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Eduardo Loza Mamani con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Rol: C579-21

Consejo para la Transparencia, 04/05/2021

Se acoge el amparo deducido en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordenando la entrega de copia de la orden de expulsión y del expediente administrativo que indica, respecto del propio reclamante. Lo anterior, por tratarse de información de la propia reclamante que obra en poder de la institución y por haberse desestimado la afectación al privilegio deliberativo, por no acreditar fehacientemente dicha causal de reserva. La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C579-21

Entidad pública: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Requirente: Eduardo Loza Mamani.

Ingreso Consejo: 26.01.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordenando la entrega de copia de la orden de expulsión y del expediente administrativo que indica, respecto del propio reclamante.

Lo anterior, por tratarse de información de la propia reclamante que obra en poder de la institución y por haberse desestimado la afectación al privilegio deliberativo, por no acreditar fehacientemente dicha causal de reserva.

La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C579-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de diciembre de 2020, don Eduardo Loza Mamani requirió al Ministerio del Interior y Seguridad Pública lo siguiente: "solicito copia de Orden de expulsión y del expediente administrativo en el que consten todas las gestiones y actos vinculados a la situación migratoria de mi persona (...)", agregando en sus observaciones, que "Solicito copia de Orden de expulsión y de todas las resoluciones de carácter migratorio referidas a mi persona".

2) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 32591, de fecha 31 de diciembre de 2020, notificado al requirente con fecha 8 de enero de 2021, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, toda vez que el expediente se encuentra en trámite.

3) AMPARO: El 26 de enero de 2021, don Eduardo Loza Mamani dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "Información no entregada. No se expresa en qué sentido su entrega o divulgación afectaría el funcionamiento del servicio. No he recibido ninguna notificación relativa a la solicitud de regularización que efectúe a fines de 2019".

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante Oficio N° E4305, de fecha 12 de febrero de 2021, solicitó al reclamante subsanar su amparo, aclarando la fecha de notificación de la respuesta y adjuntando comprobante en que conste dicha fecha.

Mediante comunicación de fecha 15 de febrero de 2021, el reclamante acompañó copia del correo electrónico de 8 de enero de 2021 por medio del cual el órgano remitió su respuesta.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E5673, de 6 de marzo de 2021, confirió traslado al Sr. Subsecretario del Interior, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 25 de marzo de 2021, se concedió al Ministerio un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos.

El 8 de abril de 2021, mediante Ord. N° 7793, el órgano evacuó sus descargos, reiterando lo señalado en su respuesta, y denegando la entrega de la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, agregando que "los antecedentes requeridos se encuentran en revisión, al encontrarse pendiente la resolución de la solicitud efectuada por el solicitante ante el Departamento de Extranjería y Migración", citando jurisprudencia de este Consejo respecto de dicha causal.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis fue respondida fuera de los plazos legales indicados. Lo anterior, a fin que se adopten las medidas necesarias para que ello no vuelva a reiterarse.

2) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de la orden de expulsión y del expediente administrativo que indica, respecto del propio reclamante. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

3) Que, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados en lo expositivo del presente acuerdo, se debe tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, respecto de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, invocada por el órgano, ésta permite denegar la información que se solicite cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, tratándose del denominado privilegio deliberativo; y tal como lo ha señalado reiteradamente este Consejo, la configuración de esta causal de reserva, requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Asimismo, respecto del primer requisito, debe existir, además, un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, la aplicación de la causal supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada.

5) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En dicho contexto, la reclamada no ha aportado antecedente alguno destinado a acreditar la concurrencia de ninguno de los requisitos expuestos precedentemente, ni la forma en que podría verse afectado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, ni el debido cumplimiento de las funciones del Ministerio, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva.

6) Que, asimismo, cabe hacer presente que el peticionario tiene la calidad de interesado en el procedimiento consultado -como solicitante respecto de su propio expediente migratorio-, circunstancia que no ha sido desvirtuada por el órgano reclamado, por lo que resulta aplicable lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, el cual dispone que: "Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley" (énfasis agregado).

7) Que, en virtud de lo expuesto, tratándose de información que obra en poder del órgano, y habiéndose desestimado las alegaciones del Ministerio, este Consejo procederá a acoger el presente amparo y se ordenará la entrega de la información solicitada. No obstante lo anterior, en consideración del estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, y teniendo presente que la resolución pedida contiene datos personales y sensibles del reclamante, conforme lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado al requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Eduardo Loza Mamani, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de la orden de expulsión y del expediente administrativo en el que consten todas las gestiones y actos vinculados a la situación migratoria del propio requirente.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Recomendar al Sr. Subsecretario del Interior que, habiéndose dispuesto la entrega de la información solicitada, y en atención a la contingencia sanitaria del país, realice la entrega efectiva de lo solicitado, al requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal. Lo anterior, a modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o por medio de la comunicación que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato, por mecanismos telemáticos.

IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Eduardo Loza Mamani y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.