logo
 

José Lemuy Toledo con ARMADA DE CHILE Rol: C1007-21 / C1018-21

Consejo para la Transparencia, 11/05/2021

Se acogen los amparos deducidos en contra de la Armada de Chile, ordenando entregar al reclamante copia de los antecedentes documentales que den cuenta del resultado y sanciones que se hubiesen aplicado en el proceso de fiscalización realizado a la Nave Patagón CB2867, de propiedad de Naviera Frasal S.A. por vertimiento de aguas sucias y oleosas al mar, sustanciado a raíz de la denuncia presentada por el propio solicitante con fecha 27 de diciembre de 2020. Lo anterior, por cuanto se trata de información que obra en poder del órgano reclamado, elaborada o recibida en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de este último, respecto de la cual no se acreditó fehacientemente la causal de reserva de afectación de derechos de carácter comercial o económicos invocada por el tercero interesado. En efecto no se acompañó ningún antecedente que permita evidenciar las alegaciones realizadas, relativas a que la entrega de la información pedida pueda afectar su planificación estratégica o el "secreto empresarial". Ello, atendido principalmente a la naturaleza de la información que debió haberse entregado a la autoridad marítima en el marco del proceso de fiscalización consultado, esto es, aquella destinada a verificar el cumplimiento de normativa de carácter medioambiental, particularmente, destinada al tratamiento de aguas sucias a bordo de naves o buques, a fin de evitar la contaminación acuática. Así las cosas, existe una regulación pormenorizada que rige el modo en que deben proceder las empresas navieras para dar cumplimiento a las exigencias técnicas ambientales de las prescripciones operativas para la aprobación de sistemas de tratamiento de aguas sucias en buques y artefactos navales, contexto en el cual parece razonable que la divulgación de la información solicitada no revele en modo alguno una manera particular y única de proceder en lo relativo al cumplimiento de los estándares técnicos que una nave o buque debe ejecutar para efectos de observar la normativa ambiental aplicable al caso, por lo que no constituye una materia propia de secreto empresarial y tampoco es de aquella información cuyo conocimiento pueda proporcionar una ventaja competitiva a las demás empresas. A mayor abundamiento, se ha de tener presente que el solicitante, atendida su calidad de denunciante de los hechos que dieron origen al proceso de fiscalización, es parte interesada en el procedimiento administrativo, no debiendo por lo tanto, olvidar lo dispuesto en el artículo 17 letra a), de la Ley N° 19.880, que dispone que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente. En el evento de que parte de la información pedida no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando específicamente las razones que lo justifiquen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROLES C1007-21 Y C1018-21

Entidad pública: Armada de Chile

Requirente: José Lemuy Toledo

Ingreso Consejo: 15.02.2021

RESUMEN

Se acogen los amparos deducidos en contra de la Armada de Chile, ordenando entregar al reclamante copia de los antecedentes documentales que den cuenta del resultado y sanciones que se hubiesen aplicado en el proceso de fiscalización realizado a la Nave Patagón CB2867, de propiedad de Naviera Frasal S.A. por vertimiento de aguas sucias y oleosas al mar, sustanciado a raíz de la denuncia presentada por el propio solicitante con fecha 27 de diciembre de 2020.

Lo anterior, por cuanto se trata de información que obra en poder del órgano reclamado, elaborada o recibida en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de este último, respecto de la cual no se acreditó fehacientemente la causal de reserva de afectación de derechos de carácter comercial o económicos invocada por el tercero interesado. En efecto no se acompañó ningún antecedente que permita evidenciar las alegaciones realizadas, relativas a que la entrega de la información pedida pueda afectar su planificación estratégica o el "secreto empresarial". Ello, atendido principalmente a la naturaleza de la información que debió haberse entregado a la autoridad marítima en el marco del proceso de fiscalización consultado, esto es, aquella destinada a verificar el cumplimiento de normativa de carácter medioambiental, particularmente, destinada al tratamiento de aguas sucias a bordo de naves o buques, a fin de evitar la contaminación acuática.

Así las cosas, existe una regulación pormenorizada que rige el modo en que deben proceder las empresas navieras para dar cumplimiento a las exigencias técnicas ambientales de las prescripciones operativas para la aprobación de sistemas de tratamiento de aguas sucias en buques y artefactos navales, contexto en el cual parece razonable que la divulgación de la información solicitada no revele en modo alguno una manera particular y única de proceder en lo relativo al cumplimiento de los estándares técnicos que una nave o buque debe ejecutar para efectos de observar la normativa ambiental aplicable al caso, por lo que no constituye una materia propia de secreto empresarial y tampoco es de aquella información cuyo conocimiento pueda proporcionar una ventaja competitiva a las demás empresas.

A mayor abundamiento, se ha de tener presente que el solicitante, atendida su calidad de denunciante de los hechos que dieron origen al proceso de fiscalización, es parte interesada en el procedimiento administrativo, no debiendo por lo tanto, olvidar lo dispuesto en el artículo 17 letra a), de la Ley N° 19.880, que dispone que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente.

En el evento de que parte de la información pedida no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando específicamente las razones que lo justifiquen.

En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1007-21 y C1018-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de enero de 2021, don José Lemuy Toledo solicitó a la Armada de Chile la siguiente información: "El 27 de diciembre del año 2020, vía correo electrónico, se solicitó a la Capitanía de puerto de Puerto Natales una fiscalización a la Nave Patagón CB2867, de propiedad de Naviera Frasal por vertimiento de aguas sucias y oleosas al mar. Solicito se me envíe el informe con el resultado y sanciones si lo hubieren".

2) TRASLADO Y OPOSICIÓN DE TERCERO: Mediante Ordinario N° 12.000/40, de 13 de enero de 2021, la Armada de Chile comunicó la Compañía Naviera Frasal S.A. sobre la solicitud de acceso a la información pública y su derecho a oponerse, conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia.

A través de carta de fecha 15 de enero de 2021, el tercero interesado se opuso a la divulgación de la información argumentando, en resumen, que procede proteger información relativa a las condiciones y procedimientos vinculados con la actividad y funcionamiento comercial y empresarial, en este caso, sus embarcaciones, respecto de información sensible y privada que es de exclusivo conocimiento de la autoridad marítima, en su calidad de fiscalizador de la actividad armatorial.

Agrega, que se cumplen los criterios adoptados por este Consejo para afectar los derechos económicos y comerciales de una empresa, es decir, lo que queda amparado por el "secreto empresarial", definido en el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial.

Refiere que, a su juicio, los datos requeridos dan cuenta de aspectos sensibles relacionados con la operación y desarrollo competitivo de sus naves, pudiendo afectar su planificación estratégica, especialmente, referida a su capacidad de carga y operación producción, por lo que constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, lo que exige mantener su carácter de secreto, por corresponder al concepto de "secreto empresarial" que recoge a legislación nacional.

3) RESPUESTA: El 2 de febrero de 2021, mediante O.T.A.I.P.A. Ord. N° 12.900/81, la Armada de Chile respondió a dicho requerimiento de información indicando que se dio aplicación al artículo 20 de la Ley de Transparencia respecto del tercero involucrado, quien se opuso a la divulgación de los antecedentes pedidos. En tal contexto, debido al procedimiento de fiscalización incluye documentos y antecedentes de propiedad de terceros, cuya entrega podría eventualmente afectar los derechos de sus titulares, según ya fue señalado, no es posible para esta institución hacerle entrega de la información requerida.

No obstante lo anterior, informa que el día 30 de diciembre de 2020 se efectuó una revista a la M/N PATAGÓN CB-2867, de propiedad de Naviera FRASAL, por parte de la Comisión Local de Inspección de Naves (CLIN), dependiente de la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

4) AMPARO: El 15 de febrero de 2021, don José Lemuy Toledo dedujo los amparos Roles C1007-21 y C1018-21 a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información. Al efecto, hace presente, en síntesis, que la información pedida dice relación con un procedimiento de fiscalización efectuado por la Capitanía de Puerto de Puerto Natales a raíz de una denuncia efectuada por el peticionario en su calidad de presidente del sindicato de Frasal, por las anomalías que describe, detectadas a bordo de la embarcación "Patagón CB-2867". De dicha denuncia, surgió una visita o revista de fiscalización a la unidad marítima respectiva, con fecha 28 de diciembre de 2020.

Refiere que existen específicas normas legales y reglamentarias que protegen el medio ambiente acuático fijadas principalmente en la Ley de Navegación - Título IX: De la Contaminación y el el Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, aprobado por D.S.(DN) N° 1, de l992. Se trata, pues, de específicas infracciones a leyes y reglamentos que son inadmisibles en nave alguna que se precie estar lista en todo sentido para hacerse a la mar; o sea, con tales faltas en su equipamiento, naves resultan innavegables (unseaworthyness). Nada de lo antes expuesto puede calificarse positivamente como un "secreto industrial o empresarial", sino que, por el contrario, ocultar sin corregir tales anormalidades a bordo, absolutamente reguladas por estrictas normas nacionales de orden y seguridad interna, deben obligatoriamente ser causal de paralización en el funcionamiento regular de la nave.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile, mediante Oficio E5664, de 10 de marzo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Por medio de O.T.A.I.P.A. Ord. N° 12900/207, de 22 de marzo de 2021, la Armada de Chile presentó sus descargos en esta sede señalando, en resumen, que la respuesta entregada obedece al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16 y 20 de la Ley de Transparencia, pues deducida la oposición del tercero, la Institución se encontraba impedida de hacer entrega de los antecedentes solicitados.

Con todo, hace presente que por medio de correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2020, se le informó a Sr. José Lemuy el resultado de la inspección preliminar a la nave WB PATAGON, CB-2867, y que el procedimiento posterior de inspección sería encargado a la Comisión Local de Inspección de Naves de Punta Arenas. Además, en el oficio de respuesta al requerimiento también se le informo que se había efectuado un reconocimiento a la M/N "PATAGÓN", CB-2867, por parte de la Comisión Local de Inspección de Naves (CLIN), dependiente de la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

Refiere que los reconocimientos llevados a cabo por las Comisiones Locales de Inspección de Naves (CLIN) se substancian a través del sistema SICEC 11, aplicación en la que se permite el registro, y posterior acceso, solamente si se cuenta con una carta poder, o autorización para ello, emanada de la empresa responsable, tal como se informa en la página web de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional.

De esta manera, sostiene que los antecedentes ingresados por los fiscalizados en SICEC 11, potencial o eventualmente, podrían producir una ventaja competitiva en beneficio de otros actores del rubro marítimo si tomasen conocimiento de ellos, ya que abarcan no solamente datos técnicos de la o las naves sobre las que versa el reconocimiento, sino que también información relativa a sus procedimientos productivos u operaciones.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a Frasal S.A., mediante Oficio E7736, de 8 de abril de 2021.

Por medio de presentación escrita ingresada con fecha 22 de abril de 2021, el tercero interesado presentó sus descargos en esta sede, reiterando su negativa a entregar la información pedida, por los argumentos expuesto en su escrito de oposición ante el organismo requerido. Agrega que "es posible sostener que la fiscalización intempestiva de la Autoridad Marítima, tiene por objeto velar por el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la materia, para lo cual toma conocimiento de asuntos que se refieren en su totalidad a aspectos técnicos de la nave, que de acuerdo al giro de mi representada, constituye el corazón de toda su actividad económica. Esto implica que una eventual divulgación de esta información, generaría un daño económico, una desventaja comercial, toda vez que la empresa ha tomado todas las medidas necesarias para abstraer del conocimiento de terceros, y particularmente, de aquellas personas relacionadas al rubro marítimo, con el fin de que no obtengan ventajas competitivas derivadas del conocimiento de las capacidades o aptitudes técnicas de nuestra flota".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo que es la misma solicitud de información la que han motivado los amparos Roles C1007-21 y C1018-21, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, los presentes amparos se fundan en la respuesta negativa, por oposición de tercero involucrado, otorgada por la Armada de Chile a la solicitud de información del reclamante. Por su parte, lo solicitado corresponde a información sobre el resultado y sanciones a la Nave Patagón CB2867 de propiedad de la empresa Frasal S.A., a consecuencia de la denuncia presentada por el propio reclamante con fecha 27 de diciembre de 2020 ante la autoridad marítima.

3) Que, a modo de contexto, es necesario señalar que de los antecedentes incorporados al expediente, tanto por el reclamante como por el organismo reclamado, se acredita que con fecha 27 de diciembre de 2020, don José Lemuy Toledo denunció ante la Capitanía de Puerto de Puerto Natales, una serie de anomalías detectadas a bordo de la Embarcación Patagón CB2867, perteneciente a la empresa Frasal S.A., referidas al tratamiento de "aguas sucias", "aguas oleosas" y retiro de residuos contaminados de las sentinas. A raíz de dicha denuncia, con fecha 28 de diciembre del año 2020, la autoridad marítima realizó una fiscalización a la aludida nave, determinándose que en lo referente a las "aguas sucias" que "se logró verificar que la planta de tratamiento se encontraba operativa, (...). No obstante, se solicitará una inspección intempestiva, por parte de la Comisión Local de Inspección de Naves de Punta Arenas, en su próxima recalada a puerto, objeto verificar el cumplimiento del ART. 88, letras c) y d), ART. 89, 90 y 91, del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática y las disposiciones de la Circular A-52/004". Asimismo, se estableció que "Se citará al Capitán y Jefe de Máquinas de citada nave, a Fiscalía Marítima, por incumplimiento al ART. 94 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática y ART. 142 del D.L. N° 2.222". Finalmente, en relación a las "aguas oleosas", se estableció que su retiro debía ser realizado en puerto habilitado, a través de una empresa externa autorizada, "lo que se controlará en su próxima recalada a puerto e inspeccionado igualmente por la CLIN de Punta Arenas".

4) Que, en tal orden de ideas, este Consejo entiende que lo pedido apunta a acceder a copia de los antecedentes documentales que den cuenta de la realización y resultado de la inspección intempestiva realizada por la Comisión Local de Inspección de Naves de Punta Arenas; los resultados de la citación ante la Fiscalía marítima del Capitán y Jefe de Máquinas, y de la inspección que también debía realizar la Comisión Local de Inspección de Naves de Punta Arenas respecto del retiro de aguas oleosas; todo ello en el marco del proceso de fiscalización originado por a denuncia presentada por el reclamante.

5) Que, dicho lo anterior, se colige que lo requerido es información elaborada o recibida por la autoridad marítima, en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de este última, puesto que la mencionada información, tal como lo señaló el órgano tiene por objeto "verificar el cumplimiento del ART. 88, letras c) y d), ART. 89, 90 y 91, del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática y las disposiciones de la Circular A-52/004", establecer el "incumplimiento al ART. 94 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática y ART. 142 del D.L. N° 2.222" y "controlar" que el retiro de aguas oleosas sea efectuado conforme a la normativa ambiental marítima pertinente. Debido a lo anterior, es dable a concluir que lo requerido constituye información pública de conformidad a lo expuesto en el inciso 2°, del artículo 8°, de la Constitución Política de la República, que dispone expresamente que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". En este caso, lo requerido forma parte de los procedimientos de fiscalización que ejecuta la Armada de Chile, por medio de sus Capitanías de Puerto, particularmente, en materia de control de contaminación acuática y de orden, seguridad y disciplina en las naves de la República.

6) Que, además, en todo caso, se debe tener en cuenta que el artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone entre otras cosas, que es pública la información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. Establecido lo anterior, procede que este Consejo pondere las alegaciones y reservas invocadas por Fresal S.A., en su calidad de tercero interesado.

7) Que, en cuanto a la causal de reserva alegada, esto es, aquella prescrita en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, se debe recordar que este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y, por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

8) Que, respecto de la concurrencia de los citados requisitos, el tercero interesado sostuvo que la información requerida dice relación con la actividad y funcionamiento de sus embarcaciones, por lo que se trataría de datos amparador por el "secreto empresarial", definido en el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial. De esa forma, su divulgación podría afectar su planificación estratégica, especialmente, referida a su capacidad de carga, operación y producción, por lo que constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico. Sin embargo, no se acompañó ningún antecedente que permita evidenciar las alegaciones realizadas, debiendo tener presente que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre, por cuanto el riesgo de que la entrega de la información pedida pueda afectar su planificación estratégica o el "secreto empresarial", aparecen como infundados desde la perspectiva de la naturaleza de la información que debiese haberse entregado a la autoridad marítima en el marco del proceso de fiscalización consultado. Esto es, aquella destinada a verificar el cumplimiento de normativa de carácter medioambiental, particularmente, destinada al tratamiento de aguas sucias a bordo de naves o buques, a fin de evitar la contaminación acuática.

9) Que, en efecto, en materia de regulación ambiental marítima, resultan aplicables, al menos, los siguientes cuerpos normativos: la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, D.F.L. N° 292 de 1953; la Ley de Navegación, D.L. N° 2.222 del 21 de mayo de 1978; el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, de 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), promulgado por D.S.(RR.EE.) N° 1.689 del 10 de octubre de 1994; el Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, promulgado por D.S. (M) N° 1 del 6 de enero de 1992; la Resolución OMI-MEPC.2 (VI) de 1977, que establece "los estándares internacionales para efluentes de plantas de tratamiento de aguas sucias de buques"; la Resolución OMI-MEPC.159 (55) de 2006, que establece las "Directrices revisadas sobre la Implantación de las Normas Relativas a Efluentes y Pruebas de Rendimiento de las Instalaciones de Tratamiento de Aguas Sucias"; la Directiva DGTM. Y MM. W-01/001, del 1 de febrero de 2007, "Que designa organismos internos de la Dirección General responsables para controlar y administrar los asuntos técnicos que se originan en la Organización Marítima Internacional, OMI"; y, la Circular de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Ordinario N° A-52/004.

10) Que, como es dable advertir, existe una regulación pormenorizada que rige el modo en que deben proceder las empresas navieras para dar cumplimiento a las exigencias técnicas ambientales de las prescripciones operativas para la aprobación de sistemas de tratamiento de aguas sucias en buques y artefactos navales, contexto en el cual parece razonable que la divulgación de la información solicitada no revela en modo alguno una manera particular y única de proceder en lo relativo al cumplimiento de los estándares técnicos que una nave o buque debe ejecutar para efectos de observar la normativa ambiental aplicable al caso, por lo que no constituye una materia propia de secreto empresarial y tampoco es de aquella información cuyo conocimiento pueda proporcionar una ventaja competitiva a las demás empresas.

11) Que, a mayor abundamiento, se ha de tener presente que el solicitante, atendida su calidad de denunciante de los hechos que dieron origen al proceso de fiscalización, es parte interesada en el procedimiento administrativo respecto del cual se requieren los antecedentes anotados en el numeral 1°, de lo expositivo, no debiendo por lo tanto, olvidar lo dispuesto en el artículo 17 letra a), de la Ley N° 19.880, que dispone que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente.

12) Que, en consecuencia, siendo lo requerido información que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de afectación de derechos de carácter comercial o económicos del tercero interesado y que el requirente es parte interesada en el procedimiento consultado, al tenor de lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia del COVID-19, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación; se acogerán los amparos en análisis, ordenándose la entrega de la información solicitada, y conjuntamente con ello, se recomendará al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de la documentación solicitada, de manera excepcional, por un medio alternativo a la entrega presencial. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular y el envío del mandato correspondiente por mecanismos telemáticos.

13) Que, finalmente, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley.

14) Que, en el evento de que parte de la información pedida no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando específicamente las razones que lo justifiquen.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos deducidos por don José Lemuy Toledo, en contra de la Armada de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de los antecedentes documentales que den cuenta del resultado y sanciones que se hubiesen aplicado en el proceso de fiscalización realizado a la Nave Patagón CB2867, de propiedad de Naviera Frasal S.A. por vertimiento de aguas sucias y oleosas al mar, sustanciado a raíz de la denuncia presentada por el propio solicitante con fecha 27 de diciembre de 2020.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Lemuy Toledo, al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile y a Frasal S.A., este ultimo en su calidad de tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.