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Yheni León Bórquez con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C6284-20

Consejo para la Transparencia, 04/05/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenando entregar la siguiente información: a) La identidad de los funcionarios que revisaron y validaron los estados financieros de las AFP publicados en la web de la SP desde septiembre del 2017 a la fecha del requerimiento; de aquellos que cada año elaboraron tablas de reajustes e intereses penales, desde el año 1993 a la fecha del requerimiento; así como aquel o aquellos que dan respuesta a la presente solicitud de acceso de la reclamante. Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual el órgano no acredito su entrega ni invocó causal de reserva que ponderar en esta sede. Con todo, en el evento de que alguno de los antecedentes señalados no obre en poder del órgano reclamado deberá informarlo expresa y fundadamente a este Consejo y a la solicitante en sede de cumplimiento. b) Copia de los formularios D-2.1 a D-3.1 informados por la AFP Habitat, entre enero del año 1993 a la fecha de la solicitud. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del organismo en el marco del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras de este último sobre las administradoras de fondos de pensiones, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte las funciones de la Superintendencia o los derechos económicos y comerciales del tercero interesado. Por el contrario, se estima que la publicidad de la información asociada a los procesos de inversión llevados a cabo por las entidades administradoras de fondos de pensiones no solo resulta deseada, sino indispensable para el adecuado control del desenvolvimiento de los actores de mercado. Se desestima la alegación del organismo referida a la aplicación del artículo 50, de la ley N° 20.255. Aplica criterio contenido, entre otras, en las decisiones de amparo Roles C5096-18, C1056-19, C4708-20 y C4718-20. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a las alegaciones sobre falsedad de la información proporcionada para las letras a), d) y e) de la solicitud de acceso, por corresponder más bien a una disconformidad con el contenido de la información entregada, situación que excede la competencia y facultades que confiere a esta Corporación la Ley de Transparencia. Se representa al órgano al haber evacuado respuesta a la solicitud fuera de los plazos legales establecidos para ello.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6284-20

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones

Requirente: Yheni León Bórquez

Ingreso Consejo: 05.10.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenando entregar la siguiente información:

a) La identidad de los funcionarios que revisaron y validaron los estados financieros de las AFP publicados en la web de la SP desde septiembre del 2017 a la fecha del requerimiento; de aquellos que cada año elaboraron tablas de reajustes e intereses penales, desde el año 1993 a la fecha del requerimiento; así como aquel o aquellos que dan respuesta a la presente solicitud de acceso de la reclamante.

Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual el órgano no acredito su entrega ni invocó causal de reserva que ponderar en esta sede.

Con todo, en el evento de que alguno de los antecedentes señalados no obre en poder del órgano reclamado deberá informarlo expresa y fundadamente a este Consejo y a la solicitante en sede de cumplimiento.

b) Copia de los formularios D-2.1 a D-3.1 informados por la AFP Habitat, entre enero del año 1993 a la fecha de la solicitud.

Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del organismo en el marco del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras de este último sobre las administradoras de fondos de pensiones, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte las funciones de la Superintendencia o los derechos económicos y comerciales del tercero interesado. Por el contrario, se estima que la publicidad de la información asociada a los procesos de inversión llevados a cabo por las entidades administradoras de fondos de pensiones no solo resulta deseada, sino indispensable para el adecuado control del desenvolvimiento de los actores de mercado.

Se desestima la alegación del organismo referida a la aplicación del artículo 50, de la ley N° 20.255.

Aplica criterio contenido, entre otras, en las decisiones de amparo Roles C5096-18, C1056-19, C4708-20 y C4718-20.

Se rechaza el amparo en lo que se refiere a las alegaciones sobre falsedad de la información proporcionada para las letras a), d) y e) de la solicitud de acceso, por corresponder más bien a una disconformidad con el contenido de la información entregada, situación que excede la competencia y facultades que confiere a esta Corporación la Ley de Transparencia.

Se representa al órgano al haber evacuado respuesta a la solicitud fuera de los plazos legales establecidos para ello.

En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6284-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de agosto de 2020, doña Yheni León Bórquez solicitó a la Superintendencia de Pensiones la siguiente información:

a) "nombre y código del item de los estados financieros de las AFP que detallan los ingresos totales percibidos por Reajuste, Interés y Recargo en materia de cobranza o deuda previsional (no requiero solo recargos sino todo).

b) funcionarios de esta superintendencia que revisaron y validaron los estados financieros de las AFP publicados en la web de la SP desde septiembre del 2017 a la fecha.

c) oficio ordinario N° 28530 de fecha 28 de noviembre de 2013.

d) ingresos totales de AFP Hábitat en cada año, por su comisión con reajuste, interés y recargo (incluye SIS y seguro cesantía), desde 1993 a la fecha.

e) fundamentos y actos por los cuales esta superintendencia decidió no publicar los ingresos y beneficios reales o totales de las AFP en materia de deuda y cobranza previsional, indicando funcionarios que tomaron tal decisión.

f) funcionarios de esta superintendencia que cada año elaboraron tablas de reajustes e intereses penales, identificación desde 1993 a la fecha.

g) oficio ordinario N° 13531 emitido a Hábitat en relación a mis solicitudes, que esta administradora no responde, no se porque, yo soy tan amorosa con ellos.

h) contratos del SIS de AFP Hábitat años 1993 a la fecha.

i) Informes Diarios de AFP Hábitat desde el año 1993 a la fecha.

j) funcionarios que responden esta solicitud".

2) RESPUESTA: El 16 de septiembre de 2020, mediante Ord. N° 18.797, la Superintendencia de Pensiones respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, lo siguiente:

En relación a la letra a), se informa a que en el sitio web de la Superintendencia, podrá consultar la sección Estadísticas e Informes/Estadísticas y Bases de datos/ Sistema de Pensiones/ Estadísticas financieras/ Estadísticas Financieras de las AFP, 3. Estados Financieros, o bien en la dirección electrónica que indica.

Hacer presente que se encuentran publicados los Estados Financieros de cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones. En dichos Estados Financieros, en el ítem 2.05 Estados complementarios, VIII) Clases del Estado de Resultados, podrá encontrar las Clases de Ingresos Ordinarios y particularmente el código 31.11.010.020.020 "Ingresos por recargos y costas de cobranzas", en el cual se registran los ingresos totales percibidos por Reajuste, Interés y Recargo respecto a la cobranza previsional.

En relación a con la consulta de la letra b), informa que los funcionarios que fiscalizan los Estados Financieros publicados en el sitio web de la Superintendencia, pertenecen al Departamento de Análisis y Control Financiero de la División Financiera del organismo.

En cuanto a lo solicitado en la letra c), se adjunta el Oficio Ord. N° 28.530, de fecha 28 de noviembre de 2013.

En lo referido a la consulta de la letra d), informa que en los Estados Financieros de las Administradoras, señalados en la respuesta a la letra a), específicamente, en el ítem 2.05, Estados complementarios, VIII) Clases del Estado de Resultados, se podrá encontrar las Clases de Ingresos Ordinarios y particularmente en el código 31.11.010.010 "Ingresos por comisiones" los ingresos totales de la AFP Habitat S.A. en cada trimestre informado.

A su vez, en relación a la consulta de la letra e), informa que la Superintendencia no ha dado instrucciones en el sentido señalado y que como se indicó en la respuesta de la letra a), en los citados Estados Financieros, en el ítem 2.05 Estados complementarios, VIII) Clases del Estado de Resultados, se encontrará las Clases de Ingresos Ordinarios y particularmente el código 31.11.010.020.020 "Ingresos por recargos y costas de cobranzas", en el cual se registran los ingresos totales percibidos por Reajuste, Interés y Recargo respecto a la cobranza previsional.

Respecto a la letra f), se informa que la Circular con la tabla de reajustes e intereses penales es elaborada por la División Financiera de esta Superintendencia.

En relación a lo solicitado en la letra g), se adjunta el Oficio Ord. N° 13.531, de fecha 27 de julio de 2020.

En lo atingente a la consulta de la letra h), informa que dicha Superintendencia cuenta con los contratos del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia suscritos por la AFP Habitat S.A. durante los años 1993 a la fecha. Informa enlace web de cloud computing desde donde puede ser descargada.

Respecto de la solicitud de la letra i), hacer presente que los Informes Diarios están compuestos por Formularios que contienen Balance y movimientos de la cartera de inversiones principalmente. El Formulario D-1 que contiene el "Balance diario, flujo de caja, estado de variación del patrimonio y otra información general", al respecto se lo podrá encontrar en el sitio web www.spensiones.cl, en la sección Estadísticas e Informes/ Estadísticas y Bases de Datos/ Sistema de Pensiones/ Estadísticas Financieras/ Estadísticas Financieras de los Fondos de Pensiones/ Balance Informes Diarios, desde agosto de 2002.

Por otra parte, los restantes Formularios (del D-2.1 al D-3.1), que corresponden a movimientos diarios de la cartera de inversiones e información de las transacciones, no se encuentran publicados y esta Superintendencia cuenta con ellos en formato digital a partir de enero de 2002 y en formato físico para algunos períodos de los años 1993 a 2001, sin perjuicio de lo cual su entrega podría afectar derechos de terceros y, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, esta Superintendencia mediante el Oficio Ord. N° 17204, de fecha 27 de agosto de 2020, notificó el requerimiento a AFP Habitat, quien mediante carta N° CE16405, de 10 de septiembre de 2020, se opuso a la divulgación de los antecedentes debido que estos, a su juicio, contiene información comercial estratégica de su propiedad. En consecuencia, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

Refiere que no corresponde la entrega de las referidas notas explicativas, por cuanto estos documentos contienen información detallada de los movimientos de cuentas tales como, valores por depositar nacionales, valores por depositar extranjeros, valores en tránsito, excesos de inversión, provisión de impuestos, entre otras operaciones que realiza la Administradora, como asimismo, dichas cuentas contienen la rentabilidad recibida por los fondos por arriendo de activos, pagos de rebates, compras no perfeccionadas, recouponing de contratos derivados, ventas de monedas, por tanto dicha información es confidencial, puesto que develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de la actividad económica de dicha AFP, y vulneraría derechos de carácter comercial o económico de esa entidad.

Por otra parte, sería aplicable lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 50 de la Ley N° 20.255 toda vez que la información por usted requerida, como ya se ha precisado, no constituye información pública, no se ha financiado con presupuesto público, ni ha servido de base a la dictación de un acto administrativo y se ha entregado a este organismo fiscalizador con la finalidad exclusiva de ejercer las facultades de fiscalización que la ley le confiere.

Finalmente, respecto a la consulta de la letra j), se informa a usted que los funcionarios que responden esta solicitud pertenecen a las Divisiones Financiera, Desarrollo Normativo, Prestaciones y Seguros, y Fiscalía de este Organismo.

3) AMPARO: El 5 de octubre de 2020, doña Yheni León Bórquez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información: al efecto, indica que respecto de lo pedido en las letras b), f) y j) no indican nombres de funcionarios responsables, mientras que especto de lo solicitado en las letras a), d), e) y l) no se hizo entrega de la información. Refiere, en resumen, que lo indicado respecto de las letras a), d) y e) es información falsa, de forma que debiera existir los instructivos de la Superintendencia de Pensiones relativos a que se informe al público ni en los estados financieros de las AFP, ni en los informes de deuda previsional, "los portonzados a los afiliados por concepto de Reajuste, Interés y Recargo". Por su parte, en cuanto los informes diarios, alega que son información pública cuya entrega no afecta los derechos económicos de la AFP.

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante Oficio E19031, de 3 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de parte de la información solicitada; (6°) explique cómo parte de lo solicitado afectaría los derechos de el/los tercero(s); (7°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el/los tercero(s), incluyendo copia de la(s) respectiva(s) comunicación(es), de los documentos que acrediten su notificación, de la(s) oposición(es) deducida(s) y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta(s) ingresó(aron) ante el órgano que usted representa; y, (8°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

A la fecha del presente acuerdo no consta que el organismo haya presentado sus descargos en esta sede.

5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y en el artículo 47 del Reglamento de dicha Ley, este Consejo notificó el amparo y confirió traslado a AFP Habitat, en su calidad de tercero a quien podría afectar la publicidad de la información solicitada, a fin de que presente sus descargos u observaciones en el plazo que indica, debiendo incluir los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten sus afirmaciones y acompañar todos los antecedentes y los medios de prueba de que dispusiere.

A la fecha del presente acuerdo no consta que el tercero involucrado haya presentado sus descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de esta, o 10 días adicionales en caso de prórroga. No obstante, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. Lo anterior, a fin que adopte las medidas necesarias para que dicho proceder no vuelva a reiterarse.e

2) Que, lo solicitado corresponde, en términos generales, a información sobre estados financieros de las AFP, identidad de funcionarios y informes diarios de la AFP Habitat al tenor de la solicitud transcrita en el numeral 1) de lo expositivo. Luego, el amparo se funda en que se respecto de lo pedidos en las letras b), f) y j) del requerimiento, no indican nombres de funcionarios responsables consultados, mientras que respecto de lo solicitado en las letras a), d), e) y i) no entregó la información requerida.

3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, respecto de la identidad de los funcionarios consultados en los literales b), f) y j) del requerimiento, la Superintendencia de Pensiones en su respuesta refiere a los Departamentos, Unidades o Direcciones a los cuales estos pertenecerían, no obstante no proporciona sus nombres ni da cuenta de la fuente, lugar y forma en que pueda acceder a dicha información desde el Portal de Transparencia Activa del órgano, atendido lo dispuesto en los artículos 7, letra d) y 15 de la Ley de Transparencia. En tal orden de ideas, tratándose de información de naturaleza pública, respecto de la cual el órgano no acredito su entrega ni invocó causal de reserva que ponderar, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando entregar al reclamante la identidad de los funcionarios que revisaron y validaron los estados financieros de las AFP publicados en la web de la SP desde septiembre del 2017 a la fecha del requerimiento; de aquellos que cada año elaboraron tablas de reajustes e intereses penales, desde el año 1993 a la fecha del requerimiento; así como aquel o aquellos que dan respuesta a la presente solicitud de acceso de la reclamante. Con todo, en el evento de que alguno de los antecedentes señalados no obre en poder del órgano reclamado deberá informarlo expresa y fundadamente a este Consejo y a la solicitante en sede de cumplimiento.

5) Que, en cuanto a lo pedido en los literales a), d) y e) de la solicitud de acceso, a juicio de este Consejo, las reclamaciones de la peticionaria corresponden más bien a una disconformidad con el contenido de la información entregada por la Superintendencia de Pensiones, más que a la entrega de la misma, lo que excede la competencia y facultades que confiere a esta Corporación la Ley de Transparencia, razón por la que se rechazará el amparo en estos puntos.

6) Que, en cuanto a lo pedido en la letra i) del requerimiento, esto es, Informes Diarios de AFP Hábitat desde el año 1993 a la fecha de la solicitud, la Superintendencia de Pensiones informó que los Informes Diarios están compuestos por Formularios que contienen balance y movimientos de la cartera de inversiones, en la especie, formularios D-1, que se encuentran disponibles permanentemente en el enlace web que indica y los restantes formularios D-2.1 a D-3.1, cuya divulgación se deniega atendida la oposición deducida por AFP Habitat, así como por configurarse la causal de reserva de afectación a las funciones del organismo. Por su parte, el tercero interesado se opuso a la entrega de la información fundado en la causal de reserva de afectación a los derechos económicos o comerciales de las personas.

7) Que, en esta parte el amparo se funda en la respuesta negativa del órgano, motivo por el cual se entiende circunscrito a la entrega de los aludidos formularios D-2.1 a D-3.1.

8) Que, a modo de contexto se debe hacer presente que los formularios D-2.1 a D-3.1, consisten en aquellos que comunican los movimientos diarios de la cartera de inversiones e información de las transacciones efectuadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones diariamente. Luego, de lo indicado en el Libro IV, Título VIII. Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones, Capítulo I. Introducción, del compendio de normas del sistema de pensiones, se señala que la ley N° 20.255, de fecha 17 de marzo de 2008, que establece la reforma previsional, introdujo diversas modificaciones al Sistema de Pensiones regido por el D.L. N° 3.500, de 1980, entre ellas, aquellas destinadas a establecer los lineamientos generales de la elegibilidad de los instrumentos, los límites estructurales para la inversión de los Fondos de Pensiones y los límites respecto de emisores que evitan concentración de propiedad y participación en el control por parte de los Fondos de Pensiones. Con relación a lo anterior, la norma dispone "el presente Titulo tiene como principal objetivo recoger las nuevas disposiciones legales, que se tradujeron en nuevo plan de cuentas, así como también incorporar cambios en la información a ser remitida a esta Superintendencia en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones, considerando las nuevas alternativas de inversión autorizadas y la nueva estructura de límites de inversión. Asimismo, se efectúan algunas modificaciones tendientes a simplificar la información que deben enviar las Administradoras, haciendo más eficiente el control financiero que debe efectuar este Organismo Fiscalizador" (énfasis agregado). Acto seguido, en su Capítulo II. Informe Diario, el aludido compendio indica que el informe diario está compuesto básicamente por un conjunto de datos codificados que deben ser proporcionados a la entidad Fiscalizadora, a través de los formularios electrónicos que individualiza.

9) Que, dicho lo anterior, se colige que, si bien, lo requerido es enviado por las administradoras a la Superintendencia de Pensiones, ello se enmarca en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de este último, puesto que la mencionada información es objeto de análisis con la finalidad de determinar si las actuaciones del fiscalizado se ajustan a los parámetros legales de elegibilidad de los instrumentos e inversión. Debido a lo anterior, es dable a concluir que lo requerido constituye información pública de conformidad a lo expuesto en el inciso 2°, del artículo 8°, de la Constitución Política de la República, que dispone expresamente que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". En este caso, lo requerido forma parte de los procedimientos de fiscalización o de "control financiero" que ejecuta en forma diaria la Superintendencia, puesto que precisamente sobre lo pedido recaen sus revisiones para así determinar, como se dijo, el cumplimiento de la normativa de parte de las AFP, particularmente, en lo que respecta a la fiscalización de la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y la composición y movimiento diario de la cartera de inversiones. Además, en todo caso, se debe tener en cuenta que el artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone entre otras cosas, que es pública la información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. Con todo, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. Establecido lo anterior, procede que este Consejo pondere las alegaciones y reservas invocadas por la reclamada y el tercero interesado.

10) Que, en primer lugar, respecto a la alegación del organismo referida a la aplicación del artículo 50, de la ley N° 20.255, siguiendo lo resuelto en el amparo Rol N° C147-09, es menester señalar que la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, no sólo exige que una ley de quórum calificado establezca la reserva o secreto de documentos, datos o información, sino además, y en forma copulativa, requiere que la declaración que haga dicha ley, sea de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, a saber: afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Este último requisito copulativo, no ha sido debidamente fundamentado, pues la declaración de secreto o reserva que hace el artículo 50 de la ley N° 20.255, no se condice con ninguna de las causales de secreto o reserva indicadas expresamente en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política. Por lo anterior, se desechará la invocación de esta alegación.

11) Que, por su parte, en cuanto a la causal de reserva alegada por AFP Habitat ante la Superintendencia, esto es, aquella prescrita en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, se debe recordar que este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y, por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

12) Que, en tal orden de ideas, si bien, al no encontrarse publicados en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones los formularios reclamados -como si ocurre, por ejemplo, con otros como el D1-, pueden estimarse secretos o no conocidos ni fácilmente accesible, y que el tercero interesado al oponerse a la entrega de la información ha desplegado esfuerzos por mantenerlos en secreto, de la ponderación en concreto de los antecedentes remitidos por el organismo no se advierte que aquella tenga un valor comercial por ser secreta. En efecto, este Consejo con ocasión, por ejemplo, del amparo Rol C4718-20, ha procedido a revisar en concreto formularios como los acá reclamados, verificando que los datos que allí se consigna corresponde a información global o agregada diaria sobre movimientos u operaciones ya realizadas por la Administradora informante, cuya publicidad difícilmente afecte su desenvolvimiento competitivo, en el entendido que, por una parte, no se advierte un riesgo de que de dichos antecedentes se pueda deducir alguna estrategia de mercado u otra por el estilo y, por la otra, como se expuso precedentemente, las posibilidades de inversión de los fondos de pensiones constituye un área altamente regulada con espacio de decisiones de mercado acotado, que tienen por objeto precisamente que no se genere una distorsión entre los resultados mercado o rentabilidad de todos los actores.

13) Que, en este orden de ideas, conviene tener presente que la Superintendencia de Pensiones es la entidad responsable de la elaboración y actualización de dicho régimen de inversión. Específicamente, la ley señala que mediante Resolución dictada por la Superintendencia de Pensiones se establecerá el régimen de inversión, previo informe del Consejo Técnico a que se refiere el Título XVI del DL 3.500. Además, la citada ley específica que la Superintendencia no podrá establecer en el régimen de inversión contenidos que hayan sido rechazados por el Consejo Técnico de inversiones (CTI). En esta línea, la actual resolución que fija el texto refundido del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, Resolución Exenta N° 88, de 25 de octubre de 2017, señala "Como parte de la labor encomendada por ley, a la Superintendencia de Pensiones le corresponde la supervisión del cumplimiento normativo de las inversiones, como asimismo, la emisión de la normativa necesaria para regular el proceso de inversión, velando para que dicho proceso se desarrolle en condiciones que permitan obtener una adecuada seguridad y rentabilidad de los Fondos pertenecientes a los afiliados".

14) Que, así las cosas, la publicidad de la información asociada a los procesos de inversión llevados a cabo por las entidades administradoras de fondos de pensiones no solo resulta deseada, sino indispensable para el adecuado control del desenvolvimiento de los actores de mercado. Lo anterior se refrendaría con la historia de la ley N° 20.255, en la cual en diversos pasajes se consigna por dotar de mayor publicidad al sistema previsional. Así, por ejemplo, la Honorable Senadora señora Matthei indicó que "al tenor de las exposiciones efectuadas, se persigue imprimir mayor competencia y mayor transparencia al mercado de fondos de pensiones" (página 755); por su parte, la entonces Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones sostuvo "que la entidad que dirige ha desplegado grandes esfuerzos para superar los problemas de desinformación. Sin embargo, advirtió, las encuestas han sido lapidarias en sus resultados. Reiteró que se han multiplicado los esfuerzos en el campo de la información, (...). A partir de lo anterior, ya se puede conocer cuáles son las AFP que cumplen mejor su rol de administración de los fondos de pensiones. Para ejemplificarlo, señaló que ya se informa acerca del tiempo en que las diversas AFP demoran en otorgar las pensiones de jubilación; ello ha permitido reducir el período de espera en la concesión de los beneficios, registrándose una reducción importante en los tiempos de espera. (...). Lo anterior, acotó, sin duda deriva de la publicidad de la información, toda vez que, cuando la información se hace pública, inmediatamente el sistema se disciplina" (página 1051).

15) Que, a mayor abundamiento, a juicio de este Consejo, mal se puede alegar afectación a los derechos económicos y comerciales con la publicidad de lo requerido, cuando la siguiente información se encuentra publicada respecto de las administradoras y los fondos de pensiones: Estados Financieros, Estado de Situación Financiera - Activos, Estado de Situación Financiera - Pasivos y Patrimonio, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Patrimonio Neto Mantenido por las Administradoras, Detalle de Ingreso de Comisiones, Conciliación de Ingresos por Comisiones, Activo Neto de Encaje e Inversiones en Sociedades, Resultado Neto de Rentabilidades del Encaje y de Inversiones en Sociedades, Información General, Administración y Propiedad, Clase de Activos, Clase de Pasivos, Clase de Patrimonio Neto, Clase de Estado de Resultados, Desagregación de los Ingresos y Gastos según el tipo de Fondo donde tuvieron su origen (Desagregación de los Ingresos y gastos Ejercicio Actual, Desagregación de los Ingresos y gastos Ejercicio Anterior y Otra información relevante "Estado Resultados Integrales Individuales). Respecto de los fondos de pensiones: Cartera de Inversiones, Cartera de inversiones agregadas, Estados Financieros, y por supuesto, los Balance Informes Diarios. Todo lo anterior se puede apreciar, a modo de ejemplo en el siguiente link: http://www.spensiones.cl/apps/centroEstadisticas/paginaCuadrosCCEE.php?menu=sci menuN1=estfinafp menuN2=NOID; http://www.spensiones.cl/apps/loadEstadisticas/loadFecuAFP.php?menu=sci menuN1=estfinafp menuN2=NOID orden=30 periodo=201812 ext=.php; http://www.spensiones.cl/apps/centroEstadisticas/paginaCuadrosCCEE.php?menu=sci menuN1=estfinfp menuN2=NOID.

16) Que, finalmente, cabe tener presente lo razonado por la Excma. Corte Suprema de Justicia, respecto de las Administradoras de Fondos de Pensiones en el contexto de la Ley de Transparencia, en sentencia de 19 de junio de 2017 -causal Rol N° 49.981-2016-, en cuyo considerando decimocuarto, señaló que: "(...) El acceso a la información de los órganos del Estado es un bien público de trascendencia para el control ciudadano en los asuntos de interés general, por lo que es obligación del Estado garantizar la libre circulación de la información, lo que promueve a su vez el desarrollo social" (...). Seguidamente, se precisó en el considerando decimoquinto, que: "(...) todo lo antes dicho, tiene una relevancia especial en el análisis que debe efectuar esta Corte en la controversia que fue traída a estrados, puesto que el Plan de Negocios cuya reserva viene aduciendo como necesaria la quejosa, no se enmarca puramente en un negocio de carácter societario y privado, y en que si bien participan empresas particulares constituidas como sociedades anónimas, es en razón de la función que cumplen, que ellas satisfacen una necesidad y finalidad social empleando e invirtiendo ingentes sumas de dinero ajenas, puesto que son de dominio de aquellos trabajadores actualmente activos que mediante el pago de contribuciones obligatorias aumentan su capitalización individual con la que luego se retirarán, siempre que cumplan con los requisitos que para tales efectos se exigen en el Decreto Ley N° 3.500. Es decir, el análisis y apreciación con que debe ser abordado el presente asunto, debe iniciarse de manera necesaria desde esta mirada de interés público, puesto que un análisis desde una óptica puramente privatista y comercial, arrojaría un resultado incoherente con la finalidad protectora que supone la seguridad social". Este Consejo comparte el razonamiento expuesto por el Máximo Tribunal, toda vez que atendida la especial función que cumplen las AFP dentro del Sistema Previsional, pese a su calidad de entes privados, estas desarrollan una actividad de servicio público -esto es, la administración de los fondos de pensiones de los cotizantes-, que exige un control y transparencia que en esta materia resultan indispensables. Este criterio ha sido adoptado, entre otras, en las decisiones de amparo Roles C5096-18, C1056-19, C4708-20 y C4718-20.

17) Que, atendido lo razonado en los considerandos precedentes, se procederá a acoger el amparo en este punto, ordenando la entrega de los formularios D-2.1 a D-3.1 informados por la AFP Habitat, entre enero del año 1993 a la fecha de la solicitud.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Yheni León Bórquez en contra de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones, lo siguiente:

c) Hacer entrega al reclamante de:

a) La identidad de los funcionarios que revisaron y validaron los estados financieros de las AFP publicados en la web de la SP desde septiembre del 2017 a la fecha del requerimiento; de aquellos que cada año elaboraron tablas de reajustes e intereses penales, desde el año 1993 a la fecha del requerimiento; así como aquel o aquellos que dan respuesta a la presente solicitud de acceso de la reclamante.

Con todo, en el evento de que alguno de los antecedentes señalados no obre en poder del órgano reclamado deberá informarlo expresa y fundadamente a este Consejo y a la solicitante en sede de cumplimiento.

b) Formularios D-2.1 a D-3.1 informados por la AFP Habitat, entre enero del año 1993 a la fecha de la solicitud.

d) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

e) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo que se refiere a las alegaciones sobre falsedad de la información proporcionada para las letras a), d) y e) de la solicitud de acceso, por corresponder más bien a una disconformidad con el contenido de la información entregada, situación que excede la competencia y facultades que confiere a esta Corporación la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Yheni León Bórquez, al Sr. Superintendente de Pensiones y al tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.