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C691-21 Rol: C691-21

Consejo para la Transparencia, 04/05/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, requiriendo la entrega de lo siguiente: a) Indique al reclamante cuál fue el criterio general de aquellos informados por el órgano reclamado en su página web, que concurrió en caso consultado, tipo de evaluaciones efectuadas a la beneficiaria (entrevista, visita a domicilio, etc.), fecha de realización, entre otros. b) Indique los criterios y motivos de asignación o designación del patrocinio judicial a que se refiere el requerimiento respecto de la funcionaria consultada. Lo anterior, debido a que se trata de solicitudes de acceso amparadas en el procedimiento dispuesto en la Ley de Transparencia, en donde lo requerido son antecedentes que sirvieron de fundamento al patrocinio judicial gratuito otorgado a la persona por la cual se consulta, respectivamente. Se rechaza el amparo respecto de la entrega del o los informes de calificación socio económica y demás antecedentes que fueron considerados por el funcionario competente en la elaboración de dicha evaluación, por cuanto ello corresponde a información de carácter personal especialmente protegida, cuyo tratamiento no se encuentra permitido en nuestro ordenamiento jurídico, sin consentimiento expreso de su titular o de la ley. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Roles C3709-18 y C6021-19. Además, se rechaza respecto de las peticiones relativas a que este Consejo "ordene a la caj a no continuar con el patrocinio a la sra. (...) y que la abogada (...), sea sancionada, por utilizar dicha institución en beneficio personal", por no corresponder a una denegación de información amparable al alero de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Conformidad objetiva


Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C691-21

Entidad pública: Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana

Requirente: Daniel Ríos-Karl Karl

Ingreso Consejo: 01.02.2021

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, requiriendo la entrega de lo siguiente:

a) Indique al reclamante cuál fue el criterio general de aquellos informados por el órgano reclamado en su página web, que concurrió en caso consultado, tipo de evaluaciones efectuadas a la beneficiaria (entrevista, visita a domicilio, etc.), fecha de realización, entre otros.

b) Indique los criterios y motivos de asignación o designación del patrocinio judicial a que se refiere el requerimiento respecto de la funcionaria consultada.

Lo anterior, debido a que se trata de solicitudes de acceso amparadas en el procedimiento dispuesto en la Ley de Transparencia, en donde lo requerido son antecedentes que sirvieron de fundamento al patrocinio judicial gratuito otorgado a la persona por la cual se consulta, respectivamente.

Se rechaza el amparo respecto de la entrega del o los informes de calificación socio económica y demás antecedentes que fueron considerados por el funcionario competente en la elaboración de dicha evaluación, por cuanto ello corresponde a información de carácter personal especialmente protegida, cuyo tratamiento no se encuentra permitido en nuestro ordenamiento jurídico, sin consentimiento expreso de su titular o de la ley. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Roles C3709-18 y C6021-19.

Además, se rechaza respecto de las peticiones relativas a que este Consejo "ordene a la caj a no continuar con el patrocinio a la sra. (...) y que la abogada (...), sea sancionada, por utilizar dicha institución en beneficio personal", por no corresponder a una denegación de información amparable al alero de la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C691-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de diciembre de 2020, don Daniel Ríos-Karl Karl solicitó a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (en adelante e indistintamente CAJMETRO) la siguiente información:

a) "cuales fueron los criterios y los procedimientos en concreto utilizados por la Corporación de asistencia judicial de TALAGANTE para otorga el beneficio de pobreza a (...), y patrocinarla en contestación a demanda de divorcio unilateral y demanda reconvencional causa RIT (...) seguida ante el juzgado de familia de talagante, escrito presentado el 09.12.2020. en consideración que es de profesión (...), donde vive en una parcela de agrado de 5000 mt. de mi propiedad, donde ademas recibe por nuestras hijas una pesion superior a los $(...), quien ademas tiene inicio de actividades correspondiente a su profesion".

b) "criterios y motivo de designación para que la represente la abogada (...), respecto de la cual tiene una amistad, por lo que sospecho se pasan por alto los criterios que debe utilizar dicho organismo para filtrar a quienes les corresponde ser representada gratuitamente. considerando que en la contestación la abogada solicita rechazar mi demanda presentada de divorcio sin ningún tipo de argumento legal y además solicita como compensación la propiedad de la parcela de agrado donde vive o la suma de $90.000.000 millones de peso, claramente estas peticiones no se condicen con alguien que es pobre, lo que da cuenta que se utiliza a dicho organismo por parte de la sra. (...) y la abogada (...) para obtener ventajas económicas que no se condicen con el propósito de dicha institución, donde lo que corresponde por el nivel educacional de la sra. (...) y su nivel de vida, buscar asesoría privada en la causa seguida ante el juzgado de familia de Talagante".

2) RESPUESTA: El 27 de enero de 2021, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana respondió a dicho requerimiento de información indicando que la información requerida se encuentra dentro de un juicio de divorcio, en la cual una de las partes es patrocinada por la Corporación, por lo cual se deberá denegar lo requerido en virtud de lo dispuesto en la letra a) del Número 1 del Artículo 21 de la Ley 20.285.

3) AMPARO: El 1° de febrero de 2021, don Daniel Ríos-Karl Karl dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información; Al respecto, señala que "ante la negativa de la caj de darme información en relación a los criterios y motivos de patrocinar al a sra. (...) en la demanda de divorcio, por fundarse precisamente en que estamos en un juicio de divorcio, me deja absolutamente desamparado de protección, por que es ilógico e irrelevante de que me entreguen esa información después de terminado el juicio de divorcio. (...) la caj con sus pronunciamientos, perpetúan, la desigualdad del acceso a la información utilizando dicha institución para asuntos personales, por lo que en concreto solicito al consejo de transparencia que ordene a la caj a no continuar con el patrocinio a la sra. (...) y que la abogada (...), sea sancionada, por utilizar dicha institución en beneficio personal".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, mediante Oficio E4581, de 17 de febrero de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

Por medio de Oficio N° 71, de fecha 03 de marzo de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos en esta sede, reiterando, en síntesis, que respecto de la información requerida procede la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia, toda vez que cualquier información que se entregue a la contraparte puede ser usada en el aludido juicio y afectando la relación abogado-patrocinado por el sólo hecho de ser parte de una institución que está obligada por la ley 20.285 a entregar información que podría ser sensible.

Informa que la audiencia preparatoria se realizó el 16 de diciembre de 2020 y se agendó su continuación para el día 07 de abril de 2021.

Finalmente, sostiene que lo que se busca a través del presente amparo, conforme lo señalado por el propio señor Ríos, es que esta Corporación deje de patrocinar a la persona que indica, lo cual es un objetivo impropio de este tipo de acción.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información, esta última relativa a "criterios y los procedimientos en concreto utilizados por la Corporación de asistencia judicial de TALAGANTE para otorga el beneficio de pobreza a (...), y patrocinarla" en juicio que indica, así como "criterios y motivo de designación para que la represente la abogada (...)" que señala. Al respecto el órgano reclamado alegó que el requerimiento efectuado no estaría amparado en el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, además sostuvo la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra a) de dicha ley.

2) Que a modo de contexto se debe hacer presente que según lo dispuesto en el artículo 2 de la ley N° 17.995, que concede personalidad jurídica a los servicios de asistencia jurídica que se indican en las regiones que señalan; las Corporaciones de Asistencia Judicial "gozarán de personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y no perseguirán fines de lucro. Su finalidad será prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos. Además, proporcionarán los medios para efectuar la práctica necesaria para el ejercicio de la profesión a los postulantes a obtener el título de abogado". En dicho marco, el mecanismo de focalización socioeconómico para la atención en la línea judicial de las Corporaciones de Asistencia Judicial, en particular lo informado en la página web del órgano reclamado (http://www.cajmetro.cl/quien-puede-ser-nuestro-usuario/), señala lo siguiente:

a) Que las personas serán atendidas en la línea de patrocinio judicial sin necesidad de una calificación socioeconómica, en los siguientes casos:

i. Por tramo informado en el Registro Social de Hogares: Los usuarios que formen parte de un hogar cuya calificación se encuentre por debajo o dentro del V decil, es decir, que se encuentren dentro del 50% en el Registro Social de Hogares (segundo tramo).

ii. Por criterio de vulnerabilidad: Corresponde a los usuarios que por su condición se consideran que están en una situación de vulnerabilidad acreditada como los siguientes casos: beneficiario del Sistema Intersectorial de Protección Social (Chile solidario); representación de víctimas de delitos violentos; representación de víctimas de violencia intrafamiliar; beneficiarios de PRAIS; casos derivados de CAVI y UVI; y personas con discapacidad:

b) Personas que pueden acceder al Patrocinio Judicial en los Centros Jurídicos de Atención por medio de Calificación Socioeconómica, en los siguientes casos:

i. Aquellos usuarios cuyos ingresos superen los parámetros ya señalados, pero considerados en situación especial luego de un análisis en profundidad realizado por una Profesional del área Social para cada caso.

ii. Aquellos usuarios que presenten una capacidad de pago per cápita inferior o igual a 3 UF, estas ingresan directamente a la línea de Patrocinio Judicial.

iii. Aquellos usuarios pertenecientes a un grupo familiar que presenta una capacidad de pago per cápita entre 3 UF a 12 UF. Se evalúa la capacidad de pago per cápita a través del desglose de los gastos del grupo familiar, y si esta capacidad de pago per cápita es inferior o igual a 2,5 UF, el usuario será beneficiario de patrocinio judicial.

iv. Aquellos usuarios que presenten un ingreso autónomo per cápita superior a 12 UF, por regla general quedarán excluidos, exceptuando a aquellos que, dentro de su grupo familiar, alguno de ellos presente una enfermedad crónica o aquella enfermedad catastrófica. En este caso, se realiza de igual forma el desglose de los gastos del grupo familiar, debiendo ser la capacidad de pago per cápita inferior o igual a 2,5 UF, si la capacidad de pago es superior, el usuario quedará excluido del servicio de patrocinio judicial.

v. Si la capacidad de pago es superior a 2,5 UF, será el Profesional del área Social la o él que determinará el ingreso a Patrocinio Judicial a través del "criterio profesional", éste será utilizado cuando el caso y/o la información lo requiera, con apoyo de herramientas propias del trabajo Social.

3) Que, en consecuencia, la información relativa al otorgamiento de los patrocinio judiciales gratuitos, así como la forma en que aquellos se materializan, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, inciso segundo de la Constitución Política de la República, y en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública, salvo que aquella se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, en primer lugar, en cuanto a lo alegado por el órgano reclamado en orden a que respecto de lo pedido concurre la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Por su parte, el artículo 7 N° 1 letra a) del Reglamento de la Ley de Transparencia, entiende por estos antecedentes "entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico". Al respecto, este Consejo ha sostenido reiteradamente, a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras, que dicha causal de excepción debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos.

5) Que, el órgano reclamado sólo indica la causal sin aportar antecedente alguno que permita acreditar el modo en que la entrega de la información solicitada afecta el debido cumplimiento de sus funciones por tratarse de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, requisito esencial para declarar su reserva. De hecho, únicamente se ha referencia a la existencia de un proceso judicial pendiente en el que se haría valer dichas la defensa, lo cual, a juicio de este Consejo no resulta un argumento suficiente para estimar como concurrente la causal de reserva invocada, por cuanto, se descartará aquella.

6) Que, sin embargo, en cumplimiento de las atribuciones conferidas a este Consejo por el artículo 33 letras j) y m) de la Ley de Transparencia, es menester señalar que en términos generales, lo solicitado en la letra a) del requerimiento relativo a los "criterios y los procedimientos en concreto utilizados por la Corporación de asistencia judicial de TALAGANTE para otorga el beneficio de pobreza a (...) y patrocinarla", apunta a tener acceso, tanto a los criterios o parámetros objetivos de aquellos a que se hace referencia en el considerando 2) precedente que fueron utilizados en el caso en análisis, así como a las evaluaciones o antecedentes socioeconómicos que son fundamento del otorgamiento del beneficio consultado. Por su parte, lo pedido la letra b), esto es, "criterios y motivo de designación para que la represente la abogada (...)" que indica, busca obtener información sobre asignación o distribución de trabajo entre los funcionarios de un órgano de la Administración del Estado.

7) Que, respecto de las evaluación o informes de clasificación socioeconómica -que como se indicó son el fundamento del patrocinio judicial gratuito que ha sido otorgado a la persona por la cual se consulta-, corresponde a antecedentes que han sido declarados como reservados por este Consejo, en particular en la decisión del amparo Rol C3709-18 que, en lo pertinente, resolvió lo siguiente:

a) "Que, según lo dispuesto en el artículo 2° letra f) de la ley N° 19.628, al definir los datos de carácter personal o datos personales, se refiere a ellos como "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". Por su parte, el literal g) de la citada norma define los datos sensibles como "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual" (el destacado es nuestro). De dichas disposiciones legales se sigue que el conjunto de datos contenidos en la Entrevista de Primera Atención, EPA, son datos personales y/o sensibles".

b) "Que, a su turno, sobre dichos datos se deben aplicar los principios de licitud, finalidad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales, establecidos en los artículos 4°, 7° y 9° de la ley N° 19.628. Según el artículo 4°, "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello (...)". Por su parte, la regla de reserva contemplada en el artículo 7° de la ley N° 19.628, prescribe, en lo que interesa a este amparo que "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público (...)". El artículo 9° indica "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público (...). En la especie no consta que los datos de requeridos provengan de fuentes accesibles al público, sino que más bien, fueron aportados por la propia usuaria para efectos de obtener la calificación socioeconómica para la tramitación del patrocinio judicial por parte de CAJVAL. Por último, en lo referido a los datos sensibles contenidos en la información requerida, el artículo 10 prescribe que "No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares".

c) "Que, tras análisis de la información que fuere denegada al solicitante, a la luz del marco normativo descrito, y del contexto del procedimiento en el cual dichos datos fueron recolectados (con la finalidad de obtener la calificación socioeconómica para la tramitación del patrocinio judicial por parte de CAJVAL), esta Corporación estima plausible las alegaciones del órgano, por cuanto la publicidad de los antecedentes requeridos afectará la esfera de la vida privada de la persona usuaria del Servicio reclamado, razón por cual se procederá a rechazar el presente amparo. Lo anterior, además, conforme la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia".

8) Que, en efecto, los antecedentes que fueron recabados para otorgar este tipo de beneficios dicen relación con datos personales relativos a la condición socioeconómica de una persona natural identificada, en los términos dispuestos en el artículo 2 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. En este punto, cabe hacer presente que por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró éste a nivel constitucional, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública.

9) Que, por tanto, en el presente caso, se debe conciliar el derecho de acceso a la información que es pública con la protección de los datos personales, en especial, teniendo en consideración que la publicidad, en términos generales, de la forma en cómo se otorgar los beneficios por parte de los órgano de la Administración del Estado, permite un control social respecto del debido cumplimiento, en este caso, de la finalidad que la ley otorga a las Corporaciones de Asistencia Judicial, esto es, prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos o en situaciones de vulnerabilidad.

10) Que, en tal sentido, este Consejo considera que lo pedido en el literal a) de la solicitud, con exclusión del o los informes de calificación socio económica y demás antecedentes que fueron considerados por el funcionario competente en la elaboración de dicha evaluación, se satisface con la entrega de información relativa a cuál fue el criterio general de aquellos informados por el órgano reclamado en su página web, y señalados en el considerando 2) precedente, que concurrió en caso consultado, tipo de evaluaciones efectuadas a la beneficiaria (entrevista, visita a domicilio, etc.), fecha de realización, entre otros. Lo anterior, porque dichos antecedentes se refieren al cumplimiento de la finalidad legal que le compete a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, más que a información personal de la persona por la cual se consulta, cuya divulgación permite ejercer control social respecto de la aplicación de los mecanismos de focalización socio económica por parte del órgano reclamado. Por el contrario, respecto del o los informes de calificación socio económica y demás antecedentes que fueron considerados por el funcionario competente en la elaboración de dicha evaluación, no es posible ordenar su divulgación toda vez que al no referirse a antecedentes generales relativos a la actuación del órgano reclamado, sino más bien a información proporcionada por la persona por la cual se consulta, aportados por ésta con la finalidad de que fueran evaluados por el profesional respectivo a fin de proceder a otorgar el patrocinio judicial gratuito, cuya comunicación de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4 y 7 de la ley N° 19.628, sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, circunstancias que no concurren en el presente caso, se configura la causal de reserva o secreto contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Criterio que también ha sido aplicado en la decisión de amparo Rol C6021-19.

11) Que, en consecuencia, se acogerá parcialmente el amparo en este literal, ordenando entregar al reclamante información sobre relativa a cuál fue el criterio general de aquellos informados por el órgano reclamado en su página web, y señalados en el considerando 2) precedente, que concurrió en caso consultado, tipo de evaluaciones efectuadas a la beneficiaria (entrevista, visita a domicilio, etc.), fecha de realización, entre otro, que conste en alguno de los soportes documentales a que se refiere el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia; rechazándose en lo que se refiere a la divulgación del o los informes de calificación socio económica y demás antecedentes que fueron considerados por el funcionario competente en la elaboración de dicha evaluación, por tratarse de información personal de la titular de los datos cuya divulgación afecta sus derechos, particularmente, la esfera de su vida privada, em los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

12) Que, en cuanto a lo requerido en la letra b) del requerimiento, tratándose de información relativa a los criterios de asignación o distribución de causas judiciales entre los abogados que ejercen funciones en la Corporación de Asistencia Judicial reclamada, en otras palabras, antecedentes referidos al cumplimiento de funciones que le corresponden a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana y que, por tanto, se encuentran sujetas al principio de publicidad que rige los actos y procedimientos en la Administración del Estado, este Consejo no advierte inconveniente alguno en que se informe al reclamante dicho antecedente, en la medida que este obre en poder del órgano en alguno de los soportes documentales a que se refiere el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia. En razón de lo anterior, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando su entrega al reclamante. Con todo, en el evento de que esta información no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

13) Que, ahora bien, en relación con las peticiones efectuadas por el reclamante relativas a que este Consejo "ordene a la caj a no continuar con el patrocinio a la sra. (...) y que la abogada (...), sea sancionada, por utilizar dicha institución en beneficio personal", será rechazada en esta sede, por no corresponder a una denegación de información amparable al alero de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Daniel Ríos-Karl Karl en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, lo siguiente:

a) Indique al reclamante cuál fue el criterio general de aquellos informados por el órgano reclamado en su página web, y señalados en el considerando 2) precedente, que concurrió en caso consultado, tipo de evaluaciones efectuadas a la beneficiaria (entrevista, visita a domicilio, etc.), fecha de realización, entre otro, que conste en alguno de los soportes documentales a que se refiere el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia.

b) Indique los criterios y motivos de asignación o designación del patrocinio judicial a que se refiere el requerimiento respecto de la funcionaria consultada, en la medida que este obre en poder del órgano en alguno de los soportes documentales a que se refiere el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia.

En el evento de que esta información no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen

c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

d) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en los literales a) y b) precedentes, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la entrega del o los informes de calificación socio económica y demás antecedentes que fueron considerados por el funcionario competente en la elaboración de dicha evaluación, por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia; así como respecto de las petición dirigida a que este Consejo "ordene a la caj a no continuar con el patrocinio a la sra. (...) y que la abogada (...), sea sancionada, por utilizar dicha institución en beneficio personal", por no corresponder a una denegación de información amparable al alero de la Ley de Transparencia; en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Daniel Ríos-Karl Karl y al Sr. Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.