logo
 

Patricia Carolina Marambio Becerra con MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA Rol: C1074-21

Consejo para la Transparencia, 04/05/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Requínoa, requiriéndose la entrega de información sobre los contratos, copia de los actos administrativos que aprobaron aquellos y que ordenaron los pagos relacionados con dichos instrumentos, y de los informes de actividades de persona que se indica, en el periodo que se señala; tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que puedan contener. En el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. Lo anterior, por tratarse de antecedentes referidos a funcionarios públicos, en tal sentido se debe considerar que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Además, se desestimó la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano reclamado, así como tampoco, se acreditó suficientemente su inexistencia, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N° 10.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1074-21

Entidad pública: Municipalidad de Requínoa

Requirente: Patricia Carolina Marambio Becerra

Ingreso Consejo: 16.02.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Requínoa, requiriéndose la entrega de información sobre los contratos, copia de los actos administrativos que aprobaron aquellos y que ordenaron los pagos relacionados con dichos instrumentos, y de los informes de actividades de persona que se indica, en el periodo que se señala; tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que puedan contener. En el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

Lo anterior, por tratarse de antecedentes referidos a funcionarios públicos, en tal sentido se debe considerar que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Además, se desestimó la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano reclamado, así como tampoco, se acreditó suficientemente su inexistencia, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N° 10.

En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1074-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de enero de 2021, doña Patricia Carolina Marambio Becerra solicitó a la Municipalidad de Requínoa -en adelante, indistintamente Municipalidad o Municipio-, lo siguiente:

1.1) "Copia contratos desde el año 2010 a diciembre 2020, suscritos entre la Ilustre Municipalidad Requínoa y doña (...) cualquiera sea la naturaleza de las prestaciones de estos. Y copia de los respectivos actos administrativos que aprobaron o sancionaron los referidos contratos".

1.2) "Copia de los actos administrativos que ordenaron los pagos relacionados con los contratos previamente señalados".

1.3) "Copia de los informes de actividades realizadas por doña (...) en favor de la Ilustre Municipalidad de Requínoa".

2) RESPUESTA: Mediante Certificado N° 01, de fecha 5 de febrero de 2021, la Municipalidad de Requínoa respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos:

2.1) Primeramente, hizo presente que la cantidad solicitada de documentos es aproximadamente de 240. Sobre lo anterior, indicó que no se encuentran accesibles de manera expedita, pues están alojados en distintos archivos de bodega fuera del Edificio Municipal, lo cual, genera un trabajo extra, afectando el normal funcionamiento del personal. Por tal motivo, esgrimió que en la especie se configura la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

2.2) Sin perjuicio de lo anterior, hizo presente que poseen desde el año 2015 a la fecha, los contratos digitalizados, los cuales pueden ser enviados al correo electrónico que se indique, por cuanto la plataforma no permite enviarlos todos, debido a su capacidad.

2.3) Finalmente, en cuanto a los actos administrativos entre los años 2010 y 2012, informó que el Municipio sufrió un incendio, en donde se perdió la información de dicho periodo. Al efecto, consignó la remisión de parte de carabineros.

3) AMPARO: El 16 de febrero de 2021, doña Patricia Carolina Marambio Becerra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Requínoa, mediante Oficio N° E5688, de fecha 6 de marzo de 2021, solicitando lo siguiente: (1°) refiérase a las alegaciones señaladas por la requirente en su amparo, respecto a que la información entregada se encuentra incompleta; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (5°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Mediante Ordinario N° 213, de fecha 7 de abril de 2021, el Municipio evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, la hipótesis de reserva esgrimida en su respuesta.

Al efecto, sostuvo que el tenor del requerimiento es bastante amplio, desde un punto de vista temporal, y que gran parte de la información se encuentra en formato papel, que por motivos de espacio y disponibilidad no se almacena en el Edificio Consistorial, siendo guardados y archivados en cajas que están ubicadas en distintas propiedades de la Municipalidad. Agregó que, la documentación fue generada y se encontraba en poder de distintas unidades de la Entidad Edilicia, entre ellas, el Departamento de Medio Ambiente, la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Obras Municipales y la Dirección de Administración y Finanzas, por lo que, no se encuentra ubicada en un mismo lugar de almacenamiento.

En virtud de lo anterior, alegó que se requeriría destinar personal municipal de cada una de las respectivas unidades para efectos de proceder a la búsqueda de la información, trabajo que afectaría la prestación de servicios a la comunidad. En tal contexto, puntualizó que dar cumplimiento al presente requerimiento implicaría destinar un tiempo excesivo en la búsqueda, clasificación, sistematización, procesamiento y entrega de a lo menos 4 funcionarios, estimando que el proceso anterior requeriría de 10 días laborales, considerando una jornada de 8 horas diarias. Asimismo, hizo presente que gran parte de los funcionarios se encuentra prestando servicios mediante la modalidad de teletrabajo, lo cual, dificultaría el proceso, sumado al hecho de que producto de la emergencia de salud pública que afecta al país, los esfuerzos se encuentran destinados a priorizar aquella atención a la comunidad.

Asimismo, hizo presente que producto de contingencias -tales como la lluvia-, existe documentación archivada y guardada que se ha visto deteriorada o destruido producto del agua y la humedad, por lo que estimó que parte de la información se encuentra destruida.

Finalmente, hizo presente que cuenta con la información digitalizada del año 2015 en adelante.

Y CONSIDERANDO

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa otorgada al requerimiento de acceso, referente a la entrega de información sobre los contratos, copia de los actos administrativos que aprobaron aquellos y que ordenaron los pagos relacionados con dichos instrumentos, y de los informes de actividades de persona que se indica, entre los años 2010 y 2020.

2) Que, en cuanto a la publicidad de los antecedentes peticionados, es menester tener en consideración, que las materias pedidas por el reclamante constituyen información pública, en la medida que se trata de información relativa a la Administración del Estado. En tal sentido, el artículo 8 inciso 2 de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5 inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda la elaborada con presupuesto público, salvo las excepciones legales.

3) Que, asimismo, resulta del caso tener presente que esta Corporación ha sostenido reiteradamente que, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento -contratos- y cese de funciones, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, títulos de profesión, liquidaciones y otros antecedentes referidos al desempeño y/o comisión de sus laborales.

4) Que, a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En este contexto, los actos administrativos que vinculan laboralmente a determinados funcionarios a un organismo público permiten conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales.

5) Que, en cuanto a la concurrencia, en la especie, de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, esgrimida por el organismo, cabe tener presente que este Consejo ha establecido que aquella sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado.

6) Que, en tal sentido, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

7) Que, de acuerdo a lo anterior, esta Corporación debe analizar la naturaleza, origen y volumen de la información requerida. En efecto, el tiempo señalado para la recopilación, sistematización y entrega de los antecedentes peticionados -10 días laborales, por parte de cuatro funcionarios- no constituyen una entidad suficiente que configuren la distracción indebida de sus funcionarios en el caso de especie, máxime si se considera que por cada requerimiento de acceso a la información se cuenta con 20 días hábiles para ser satisfechas, pudiendo prorrogarse por 10 días hábiles más en caso de resultar necesarios, prerrogativa que no fue solicitada por el órgano requerido. En tal contexto, el tiempo señalado para su satisfacción, se pudo haber prorrateado por la cantidad de días que permite la ley para su entregar, sin producirse afectación alguna.

8) Que, asimismo, del análisis de las peticiones de información, esta Corporación advierte que los antecedentes pedidos se circunscriben a sólo una persona y gran parte de los cuales -del año 2015, en adelante- ya se encuentran digitalizados, según los propios dichos del Municipio, circunstancias que evidentemente facilita su recopilación, sistematización y entrega.

9) Que, en este contexto, resulta útil puntualizar que el deber de búsqueda y entrega de la información pública, es propio de los órganos públicos en su calidad de tal, cuya carga no puede traspasarse a los requirentes. En efecto, la falta de una gestión eficiente de sus sistemas informáticos y herramientas tecnológicas en materia documental no puede configurarse como un obstáculo que impida el debido ejercicio del derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo 10 de la Ley de Transparencia.

10) Que, a continuación, en cuanto a las dificultades generadas por el COVID-19 esgrimidas por el órgano recurrido, cabe tener presente que el principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico.

11) Que, en cuanto a la inexistencia esgrimida, en orden a que los actos administrativos entre los años 2010 y 2012 fueron destruidos por un incendio, y que parte de la información se encuentra destruida por la lluvia y la humedad, este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que aquella constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual esta no obra en su poder, lo que debe ser acreditado de forma fehacientemente. En tal sentido, se debe considerar lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación, en orden a que "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen". Al respecto, se advierte que el organismo no acompañó medios de prueba que refrenden las alegaciones esgrimidas, ni documentación adicional que permita ponderar los hechos aludidos, en adecuación del estándar de búsqueda y acreditación citado precedentemente.

12) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública, resultando insuficientes las argumentaciones efectuadas por el órgano reclamado para tener por configurada la hipótesis de la causal de reserva de distracción indebida; y, no habiéndose justificado la inexistencia alegada, en los términos dispuestos en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, se acogerá el presente amparo, requiriendo su entrega tarjando, previamente, de aquella todos los datos personales de contexto que pueda contener, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a esta Corporación por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. No obstante lo cual, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Patricia Carolina Marambio Becerra en contra de la Municipalidad de Requínoa, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Requínoa, lo siguiente:

a) Entregue a la peticionaria acceso a la información que a continuación se indica:

i. "Copia contratos desde el año 2010 a diciembre 2020, suscritos entre la Ilustre Municipalidad Requínoa y doña (...) cualquiera sea la naturaleza de las prestaciones de estos. Y copia de los respectivos actos administrativos que aprobaron o sancionaron los referidos contratos".

ii. "Copia de los actos administrativos que ordenaron los pagos relacionados con los contratos previamente señalados".

iii. "Copia de los informes de actividades realizadas por doña (...) en favor de la Ilustre Municipalidad de Requínoa".

Lo anterior, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que puedan contener. En el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Patricia Carolina Marambio Becerra y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Requínoa.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.