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Pablo Olivares Castillo con MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Rol: C629-21

Consejo para la Transparencia, 04/05/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Chiguayante, ordenando la entrega de información sobre la existencia y ubicación de equipamientos deportivos tales como multi-canchas y estadios (públicos y privados), áreas verdes, y servicios públicos, de preferencia georreferenciada y en formato shapefile o kmz. Lo anterior, por tratarse de información pública, que debe obrar en poder de la Municipalidad, y por haber desestimado las alegaciones del órgano, referidas a la distracción indebida de sus funcionarios y a la falta de los requisitos señalados en la ley.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C629-21

Entidad pública: Municipalidad de Chiguayante.

Requirente: Pablo Olivares Castillo.

Ingreso Consejo: 28.01.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Chiguayante, ordenando la entrega de información sobre la existencia y ubicación de equipamientos deportivos tales como multi-canchas y estadios (públicos y privados), áreas verdes, y servicios públicos, de preferencia georreferenciada y en formato shapefile o kmz.

Lo anterior, por tratarse de información pública, que debe obrar en poder de la Municipalidad, y por haber desestimado las alegaciones del órgano, referidas a la distracción indebida de sus funcionarios y a la falta de los requisitos señalados en la ley.

Se sigue lo resuelto en los amparos rol C915-21 y C952-21.

En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C629-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de diciembre de 2020, don Pablo Olivares Castillo requirió a la Municipalidad de Chiguayante, lo siguiente: "solicito información respecto a la existencia, e idealmente con georreferenciación o dirección en la comuna, de:

- Equipamientos Deportivos: tales como multi-canchas y estadios (públicos y privados).

- Áreas verdes

- Servicios públicos: aquellos servicios públicos presentes en la comuna entre ellos de electricidad, correos de chile, chile atiende, FONASA, SERVEL, registro civil, SII, INJUV, IPS, CORFO, DIDECO, dirección del tránsito, dirección de aseo, juzgado de policía local, SERNAC, SAG, Notarias, Corporación de asistencia judicial, CONADI, entre otros.

Se solicita, de preferencia, que la información antes descrita se encuentre georreferenciada, en formato shapefile o kmz".

2) RESPUESTA: El 19 de enero de 2021, mediante Ord. N° 00033, la Municipalidad otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información en virtud de lo establecido en el art. 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, señalando que "de acuerdo a la extensa información solicitada, la Dirección no cuenta con el personal suficiente para desviar de sus funciones habituales a un funcionario para realizar lo requerido, puesto que se trata de un elevado número de gestiones administrativas para desarrollar lo solicitado

3) AMPARO: El 28 de enero de 2021, don Pablo Olivares Castillo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud. Además, el reclamante hizo presente que "Se solicita la información georreferenciada en formatos específicos, pero en el peor de los casos se mantiene la opción de entregar la información de direcciones (ya sea en formato coordenada XY como dirección con calle/numeración), ante lo cual el argumento ‘que no se cuenta con información’, es totalmente falso, toda institución tiene información de la ubicación de sus elementos, por más básico que sea. Por lo cual se solicita la entrega de información en los términos señalados, es decir, georreferenciada en los formatos indicados, o bien mediante dirección para su posterior georreferenciación".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E5178, de 27 de febrero de 2021, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Chiguayante, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Mediante Ord. N° 117, de fecha 12 de marzo de 2021, el municipio evacuó sus descargos, adjuntando copia del Ord. N° 138 de 11 de marzo de 2021. En dicho documento, junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que la Dirección de Planificación solo cuenta con 3 funcionarios encargados de la asesoría de proyectos y otras funciones, por lo que no cuenta con personal suficiente para entregar la información requerida, indicando que la petición es genérica, que no se encuentra en formato digital y que no se concentra en una sola Dirección.

Asimismo, manifestó que la solicitud se efectuó en forma poco clara y extensa, sin dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12, letra b), de la Ley de Transparencia, haciendo mención a las partes de la información con la que contaría, señalando que necesitaría de 2 funcionarios para recabar los datos solicitados, y que por el Estado de Excepción y encontrarse la comuna en cuarentena, los funcionarios se encuentran con teletrabajo o con sistema de turnos, y que requeriría 15 días hábiles para reunirla.

5) COMPLEMENTO DE DESCARGOS: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2021, solicitó a la Municipalidad de Chiguayante complementar sus descargos, señalando los motivos por los cuales no dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, y si resultaba procedente aplicar el principio de divisibilidad en consideración a que parte de la información obraba en poder del municipio.

Mediante Ord. N° 140, de fecha 24 de marzo de 2021, el órgano dio respuesta a la solicitud de complemento, remitiendo copia del Ord. N° 169, de igual fecha, en el cual indicó que "Esta Dirección no solicitó subsanar dicha solicitud, ya que al rechazar dicha petición no se consideró el artículo 12 de la ley N° 20.285, sino que derechamente aplicamos el artículo 21 de la ley 20.285, causal N° 1 letra c) (...) Sin embargo, una vez estudiados y revisados los antecedentes, se determinó que parte de la información solicitada era poco clara y precisa, no dándose fiel cumplimiento al artículo 12 de la ley 20.285".

Finalmente, con relación al principio de divisibilidad, el órgano remitió la información que obra en su poder, señalando que no la entregó con anterioridad por la escasez de funcionarios, ocasionado por el estado de excepción.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Municipalidad de Chiguayante, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a información sobre la existencia y ubicación de equipamientos deportivos, tales como multicanchas y estadios, áreas verdes y servicios públicos, de preferencia georreferenciada y en formato shapefile o kmz. Al respecto, el órgano denegó su entrega conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en segundo lugar, cabe tener presente que la información solicitada, esto es, la existencia y ubicación de equipamientos deportivos, tales como multicanchas y estadios, áreas verdes y servicios públicos, dice relación con dependencias utilizadas frecuentemente por la comunidad, algunas de las cuales son financiadas con presupuesto público, por lo que conocer la ubicación de aquellas y llevar un registro de estas reviste un evidente interés público. En dicho contexto, el D.F.L. N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidad, en su artículo 1, establece que "La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas". Luego, el artículo 4 del mismo cuerpo legal, dispone que "Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la protección del medio ambiente; e) El turismo, el deporte y la recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural (...)", entre otras funciones relacionadas con la información solicitada.

4) Que, en tercer lugar, la reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, estipula que se podrá denegar la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

5) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva señalada en el considerando anterior, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad.

7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

8) Que, en la especie, si bien el órgano indicó la cantidad de funcionarios necesarios para recabar la información solicitada, y la cantidad de días para el cumplimiento de dicha labor, no señaló la cantidad de información que comprende el requerimiento, ni el lugar en que se almacena la documentación, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, y teniendo en consideración que lo requerido se refiere a antecedentes que, en atención a sus funciones, obran en poder de la Municipalidad, y se refieren a un conjunto acotado de instituciones, lugares o establecimientos, respecto de los cuales el propio órgano acompañó junto con su complemento de descargos un listado con más de 200 direcciones de zonas de áreas verdes, motivo por el cual este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debiendo desestimarse su concurrencia.

9) Que, sin perjuicio de lo expuesto, se hace presente a la reclamada las directrices otorgadas por este Consejo mediante Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, que informó a los órganos de la Administración del Estado sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global generada a partir del COVID-19, a fin de soslayar situaciones como las planteadas en el presente caso, en relación a las dificultades o la falta de personal para atender las solicitudes que le sean formuladas.

10) Que, en cuarto lugar, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, el cual señala los requisitos que toda solicitud de acceso a la información debe contener, entre ellos la letra "b) identificación clara de la información que se requiere", y, a su vez, dispone en su inciso 2° que "si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición". Por su lado, el inciso 1° del numeral 2.2 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, dispone que "Para el caso de no cumplir con uno o más de ellos, se comunicará de inmediato al requirente de esta situación, indicándole con exactitud cuál o cuáles requisitos debe subsanar y la forma de hacerlo".

11) Que, en la especie, el órgano no acreditó haber dado aplicación a lo dispuesto en las citadas normas, por cuanto no requirió al solicitante, en forma inmediata, que subsanara su petición, según lo dispone el inciso 2° del artículo 12 de la Ley N° 20.285, sino que lo argumenta sólo con ocasión de sus descargos, en forma extemporánea, como alegación de fondo, lo que resulta del todo improcedente. A mayor abundamiento, en su complemento de descargos, el órgano acompañó un listado con más de 200 áreas verdes localizadas dentro del territorio comunal, por lo cual resulta plausible concluir que la solicitud del requirente no era incompleta, poco clara, ni de carácter genérico. En consecuencia, este Consejo desestimará dicha alegación.

12) Que, en consecuencia, tratándose de información que debe obrar en poder de la Municipalidad conforme a sus funciones legales, y habiéndose desestimado sus alegaciones fundadas en el artículo 12 y 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger amparo deducido por don Pablo Olivares Castillo, en contra de la Municipalidad de Chiguayante, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Chiguayante, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante información sobre la existencia y ubicación, ya sea con georreferenciación en formato shapefile o kmz, o dirección en la comuna, de equipamientos deportivos tales como multicanchas y estadios (públicos y privados), áreas verdes y servicios públicos presentes en la comuna, entre ellos de electricidad, correos de chile, chile atiende, FONASA, SERVEL, registro civil, SII, INJUV, IPS, CORFO, DIDECO, dirección del tránsito, dirección de aseo, juzgado de policía local, SERNAC, SAG, Notarias, Corporación de asistencia judicial, CONADI, entre otros.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Olivares Castillo y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Chiguayante.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y los Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.