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Sociedad de Servicios y Capacitación en Seguridad Integral Ltda con DIRECCIÓN DEL TRABAJO Rol: C6962-20

Consejo para la Transparencia, 20/04/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú, relativa a diversa información sobre el proceso de fiscalización consultado. Lo anterior, respecto de lo pedido en las letras a.i), b.iii) y c) de la solicitud formulada, por cuanto el órgano reclamado acreditó que dio respuesta y proporcionó los antecedentes reclamados. En relación a lo requerido en los literales a.ii), a.iii) y b.i), en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no cuentan con más información que aquella que fue entregada en su respuesta a la reclamante. También se rechaza el amparo respecto de lo pedido en la letra a.v), referido a la individualización de los denunciantes y entrega de las denuncias consultadas, por cuanto entregar dichos antecedentes afectaría el debido cumplimiento de las funciones de dicho organismo, toda vez que su conocimiento puede inhibir que los trabajadores afectados por conductas que vulneren sus derechos presenten denuncias ante el organismo fiscalizador. Asimismo, porque la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración. Asimismo, se rechaza el amparo en lo relativo a cuestionamientos sobre el proceso de fiscalización consultado, por la modificación del objeto pedido, al consistir en información no comprendida en el requerimiento formulado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6962-20

Entidad pública: Inspección Comunal del Trabajo de Maipú

Requirente: Sociedad de Servicios y Capacitación en Seguridad Integral Ltda.

Ingreso Consejo: 28.10.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú, relativa a diversa información sobre el proceso de fiscalización consultado.

Lo anterior, respecto de lo pedido en las letras a.i), b.iii) y c) de la solicitud formulada, por cuanto el órgano reclamado acreditó que dio respuesta y proporcionó los antecedentes reclamados.

En relación a lo requerido en los literales a.ii), a.iii) y b.i), en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no cuentan con más información que aquella que fue entregada en su respuesta a la reclamante.

También se rechaza el amparo respecto de lo pedido en la letra a.v), referido a la individualización de los denunciantes y entrega de las denuncias consultadas, por cuanto entregar dichos antecedentes afectaría el debido cumplimiento de las funciones de dicho organismo, toda vez que su conocimiento puede inhibir que los trabajadores afectados por conductas que vulneren sus derechos presenten denuncias ante el organismo fiscalizador. Asimismo, porque la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración.

Se aplica precedentes de las decisiones de amparos Roles C1174-15, C1248-15, C1387-15, C2773-18, C4423-18 y C6525-19.

Asimismo, se rechaza el amparo en lo relativo a cuestionamientos sobre el proceso de fiscalización consultado, por la modificación del objeto pedido, al consistir en información no comprendida en el requerimiento formulado.

Finalmente se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello.

En sesión ordinaria N° 1174 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6962-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 24 de agosto de 2020, la empresa Sociedad de Servicios y Capacitación en Seguridad Integral Ltda., en adelante e indistintamente BM Seguridad Privada e Industrial, solicitó a la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú la siguiente información:

a) Resolución de Multa N° 7729/18/49 1-2 de la Dirección Comunal del Trabajo de Maipú.

i. Copia del registro fotográfico del libro de asistencia, de la tapa y de los meses de abril y mayo de 2018, del Sr. Francisco Salamanca y de los meses de abril y junio de 2018, del Sr. Aarón Salas, que fueran registrada fotográficamente según lo sostenido por el Sr. Fiscalizador, en cuya virtud, figuran tales señores, como trabajadores de mi representada en el domicilio fiscalizado, que corresponde a la instalación de Abastible S.A, ubicada en camino a Melipilla N° 11700, comuna de Maipú, Región Metropolitana.

ii. Copia de las cédulas de identidad de los trabajadores mencionados y sus contratos de trabajos, de que se disponía en las carpetas de la Instalación.

iii. Indicar nombre, Rut y empresa del trabajador que los atendió en la fiscalización llevada a cabo.

iv. Indicar los nombres, Rut y cargo de los fiscalizadores, además de hora de llegada y salida de la instalación.

v. Individualizar la persona de los denunciantes, que motivaron la fiscalización y cuál era el motivo de sus reclamos.

b) Resolución de Multa N° 7464/18/47-1 de la Dirección Comunal del Trabajo de Maipú, de fecha 03 de septiembre de 2018.

i. Acta de fiscalización de fecha 31 de agosto de 2018, practicada a la Instalación Abastible Maipú, ubicada en Camino a Melipilla N° 11700, comuna de Maipú.

ii. Citación de ITC Maipú enviada para el día 10 de agosto de 2018.

iii. Acta de la audiencia llevada a efecto en ITC Maipú con fecha 10 de agosto de 2018.

c) Listado de multas ejecutoriadas, motivo de la instalación imputada para cada una de ellas, y su fecha de pago, desde el año 2002 hasta el año 2016

2) RESPUESTA: La Inspección Comunal del Trabajo de Maipú respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio Ord. N° 941, de fecha 06 de octubre de 2020, señalando lo siguiente:

a) Respecto de la Resolución de multa N° 7729/18/491-2:

i. Adjunta copia del registro fotográfico del libro de asistencia consultado.

ii. Informa que no existen copias de cedulas de identidad de los trabajadores mencionados, ni de sus contratos de trabajos en el expediente de fiscalización.

iii. Individualiza a la persona que aparece en el informe de fiscalización y que atendió a fiscalizadora actuante.

iv. La fiscalizadora actuante fue Maria Angelica Bustamante, y la hora del inicio de la fiscalización fue a las 14:50 y de termino 17:00 horas.

v. En relación a la individualización de los denunciantes, que motivaron la fiscalización y cuál era el motivo de sus reclamos, señala que deniega lo pedido en virtud de la ley 19628 sobre protección de la vida privada.

b) Respecto de la Resolución de multa N° 7464/18/47-1:

i. Informa que no existe documentación bajo esa denominación.

ii. Adjunta copia de acta de notificación de requerimiento de documentación y citación, para el día 10 de agosto de 2018-a las 10:00 horas.

iii. Adjunta acta de comparecencia y presentación de documentación de fecha 10 de agosto de 2018.

c) Respecto del listado de multas ejecutoriadas, adjunta listado de multas disponible en el sistema informático, DT Plus de la Dirección del Trabajo correspondiente al periodo requerido, esto es desde el año 2002 hasta el año 2016 correspondiente a la empresa Sociedad de Servicios y Capacitación en Seguridad Integral Ltda.

3) AMPARO: El 28 de octubre de 2020, la empresa Sociedad de Servicios y Capacitación en Seguridad Integral Ltda. dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú fundado en que recibió respuesta incompleta a su solicitud de información. En este sentido señala que no se le entregó la información pedida en las letras a.i); a.ii); a.iii); a.v); b.i); b.iii); y c) que es incompleta, remitiendo sólo lo que tiene disponible. Además, señala hechos que consistirían en irregularidades en el proceso de fiscalización sobre el cual versa la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo confiriendo traslado a la Sra. Inspectora Comunal del Trabajo de Maipú mediante oficio N° E19801, de fecha 12 de noviembre de 2020. Se solicitó expresamente al órgano: señale las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente, toda vez que la respuesta se habría notificado una vez vencido el plazo legal; señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información requerida; y, se pronuncie sobre las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de parte de la información solicitada, explicando cómo afectaría derechos de terceros.

El órgano reclamado formuló sus descargos u observaciones a través de presentación remitida por correo electrónico de fecha 27 de noviembre de 2020, señalando, en síntesis, en primer lugar que no dio respuesta dentro de plazo, por cuanto recepcionado el requerimiento de la parte solicitante, se estimó que no era una solicitud de información de acuerdo a la Ley de Transparencia, por lo que se dio tramitación conforme al procedimiento general establecido en el artículo 17 letra a) de la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Agrega, que dio respuesta con fecha 06 de octubre de 2020, por lo que si el reclamante no estaba conforme con ella debió interponer ante la autoridad competente el o los recursos administrativos que contempla el ordenamiento jurídico chileno consagrados en la ley N° 19.880, y no un amparo ante el Consejo para la Transparencia, y en cualquier caso, ello debió hacerlo desde que venció el plazo para recibir respuesta, y no desde que efectivamente la recibió en este caso, por lo que estima que debe declararse inadmisible el amparo en cuestión.

Respecto de la información entregada, señala que se pronunció sobre cada uno puntos de la solicitud formulada, siendo la información y documentación proporcionada toda la que posee sobre la materia consultada en las respectivas carpetas de fiscalizaciones. En este sentido, señala lo siguiente sobre la información reclamada:

a) Respecto de copia de las cédulas de identidad y contrato de trabajo de las personas consultadas en la letra a.ii), no existe en su poder documentación o registro alguno al efecto, y aún para el caso que sí tuviera dichos antecedentes, serían reservados en virtud del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación a la ley N° 19.628, por tratarse de documentos privados de particulares.

b) Sobre lo pedido en la letra a.iii), sólo se proporcionó el nombre del trabajador que atendió la fiscalización llevada a efecto, ya que en acta de fiscalización no hay más antecedentes que el aportado al usuario.

c) Acerca de la individualización de los denunciantes que dieron lugar a la fiscalización y el motivo de sus reclamos, se denegó por estimar que información que debe reservarse de conformidad al artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con la ley N° 19.628, citando jurisprudencia administrativa al efecto. Además del deber de confidencialidad funcionaria establecida en el artículo 40 inciso 1° del D.F.L. N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

d) En relación a la letra b.i) sobre el acta de fiscalización de fecha 31 de agosto de 2018, practicada a la instalación Abastible Maipú, ubicada en Camino a Melipilla N° 11700, comuna de Maipú, dicha información no fue entregada dado que no existe la documentación bajo la denominación utilizada por el interesado. Adicionalmente, revisado el sistema informático del Servicio, no se visualiza fiscalización que coincida con los antecedentes aportados por el peticionario en este punto.

e) Respecto de lo pedido en la letra b.iii), señala que se le entregó en la respuesta al solicitante el acta de la audiencia llevada a efecto en ITC Maipú con fecha 10 de agosto de 2018.

f) Acerca de lo requerido en el literal c), sobre el listado de multas ejecutoriadas, motivo de la infracción y fecha de pago por el periodo consultado, señala que se entregó el listado en los términos pedidos por el titular y con la información que se encuentra registrada en el sistema informático del órgano público. Agrega, que de todas maneras, lo pedido sobre multas ejecutoriadas, es información que se encuentra permanentemente disponible para ser revisada por la ciudadanía en general, en la sitio web www.dt.gob.cl en el link denominado "Interés General", donde seleccionando Información de multas, se visualizará una ventanilla en la que debe ingresar el Rut de la empresa por la que consulta, con lo que se desplegaran las multas ejecutoriadas cursadas, procedencia, N° multa, estado, fecha ejecutoriedad, monto, descripción.

Finalmente, señala que el reclamante en su amparo manifiesta un descontento con la información entregada, cuestionando la veracidad de la miasma, que más bien buscaría abrir un procedimiento paralelo para revisar las multas cursadas, no siendo esta una instancia, ni la sede judicial competente, para solicitar revisión o invalidación de multas que se realizan dentro de la función propia de cada organismo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. En razón de lo anterior, este Consejo representará a la Sra. Inspectora Comunal del Trabajo de Maipú, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.

2) Que, el presente amparo tiene por objeto obtener la entrega por parte de la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú de la información requerida en las letras a.i), a.ii), a.iii), a.v), b.i), b.iii) y c) de la solicitud formulada, y que no habría sido proporcionada al requirente de acuerdo a lo señalado en su reclamación.

3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. Por lo anterior, se procederá a examinar si la respuesta proporcionada por el órgano reclamado se ajusta a la normativa citada.

4) Que, en primer lugar, corresponde pronunciarse sobre la alegación del órgano reclamado en orden a que el amparo debe ser declarado inadmisible, por cuanto al requerimiento de información formulado no le habría dado tramitación conforme al procedimiento de acceso establecido en la Ley de Transparencia, por estimar que correspondía aplicar el procedimiento general establecido en el artículo 17 letra a) de la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, por lo que no correspondía presentar el amparo en cuestión ante el Consejo para la Transparencia, siendo además extemporáneo si se considera la fecha de la solicitud.

5) Que, por una parte, al respecto cabe tener presente que la información pedida constituye información que se puede requerir mediante una solicitud de información de acuerdo a la Ley de Transparencia, constituyendo antecedentes que pueden obrar en poder del órgano fiscalizador reclamado. Por otra parte, el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia consagra el Principio de facilitación, conforme al cual "los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencia o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo." Además, al efecto debe considerarse que la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, respecto de la etapa de presentación y recepción de la solicitud de acceso a la información, se refiere expresamente a los "Canales y vías de ingreso de las solicitudes de información", prescribiendo al efecto en su primer párrafo que "La solicitud de acceso a la información se efectuará por escrito y su vía de ingreso podrá ser electrónica o material y, en este último caso, presencial o a través de correo postal." Agrega el párrafo 3° que "Si el requirente opta por el formato material, aquél podrá entregar su solicitud presencialmente en las Oficinas de Partes y/o en las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del órgano, o enviarla por correo postal a la dirección de cualquiera de ellas. De no existir alguna de las oficinas antes mencionadas en una ciudad donde el órgano o servicio disponga de alguna dependencia, ésta última deberá recibir solicitudes de acceso". Por su parte el párrafo 4° del citado numeral 1.1 señala que "Para facilitar la vía presencial o remisión postal de las solicitudes, deberá informarse sobre las direcciones de las mencionadas oficinas y los horarios de atención de público, en el banner a que se refiere el numeral 12 de la presente Instrucción General." A su vez el párrafo 5° señala que "en caso que la solicitud se presente a través de canales no especificados para su recepción, como un correo electrónico o comunicación postal enviada directamente a un funcionario, y el servicio correspondiente procediere a acusar recibo de ella y tramitarla en los términos de la Ley de Transparencia y de esta Instrucción General, se entenderá validada con ello tanto la vía de ingreso como la respuesta remitida, no pudiendo alegar el órgano, frente a un eventual amparo del requirente, que la consulta se recibió por una vía no dispuesta al efecto." Por último el párrafo final del referido numeral establece que "Se considerará como buena práctica que las autoridades, jefaturas o jefes superiores del servicio instruyan a sus funcionarios que, de recibir las comunicaciones a que se refiere el párrafo anterior, en virtud del artículo 24 de la Ley N° 19.880, procedan a derivarlas al sistema de gestión de solicitudes contemplado en el numeral 9 de la presente Instrucción General, o a las oficinas señaladas en el párrafo tercero de este apartado, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su recepción."

6) Que, de los antecedentes examinados, en particular la normativa citada, la solicitud de información formulada, su tenor literal y cargo de fecha efectuado a su copia, como el comportamiento del órgano reclamado, a juicio de este Consejo corresponde desestimar la alegación de inadmisibilidad alegada, estimando que la solicitud formulada ha cumplido con los requisitos para ser tramitada conforme a la Ley de Transparencia y que el amparo ha sido presentado dentro de plazo, por cuanto ha sido el propio órgano reclamado el que no se ha ajustado su tramitación a la normativa citada, no dando alguna respuesta, noticia o información al solicitante sobre su requerimiento sino hasta el 06 de octubre de 2020 a través del oficio de respuesta, no siendo razonable, por tanto, imputar al requirente las consecuencias procedimentales de su actuar, razón por la cual se desechará dicha alegación.

7) Que, ahora bien sobre el fondo de lo reclamado, respecto de lo pedido en la letra a.i), b.iii) y c) de la solicitud, relativo respectivamente, a copia del registro fotográfico del libro de asistencia, el acta de audiencia realizada el órgano reclamado con fecha 10 de agosto de 2018, y el listado de multas ejecutoriadas consultado, la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú sostuvo que entregó los antecedentes pedidos en estos puntos.

8) Que, de los antecedentes examinados, particularmente la revisión de la información proporcionada por el órgano requerido, ha sido posible acreditar que la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú, entregó la información reclamada, como se detalló en el considerando precedente. Por lo expuesto, a juicio de este Consejo, el órgano reclamado dio respuesta y proporcionó la información pedida en los términos en que fue formulada la solicitud, razón por la cual este Consejo rechazará el presente amparo en esta parte.

9) Que, por su parte lo pedido en las letras a.ii), a.iii) y b.i), corresponde, respectivamente, a las cédulas de identidad y contrato de trabajo de las personas consultadas, nombre, rut y empresa del trabajador que atendió a los fiscalizadores, y acta de fiscalización de fecha 31 de agosto de 2018 practicada a la instalación Abastible Maipú. Al respecto el órgano reclamado sostuvo que no existe en su poder documentación o registro alguno de las cédulas, contratos de trabajo, y acta de fiscalización consultada, no constando fiscalizaciones realizadas en la fecha señalada, agregando que entregó todo lo que obra en su poder al respecto.

10) Que, en cuanto a la alegación realizada por el órgano reclamado, cabe hacer presente, que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, sino que esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder, lo que debe ser acreditado de forma fehaciente. En la especie, el órgano reclamado explicó detalladamente en su respuesta y descargos, que luego de realizadas las búsquedas respectivas entregó todos los antecedentes que posee sobre la materia consultada en esta parte.

11) Que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano requerido, se rechazará el amparo en esta parte.

12) Que, en relación a lo pedido en la letra a.v) del requerimiento, referido a la individualización de los denunciantes y la denuncia que motivaron la fiscalización sobre la cual versa el requerimiento, el órgano denegó lo pedido por estimar que concurre las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con la ley N° 19.628.

13) Que, en primer lugar, respecto de la información reclamada referida a la denuncias formuladas e identidad de denunciantes, a juicio de este Consejo, la divulgación de antecedentes como los solicitados, puede inhibir que los trabajadores afectados por conductas que vulneren sus derechos fundamentales, presenten denuncias ante el organismo fiscalizador reclamado, lo cual afectaría el debido cumplimiento de sus funciones.

14) Que, en este sentido, resulta aplicable el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo en orden a que "no se puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador". Asimismo, ha resuelto que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado. (Decisiones de amparos Roles C1174-15, C1248-15, C1387-15, C2773-18 y C4423-18.). Por lo expuesto, se rechazará el amparo en esta parte, por configurarse las causales de reserva previstas en los artículos 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.

15) Que, finalmente en relación a los antecedentes reclamados por el solicitante en su amparo, referido a diversos cuestionamientos sobre el proceso de fiscalización sobre el cual versa el requerimiento, a juicio de este Consejo la reclamación en este punto excede la órbita de la solicitud de información que le dio origen, debiendo desestimarse dicha alegación, y por consiguiente rechazarse el amparo en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por la Sociedad de Servicios y Capacitación en Seguridad Integral Ltda. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú, respecto de las letras a.i), b.iii) y c) por cuanto se acreditó que se dio respuesta y proporcionaron los antecedentes requeridos; en relación a los literales a.ii), a.iii) y b.i) por no obrar en su poder la información reclamada en los términos requeridos; en relación a lo pedido en las letra a.v), por concurrir las causales de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia; y respecto de lo referido a cuestionamientos sobre el proceso de fiscalización consultado, por la modificación del objeto pedido, al consistir en información no comprendida en el requerimiento formulado, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar a la Sra. Inspectora Comunal del Trabajo de Maipú la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido la solicitud de información dentro de los plazos legales. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sociedad de Servicios y Capacitación en Seguridad Integral Ltda. y a la Sra. Inspectora Comunal del Trabajo de Maipú.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.