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Felipe Munizaga Mellado con CARABINEROS DE CHILE Rol: C2015-21

Consejo para la Transparencia, 11/05/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, referido a copia de los videos grabados en el celular del funcionario que indica, durante los días que señala. Lo anterior, por estimarse que la derivación al Ministerio Público se ajustó a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, al remitir la solicitud al órgano competente, informando de ello al peticionario.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2015-21

Entidad pública: Carabineros de Chile.

Requirente: Felipe Munizaga Mellado.

Ingreso Consejo: 24.03.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, referido a copia de los videos grabados en el celular del funcionario que indica, durante los días que señala.

Lo anterior, por estimarse que la derivación al Ministerio Público se ajustó a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, al remitir la solicitud al órgano competente, informando de ello al peticionario.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C911-10, C6014-18 y C134-21.

En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2015-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de febrero de 2021, don Felipe Munizaga Mellado requirió a Carabineros de Chile, lo siguiente: "solicito acceso y copia la totalidad de los videos grabados el teléfono celular institucional del funcionario Luis Alarcón Cáceres en el marco de sus funciones de civil entre el 1 y el 10 de noviembre de 2019. Según declaración judicial del funcionario Alarcón, ‘los videos fueron descargados en el cuartel policial de la 33° comisaría, donde se transfirieron a un dispositivo CD’. Adicionalmente, solicito el acta de entrega de evidencia firmada por el funcionario Luis Alarcón Cáceres".

2) RESPUESTA: El 19 de marzo de 2020, mediante documento RSIP N° 55786, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento, señalando en síntesis, que "la Prefectura Santiago Oriente informa que revisadas las bases de datos de la 33° Comisaría Ñuñoa, en dicha Unidad no existe funcionario identificado como Luis Felipe Cáceres".

Acto seguido, indicó que "Sin perjuicio de lo anterior, se comunica que lo solicitado puede estar relacionado con los RIT 8963-19, 8344-19, 8349-19 y RUC 1901209154-3 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en tanto, Carabineros de Chile no es el organismo competente para otorgar respuesta a su solicitud, por lo que se derivará la misma al Ministerio Público, ello conforme lo estipulado por el artículo 13 de la Ley N° 20.285", y haciendo mención a lo dispuesto en el Oficio FN N° 27/2011 el cual regula el procedimiento a seguir en casos de solicitudes de información vinculada a las funciones que desempeñan las policías en apoyo a las labores investigativas propias de los fiscales, y adjuntando copia del oficio N° 97, de 19 de marzo de 2021, de derivación al Mercado Público.

3) AMPARO: El 24 de marzo de 2021, don Felipe Munizaga Mellado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E7653, de 7 de abril de 2021, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) aclare si la información requerida en la solicitud de acceso obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) indique por qué, a su juicio, la Institución que Ud. representa no es competente para atender el requerimiento; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) en caso de obrar en su poder: a) proceda a la conservación de la grabación hasta que la decisión de este Consejo se encuentre firme y ejecutoriada; b) detalle si el segmento de grabación consultado, contiene imágenes de personas naturales identificables; c) en el evento de existir personas naturales identificables, indique si el órgano que representa está en posición de tarjar o anonimizar sus rostros de modo de impedir su identificación; y, d) señale si la grabación objeto del amparo fue remitida a un órgano diverso del que representa, por ejemplo, Juzgado de Policía Local, Juzgado de Garantía o el Ministerio Público.

Mediante oficio N° 121, de 15 de abril de 2021, Carabineros evacuó sus descargos, reiterando todo lo señalado en su respuesta, y agregando en síntesis, que "se hizo presente al recurrente la imposibilidad de hacer entrega de lo solicitado por ser parte de la carpeta investigativa de una causa penal y haber sido remitidos a la Fiscalía por el O.S.9", indicando el número de RIT, RUC y tribunales en que se tramitan las causas penales, e informando que "además de no encontrarse los antecedentes en poder de Carabineros de Chile, en la especie resulta plenamente aplicable lo dispuesto por el artículo 21, N° 1, letra a) de la Ley N° 20.285", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 87 del Código Procesal Penal.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de Carabineros de Chile, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de la totalidad de los videos grabados en el teléfono celular institucional del funcionario que indica, en el marco de sus funciones de civil durante los días que señala. Al respecto, el órgano derivó la solicitud de información al Ministerio Público, conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

2) Que, así las cosas, cabe tener presente que Carabineros de Chile derivó la solicitud de información al Ministerio Público, mediante Oficio N° 97, de 19 de marzo de 2021, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, y a las instrucciones emanadas del Oficio FN N° 27/2011. En dicho contexto, cabe tener presente que, según lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C911-10, C659-15, C1304-16 y C19-19, entre otras, el artículo 182 del Código Procesal Penal "consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". En la referida decisión, este Consejo concluyó que "la autoridad ante la cual debe hacerse esta petición es el Fiscal a cargo del caso, y la autoridad ante la cual puede reclamarse contra esa decisión es el juez de garantía respectivo. Por esto, se estima que la derivación de la solicitud realizada por la PDI al Ministerio Público, frente a la duda de permitir el acceso y hacer entrega o no de la información solicitada, se ajustó a la normativa que rige el procedimiento procesal penal y, especialmente, a lo dispuesto en el artículo 182 del CPP".

3) Que, en efecto, cabe tener presente que el artículo 80 del Código Procesal Penal dispone que la dirección de la investigación le corresponde al Ministerio Público, por lo que la institución reclamada se encontraría impedida de entregar información relacionada con investigaciones penales, ni a terceros que lo soliciten ni a terceros intervinientes. Ello se explica en el primer caso, porque rige el secreto de las actuaciones de investigaciones respecto de terceros ajenos al procedimiento previsto en el artículo 182 del Código precitado, y, en el segundo caso, porque toda solicitud sobre la materia debe ser efectuada por el interviniente directamente al fiscal a cargo de la investigación, o al juez de garantía según corresponda.

4) Que, como se señaló, de acuerdo a lo razonado en la decisión del amparo rol C911-10, "la precitada norma consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". Agrega asimismo, la anotada decisión, que "Sin embargo, el derecho del imputado y de los demás intervinientes se encuentra limitado por la facultad del fiscal de disponer la reserva temporal de ciertas actuaciones de la investigación, en tanto lo considere necesario para la eficacia de la misma sometido, en todo caso, al control del juez de garantía (art. 83 CPR, 9 y el inciso 1° del artículo 70 del CPP). En tal caso debe identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto. No obstante, este secreto puede ser cuestionado por el imputado o cualquier otro interviniente ante el juez de garantía, a quien podrán pedirle que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare (art. 182 inc. 4 CPP)".

5) Que, de conformidad a lo expuesto precedentemente, el artículo 13 de la Ley de Transparencia, dispone que "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario (...)". Por su parte, el numeral 2.1, letra a), de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, si el órgano es incompetente para conocer de la solicitud, "Cuando sea posible individualizar al órgano competente, por existir una autoridad que deba conocer la solicitud de información según el ordenamiento jurídico, ya sea porque se desprende claramente de ella o de la subsanación correspondiente, en su caso, el sujeto requerido deberá derivar la solicitud de inmediato, e informar al peticionario de todo lo anterior, mediante notificación efectuada de acuerdo a lo indicado en su solicitud. De esta forma, el órgano dará por terminado el procedimiento administrativo de acceso iniciado ante él. La notificación al solicitante incluirá una copia del acto administrativo en virtud del cual se efectuó la derivación y la indicación de su fecha de envío al órgano competente".

6) Que, en virtud de lo anterior, con relación a la circunstancia de que los registros audiovisuales requeridos, formarían parte de investigaciones penales en curso, cabe tener presente que el órgano derivó la solicitud de información a dicho organismo, conforme lo dispuesto en el mencionado artículo 13 de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe señalar que el Oficio FN N° 27/2011, de la Fiscalía Nacional, que impartió instrucciones generales sobre aplicación de la Ley de Transparencia en relación a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, dispone expresamente que "(...) no corresponde que las policías entreguen información relacionada con investigaciones penales a terceros que lo soliciten ni a los propios intervinientes", dado que el procedimiento de acceso a la información no es la vía idónea para obtener antecedentes propios de causas penales.

7) Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, en el oficio N° 97, de 19 de marzo de 2021, de derivación de la solicitud dirigido al Ministerio Público, Carabineros indicó que "aplicándose a este efecto, el procedimiento a seguir en los casos de solicitudes de acceso a la información que se planteen por cualquier persona y que atañan a datos, informes, registros o cualquier antecedente vinculado directa o indirectamente a las funciones que por ley deben desempeñar las policías en apoyo a las labores investigativas propias de los fiscales". Asimismo, en el aludido oficio, se consignó que "la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública no es el mecanismo idóneo para solicitar información referente a investigaciones penales, toda vez que, sobre la materia rigen las normas pertinentes del Código Procesal Penal, en relación con la Ley N° 10.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público (...) Por ende, Carabineros de Chile no es el órgano competente para la entrega de la información requerida". Por tanto, y conforme a lo razonado por esta Corporación en la decisión del amparo rol C6014-18, entre otras, a juicio de este Consejo, en la especie, resulta aplicable lo indicado precedentemente en relación con el artículo 182 del Código Procesal Penal, en cuanto a que el acceso a información que forma parte de una investigación penal debe ser concedido por el Fiscal que lleva la causa durante el curso de la investigación. A mayor abundamiento, vale tener en consideración que el propio solicitante consignó en su requerimiento que "Según declaración judicial del funcionario Alarcón, ‘los videos fueron descargados en el cuartel policial de la 33° comisaría, donde se transfirieron a un dispositivo CD’" (énfasis agregado), por lo que se trata de información vinculada a un procedimiento judicial.

8) Que, en consecuencia, el proceder de la institución policial se ajustó a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, y en el aludido Oficio FN N° 27/2011, al remitir la solicitud al órgano competente, esto es, al Ministerio Público, informando de ello al peticionario, motivo por el cual este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Felipe Munizaga Mellado, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Felipe Munizaga Mellado y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia doña Pablo Brandi Walsen.