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Daniel Reyes Court con INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) Rol: C1204-21

Consejo para la Transparencia, 11/05/2021

Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Instituto de Seguridad Laboral, referido a la entrega de la información correspondiente a la Evaluación de Puesto de Trabajo del solicitante. Lo anterior, por cuanto, el órgano entregó al reclamante copia del documento en cuestión, tarjando los datos personales de contexto y las declaraciones de los testigos, a quienes durante el proceso se les garantizó la confidencialidad de sus declaraciones, con el fin de evitar que, a futuro, tanto ellos como otras personas, se inhiban de participar en este tipo de procedimientos. Aplica precedente de las decisiones de amparos Roles C1013-13, C2782-15, C4290-16, C2146-18, C749-19 y C6402-20, entre otras.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1204-21

Entidad pública: Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Requirente: Daniel Reyes Court

Ingreso Consejo: 22.02.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Instituto de Seguridad Laboral, referido a la entrega de la información correspondiente a la Evaluación de Puesto de Trabajo del solicitante.

Lo anterior, por cuanto, el órgano entregó al reclamante copia del documento en cuestión, tarjando los datos personales de contexto y las declaraciones de los testigos, a quienes durante el proceso se les garantizó la confidencialidad de sus declaraciones, con el fin de evitar que, a futuro, tanto ellos como otras personas, se inhiban de participar en este tipo de procedimientos.

Aplica precedente de las decisiones de amparos Roles C1013-13, C2782-15, C4290-16, C2146-18, C749-19 y C6402-20, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1204-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de enero de 2021, don Daniel Reyes Court solicitó al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) la siguiente información: "Quisiera obtener la Evaluación de Puesto de Trabajo del Instituto de Salud Laboral para mi Caso, RECA No 1304495, del 12 de enero del 2021".

2) RESPUESTA: El 22 de febrero de 2021, mediante Res. Exenta N° 25, el Instituto de Seguridad Laboral respondió al requerimiento, indicando que en virtud de los dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a través de los Ordinarios ISL N° 74, 75, 76, y 77, todos de fecha 29 de enero de 2021, comunicó a los terceros involucrados la facultad de consentir u oponerse a la entrega de información. Luego, de los cuatro testigos notificados, ninguno dio respuesta en tiempo y forma, a efectos de dar acceso u oponerse a la entrega de información, aplicándose para estos el principio de divisibilidad en la entrega de la información, acorde a lo establecido en el punto 2.4 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. El inciso tercero, del mencionado artículo 20, dispone que "Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece la Ley". Por lo que, en virtud de lo precedentemente señalado, no procede efectuar la entrega completa de la información requerida.

Respecto de entrega de EPT de Salud Mental, mediante Ordinario N° E9245 de fecha 18.06.2020, este Consejo instruyó a este Servicio entregar antecedente requerido, en el marco del cumplimiento de la Ley de Transparencia, en el cual argumenta que, "conforme al procedimiento previsto en el artículo 10° y siguientes de la Ley de Transparencia, importa desconocer el principio de la jerarquía normativa, según el cual no es posible hacer prevalecer una norma reglamentaria por sobre normas de mayor jerarquía normativa, en la especie, constitucionales y legales".

Por ello, accede a la entrega de la Evaluación de Puesto de Trabajo para Patologías Mentales EPT-PM, debiendo la solicitante acreditar su identidad con Cédula de Identidad o siendo su apoderado, demostrar tal condición, con el respectivo poder, por escritura pública o instrumento privado suscrito ante notario. Lo anterior, acorde a lo dispuesto en Instrucción General N° 10 de este Consejo. Excepcionalmente, también podrá hacerse entrega, por el medio autorizado por el CPLT, en virtud de la situación de emergencia sanitaria.

3) AMPARO: El 22 de febrero de 2021, don Daniel Reyes Court dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta incompleta o parcial. Además, la reclamante hizo presente que: "La evaluación de puesto de trabajo tiene demasiadas zonas tarjadas, por ejemplo, no tengo acceso a la declaración de los testigos aportados por mí. Demasiada información tarjada".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Instituto de Seguridad Laboral, mediante Oficio E5767, de 7 de marzo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación y de los documentos que acrediten su notificación; y, (4°) remita copia íntegra de la información reclamada, haciendo presente que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante Oficio Ord. N° 337, presentación de fecha 24 de marzo de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que no ha habido secreto o reserva del antecedente requerido, sino que, ha sido puesto a disposición del solicitante previa aplicación del principio de divisibilidad. Lo anterior, tomando en consideración que, de la consulta a terceros, ninguno de los cuatro testigos dio respuesta dentro de los plazos establecidos, dando cuenta sólo de un tercero que, fuera de plazo, requirió la protección de su identidad en la entrega de información. De esta manera, es que se procedió acorde a lo estipulado en la Instrucción General N° 10 de este Consejo, referida a la protección de datos sensibles y afectación de derechos de terceros e instrucciones de procedimiento ante la ausencia de respuesta por parte de los terceros involucrados. En esta línea es que se aplicó el principio de divisibilidad en el documento, censurando los datos e información de ese tipo para todos aquellos terceros que no hubiesen expresado su acuerdo en la entrega de la información, o bien para aquellos que no dieron respuesta.

En atención a la afectación de derecho de terceros, se hace necesario señalar que, en este procedimiento, la información dispuesta en la Evaluación de Puesto de Trabajo, se obtiene bajo un acuerdo de confidencialidad con los entrevistados, tal como se plantea en el Libro III del "Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales" de la Ley N° 16.744. En concordancia con lo anterior, hacer entrega de datos personales, sensibles y testimonios entregados en un contexto de una Investigación de Condiciones Laborales, proceso llevado a cabo mediante la realización de "entrevistas confidenciales" a testigos proporcionados por la empresa y/o por el paciente, implicaría ir en contra de las condiciones que se establecieron de manera previa a la realización de dichas entrevistas.

Sin perjuicio de lo anterior, adjunta el documento "Informe Evaluación de Puesto de Trabajo para patologías mentales EPT-PM" requerido, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por este Consejo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la entrega incompleta o parcial de la información correspondiente a la Evaluación de Puesto de Trabajo del solicitante, la cual habría sido entregada con demasiada información tarjada, lo que impide tener acceso a la declaración de los testigos aportados por el reclamante. El órgano, por su parte, explica que dio acceso al documento requerido, aplicando el principio de divisibilidad, en virtud del cual, censuró los datos e información de los terceros que no expresaron su acuerdo en la entrega.

2) Que, el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, respecto del "Informe de Evaluación de Puesto de Trabajo" solicitado, a modo de contexto, cabe precisar que, según el libro III, numeral 4) letra a), del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744, aprobado por resolución exenta N° 156, de 5 de marzo de 2018, de la SUSESO: "Consiste en el análisis detallado, mediante la observación en terreno, de las características y condiciones ambientales en que un trabajador en particular se desempeña y de las actividades, tareas u operaciones que realiza. Este instrumento tiene por objetivo identificar la presencia de factores de riesgo específicos condicionantes de la patología en estudio. En conjunto con otros elementos de juicio, el EPT permitirá al Comité de Calificación o al Médico del Trabajo, según corresponda, establecer o descartar la existencia de una relación de causalidad directa entre la patología y la actividad laboral del trabajador evaluado".

4) Que, en tal sentido, lo solicitado constituye el fundamento de un acto o resolución de un órgano de la Administración del Estado, para establecer o descartar la existencia de una relación de causalidad directa entre la patología de salud y la actividad laboral del trabajador, lo cual, en conformidad a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, corresponde a información pública, susceptible de entrega, salvo la concurrencia de las excepciones establecidas en la ley.

5) Que, luego, en cuanto al contenido de los informes de evaluación de puestos de trabajo, se debe tener presente lo resuelto por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C1013-13, C2782-15, C4290-16, C2146-18, C749-19 y C6402-20, entre otros, en las cuales se reservó cualquier dato o antecedente que directamente revelara la identidad de los declarantes, o que, en su caso, permitiera colegir dicha información, reconociendo que los testigos involucrados tenían una razonable expectativa de que sus declaraciones serían mantenidas en reserva, pues, lo contrario implicaría que en el futuro, tanto ellos, como otras personas, se inhiban en participar en los procedimientos en los cuales fueran requeridos. A su vez, se debe considerar que en el procedimiento se garantizó a los testigos la confidencialidad de sus declaraciones, con el fin de evitar que a futuro tanto ellos como otras personas se inhiban de participar en este tipo de instancias. De esta forma, respecto de dichos antecedentes concurre la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia.

6) Que, en el presente caso, de la revisión de los antecedentes aportados por las partes, se observa que, en el informe de Evaluación de Puesto de Trabajo proporcionado al reclamante, se encuentran tarjados los datos personales de contexto y las declaraciones, y referencias a las mismas, de quienes concurrieron en calidad de testigos, situación que se encuentra ajustada al marco legal descrito en los considerandos precedentes, habiendo, en consecuencia, obrado el órgano con apego a derecho, motivos que impiden que el presente amparo pueda ser acogido.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Daniel Reyes Court en contra del Instituto de Seguridad Laboral, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Daniel Reyes Court y al Sr. Director del Instituto de Seguridad Laboral.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.