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Jorge Barrera Rosas con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C1764-21

Consejo para la Transparencia, 11/05/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, referido a la entrega de los datos de las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción, incluyendo el número de inscripción, año, registro y circunscripción, junto con el número de R. U. N. de las personas que indica. Lo anterior por cuanto, la Ley de Transparencia no es la vía idónea para acceder a la información que consta en estas inscripciones, y a que la información solicitada forma parte de registros no accesibles al público, debiendo por tanto aplicarse el principio de finalidad consagrado en la ley sobre protección de la vida privada, en orden a que dichos datos deben utilizarse sólo para los fines para los cuales fueron recolectados, esto es, para la emisión de los respectivos certificados que den fe de los sucesos con efectos jurídicos que en ellos se consignan. Asimismo, la publicidad de dicha información puede constituir una infracción a lo dispuesto en la ley sobre protección de la vida privada. Aplica criterios contenidos en las decisiones de los amparos rol C1519-15, C2254-15, C3502-16, C2159-16, C1221-17, C6159-20, C600-21 y C603-21, entre otras, recaídas sobre solicitudes de información de análoga naturaleza.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1764-21

Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación.

Requirente: Jorge Barrera Rosas.

Ingreso Consejo: 17.03.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, referido a la entrega de los datos de las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción, incluyendo el número de inscripción, año, registro y circunscripción, junto con el número de R. U. N. de las personas que indica.

Lo anterior por cuanto, la Ley de Transparencia no es la vía idónea para acceder a la información que consta en estas inscripciones, y a que la información solicitada forma parte de registros no accesibles al público, debiendo por tanto aplicarse el principio de finalidad consagrado en la ley sobre protección de la vida privada, en orden a que dichos datos deben utilizarse sólo para los fines para los cuales fueron recolectados, esto es, para la emisión de los respectivos certificados que den fe de los sucesos con efectos jurídicos que en ellos se consignan. Asimismo, la publicidad de dicha información puede constituir una infracción a lo dispuesto en la ley sobre protección de la vida privada.

Aplica criterios contenidos en las decisiones de los amparos rol C1519-15, C2254-15, C3502-16, C2159-16, C1221-17, C6159-20, C600-21 y C603-21, entre otras, recaídas sobre solicitudes de información de análoga naturaleza.

En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1764-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de febrero de 2021, don Jorge Barrera Rosas requirió al Servicio de Registro Civil e Identificación, lo siguiente: "Agradecería respondieran a esta solicitud indicando los datos de inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción (vale decir, número de inscripción, año, registro si procede y circunscripción) y R. U. N. (si es que poseen), que figuren en vuestra base de datos de (...) Si existe más de una persona llamada así, por favor indicar. Indicar también datos de filiación (fecha de nacimiento)", indicando la identidad de las 10 personas que consulta.

2) RESPUESTA: El 12 de marzo de 2021, mediante Carta UTSI N° 1846, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información y señalando en síntesis, que "el legislador ha fijado un régimen especial para acceder a sus registros públicos, mediante el cual la información relativa a una persona se entrega en forma individual a través de certificados y copias autorizadas, y en base al suministro previo de determinados datos, tales como el nombre o RUT, para poder acceder a los datos e información que en ellos se anotan. Por ende, fijado el régimen a este debe estarse", haciendo mención a las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre la Protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado, al artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y la ley N° 19.628.

Acto seguido, indicó que no se encuentra dentro de las funciones del Servicio la búsqueda de redes familiares a terceros, sino que se efectúa por medio de la recopilación personal a través de una búsqueda manual en los Libros Índices ubicados en las oficinas que señala, refiriéndose a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, y citando diversa jurisprudencia de este Consejo sobre la materia, agregando que "la solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales, como ocurre en el presente caso, no constituye una solicitud de información de aquellas reguladas por la Ley de Transparencia, no siendo, en consecuencia, ésta la vía idónea para efectuar este tipo de requerimientos".

3) AMPARO: El 17 de marzo de 2021, don Jorge Barrera Rosas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Asimismo, alegó que: "Esta solicitud la he realizado con anterioridad con otras personas y nunca se me denegó la información, ya que no exijo en ningún momento que me den información que no me pueden otorgar, solo los números de inscripción presentes en su servicio computacional y si estos no existen que se informe como siempre se me ha dado a saber, pero ahora se me dijo que la misma información que he solicitado dos veces anteriormente no es competente de este servicio por temas de seguridad de vida privada y haciendo mención que este servicio no tiene como función hacer estudios familiares de terceros y eso es algo que tengo claro y no espero lo contrario de este servicio, solo como hacía mención anteriormente los datos encontrados dentro de su sistema computacional".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E7558, de 6 de abril de 2021, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) en atención a lo expuesto por la recurrente en su amparo y a lo referido por Uds. en la respuesta recurrida, en la cual manifiestan que la información se encuentra disponible a través de las vías y medios que señalan, aclare si la información solicitada, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.

Por medio de DN. Ord. N° 300, de 20 de abril de 2021, el Servicio evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, las personas respecto de las cuales tiene cierta información y respecto de aquellas que no se encuentran en los registros, reiterando que no se trata de fuentes accesibles al público los registros de nacimiento, matrimonio y defunción, sino que existe un régimen de acceso a dichos antecedentes, conforme lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C1519-15, C6171-20, C1593-11, C600-21 y C603-21, haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, e informando que no se ha denegado la información, sino que se ha indicado la forma correcta de acceder a ella.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a los datos de las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción, incluyendo el número de inscripción, año, registro y circunscripción, junto con el número de R. U. N. de las personas que indica. Al respecto, el órgano señaló la forma de acceder a dicha información, conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, el artículo 3° de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, establece que corresponderá a dicho Servicio "llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende". Asimismo, los numerales 1 y 7 del artículo 4° del mismo cuerpo legal prescriben, respectivamente, que son funciones del Servicio formar y mantener actualizados los registros que indica, entre ellos, el "De Nacimiento, Matrimonio y Defunción"; y "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio". Sobre el particular, el órgano señaló que para obtener antecedentes de las personas consultadas, atendido que dentro de las funciones del organismo no se encuentra elaborar redes familiares o árboles genealógicos para terceros, los interesados deben recopilar personalmente dichos antecedentes a través de una búsqueda manual en los libros índices ubicados en sus oficinas distribuidas a lo largo del país.

3) Que, por su parte, la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, define las fuentes accesibles al público, como "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes". En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional exige que cualquier persona pueda acceder, sin restricciones, a los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar. Al efecto, si el legislador hubiera querido identificar todo "registro público" con una "fuente accesible al público", habría bastado que señalara que éstas son "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados" sin que tuviera sentido alguno incorporar la frase final de esa oración: "de acceso no restringido o reservado a los solicitantes" que es la que acota su interpretación.

4) Que, en el presente caso, la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en un registro público cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i), de la ley N° 19.628. En efecto, a pesar que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la ley N° 19.628.

5) Que, así las cosas, no obstante tratarse de instrumentos públicos, los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción se entregan en forma individual y en base al suministro previo de determinados datos, tales como el número de RUN de la persona consultada, para poder acceder a los datos e información que en ellos se anotan, y que en el caso particular se solicitan. En consecuencia, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso a la información que obra en esos registros públicos administrados por diversos servicios, y a ese régimen debe estarse. De este modo, el solicitante no puede utilizar la Ley de Transparencia para acceder a la información contenida en ellos y obviar, de esta manera, la exigencia de proporcionar previamente ciertos datos para obtener la información que allí se encuentra. En consecuencia, dichos registros públicos no tienen el carácter de fuentes accesibles al público y, por ende, a ellos debe aplicarse el principio de finalidad consagrado en el artículo 9 de la ley N° 19.628, por el cual los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados. En este caso concreto, según lo señala el artículo 4 de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, la finalidad de formar y mantener actualizados los registros que la ley le encomienda es "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio".

6) Que, en este orden de ideas, en la decisión del amparo rol C1519-15, en sus considerandos 5° y 7°, este Consejo razonó que "la información del Servicio de Registro Civil e Identificación relativa a una persona, se entrega en forma individual mediante certificados y copias autorizadas y en base al suministro previo de determinados datos, tales como el nombre o run para poder acceder a los datos e información que ellos se anotan. En consecuencia, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso a la información que obra en esos registros públicos (...) y a ese régimen debe estarse (...) de este modo el solicitante no puede utilizar la Ley de Transparencia para acceder a la información contenida en los registros públicos del Servicio (...) y obviar de esta manera, la exigencia de proporcionar previamente ciertos datos para obtener la información que allí se encuentra. Asimismo, éste no puede obviar la exigencia de pagar los impuestos respectivos (...)".

7) Que la referida interpretación, ha sido refrendada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia recaída en reclamo de ilegalidad causa Rol N° 8582-2014. En efecto, en dicho fallo, se razonó "Que, por otro lado, el artículo 2°, letra i) de la Ley N° 19.628 ha definido las fuentes accesibles al público. Estas fuentes son los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes. En la especie, trátese de información contenida en registros públicos, pero sometida a la aportación de determinados datos, lo que implica que su acceso es restringido o, de otra forma dicho, que no es una fuente accesible al público. Y ambos conceptos no son asimilables, situación que el propio Consejo ha establecido en decisiones anteriores. El voto disidente los señala específicamente. Esta es la forma en que se entregan los certificados de defunción (...) esto implica que la ley ha determinado un procedimiento distinto de acceso a la información de registros públicos".

8) Que, sumado a lo anterior, en conformidad a lo establecido en el artículo 2, letras f) y g), de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, el número de RUN de las personas señaladas en la solicitud de información, y la circunstancia de contraer matrimonio, constituyen datos de carácter personal y sensible referido a una persona natural identificada, al referirse a un hecho o circunstancia de la vida privada. A su turno, el artículo 4° de la citada ley, señala de manera taxativa que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", disponiendo, en este mismo sentido, el artículo 10 de la referida norma que "no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares". En el presente caso, de los antecedentes tenidos a la vista, no consta que los titulares de dichos datos, hubieren otorgado su anuencia para la entrega de la información pedida.

9) Que, luego, conforme a lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C1519-15, C2254-15, C3502-16, C2159-16, C1221-17, entre otros, es importante señalar que el acceso o la entrega de los datos de las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción y número de R. U. N. de una persona, lo que constituye una infracción a lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Por su parte, por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional dicho derecho, incorporándolo en el texto del artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, circunstancia que debe ser considerada al momento de ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública.

10) Que, en consecuencia, conforme con lo razonado precedentemente, la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para acceder a la información que consta anotada en estos registros, y refiriéndose lo solicitado a datos personales y sensibles de las personas señaladas en el requerimiento de información, cuya divulgación produciría una afectación específica a la esfera de la vida privada, derecho que también es consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, configurándose a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Jorge Barrera Rosas en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Jorge Barrera Rosas y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.