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Francisco Huneeus Gana con DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO Rol: C1746-21

Consejo para la Transparencia, 11/05/2021

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Dirección General de Crédito Prendario, ordenándose la entrega de la información correspondiente al estado de implementación de los 17 detectores de metales adquiridos. Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, que puede obrar en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual, no se encuentra debidamente fundamentada ni acreditada la circunstancia de hecho de inexistencia alegada por el órgano. Con todo, en el evento de no obrar en poder de la Dirección el antecedente cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información correspondiente a la utilidad que le han prestado al Servicio los instrumentos adquiridos, por no referirse al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino que, al derecho de petición, consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1746-21

Entidad pública: Dirección General de Crédito Prendario

Requirente: Francisco Huneeus Gana

Ingreso Consejo: 16.03.2021

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Dirección General de Crédito Prendario, ordenándose la entrega de la información correspondiente al estado de implementación de los 17 detectores de metales adquiridos.

Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, que puede obrar en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual, no se encuentra debidamente fundamentada ni acreditada la circunstancia de hecho de inexistencia alegada por el órgano.

Con todo, en el evento de no obrar en poder de la Dirección el antecedente cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

Se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información correspondiente a la utilidad que le han prestado al Servicio los instrumentos adquiridos, por no referirse al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino que, al derecho de petición, consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República.

En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1746-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de febrero de 2021, don Francisco Huneeus Gana solicitó a la Dirección General de Crédito Prendario la siguiente información: "un informe detallado de la compra realizada mediante orden de compra N° 1561-832-SE19, conjunto al estado de implementación dentro del Servicio de los 17 Detectores de metales y la utilidad que han prestado a la DICREP".

2) RESPUESTA: El 26 de febrero de 2021, a través de Of. Ord. N° 78, la Dirección General de Crédito Prendario respondió al requerimiento, indicando que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Transparencia, en el enlace que indica de su página web, se puede acceder a la información de la compra, datos del comprador, datos de pago y facturación, datos del proveedor, producto y otras especificaciones.

Respecto del estado de implementación de los 17 detectores de metales y la utilidad que han prestado en la institución, señala que no constituye una solicitud de acceso a la información, en los términos de los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sino que, más bien es una manifestación del derecho a petición.

3) AMPARO: El 16 de marzo de 2021, don Francisco Huneeus Gana dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la recepción de respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que: "No responde el estado de implementación y utilidad de la compra pública realizada" y que "Para el Servicio no constituye una solicitud de acceso a la información en los términos previstos en los artículos 5 y 10 de la Ley N° 20.285".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Crédito Prendario, mediante Oficio E7469, de 3 de abril de 2021, solicitando que: (1°) refiérase a las alegaciones de la parte reclamante, quien sostiene la remisión de información incompleta a su requerimiento; (2°) aclaré si existe información relativa al estado de implementación dentro del Servicio de los 17 Detectores de metales y la utilidad que han prestado a la DICREP; (3°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (5°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (6°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante Of. Ord. N° 131, de fecha 20 de abril de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que, respecto de la segunda parte de la solicitud, "estado de implementación de los detectores de metales y utilidad que ha presentado a DICREP", se indicó al requirente que, dicho requerimiento no constituye una Solicitud de Transparencia de acuerdo con lo previsto en los artículos 5 y 10 de la Ley 20.285. Según la primera norma, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado. De acuerdo con lo anterior, los antecedentes solicitados por el reclamante no obran en poder de esta administración.

Como ha declarado este Consejo en decisión de los amparos Roles C6412-20 y C4844-19, el solicitante no pidió acceder a documentos que obren en poder del órgano, sino más bien, quiso ejercer su derecho a petición, consagrado en el artículo 19, N° 14 de la Constitución Política de la República, que da lugar a un procedimiento administrativo distinto mediante las normas legales específicas que puedan existir, según las disposiciones de la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

La solicitud del reclamante requiere un pronunciamiento por parte del Servicio, y con ello, la elaboración de un informe y, por lo tanto, no constituye una Solicitud de Acceso a la Información, en los términos dispuestos en la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, según se desprende de lo descrito en el número 3 de la parte expositiva, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente al estado de implementación de los 17 detectores de metales comprados por la institución y la utilidad que le han prestado. El órgano, por su parte, manifiesta que lo requerido no constituye una solicitud de acceso a la información, en los términos de los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sino que, es una manifestación del derecho a petición.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, en el presente caso, lo requerido por el solicitante corresponde a dos tipos de antecedentes, el primero, un estado de implementación de los 17 detectores de metales comprados por la institución, y el segundo, "la utilidad que le han prestado". Al respecto, se debe distinguir que, tratándose de la primera información, a juicio de este Consejo, es posible que conste en alguno de los soportes a los que hacen referencia los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, enunciados en el considerando precedente, por cuanto, se trata de la adquisición de bienes que presumiblemente serán utilizados por el Servicio en el desarrollo diario de sus funciones, pudiendo estar aquello sujeto a monitoreo o control, que conste en alguno de los instrumentos ya aludidos. En este sentido, a modo ejemplar, se puede consignar que, dentro de los aspectos considerados en la licitación y su posterior adjudicación, se encuentran la "Garantía" y "Servicio Técnico" del producto, refiriéndose este último al "...servicio técnico que tenga la empresa en Chile para mantener, reparar y brindar soporte a DICREP...", elementos que dan cuenta de la posibilidad de un eventual seguimiento de los productos en cuestión durante su uso, que pueda manifestarse en algún instrumento susceptible del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Por lo anterior, respecto de esta solicitud, se desestima la alegación de DICREP referida a que no se trata de una solicitud amparada por la Ley de Transparencia.

4) Que, sin perjuicio de lo anterior, el órgano reclamado igualmente ha afirmado que la información en cuestión no obra en su poder. Al respecto, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada en poder del órgano requerido constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente.

5) Que, en este sentido, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregados).

6) Que, en este caso, DICREP no ha argumentado ni acreditado los fundamentos que justifican su alegación de inexistencia de la información en su poder, por lo que, no resulta posible considerar satisfecho el estándar que, para la configuración de esta circunstancia de hecho, ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, razón por la cual, el amparo será acogido en este punto, ordenando la entrega de la información correspondiente al estado de implementación de los 17 detectores de metales, o en su defecto, la debida acreditación de su inexistencia en los términos del punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

7) Que, luego, tratándose de la información referida a "la utilidad que le han prestado" al Servicio los instrumentos adquiridos, este Consejo comparte lo sostenido por el órgano, en el sentido de que dicho requerimiento no recae sobre la entrega de un documento que obre en alguno de los soportes a los que se refieren los ya aludidos artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sino más bien, busca que DICREP emita un pronunciamiento sobre el aspecto consultado, lo que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, motivos por los cuales, el amparo será rechazado en este aspecto.

8) Que, en mérito de lo expuesto, el presente amparo será parcialmente acogido, ordenándose la entrega de la información correspondiente al estado de implementación de los 17 detectores de metales, por tratarse de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Carta Fundamental, que puede obrar en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual, no se encuentra debidamente fundamentada ni acreditada su inexistencia. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. A su vez, se rechazará el amparo en lo referido a la entrega de la información de "la utilidad que le han prestado" los bienes adquiridos, por corresponder al ejercicio del derecho de petición.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Francisco Huneeus Gana en contra de la Dirección General de Crédito Prendario, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de Crédito Prendario, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante la información correspondiente al estado de implementación de los 17 detectores de metales adquiridos.

No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano el antecedente cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la entrega de la información referida a "la utilidad que le han prestado" los bienes adquiridos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Francisco Huneeus Gana y al Sr. Director General de Crédito Prendario.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.