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Jorge Riquelme Venegas con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Rol: C2164-21

Consejo para la Transparencia, 11/05/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Temuco, ordenándose la entrega de la grabación que se indica. Lo anterior, interpretando analógicamente la jurisprudencia de este Consejo, que ha sostenido que los audios de las sesiones de los Concejos Municipales son públicos de conformidad con la Ley de Transparencia. Aplica en este punto, criterio adoptado en las decisiones de amparos Roles C109- 10, C756-10, C238-11, C1063-13, C1764-16 y C3084-19, entre otras. Complementando lo anterior, se estima que existe legitimidad en el tratamiento de los datos correspondientes a la imagen de los servidores públicos y autoridades que concurren a dichas audiencias, por tratarse de registros que únicamente dan cuenta del ejercicio de sus funciones públicas, la que debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2164-21

Entidad pública: Municipalidad de Temuco

Requirente: Jorge Riquelme Venegas

Ingreso Consejo: 30.03.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Temuco, ordenándose la entrega de la grabación que se indica. Lo anterior, interpretando analógicamente la jurisprudencia de este Consejo, que ha sostenido que los audios de las sesiones de los Concejos Municipales son públicos de conformidad con la Ley de Transparencia. Aplica en este punto, criterio adoptado en las decisiones de amparos Roles C109- 10, C756-10, C238-11, C1063-13, C1764-16 y C3084-19, entre otras.

Complementando lo anterior, se estima que existe legitimidad en el tratamiento de los datos correspondientes a la imagen de los servidores públicos y autoridades que concurren a dichas audiencias, por tratarse de registros que únicamente dan cuenta del ejercicio de sus funciones públicas, la que debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

Aplica criterio contenido en amparo Rol C5900-19.

En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2164-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de febrero de 2021, don Jorge Riquelme Venegas requirió a la Municipalidad de Temuco, "copia del acta de la Comisión de Educación del Concejo Municipal de Temuco, celebrada el lunes 18 de enero de 2021. Solicito, asimismo, grabación de dicha sesión en forma íntegra, si se trata de una plataforma como zoom, Meet u otra, agradezco remitir el link respectivo para efectuar descarga. Se requiere la grabación de la sesión completa, sin cortes".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por oficio, de fecha 12 de marzo de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 29 de marzo de 2021, la Municipalidad de Temuco respondió a dicho requerimiento, remitiendo copia del acta solicitada y denegando la entrega de la grabación de la sesión que se indica, alegando "que "las grabaciones" no son actos administrativos identificables, por tanto, no es obligatorio la entrega a terceros".

4) AMPARO: El 30 de marzo de 2021, don Jorge Riquelme Venegas dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta incompleta a su solicitud, debido que no otorgaron la grabación requerida.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Temuco, mediante oficio N° E7538, de 5 de abril de 2021, solicitando lo siguiente: (1°) se refiera, específicamente a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) precise si obra en su poder la grabación solicitada; y, (3°) en caso de obrar en su poder: a) proceda a la conservación de la grabación hasta que la decisión de este Consejo se encuentre firme y ejecutoriada; b) detalle si el segmento de grabación consultado, contiene imágenes de personas naturales identificables; c) en el evento de existir personas naturales identificables, indique si el órgano que representa está en posición de tarjar o anonimizar sus rostros de modo de impedir su identificación; y, d) señale si la grabación objeto del amparo fue remitida a un órgano diverso del que representa, por ejemplo, Juzgado de Policía Local, Juzgado de Garantía o el Ministerio Público.

Mediante oficio ordinario N° 498, de 13 de abril de 2021, la Municipalidad evacuó sus descargos señalando, en síntesis, que la grabación obra en su poder y que contiene imágenes de funcionarios y concejales. Hace presente que dicho registro audiovisual contiene reuniones de trabajo que carecen de validez como acuerdo formal, hasta que sea transcrito, aprobado por quienes asistieron a la reunión y posteriormente validado por el Concejo Municipal, pues aquel es sólo una herramienta que se utiliza para facilitar la posterior escritura y/o transcripción de lo acordado o tratado en la reunión. Por lo anterior, lo requerido no es un acto administrativo identificable, ya que no es un acto de carácter formal. A mayor abundamiento, indicó que, las reuniones grabadas por zoom no tienen un carácter público, pues en ellas sus participantes se expresan en términos coloquiales, lo que queda comprendido dentro del ámbito de relaciones interpersonales de los asistentes.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta otorgada a la solicitud, circunscribiéndose el objeto de este al registro audiovisual de la sesión de la Comisión de Educación del Concejo Municipal de Temuco que se indica. Al respecto, el órgano reclamado denegó su acceso por considerar que no se trata de un acto administrativo susceptible de ser requerido por el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia.

2) Que, en cuanto a la información reclamada, cabe hacer presente que el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece categóricamente que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5 inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que se encuentre sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. A su turno, conforme lo dispuesto en el artículo 3 literal e) del Reglamento de la ley mencionada, se comprende dentro del concepto de "documentos", "Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquéllos." (Énfasis agregado)

3) Que, respecto de la publicidad de los registros de sesiones del Concejo Municipal, cabe tener presente analógicamente las decisiones acordadas por este Consejo con ocasión de los amparos Roles C109- 10, C756-10, C238-11, C1063-13, C1764-16 y C3084-19, entre otras, en las cuales se sostuvo que las grabaciones sonoras o audios de aquellas, son públicas, conforme a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior es coherente con lo dispuesto en el artículo 84 inciso 4° del decreto con fuerza de ley N° 1, año 2006, del Ministerio del Interior, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades - en adelante D.F.L. N° 1/2006-; que señala que las sesiones del concejo serán públicas. En base al referido marco normativo, las imágenes captadas por medio de dispositivos de video grabación o cámaras de video portátiles por parte de funcionarios municipales en cumplimiento de funciones destinadas a mantener un debido registro de los debates y decisiones adoptadas por el Concejo Municipal, o por empresas contratadas específicamente para prestar dicho servicio, constituyen, en principio, información pública.

4) Que, se debe tener presente el tipo de información que consta en los formatos requeridos, da cuenta de la realización de sesiones de Concejo Municipal, por lo que cabe presumir que dichos registros contienen esencialmente imágenes correspondientes a autoridades locales, alcalde, concejales, jefes de unidades municipales, etc., actuando en el marco del cumplimiento de sus funciones. En este orden de ideas, si bien, la imagen de los comparecientes a las sesiones de Concejo comunal, que detentan la calidad de funcionarios públicos o autoridades comunales, corresponden efectivamente a datos de carácter personal; se concluye que su tratamiento y comunicación es legítimo, al verificarse en este caso la existencia de un interés tutelable en su acceso, por cuanto la función que cumple todo servidor público, justifica un control social sobre aquella información que si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario o autoridad comunal, su publicidad resulta procedente, a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes, como el fundamento de los beneficios conferidos en mérito de la labor desempeñada y la calidad del servicio otorgado. Luego, en base a la referida premisa este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios. Sobre este punto, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma. En este contexto, resulta además necesario tener presente lo razonado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 8 de mayo de 2017, dictada en causa Rol N° 11.513-2016, que expresó en su considerando 5°, respecto de dichos funcionarios, que éstos: "(...) se encuentran sujetos a un estándar de escrutinio público mayor que el de un particular, que permita el cumplimiento de las obligaciones de la administración y el control social sobre las mismas, de otra manera no sería posible verificar el requisito exigido por la ley."

5) Que, de lo informado por el órgano reclamado, con ocasión de sus descargos, las imágenes captadas en el registro solicitado, corresponden a funcionarios y Concejales del Municipio, por lo que, en virtud de lo razonado en el considerando anterior, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de lo pedido. Aplica criterio contenido en amparo Rol C5900-19.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Jorge Riquelme Venegas en contra de la Municipalidad de Temuco, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Temuco, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante copia de la grabación de la sesión de la Comisión de Educación del Concejo Municipal de Temuco, celebrada el lunes 18 de enero de 2021.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Riquelme Venegas y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Temuco.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.