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Iván Olivares Calderón con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C1315-21 / C1325-21

Consejo para la Transparencia, 04/05/2021

Se rechazan los amparos deducidos en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativos a los antecedentes registrados en las bases de datos de la Institución respecto de la banda delictual "Los CUACULAS" o "CUACULA"; como asimismo, de las dos personas consultadas, en que se pregunta por la data de sus registros, el territorio donde operan, el modus operandi, su vinculación con esta y otras bandas, entre otros antecedentes delictuales. Lo anterior, por cuanto su publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el artículo 38 de la ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado-, pudiendo potencialmente entorpecer las acciones de inteligencia desplegadas por la recurrida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C1315-21 y C1325-21

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Iván Olivares Calderón

Ingreso Consejo: 26.02.2021

RESUMEN

Se rechazan los amparos deducidos en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativos a los antecedentes registrados en las bases de datos de la Institución respecto de la banda delictual "Los CUACULAS" o "CUACULA"; como asimismo, de las dos personas consultadas, en que se pregunta por la data de sus registros, el territorio donde operan, el modus operandi, su vinculación con esta y otras bandas, entre otros antecedentes delictuales.

Lo anterior, por cuanto su publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el artículo 38 de la ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado-, pudiendo potencialmente entorpecer las acciones de inteligencia desplegadas por la recurrida.

En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Roles C1315-21 y C1325-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 01 de febrero de 2021, don Iván Olivares Calderón solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante también denominada PDI, la siguiente información:

a) Solicitud AD010T0011817:

1. Conocer, informar antecedentes en registros pretéritos o contemporáneas bandas delictuales, desde base de datos; ya sea manuales como sistemas de fichas o Kardex o computacionales, como, por ejemplo, así como Sistema Integrado de búsqueda de información o cualquier título;" los CUACULAS", y/o "CUACULA" conocer data de registro ingresos al sistema, territorio donde opera, número de integrantes, e individualización de estos, así como sus alias (...).

2. Informar si [la persona que individualiza] a qué banda o pandilla está vinculado, informar registro de ingreso o fichaje (día, mes, año) y características criminales asociadas, como blancos, modus operandi tipo de delito(s).

3. Informar si, [dicha persona] está asociado a la banda o pandilla "LOS CUACULAS", y /o "CUACULA" y su data de, ingreso a este sistema de consulta, relación a territorio, modus operandi".

b) Solicitud AD010T0011818:

"Informar sí [la persona que individualiza] está asociado o forma parte de alguna banda o asociación criminal, lo anterior según conste en registros internos pertenecientes a la Policía investigaciones de Chile. De existir este registro ya sea vía ingreso manual/mecánico como kardex, o computacionales como; sistema BRAIM o similar, asociados inteligencia policial, metodología de registros a cualquier título. En este mismo orden de ideas solicita copia (digital) de la descripción, características físicas, fenotipo, alias, modus operandi, eventos asociados con el ingreso (detenciones, controles preventivos u otros) todos relacionados a [dicha persona]".

2) RESPUESTAS: Por correo electrónico de fecha 25 de febrero de 2021, la Policía de Investigaciones de Chile respondió conjuntamente los requerimientos AD010T0011817 y AD010T0011818, denegando su entrega.

3) AMPAROS: El 26 de febrero de 2021, don Iván Olivares Calderón dedujo los amparos a su derecho de acceso a la información roles C1315-21 y C1325-21, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en las respuestas negativas a sus solicitudes de información, sin que se expusieran razones.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación los amparos roles C1315-21 y C1325-21, y mediante Oficio E7161, de 27 de marzo de 2021, confirió traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente, notificando la resolución denegatoria en los términos establecidos en el artículo 16 inciso 4° de la Ley de Transparencia; (2°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; y, (3°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; (4°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (5°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (6°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.

Por ordinario N° 284, de 06 de abril de 2021, el órgano efectuó sus descargos a los amparos roles C1315-21 y C1325-21, señalando lo siguiente:

1. Primeramente aclara que si bien por correo electrónico de fecha 25 de febrero de 2021 procedió a denegar lo pedido al solicitante, sin embargo, por error no le adjuntó la Resolución N° 02, de 24 de febrero de 20021, donde consignó las causales de reserva en que fundó la negativa, la que fue remitida al reclamante con fecha 29 de marzo del año en curso y que da por reproducida en su totalidad en los presentes descargos. En dicha resolución se señala, en síntesis, que:

2. Por mandato de la Ley 19.974, sobre Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la Policía de Investigaciones forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado, cuyo texto normativo cumple plenamente con la regla que describe la disposición Cuarta Transitoria de la Carta Fundamental en relación con el artículo 8° inciso segundo de dicho texto constitucional.

3. Dichas actividades comprenden el procesamiento de información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior. A su turno la Ley N° 20.000, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, en su artículo 25, entrega técnicas de investigación utilizadas por miembros de esta Institución, cuya labor de inteligencia policial se efectúa con la finalidad de introducirse en las organizaciones delictuales o en meras asociaciones o agrupaciones con propósitos delictivos, con el objeto de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación, y con ello generar información que permita su detención.

4. Para el éxito de la actividad de inteligencia, atendido los fines que se persiguen para el Estado, la citada Ley N° 19.974, obliga a los funcionarios que la realizan a mantener el secreto de las averiguaciones realizadas. Así, lo requerido, correspondería a un registro de una actividad de inteligencia, según lo define el artículo 38 de la Ley N° 19.974, no siendo el requirente ninguna de las autoridades con facultades legales para requerir de los registros de inteligencia, que dispone el artículo 39 del mismo texto legal, el cual contempla un procedimiento especial para alzar dicho secreto. Por tanto, acceder a la información solicitada, en el evento de existir, puede afectar los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Inteligencia, esto es, la soberanía nacional, la seguridad del Estado, la defensa nacional, que en las indagaciones de la inteligencia policial, es "el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior', según lo expresa el inciso 2, del artículo 22, de la citada ley N° 19.974.

5. Asimismo, se estima que la entrega de la información requerida podría afectar la garantía constitucional del respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política; lo cual se aviene con la Ley 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, específicamente con el artículo 2° letra f), el cual define como dato personal, "Los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". Asimismo, en virtud del principio de inocencia consagrado en el artículo 4° del Código Procesal Penal, la publicidad de lo requerido afectaría dicha calidad, al ser identificada una persona como miembro de una pandilla o banda, de aquellas que necesariamente tienen una connotación negativa, esto es de una agrupación de delincuentes, narcotraficantes, etc. En razón de lo expuesto, el derecho que se afecta de las personas que pueden ser identificadas como miembros de una banda o pandilla, actualmente bajo investigación de nuestra Institución, es el de su honra, considerando además que no se trata de personas condenadas como miembros de aquellas, lesionando el principio de inocencia que le asiste, lo cual se encuentra amparado por el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

6. Que, por lo expuesto, se estima que la divulgación de la información requerida, en el evento de existir, se encuentra amparada en las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 3 y N° 5, de la Ley N° 20.285, en concordancia de lo dispuesto en el artículo 38, de la Ley N° 19.974, y el artículo 8 inciso 2°, de la Constitución Política, ya que se podría ver afectada con ello, la seguridad de la Nación y todos los antecedentes que mantiene en secreto la PDI.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, atendido que entre los amparos roles C1315-21 y C1325-21, existe identidad respecto del reclamante y del órgano de la Administración reclamado, además de similitud entre las materias requeridas, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, que consagra el principio de economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.

2) Que, los presentes amparos tienen por objeto la entrega de la información que se transcribe en el N° 1 de lo expositivo, referida, en términos generales, a los antecedentes registrados en las bases de datos de la Policía de Investigaciones respecto de la banda delictual "Los CUACULAS", y/o "CUACULA"; como asimismo, de las dos personas que allí se individualizan, en que se consulta, por la data de sus registros, el territorio donde operan, sobre el modus operandi, su vinculación con la referida u otras bandas, entre otros antecedentes delictuales. Al efecto, el órgano con ocasión de la respuesta denegó la información pedida. Luego en los descargos evacuados en esta sede, agregó que la divulgación de dichos antecedentes, se encuentra amparada por las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 2, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en concordancia de lo dispuesto en el artículo 38, de la Ley N° 19.974, y el artículo 8, inciso 2° de la Constitución Política.

3) Que, en este contexto, cabe señalar que las funciones de la Policía de Investigaciones de Chile, se encuentran establecidas en el Decreto Ley N° 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de Investigaciones de Chile, cuyo artículo 4° prescribe que "La misión fundamental de la Policía de Investigaciones de Chile es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales", y el artículo 5°, que "Corresponde en especial a Policía de Investigaciones de Chile contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado (...)".

4) Que, por su parte, de acuerdo con el artículo 5, de la ley N° 19.974, sobre Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la Policía de Investigaciones forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado, el cual está integrado, entre otros, por las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de la Jefatura de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones. Por su parte, el artículo 22, de este cuerpo normativo prescribe que "La inteligencia policial es una función que corresponde exclusivamente a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 20./Comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior (...)."

5) Que, en tal sentido, la reclamada denegó la entrega de la información aludida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".

6) Que, complementando lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.

7) Que, en este sentido, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En este orden, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con la suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

8) Que, en la especie, el órgano manifestó que lo consultado comprende el procesamiento de información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior; y que la ley N° 20.000, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, en su artículo 25, le entrega técnicas de investigación utilizadas por miembros de esta Institución, cuya labor de inteligencia policial se efectúa con la finalidad de introducirse en las organizaciones delictuales o en meras asociaciones o agrupaciones con propósitos delictivos, con el objeto de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación, y con ello generar información que permita su detención; y en tal sentido, para el éxito de esta actividad de inteligencia, atendido los fines que se persigue para el Estado, la citada Ley N° 19.974, obliga a los funcionarios que la realizan a mantener el secreto de las averiguaciones realizadas.

9) Que, lo señalado por la Institución, a juicio de este Consejo, forma parte de aquellas materias que la referida norma resguarda en forma específica, por tratarse directamente del eventual ejercicio de actividades de inteligencia, cuya divulgación implicaría la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa con las actividades de inteligencia del organismo, cubierta por la reserva dispuesta en el artículo 38 del cuerpo legal citado, dado que dicha hipótesis protege los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de ese organismo; cuya publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el ya precitado artículo 38 y se entorpecerían las eventuales acciones de inteligencia sobre las materias relacionadas- bien jurídico protegido por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República.

10) Que, en consecuencia, en opinión de este Consejo, revelar la información solicitada envuelve un riesgo probable, con suficiente especificidad para afectar al debido cumplimiento de las funciones de inteligencia de la Policía de Investigaciones, lo que configura el sustento fáctico para sostener la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia de lo dispuesto en el artículo 38, de la Ley N° 19.974, por lo que se procederá a rechazar los presentes amparos, sin necesidad de pronunciarse acerca de las demás causales de reserva alegada por el órgano reclamado, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar los amparos roles C1315-21 y C135-21, deducidos por don Iván Olivares Calderón en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de las causales de secreto o reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en el artículo 38, de la Ley N° 19.974; ello en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Iván Olivares Calderón a y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.