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Mauricio Olave con CARABINEROS DE CHILE Rol: C1673-21 / C1675-21 / C1676-21

Consejo para la Transparencia, 11/05/2021

Se rechazan los amparos deducidos en contra de Carabineros de Chile, respecto de información relativa a copia de los registros audiovisuales que indica, durante los días que señala. Lo anterior, por estimarse que la derivación al Ministerio Público se ajustó a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, al remitir la solicitud al órgano competente, informando de ello al peticionario, por tratarse de información que forma parte de una investigación penal cuyo acceso debe ser concedido por el órgano persecutor respectivo, durante el curso de dicha investigación, conforme lo instruido en el Oficio FN N° 27/2011.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIONES AMPARO ROLES C1673-21, C1675-21 Y C1676-21

Entidad pública: Carabineros de Chile.

Requirente: Mauricio Olave.

Ingreso Consejo: 12.03.2021

RESUMEN

Se rechazan los amparos deducidos en contra de Carabineros de Chile, respecto de información relativa a copia de los registros audiovisuales que indica, durante los días que señala.

Lo anterior, por estimarse que la derivación al Ministerio Público se ajustó a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, al remitir la solicitud al órgano competente, informando de ello al peticionario, por tratarse de información que forma parte de una investigación penal cuyo acceso debe ser concedido por el órgano persecutor respectivo, durante el curso de dicha investigación, conforme lo instruido en el Oficio FN N° 27/2011.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C911-10, C6014-18, C19-19, C134-21 y C475-21, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información roles C1673-21, C1675-21 y C1676-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: Don Mauricio Olave efectuó diversos requerimientos a Carabineros de Chile, en los cuales solicitó lo siguiente:

a) Solicitud de fecha 28 de enero de 2021 que dio origen al amparo rol C1673-21: "Registro audiovisual de las cámaras que portaban funcionarios de carabineros de la Prefectura de Control del Orden Público durante sus labores de control del orden público en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, entre el 18 y 24 de Octubre de 2019, ambas fechas inclusive. Además, solicito adjuntar un documento con Información básica del registro audiovisual incluyendo el tipo de videocámara corporal (particular autorizada, Motorola, GoPro, Axon, etc), fecha del registro, hora del registro, nombre y grado del funcionario que portaba la cámara".

b) Solicitud de fecha 30 de enero de 2021 que dio origen al amparo rol C1675-21: "Registro audiovisual de las cámaras que portaban funcionarios de carabineros de la Prefectura de Control del Orden Público durante sus labores de control del orden público en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, entre los días 18 y 31 de Octubre de 2019. Además, solicito adjuntar un documento con Información básica del registro audiovisual incluyendo el tipo de videocámara corporal (particular autorizada, Motorola, GoPro, Axon, etc), fecha del registro, hora del registro, nombre y grado del funcionario que portaba la cámara".

c) Solicitud de fecha 1 de febrero de 2021 que dio origen al amparo rol C1676-21: "Registro audiovisual de las cámaras que portaban funcionarios de carabineros de la Prefectura de Control del Orden Público durante sus labores de control del orden público en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, entre el 18 y 31 de Octubre de 2019. Además, solicito adjuntar un documento con Información básica del registro audiovisual incluyendo el tipo de videocámara corporal (particular autorizada, Motorola, GoPro, Axon, etc), fecha del registro, hora del registro, nombre y grado del funcionario que portaba la cámara".

2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 25 y 26 de febrero, y el 1 de marzo de 2021, el órgano notificó al solicitante la prórroga de los plazos de respuesta, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N° 103 de fecha 11 de marzo de 2021, Carabineros de Chile dio respuesta a todas las solicitudes indicadas, señalando respecto del primero de dichos requerimientos que "la Prefectura COP Oeste informa que no existen respaldos fílmicos entregados por personal de dicha repartición, durante sus labores de control de orden público en la comuna y fechas requeridas. En tanto que la Prefectura COP Este sí mantiene registros audiovisuales respecto de las cámaras GO-PRO que portaban los funcionarios de la Repartición, entre el 18 al 24 de octubre de 2019, los cuales tienen un tamaño aproximado de grabación de 699 MB", haciendo entrega de archivo en formato PDF con información respecto de dichas grabaciones, desglosada según lugar de los registros, tipo de cámara y fecha, pero no del funcionario filmador.

Respecto de lo requerido en la letra b), el órgano indicó que las Prefecturas COP Este y Oeste mantienen respaldos en las fechas y comuna consultada, entregando cuadro informativo respecto de cada una de ellas, sin indicación del funcionario que registra las imágenes, e informando que existen 83 grabaciones correspondientes a la Prefectura Oeste, y 45,7 GB en registros respecto de la Prefectura Este. Con relación a lo pedido en la letra c), Carabineros dio respuesta en términos similares, señalando que existen registros en ambas prefecturas, entregando cuadro informativo sobre dichas grabaciones, sin el dato del usuario filmador, y agregando que en la Prefectura Oeste mantiene más de 550 registros audiovisuales, y en la Prefectura Este, registros por un tamaño aproximado de 35 GB de información.

Luego, respecto de los registros audiovisuales informados, el órgano denegó su entrega conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 2, letra f), y 7 de la ley N° 19.628, las Recomendaciones para la Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, el Oficio N° 2309 de este Consejo sobre dispositivos de videovigilancia, en los artículos 1°, inciso cuarto, 5°, inciso segundo, y 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Asimismo, la institución denegó la entrega de los registros, manifestando que "en las grabaciones solicitadas se aprecian actos que revisten características de delito, en el contexto de las alteraciones al orden público con motivo del estallido social, acaecidas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. Conforme a lo señalado, los respaldos de las grabaciones son utilizados como medios probatorios de ilícitos, que son requeridos en determinadas circunstancias por las diferentes Fiscalías del Ministerio Público u otros estamentos institucionales (Fiscalías Administrativas de Carabineros) o extrainstitucional (Policía de Investigaciones de Chile, Tribunales de Justicia), para esclarecer algún tipo de hecho que se esté investigando, y si en la especie, la Institución entrega registros donde se aprecien personas interactuando bajo cualquier finalidad u objetivo, se estaría afectando la presunción de inocencia garantizada en múltiples cuerpos legales", agregando que las imágenes grabadas corresponden a "procedimientos de detención desde el 18.10.2019 al 31.10.2019 y cuya entrega por parte de Carabineros de Chile importaría contravenir texto legal expreso, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público (...) el requerimiento efectuado recae en antecedentes que fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, teniendo registro de múltiples partes policiales, generados por las Comisarías emplazadas en las comunas consultadas, asociados a detenciones por delitos de desórdenes públicos, en el contexto del estallido social, así como también, se registra al menos 39 causas RUC, asociados a distintos requerimientos de las Fiscalías del Ministerio Público, en que se remitieron al Ente Persecutor 46 DVD con imágenes, debiendo tener presente que el artículo 80 del Código Procesal Penal dispone que la dirección de la investigación, en el nuevo sistema de justicia criminal, le corresponde al Ministerio Público", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 182 del mismo Código, y en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, y señalando que derivó los requerimientos al órgano persecutor, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 20.285 y el Oficio FN N° 27/2011, que regula el procedimiento a seguir en los casos de solicitudes de acceso a la información que se planteen por cualquier persona y que atañan a datos, informes, registros, o cualquier antecedente vinculado directa o indirectamente a las funciones que por ley deben desempeñar las policías en apoyo a las labores investigativas propias de los fiscales, citando jurisprudencia del Consejo sobre la materia.

En el mismo sentido, Carabineros manifestó que no puede hacer entrega de la información toda vez que ella da cuenta de los planes de servicio desarrollados por el Personal de Control de Orden Público, como por ejemplo, respecto de la ocurrencia de delitos flagrantes y/o hechos en situación de flagrancia; persecuciones, sean de infantería o en vehículos policiales; uso del armamento de cargo fiscal, dependiendo de las circunstancias que se desarrollen en el teatro de operaciones; controles vehiculares, de identidad o diligenciamiento de órdenes de detención, entre otras, lo que importaría develar las tácticas utilizadas por el personal en sus labores de control de orden público, dando a conocer a terceros los cursos de acción preventivos que adopta la institución, y que impediría el cumplimiento de su misión institucional respecto a la mantención del orden público y la seguridad pública, denegando la entrega de la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, refiriéndose al concepto de "orden público" y de "seguridad pública", y lo dispuesto en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar, citando jurisprudencia de este Consejo.

Finalmente, el órgano denegó la entrega de la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, señalando que la entrega de la información requiere la revisión de cada registro audiovisual con la finalidad de realizar difuminado de rostros u otros elementos que contengan datos personales, lo cual implica distraer indebidamente al personal policial, agregando que "atendido al volumen y tiempos de duración de las grabaciones de los registros audiovisuales requeridos, la tarea de realizar un eventual difuminado de los mismos, no puede ser determinado a ciencia cierta, por cuanto hay muchos factores asociados a considerar, tales como, la cantidad de vehículos y personas que se encuentren en cada frame de grabación, trabajo en el cual es necesario una acción manual para lograr una mayor precisión. Una vez terminado el proceso, éste debe ser revisado varias veces, con la finalidad de volver a retocar algunos frame con detalles (...) el personal de Carabineros tiene tareas específicas que desarrollar, es que no se cuenta con la capacidad técnica ni humana para construir y atender el requerimiento específico del requirente, sin afectar seriamente las funciones ordinarias y extraordinarias que la Constitución y la ley le asignan a Carabineros de Chile", haciendo mención al personal del Depto., y la cantidad de solicitudes de información que recibe mensualmente, y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, no cuenta con su dotación completa, citando diversas decisiones de este Consejo sobre la causal alegada.

3) AMPARO: El 12 de marzo de 2021, don Mauricio Olave dedujo diversos amparos a su derecho de acceso a la información, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a sus solicitudes, los cuales quedaron ingresados con los números de rol C1673-21, C1675-21 y C1676-21.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación los amparos, en forma conjunta, y mediante Oficio N° E7108, de 26 de marzo de 2021, confirió traslado al Sr. General Director Carabineros de Chile, notificando los reclamos y solicitando que: (1°) informe si para dar respuesta a las solicitudes objeto de los amparos, comunicó prórroga y en la afirmativa remita los respectivos comprobantes de notificación, así como también el comprobante de notificación de la respuesta; (2°) en relación a las prefecturas que informa no cuentan con registro audiovisual, se solicita que fundamente y acredite la inexistencia de dicha información; (3°) se refiera, específicamente a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de las grabaciones solicitadas; (4°) señale cómo la entrega de la información denegada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (5°) precise si obran en su poder las grabaciones solicitadas. Se requiere que lo especifique respecto a cada solicitud; y, (6°) en caso de obrar en su poder: a) proceda a la conservación de las grabaciones hasta que la decisión de este Consejo se encuentre firme y ejecutoriada; b) detalle si el segmento de grabación consultado, contiene imágenes de personas naturales identificables; c) en el evento de existir personas naturales identificables, indique si el órgano que representa está en posición de tarjar o anonimizar sus rostros de modo de impedir su identificación; y, d) señale si las grabaciones objeto de los amparos fue remitida a un órgano diverso del que representa, por ejemplo, Juzgado de Policía Local, Juzgado de Garantía o el Ministerio Público. En dicho caso, remita copia de la derivación efectuada y el comprobante de notificación de la misma ante el órgano.

El 1 de abril de 2021, mediante Oficio N° 98, el órgano evacuó sus descargos, reiterando todo lo señalado en su respuesta, y adjuntando copia de las respectivas prórrogas, y de la derivación efectuada al Ministerio Público, con sus comprobantes de envío. Asimismo, adjuntó copia de informe emitido por SMARTPARTNERS, en el cual se hace mención a las características del software que administra las grabaciones obtenidas por las cámaras Axon que utiliza el personal institucional.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el principio de economía procedimental consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos, mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos roles C1673-21, C1675-21 y C1676-21 existe identidad respecto del solicitante y del órgano de la Administración requerido, además de tratarse de solicitudes de información similares, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, a través de su revisión en conjunto.

2) Que, los amparos se fundan en las respuestas negativas por parte de Carabineros de Chile, a las solicitudes del reclamante. En efecto, dichos requerimientos se refieren a copia de los registros audiovisuales de las cámaras que portaban los funcionarios de carabineros de la Prefectura de Control del Orden Público durante sus labores en las comunas que indica, en las fechas que señala, junto con un documento que contenga información básica de los registros audiovisuales respectivos, con el desglose que detalla. Al respecto, el órgano entregó diversa información respecto de los registros audiovisuales que tiene en su poder, indicó que la parte de la información que no existe, y denegó la entrega de las grabaciones que mantiene en su poder, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letras a) y c), N° 2, 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 2, letra f), y 7 de la ley N° 19.628, artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar, y artículos 80 y 182 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 13 de la Ley N° 20.285.

3) Que, del tenor de la solicitud, de la información entregada por el órgano, y de lo señalado por el reclamante en su amparo, la presente decisión se circunscribe a lo requerido por don Mauricio Olave, en las letras a), b) y c) de la solicitud contenida en el número 1) de la parte expositiva, sólo respecto de los registros audiovisuales mencionados en cada literal.

4) Que, en primer lugar, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República que establece, en lo pertinente, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5 inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

5) Que, a su turno, conforme lo dispuesto en el artículo 3, letra e), del Reglamento de la ley N° 20.285, dentro del concepto "documentos", se comprende "Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquéllos". En base al referido marco normativo, y conforme a lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C377-13, C8436-19, C4281-20, C8066-20 y C8279-20, las imágenes captadas por medio de dispositivos de video grabación o cámaras de video portátiles por parte de Carabineros de Chile en cumplimiento de funciones destinadas a la mantención y resguardo del orden público, y en general, que desarrollen actividades de policía en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, constituyen, en principio, información pública.

6) Que, en segundo lugar, respecto de la entrega de la información solicitada, el órgano alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, la cual establece que se podrá denegar la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

7) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

8) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva señalada en el considerando anterior, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad.

9) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

10) Que, en la especie, el órgano manifestó que se trataría de una gran cantidad de grabaciones, y que la entrega de la información requiere la revisión de cada registro audiovisual con la finalidad de realizar difuminado de rostros u otros elementos que contengan datos personales, lo cual implica distraer indebidamente al personal policial, sin poder determinar con precisión el tiempo que deberían invertir los funcionarios para efectuar dichas labores, lo que no es posible asumir en las actuales condiciones, en atención a la emergencia sanitaria y a que no cuenta con su dotación completa.

11) Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar que, si bien se trataría de una gran cantidad de registros o de archivos correspondientes a los días y comunas requeridos, tanto en sus descargos como en el informe elaborado por la empresa SMARTPARTNERS, representantes de Axon en Chile, el propio órgano manifestó que existirían 2 formas de proceder con el difuminado de las grabaciones, una de las cuales permitiría difuminar gran parte de las imágenes de manera masiva y automática. En efecto, en el informe acompañado por la institución, se explica en resumen, que "Detallamos que esto se puede realizar de forma individual por cada video y no de forma masiva, esto dado a que se le debe señalar al sistema de todos los rostros u objetos que aparecen en cada determinado video, cuáles son los que se quieren difuminar y cuáles no. Este proceso de difuminado discriminatorio (determinados rostros sí y determinados rostros no) no se puede realizar de forma masiva, dado que cada video presenta distintas personas por lo que de alguna manera se le debe señalar al sistema los rostros que se quieren difuminar en cada video. Para difuminar de forma masiva se puede realizar pero difuminando todo el video, asimismo existe otra forma de difuminar por video más veloz, que permite difuminar automáticamente todos los rostros que aparecen en un video, pero no permitirá discriminar entre cuáles sí y cuáles no. Para eso se debe utilizar la función de difuminado con precisión señalada anteriormente donde el usuario debe seleccionar por video qué rostro u objeto difuminar y el sistema lo seguirá automáticamente durante se mantenga en escena" (énfasis agregado).

12) Que, luego, el mismo informe consigna que "Las solicitudes de divulgación pública pueden llevar mucho tiempo, especialmente cuando hay que revisar y posiblemente redactar grandes volúmenes de vídeos. Para ayudar con estas grandes solicitudes, la función de Redacción en masa le permite poner en cola las pruebas de vídeo para su redacción en masa. La redacción masiva crea una copia del video original y aplica un filtro de desenfoque/difuminado sobre todo el video copiado (se puede seleccionar niveles de desenfoque: bajo, medio, alto). El desenfoque sobre todo el vídeo permite a los solicitantes ver lo que ocurrió en el vídeo sin revelar potencialmente detalles de identificación personal como caras, direcciones o matrículas. Esto presenta una oportunidad para que las agencias cumplan con la solicitud de divulgación pública en el menor tiempo posible" (énfasis agregado). En dicho contexto, lo indicado en el informe acompañado por la institución permite desvirtuar las alegaciones del órgano referidas a la distracción de sus funcionarios, las que no revisten una entidad suficiente para configurar la causal de excepción al principio de publicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado, careciendo de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción invocada, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, motivo por el cual este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debiendo desestimarse su concurrencia.

13) Que, en tercer lugar, Carabineros denegó la entrega de las grabaciones conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar, conforme al cual se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, según lo establecido en el N° 2, "Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia", toda vez que los registros audiovisuales requeridos contendrían información relativa a los planes operativos de la institución.

14) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a titulo ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

15) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, Carabineros de Chile ha señalado que en este caso se configura la causal de reserva establecida en los numerales 3° y 5° del artículo 21 de la Ley de Transparencia, fundado en que la publicidad de los registros requeridos incide directamente en la estrategia policial preventiva que establece Carabineros para el cumplimiento de su misión de mantener el orden y la seguridad pública, daría a conocer los distintos servicios policiales realizados, proporcionando una ventaja táctica a quienes deseen idear técnicas o eludir el control policial, afectando la seguridad de la ciudadanía, dejándose al descubierto los elementos que la institución policial ha tenido en consideración para el diseño de cada servicio, poniéndose en riesgo a la comunidad e incluso, al personal llamado a otorgar dicha protección, entre otras alegaciones.

16) Que, conforme con lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C4049-17, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, especialmente considerando que, conforme a lo establecido en el artículo 11, letra c), de la Ley de Transparencia, la información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que concurra una causal de secreto o reserva, la que en este caso no se configura, pues, a juicio de este Consejo, las argumentaciones esgrimidas por la institución, haciendo alusión a eventuales consecuencias, hipotéticas y subjetivas, no permiten acreditar de manera concreta el daño que provocaría la entrega de la información requerida, toda vez que la publicidad de los registros requeridos no tiene la entidad suficiente como para dar cuenta de los planes de operación o de servicio de Carabineros de Chile. En este orden de ideas, y a mayor abundamiento, cabe tener presente que lo requerido se refiere a la entrega de copia de registros audiovisuales con la aplicación del Principio de Divisibilidad. En virtud de lo expuesto, no se configuran en la especie las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 número 2 del Código de Justicia Militar.

17) Que, en cuarto lugar, y sin perjuicio de lo razonado precedentemente, cabe tener presente que Carabineros de Chile derivó la solicitud de información al Ministerio Público, mediante Oficio N° 85, de 11 de marzo de 2021, mediante correo electrónico de igual fecha, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, y a las instrucciones emanadas del Oficio FN N° 27/2011. En dicho contexto, cabe tener presente que, según lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C911-10, C659-15, C1304-16 y C19-19, entre otras, el artículo 182 del Código Procesal Penal "consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". En la referida decisión, este Consejo concluyó que "la autoridad ante la cual debe hacerse esta petición es el Fiscal a cargo del caso, y la autoridad ante la cual puede reclamarse contra esa decisión es el juez de garantía respectivo. Por esto, se estima que la derivación de la solicitud realizada por la PDI al Ministerio Público, frente a la duda de permitir el acceso y hacer entrega o no de la información solicitada, se ajustó a la normativa que rige el procedimiento procesal penal y, especialmente, a lo dispuesto en el artículo 182 del CPP".

18) Que, en efecto, cabe tener presente que el artículo 80 del Código Procesal Penal dispone que la dirección de la investigación le corresponde al Ministerio Público, por lo que la institución reclamada se encontraría impedida de entregar información relacionada con investigaciones penales, ni a terceros que lo soliciten ni a terceros intervinientes. Ello se explica en el primer caso, porque rige el secreto de las actuaciones de investigaciones respecto de terceros ajenos al procedimiento previsto en el artículo 182 del Código precitado, y, en el segundo caso, porque toda solicitud sobre la materia debe ser efectuada por el interviniente directamente al fiscal a cargo de la investigación, o al juez de garantía según corresponda.

19) Que, de acuerdo a lo razonado en la decisión Rol C911-10 "la precitada norma consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". Agrega asimismo, la anotada decisión, que "Sin embargo, el derecho del imputado y de los demás intervinientes se encuentra limitado por la facultad del fiscal de disponer la reserva temporal de ciertas actuaciones de la investigación, en tanto lo considere necesario para la eficacia de la misma sometido, en todo caso, al control del juez de garantía (art. 83 CPR, 9 y el inciso 1° del artículo 70 del CPP). En tal caso debe identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto. No obstante, este secreto puede ser cuestionado por el imputado o cualquier otro interviniente ante el juez de garantía, a quien podrán pedirle que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare (art. 182 inc. 4 CPP)".

20) Que, de conformidad a lo expuesto precedentemente, el artículo 13 de la Ley de Transparencia, dispone que "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario (...)". Por su parte, el numeral 2.1, letra a), de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, si el órgano es incompetente para conocer de la solicitud, "Cuando sea posible individualizar al órgano competente, por existir una autoridad que deba conocer la solicitud de información según el ordenamiento jurídico, ya sea porque se desprende claramente de ella o de la subsanación correspondiente, en su caso, el sujeto requerido deberá derivar la solicitud de inmediato, e informar al peticionario de todo lo anterior, mediante notificación efectuada de acuerdo a lo indicado en su solicitud. De esta forma, el órgano dará por terminado el procedimiento administrativo de acceso iniciado ante él. La notificación al solicitante incluirá una copia del acto administrativo en virtud del cual se efectuó la derivación y la indicación de su fecha de envío al órgano competente".

21) Que, en virtud de lo anterior, con relación a la circunstancia de que los registros audiovisuales requeridos, formarían parte de diversas investigaciones penales en curso, cabe tener presente que el órgano derivó la solicitud de información a dicho organismo, conforme lo dispuesto en el mencionado artículo 13 de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe señalar que el Oficio FN N° 27/2011, de la Fiscalía Nacional, que impartió instrucciones generales sobre aplicación de la Ley de Transparencia en relación a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, dispone expresamente que "(...) no corresponde que las policías entreguen información relacionada con investigaciones penales a terceros que lo soliciten ni a los propios intervinientes", dado que el procedimiento de acceso a la información no es la vía idónea para obtener antecedentes propios de causas penales.

22) Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, en el oficio de derivación de las solicitudes, dirigido al Ministerio Público, se indicó que "los registros audiovisuales requeridos están relacionados con requerimientos efectuados por las Fiscalías del Ministerio Público, teniendo registro de al menos 39 causas RUC, así como también, la existencia de partes policiales generados por las Unidades policiales emplazadas de las comunas consultadas, asociados estos últimos a detenciones por delitos de desórdenes públicos, en el contexto del estallido social, aplicándose a este efecto, el procedimiento a seguir en los casos de solicitudes de acceso a la información que se planteen por cualquier persona y que atañan a datos, informes, registros o cualquier antecedente vinculado directa o indirectamente a las funciones que por ley deben desempeñar las policías en apoyo a las labores investigativas propias de los fiscales". Asimismo, en el aludido oficio, se consignó que "la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública no es el mecanismo idóneo para solicitar información referente a investigaciones penales, toda vez que, sobre la materia rigen las normas pertinentes del Código Procesal Penal, en relación con la Ley N° 10.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público (...) Por ende, Carabineros de Chile no es el órgano competente para la entrega de la información requerida", remitiendo junto con el oficio, copia de cada una de las solicitudes de información objeto del presente amparo, y del listado de causas penales asociadas con los requerimientos de las Fiscalías del Ministerio Público. Por tanto, y conforme a lo razonado por esta Corporación en la decisión del amparo rol C6014-18, entre otras, a juicio de este Consejo, en la especie, resulta aplicable lo indicado precedentemente en relación con el artículo 182 del Código Procesal Penal, en cuanto a que el acceso a información que forma parte de una investigación penal debe ser concedido por el Fiscal que lleva la causa durante el curso de la investigación.

23) Que, en consecuencia, el proceder de la institución policial se ajustó a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, y en el aludido Oficio FN N° 27/2011, al remitir la solicitud al órgano competente, esto es, al Ministerio Público, informando de ello al peticionario, motivo por el cual este Consejo procederá a rechazar los amparos.

24) Que, conforme lo resuelto precedentemente, en cuanto a la concurrencia de las demás causales de reserva alegadas por el órgano, este Consejo no se pronunciará, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Mauricio Olave en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mauricio Olave y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia doña Pablo Brandi Walsen.