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Rodrigo Emilio Soto Lizana con SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C1805-21

Consejo para la Transparencia, 27/04/2021

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Obras Públicas, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud referente a "Copia de todo proyecto o informe que haya ingresado a este organismo, que tenga como fin transportar grandes cantidades de agua, tanto en forma subterránea, como en su defecto en forma superficial. Expresamente de las siguientes empresas, fundaciones, consorcios: Consorcio chileno-español Euro Engineering Group Chile (EEG), Corporación Reguemos Chile, Vía Marina, empresa de capitales franceses. Expresamente se solicita toda la documentación aportada, tanto física, como así digital. Para su computo señalo desde el año 2015 al presente año" (sic). El Consejo declara inadmisible el amparo, por extemporaneo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Presentación vencido de plazo


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1805-21

Entidad pública: Subsecretaría de Obras Públicas.

Requirente: Rodrigo Emilio Soto Lizana.

Ingreso Consejo: 17.03.2021.

En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C1805-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 18 de enero de 2021, don Rodrigo Emilio Soto Lizana realizó una solicitud ante la Subsecretaría de Obras Públicas, mediante la cual requirió "Copia de todo proyecto o informe que haya ingresado a este organismo, que tenga como fin transportar grandes cantidades de agua, tanto en forma subterránea, como en su defecto en forma superficial. Expresamente de las siguientes empresas, fundaciones, consorcios: Consorcio chileno-español Euro Engineering Group Chile (EEG), Corporación Reguemos Chile, Vía Marina, empresa de capitales franceses. Expresamente se solicita toda la documentación aportada, tanto física, como así digital. Para su computo señalo desde el año 2015 al presente año" (sic).

2) Que, durante la tramitación de la solicitud, la Subsecretaría de Obras Públicas notificó al solicitante la derivación de su requerimiento, en tres ocasiones distintas, a saber:

a) Con fecha 18 de enero de 2021, a la Dirección de Planeamiento;

b) Con fecha 20 de enero de 2021, a la Subsecretaría de Obras Públicas - Nacional; y,

c) Con fecha 28 de enero de 2021, al Instituto Nacional de Hidráulica.

3) Que, con fecha 17 de marzo de 2021, don Rodrigo Emilio Soto Lizana dedujo amparo en contra del Instituto Nacional de Hidráulica, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud. Dicho organismo, en virtud de la derivación de la presente reclamación al "Sistema Anticipado de Resolución de Controversias" (SARC), proporcionó respuesta al reclamante, señalando que "se verificó que el Instituto Nacional de Hidráulica no ha realizado este tipo de proyectos, así como tampoco ha realizado consultorías y convenios para las empresas, fundaciones y consorcios señaladas en el cuerpo de la solicitud.".

4) Que, mediante correo electrónico de 14 de abril de 2021, remitido a las funcionarias encargadas de transparencia del Instituto Nacional de Hidráulica y de la Subsecretaría de Obras Públicas, así como a este Consejo, el recurrente acompañó copia de una noticia del año 2019 sobre el proyecto de carretera hídrica, en que se relata que "Acaba de ser presentada al Ministerio de Obras Públicas (MOP), como proyecto de iniciativa privada, la propuesta de carretera hídrica". Fundado en esta noticia, el reclamante asevera, sobre su requerimiento de información, que "se derivó la presente solicitud a sabiendas de que la información está disponible plenamente en el órgano de dónde se presentó inicialmente"; finalizando su comunicación con el siguiente requerimiento: "Por consiguiente solicito, por economía procesal y administrativa, puesto que el órgano que dió respuesta en la presenta, está a conocimiento pleno del órgano que puede y para el caso tiene la información pública solicitada." (sic).

5) Que, de los antecedentes proporcionados por don Rodrigo Emilio Soto Lizana, se desprende que está disconforme con la derivación efectuada por la Subsecretaría de Obras Públicas al Instituto Nacional de Hidráulica, notificado al solicitante el 28 de enero de 2021, motivo por el cual el presente amparo se recondujo en contra de la subsecretaría que realizó dicha derivación.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12 de la referida ley.

2) Que, asimismo, según lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y los artículos 42 y 44 del Reglamento de la misma Ley, una vez vencido el referido plazo que disponen los órganos de la Administración del Estado para la entrega de la documentación requerida o denegada que fuere la petición, según el caso, el requirente tendrá derecho a recurrir por escrito ante este Consejo, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información, reclamación que debe necesariamente presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto para la entrega de la misma.

3) Que, de los antecedentes proporcionados por el reclamante, consta que el amparo fue interpuesto en forma extemporánea. Ello, por cuanto de conformidad a las normas citadas en el considerando 2°, la parte recurrente debió solicitar amparo a su derecho de acceso a la información pública, en el plazo de quince días hábiles contados desde la fecha en que el órgano reclamado notificó la derivación de su solicitud a otro órgano, respecto de la cual el reclamante manifiesta su disconformidad; es decir, teniendo como plazo límite el 18 de febrero de 2021. Por lo tanto, al haber interpuesto la parte reclamante su amparo el pasado 17 de marzo, lo ha hecho una vez vencido el plazo de quince días hábiles que para tal efecto establecen las citadas normas de la Ley de Transparencia y su Reglamento.

4) Que, no constituye óbice a la decisión anterior, el hecho que el reclamante haya presentado su amparo en contra del Instituto Nacional de Hidráulica; toda vez que, en su correo electrónico de 14 de abril del corriente, en el que copió a este Consejo para la Transparencia, señaló expresamente que la Subsecretaría de Obras Públicas derivó su solicitud a sabiendas que la información estaba en su poder. A mayor abundamiento, se desprende de dicho correo que pide al Instituto Nacional de Hidráulica -órgano que proporcionó una respuesta-, que vuelva a derivar a la Subsecretaría de Obras Públicas.

5) Que, por todo lo expuesto precedentemente, debe necesariamente concluirse que el amparo deducido no puede admitirse a tramitación, debiendo declararse su inadmisibilidad.

6) Que, no obstante lo resuelto, se hace presente a la Subsecretaría de Obras Públicas que, de los antecedentes acompañados por el reclamante, se desprendería que la información debería obrar en su poder. Por lo anterior, a priori, no procedía la derivación al Instituto Nacional de Hidráulica. Con todo, y por aplicación del principio de facilitación, esta Corporación, de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, derivará copia de la solicitud de acceso a la información objeto del presente amparo a la Subsecretaría de Obras Públicas, a fin de que este órgano entregue una respuesta a dicho requerimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible, por extemporáneo, el amparo deducido por don Rodrigo Emilio Soto Lizana en contra de la Subsecretaría de Obras Públicas, fundado en las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Emilio Soto Lizana y al Sr. Subsecretario de Obras Públicas, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, derivar copia de la solicitud de acceso a la información objeto del presente amparo, a la Subsecretaría de Obras Públicas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia a efectos que se pronuncie sobre ella en los términos legales, según lo indicado en el considerando 6° del presente acuerdo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez.

Se deja constancia que el Consejero don Francisco Javier Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009; es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, en su calidad de órgano reclamado en el presente amparo; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.