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Oriana Galarce Malebran con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA Rol: C625-12

Consejo para la Transparencia, 12/10/2012

Se dedujo amparo en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, fundado en la no entrega completa de su solicitud sobre copia de todos los antecedentes de la investigación por vulneración a sus derechos fundamentales, iniciada por su denuncia ingresada bajo el N° 0201/2011/1712. El Consejo acoge parcielmente el amparo y señaló que en el presente caso el denunciante constituye un sujeto calificado para el acceso a la información contenida en el expediente de fiscalización respectivo, por lo que a su respecto no resulta aplicables la reserva de la identidad de los declarantes sobre hechos relativos a su denuncia, sobre el resto de las solicitudes de denuncia se rechaza el amparo presentado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C625-12

Entidad pública: Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta

Requirente: Oriana Galarce Malebran

Ingreso Consejo: 23.04.2012

En sesión ordinaria Nº 380 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de octubre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C625-12.

VISTOS:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y, los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Doña Oriana Galarce Malebran, el 20 de marzo de 2012, solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta (en adelante, e indistintamente, “la Inspección”) que le otorgara copia de todos los antecedentes de la investigación por vulneración a sus derechos fundamentales, iniciada por su denuncia ingresada bajo el N° 0201/2011/1712.

2) AMPARO: El 20 de abril de 2012 la solicitante presentó, ante la Gobernación Provincial de Antofagasta, amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, señalando que el 18 de abril de 2012, concurrió a las oficinas del órgano reclamado a retirar la información solicitada, firmando que se encontraba conforme con su entrega. Sin embargo, tras revisar la documentación que le fue entregada se dio cuenta que faltaba parte de la información, específicamente las declaraciones de dos trabajadores que indica, razón por la cual solicitó a dicha inspección provincial su entrega. Agrega que ese mismo día se dio lugar a la búsqueda de la documentación, informándosele que ésta se encontraba en bodega y que regresara en días próximos a buscarlos. Posteriormente, también se percató que, entre los documentos entregados, no se reproduce plenamente su declaración, encontrándose cortada en algunas partes.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Antofagasta, mediante el Oficio N° 1722, de 18 de mayo de 2012; quien, por medio del Ordinario N° 1.121, de 9 de junio de 2012, formuló los siguientes descargos y observaciones:

a) Se entregó a la reclamante copia de los antecedentes de la Comisión N° 0201/2011/1712. Al efecto, acompaña copia de la información.

b) Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que el amparo no cumple con los estándares mínimos que permitan al órgano defenderse de alguna imputación, pues se realiza una denuncia sin fundamento alguno, ya que nunca se señala que no se le habían entregado los documentos, sino “otros problemas”, cuya resolución no se encuentra dentro de las funciones del Consejo.

4) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Tras revisar los antecedentes existentes, el Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión N° 360, de 27 de julio pasado, resolvió solicitar a la Dirección del Trabajo que, para una mejor resolución de este caso, le informara la política o protocolo que emplea en el tratamiento de las declaraciones de terceros en los procedimientos investigativos que desarrolla, indicando específicamente si éstas son consideradas reservadas o públicas respecto de terceros ajenos al procedimiento administrativo y de las partes interesadas en él (denunciante y/o denunciado), y en qué hipótesis aplicaría dicha reserva o publicidad. Sobre el particular, la Dirección del Trabajo, por medio del ordinario N° 3.607, de 16 de agosto de 2012, ingresado en la oficina de partes de este Consejo el día 21 del mismo mes y año, informó lo siguiente:

a) La política o protocolo empleado por el Servicio en el tratamiento de las declaraciones de terceros en los procedimientos investigativos, se configura a partir de la Decisión de Amparo Rol C13-12 –particularmente de lo expuesto en su considerando 6°–, conforme a la cual no procede entregar al empleador la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva prevista en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

b) En virtud del razonamiento anterior, el Servicio incorporó en su Banner Institucional un listado de actos secretos o reservados, dentro del cual figura aquel que dice relación con las denuncias por derechos fundamentales. Sin embargo, el secreto de dicha información no reviste un carácter absoluto, debiendo, por lo tanto, efectuarse la siguiente distinción a fin de determinar qué información es pública y privada:

i. Las denuncias por vulneración de derechos fundamentales y declaraciones prestadas por trabajadores en dicho procedimiento de investigación son secretas respecto del empleador y de terceros, aún cuando el procedimiento haya concluido e incluso cuando se haya comprobado que no hay indicios de vulneración, toda vez que se estima que ello podría inhibir a los trabajadores a efectuar futuras denuncias. Sin perjuicio de lo anterior, si la parte que presentó la denuncia o quien prestó una declaración solicita expresamente copia de una u otra se procede a su entrega de manera inmediata y bajo su responsabilidad, por cuanto dice relación con hechos personales; no hacerlo significaría privarla de contar con antecedentes que le corresponderían incluso al efectuar una denuncia en materia penal.

ii. En cuanto al informe de fiscalización y/u otros antecedentes, hay que distinguir si el procedimiento está pendiente o se encuentra concluido. Pendiente el procedimiento no procede la entrega del informe de fiscalización y/u otros antecedentes, por encontrarse amparada tal información por la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra b, de la Ley de Transparencia. Concluido el procedimiento procede la entrega del informe de fiscalización y/u otros antecedentes, toda vez que conforme a lo resuelto por el Consejo para la Transparencia en la Decisión de Amparo A53-09, la reserva de dicha información es sólo temporal, es decir, aplicable durante el procedimiento de fiscalización, sin perjuicio de lo cual, según lo dispuesto en la Ley N° 19.628, debe resguardarse toda información de carácter personal.

c) En lo que respecta al reclamo de la Sra. Galarce Malebrán, a partir de la documentación remitida a esta Dirección Nacional por la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, se advierte que en las copias entregadas de las declaraciones prestadas en el curso del procedimiento de fiscalización no se tarjaron los datos personales de los declarantes, con lo cual se infringió el criterio descrito por el Servicio en relación al cumplimiento de las normas de la Ley N° 19.628.

d) Por último, en lo que respecta a las declaraciones cuya entrega se reclama, y a fin de dar cabal cumplimiento a la solicitud materia de este amparo, se acompaña copia de las declaraciones aludidas, a las que, previamente, se le tarjó la identidad de los declarantes y datos personales de contexto tales como RUT, domicilio y firma. Hace presente que, por medio del mismo acto, se remite copia de esta información a la reclamante, dando cumplimiento a lo ordenado por el Consejo y al requerimiento materia del amparo.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE TERCEROS: En la citada sesión N° 360, de 27 de julio pasado, el Consejo Directivo de este Consejo acordó, asimismo, conferir traslado del presente amparo a los terceros a que se refieren la solicitud del reclamante, lo que realizó por medio de los Oficios N° 2.735 y 2.766, de 2 y 3 de agosto, respectivamente, sin que hasta la fecha hayan formulado sus descargos u observaciones al presente amparo.

6) GESTIONES OFICIOSAS: Atendido lo informado por la Dirección del Trabajo, en el sentido de que había remitido a la requirente copia de las declaraciones de las dos testigos que no le habían sido entregadas por la Inspección Provincial del Trabajo, este Consejo, por medio de correo electrónico del 28 de septiembre de 2012, le solicitó a la reclamante que informara si había o no recibido tal información y, en caso afirmativo, que manifestara si ella satisfacía o no su requerimiento, sin que, hasta la fecha, haya evacuado el pronunciamiento requerido.

CONSIDERANDO:

1) Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia, los órganos de la Administración deberán contar con un sistema que certifique la entrega efectiva de la información al solicitante. La Inspección Provincial del Trabajo argumentó que hizo entrega de la información solicitada pero a sus descargos sólo acompañó una copia de la solicitud que originó al presente amparo, en la que constan las siguientes anotaciones: i) Una efectuada el 18 de abril de 2012, por la propia solicitante, donde indica “Recibí copia de informe, pero falta una declaración de (el testigo que indica). Después de esperar por 1 hora me dicen que no…” (está incompleta); ii) Otra sin fecha, que indica: “Lo redactado por la usuario con fecha 18/04/2012 no corresponde a la realidad”. Dicha presentación no constituye una certificación como la exigida por el artículo 17 de la Ley de Transparencia ni desvirtúa que sólo se hubiese producido una entrega parcial de la documentación requerida, como alega la reclamante.

2) Que, en ese contexto, cabe representar al órgano reclamado que al no haberse pronunciado a través de una respuesta formal sobre la solicitud que ha dado origen al presente amparo, infringió los artículos 12, inciso 3° –relativo a las notificaciones– y 14 de la Ley de Transparencia, así como el numeral 3.1.b), de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información.

3) Que, según lo dispuesto por el artículo 486 del Código del Trabajo, las Inspecciones del Trabajo poseen competencia para fiscalizar y denunciar las vulneraciones de derechos fundamentales de los trabajadores, pudiendo iniciar un proceso de fiscalización, entre otros casos, por denuncias de particulares. La Dirección del Trabajo, a través de la Orden de Servicio N° 02, de 4 de febrero de 2011, impartió instrucciones respecto del procedimiento administrativo que debe seguirse a fin de investigar las vulneraciones a los derechos fundamentales, indicando que frente a una denuncia se elaborará un informe de fiscalización, el que debe ser remitido al abogado/a integrante de la fiscalía laboral, quien ponderará sus resultados y elaborará una minuta de “Conclusiones Jurídicas”, debidamente fundamentada, en la que indicará si hay o no indicios o hechos suficientes de vulneración de derechos fundamentales, los que pasarán a ser parte del expediente de la denuncia administrativa. Añade que “Concluida la investigación, el Informe de Fiscalización y la minuta de conclusiones jurídicas serán visados por el Coordinador/a Jurídico o el abogado/a Jefe de la Unidad de Fiscalía Regional de Derechos Fundamentales donde existiere…”. Finalmente, si la investigación concluye que los hechos no configuran una vulneración de derechos fundamentales se deberá informar al denunciante del resultado de su denuncia; en cambio, si se concluye que si la configuran y corresponde a la Inspección formular la denuncia, debe activarse la mediación que exige la ley.

4) Que, conforme a los antecedentes acompañados por el órgano a sus descargos, la información entregada a doña Oriana Galarce Malebran consiste en el “Informe de Derechos Fundamentales”, generado con ocasión de la denuncia de la reclamante, y sus antecedentes. En dicho informe se identifica a la empresa denunciada, se describe la denuncia, la metodología utilizada en la investigación, se detalla el desarrollo de la investigación y se exponen las declaraciones de 5 trabajadores de la empresa, sin tarjar sus identidades. Además, ha sido posible constatar lo siguiente:

a) Si bien las 2 declaraciones objeto del presente amparo no fueron entregadas por la Inspección al tiempo de su respuesta, éstas obraban en su poder, toda vez que la Dirección del Trabajo remitió a este Consejo y al tercero una copia de las mismas, las que le habrían sido remitidas por la Inspección de Antofagasta.

b) La copia de la denuncia y declaración prestada por la reclamante se encuentra incompleta, ya que al efectuarse el proceso de reproducción de la misma se borraron letras en las palabras del costado derecho del documento y también fueron cortadas las últimas filas de las páginas.

c) Como según el Ordinario N° 3.607 de la Dirección del Trabajo sólo una vez concluido el procedimiento de investigación procede la entrega del informe de fiscalización elaborado por la Inspección, y en éste fue entregado, debe concluirse que el procedimiento de investigación objeto del presente amparo se encuentra concluido.

d) De lo señalado en el considerando precedente, y revisados los antecedentes del presente amparo, se desprende que la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta no habría entregado a la reclamante copia de la minuta de Conclusiones Jurídicas a la que alude la Orden de Servicio N° 02, de 4 de febrero de 2011, que debió haber emitido el abogado integrante de la fiscalía, a partir del informe de fiscalización ya mencionado, ni de la visación de dichos documentos efectuada por el Coordinador Jurídico o el abogado Jefe de la Unidad de Fiscalía Regional de Derechos Fundamentales, ni de la comunicación de que los hechos no constituyen vulneración de derechos fundamentales, o la citación a mediación, según correspondiere, antecedentes que debiesen obrar en el expediente de la denuncia formulada por la reclamante, conforme a la Orden de Servicio citada en el considerando precedente.

5) Que, al tenor del artículo 5° de la Ley de Transparencia, obrando la información solicitada en poder del órgano reclamado y habiendo servido de base para un pronunciamiento sobre la denuncia formulada por la reclamante, ella es, en principio, pública, salvo que concurra alguna de las causales de secreto o reserva a que se refiere el artículo 21 de dicho cuerpo legal. Sobre el particular, cabe hacer presente que el órgano reclamado, no invocó ninguna de dichas causales al dar respuesta a la reclamante ni al formular sus descargos. Sin perjuicio de lo cual es menester hacer presente que este Consejo, conforme a lo establecido por el artículo 33, letras j) y m), de la Ley de Transparencia, tiene la función y atribución de “Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y la ley tengan carácter secreto o reservado” y “Velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”, respectivamente.

6) Que, resulta plenamente justificada la entrega a la reclamante de su denuncia y su propia declaración en la investigación requerida, pues al pedirlos ejerce el derecho de acceder a sus datos de carácter personal que obren en poder de un tercero, reconocido expresamente en el artículo 12, inciso 1° de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Dicha disposición establece que “toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente”. En consecuencia, habiéndose constatado la entrega parcial de la citada denuncia y declaración de la reclamante, en definitiva, se ordenará al organismo su entrega.

7) Que, por su parte, de conformidad con lo indicado en el literal d) del considerando 4° precedente, en orden a que el organismo no se pronunció en su respuesta sobre documentos del expediente solicitado que debiesen obrar en su poder, tratándose de un procedimiento concluido y no habiéndose invocada causal de secreto o reserva alguna a su respecto, también deberá ordenarse su entrega.

8) Que, en cuanto al acceso a las declaraciones prestadas por terceros, cabe hacer presente que, por una parte, la Inspección hizo entrega a la reclamante de 5 declaraciones formuladas por terceros en el procedimiento de investigación llevado a cabo por dicha institución, sin tarjar información alguna relativa a dichos terceros. Posteriormente, la Dirección del Trabajo, al dar respuesta a la medida para mejor resolver dispuesta en este procedimiento, informó a este Consejo que envió a la requirente copia de las dos declaraciones de testigos que faltarían por entregarle, tarjado la identidad de éstos y otros datos personales de los declarantes. Así las cosas, es menester determinar si procede o no respecto del solicitante la reserva de la identidad de los declarantes.

9) Que, sobre el particular, en su decisión C53-09, de 31 de julio de 2009 , este Consejo ha advertido que parte de la información contenida en los expedientes investigativos de la Dirección del Trabajo puede contener datos personales de terceros —e incluso sensibles—, que deberían ser protegidos de acuerdo a los arts. 2°, 4°, 7°, 10 y 20 de la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal, según los cuales no podrá comunicarse la información relativa a una persona natural identificada, sin su autorización, especialmente si ésta da cuenta de características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. Además, ha concluido que no puede desconocerse “la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador)” (criterio ratificado en decisiones de amparo Roles C520-09, C272-10 y C695-11), razón por la cual se ha denegado esta información cuando ha sido solicitada por el empleador o terceros.

10) Que, conforme a lo expuesto, tales declaraciones son información que de divulgarse podría afectar los derechos de quienes las formularon, por lo que la Inspección debió “comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo”, tal como lo dispone el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Dado que no se dio lugar al citado procedimiento de oposición deberá representarse a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Antofagasta que haya entregado copia de cinco declaraciones de testigos sin haberles dado la oportunidad para que pudieran autorizar u oponerse a la entrega de sus declaraciones.

11) Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que el criterio sostenido por este Consejo, descrito en el considerando 9° precedente, no resulta plenamente aplicable en aquellos casos en que el solicitante de la información es, a la vez, el denunciante en el procedimiento seguido por la Dirección del Trabajo, toda vez que:

a) A su respecto debe tenerse presente lo dispuesto por el literal a) del artículo 17 de la Ley N° 19.880, sobre procedimiento administrativo, conforme al cual las partes interesadas en el procedimiento administrativo tienen “derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente…”;

b) El denunciante no se encuentra, ni jurídica ni fácticamente, en la misma situación que el empleador o un tercero ajeno al procedimiento, por lo que su conocimiento de los antecedentes de la investigación no podría afectar la estabilidad en el empleo de los terceros que prestaron declaración en el procedimiento;

c) El conocimiento de la información permitiría al denunciante colaborar con la investigación llevada a cabo por la Inspección del Trabajo respectiva; y

d) Según se concluye de los antecedentes expuestos en el este caso, la comunicación de tales declaraciones no implica un riesgo cierto, específico y probable de sufrir represalias u otra afectación de un derecho para los declarantes.

12) Que, en consecuencia, en el presente caso el denunciante constituye un sujeto calificado para el acceso a la información contenida en el expediente de fiscalización respectivo, por lo que a su respecto no resulta aplicables la reserva de la identidad de los declarantes sobre hechos relativos a su denuncia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, es menester, en todo caso, tarjar los datos personales de contexto que hayan sido incorporados por los terceros en sus declaraciones, tales como su domicilio, correo electrónico o teléfono.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo presentado por doña Oriana Galarce Malebran en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Antofagasta que:

a) Entregue a doña Oriana Galarce Malebran los siguientes antecedentes relativos a la investigación por vulneración a sus derechos fundamentales, iniciada por la denuncia ingresada bajo el N° 0201/2011/1712:

i) La denuncia y declaraciones formuladas por la propia reclamante;

ii) La minuta de Conclusiones Jurídicas a la que alude la Orden de Servicio N° 02, de 2011, la visación efectuada por el Coordinador Jurídico o el abogado Jefe de la Unidad de Fiscalía Regional de Derechos Fundamentales, de dichas conclusiones y del informe de fiscalización, la comunicación de que los hechos no constituyen vulneración de derechos fundamentales, o la citación a mediación; y, en caso de no obrar dicha información en su poder, se refiera expresamente a ello, indicando las razones que justifican su inexistencia, en los términos del numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; y

iii) Las declaraciones prestadas por terceros en la investigación por vulneración a sus derechos fundamentales, iniciada por la denuncia ingresada bajo el N° 0201/2011/1712, tarjando los datos de contexto que hayan sido incorporados en ellas, tales como su domicilio, correo electrónico o teléfono, pero no así la identidad de quienes han declarado en el proceso.

b) Dé cumplimiento a lo dispuesto en la letra anterior en un plazo de 5 días hábiles contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de la decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que el cumplimiento de las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Antofagasta:

a) No haber dado lugar al procedimiento de oposición establecido por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, en los términos indicados en el considerado 10° del presente acuerdo, requiriéndole que adopte las medidas administrativas que sean necesarias para que, en lo sucesivo, frente a solicitudes similares, cumpla cabalmente con el procedimiento establecido en el citado artículo.

b) La infracción de lo dispuesto por los artículos 12, inciso tercero, y 14 de la Ley de Transparencia, así como el numeral 3.1, letra b), de la Instrucción General N° 10, en los términos indicados en el considerando 1° del presente acuerdo, requiriéndole que adopte las medidas administrativas que sean necesarias para que, en lo sucesivo, frente a nuevas solicitudes de información, se pronuncie respecto de ellas en la forma prevista en las normas citadas.

IV. Encomendar al Director General de este Consejo o a su Director Jurídico, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Oriana Galarce Malebran, a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Antofagasta, a doña Bernardita Vettini y a doña Mirta Araya Vilca.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente del Consejo para la Transparencia, don Alejandro Ferreiro Yazigi, no concurre al presente acuerdo, por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.