose, sin lugar a duda, la causal de secreto establecida por el artículo 21°N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar, como se explicara latamente al recurrente.

Debe tenerse presente que esta contratación se efectuó bajo la modalidad de trato directo, con carácter reservado, conforme al artículo 20, inciso final, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, el cual dispone que "Los organismos públicos regidos por esta ley, estarán exceptuados de publicar en el sistema de información señalado precedentemente, aquella información sobre adquisiciones y contrataciones calificada como de carácter secreto, reservado o confidencial en conformidad a la ley. Las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad cumplirán con esta obligación, en conformidad a su legislación vigente sobre manejo, uso y tramitación de documentación".

De este modo, de conformidad al tenor del artículo 436 N° 4, del Código de Justicia Militar, se colige de modo preciso que el legislador ha procurado reservar los documentos secretos que se encuentren referidos o guarden relación con equipos y pertrechos policiales, es decir, antecedentes que detallen su origen, conformación, funcionamiento, desempeño y otros similares, características todas ellas que son parte de la evaluación previa a la compra.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por Carabineros de Chile a la solicitud de información del reclamante, referida a acceso a todos los actos o antecedentes que ha facultado la adquisición del carro lanza aguas LA-66. Al efecto, el órgano reclamado invoca las causales de reserva de los artículos 21 N° 1, 3 y 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con el artículo 436, N° 4 del Código de Justicia Militar.

2) Que, el artículo 8° inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, en relación a las causales de reserva invocadas, el citado artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, según lo establecido en el N° 4 de dicho artículo, "los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales".

4) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). La reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional.

5) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Cabe hacer especialmente presente, que este el criterio interpretativo en la forma debe ser aplicada la causal de reserva invocada del artículo 21 N° 5, en relación a las normas dictadas en forma previa a la reforma constitucional del año 2005, ha sido ratificado por los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país. En efecto, la Corte Suprema en el fallo Rol N° 26.843-2018, de 05 de marzo de 2019 sobre recurso de queja, indicó, en su considerando décimo, lo siguiente: "Que, en cuanto a la causal del numeral 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esta Corte ha dicho en anteriores ocasiones que para que se configure la excepción a la publicidad, no sólo basta la existencia o mera referencia a una ley de quórum calificado dictada con anterioridad a la reforma constitucional del año 2005, sino que además es necesario evaluar, en concreto, la afectación al bien jurídico que se trata de proteger, en la especie, la seguridad de la Nación. (Roles C.S. N° 35.801-2017 y 49.981-2016)".

6) Que, respecto de la información analizada, para justificar las causales de reserva alegadas, Carabineros de Chile ha señalado, en síntesis, que entregar la documentación pedida implica revelar medios logísticos adquiridos por la institución lo cual conlleva un riesgo de afectación cierto, probable, y específico al debido cumplimiento de sus funciones, en definitiva, al orden y seguridad pública; cuya entrega importaría revelar parte de la flota vehicular, lo que implicaría que con posterioridad, se requiriera conocer los mismos datos para otros periodos, y tener, finalmente, una visión completa de todo el parque vehicular táctico destinado al control del orden público, y de ese modo revelar la capacidad institucional para hacer frente a los procedimientos policiales y develar datos sobre esta materia. Asimismo, significaría poner en riesgo a los civiles a los cuales esta institución está llamada a resguardar, dificultar la labor de restablecimiento del orden público que tiene asignada y finalmente, arriesgar la integridad de quienes la componen, toda vez que implicaría entregar valiosos datos los cuales permitirán elaborar planes de respuesta tácticos a quienes quieran repeler su actuación, resultando necesario para garantizar el debido cumplimiento de sus funciones. Por lo anterior, revelar su contenido arriesgaría tornar ineficaz el actuar policial e impediría el cumplimiento de la misión constitucional que ha sido encomendada a Carabineros de Chile.

7) Que, asimismo agregó que estas contrataciones se efectuaron bajo la modalidad de trato directo, con carácter reservado, conforme al artículo 20, inciso final, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, el cual dispone que "Los organismos públicos regidos por esta ley, estarán exceptuados de publicar en el sistema de información señalado precedentemente, aquella información sobre adquisiciones y contrataciones calificada como de carácter secreto, reservado o confidencial en conformidad a la ley. Las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad cumplirán con esta obligación, en conformidad a su legislación vigente sobre manejo, uso y tramitación de documentación".

8) Que, de conformidad al tenor del artículo 436 N° 4, del Código de Justicia Militar, se colige de modo preciso que el legislador ha procurado reservar los documentos secretos que se encuentren referidos o guarden relación con equipos y pertrechos policiales, es decir, antecedentes que detallen su origen, conformación, funcionamiento, desempeño y otros similares. En este contexto, se hace presente que este Consejo en la decisión de amparo Rol C5857-20, declaró secretas las órdenes de compra de vehículos lanza aguas, precisamente por configurarse respecto de dicho tipo de antecedentes la reserva establecida en el artículo 436 N° 4, del Código de Justicia Militar, ello por cuanto la divulgación de dicha documentación darían cuenta de los medios logísticos adquiridos por la institución, junto con la descripción específica de los vehículos consultados, sus condiciones de pago, junto con otros datos de la operación comercial, lo cual conlleva un riesgo de afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile y, en definitiva, a la seguridad pública. El mentado criterio resulta aplicable en el presente caso, toda vez que lo requerido comprende precisamente el acceso a todos los actos que sean fundamento de la adquisición del vehículo carro lanza agua por el que se consulta, en los cuales plausiblemente, se consigna información sobre sus características técnicas y comerciales, lo que a la luz del marco normativo aplicable tiene el potencial de afectar las funciones del órgano y, consecuencialmente, la seguridad y orden público.

9) Que, así las cosas, se advierte que los elementos de juicio aportados por Carabineros resultan suficientes para configurar la afectación de alguno de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 8° de la Constitución Política de la República, en específico al debido cumplimiento de las funciones del organismo o la seguridad de la Nación, en lo que respecta a la mantención del orden público o la seguridad pública. En consecuencia, se acogerá las hipótesis de reserva alegada por la requerida, procediéndose a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Gustavo Brito Díaz en contra de la Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gustavo Brito Díaz y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.