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David Ibaceta Medina con Consejo para la Transparencia Rol: 652-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 07/05/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad en contra Consejo para la Transparencia por la decisión emitida por el organismo, el cual da por atendida la solicitud realizada por el reclamante en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Texto completo:

Santiago, siete de mayo de dos mil veintiuno.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Marcos Emilfork Orthusteguy, abogado, domiciliado en calle Padre Mariano N° 128, departamento 802, comuna de Providencia, quien interpone reclamo de ilegalidad en contra del Oficio N° E16871 del Consejo para la Transparencia, representado por su director general don David Ibaceta Medina, emitida el 5 de octubre de 2020, recaída en el amparo rol C3119-20, el cual da por atendida la solicitud realizada por el reclamante en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente.

Pide se revoque la decisión adoptada por el Consejo mediante el Oficio N° E16871 de 5 de octubre de 2020, recaída en amparo Rol C3119-20, ordenando a la Subsecretaría del Medio Ambiente que entregue la información solicitada o, en su defecto, justifique debidamente que dicha información no se encuentra en su poder.

Funda su pretensión impugnatoria señalando que el 9 de abril de 2020, presentó una solicitud de acceso a la información pública ante la Subsecretaría del Medio Ambiente requiriendo, en el contexto del cumplimiento de la sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 5888-2019, de las medidas de las letras a), b) y c) de lo resolutivo del fallo, dirigidas al Ministerio del Medio Ambiente, órgano recurrido del recurso de protección con la competencia para hacerse cargo de éstas, solicitó la siguiente información:

1.- Los documentos que contengan los estudios a que hace referencia la letra a) de lo resolutivo del fallo, y cualquier otro antecedente e informe directa e indirectamente relacionado con su elaboración: "a) La autoridad sectorial deberá efectuar, a la brevedad, los estudios pertinentes para establecer, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví."

2.- Los documentos que contengan las disposiciones a que hacen referencia las letras b) y c) de lo resolutivo del fallo, y cualquier otro antecedente e informe directa o indirectamente relacionado con éstas: "b) Una vez evacuado el estudio aludido, la autoridad administrativa deberá disponer en breve plazo lo pertinente para implementar las acciones que se desprendan de dicho informe, en el que se habrá debido evaluar la procedencia de instalar filtros o dispositivos que permitan identificar y medir esos compuestos o elementos directamente en la fuente, como puede ser en las chimeneas utilizadas en los procesos industriales.

c) El Ejecutivo dispondrá lo adecuado para que las medidas que surjan del informe aludido estén cabalmente implementadas y, además, en disposición de comenzar a operar, en el término máximo de un año, contado desde el día en que esta sentencia se encuentre firme".

Expone que, el 29 de mayo de 2020, el órgano requerido da respuesta a la solicitud por la Carta DJ N° 2020092, informando respecto de (a) la nueva Norma de Calidad de SO2; (b) la implementación del Plan de Prevención y Descontaminación para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (en adelante, "PPDA"), dentro lo que se prevé una nueva norma primaria de calidad para Compuestos Orgánicos Volátiles (artículo 51 del PPDA) y el rediseño de la red de monitoreo de la calidad del aire (artículo 51 del PPDA); (c) la medición de Compuestos Orgánicos Volátiles, dentro de lo que se cuenta con las campañas de monitoreo del Norwegian Institute for Air Research (en adelante "NILU") y del Instituto de Investigaciones Ambientales de Suecia (en adelante, "IVL"), y la medición de otros contaminantes en la zona (material particulado, dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno, entre otros); (d) la Caracterización Fisicoquímica del Material Particulado Fino MP2.5; (e) los estudios y otros insumos para la elaboración de la norma secundaria para la Bahía de Quintero; (f) del Desarrollo de un Modelo de Dispersión de Contaminantes en la Bahía de Quintero; (g) del análisis de los Informes de Seguimiento de Variables Ambientales y Planes de Vigilancia Ambiental de Establecimientos que Descargan RILES a la Bahía de Quintero; (h) del Monitoreo de Humedales de Campiche, Huasco y Boca Maule; y

(i) de la Red de Monitoreo y Caracterización de Contaminantes para la Componente Agua.

Como la información entregada no correspondía a la solicitada, indica que interpuso un amparo por denegación de acceso a la información pública, en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente señalando que: "La información entregada no corresponde a la solicitada. En efecto, de acuerdo con lo resolutivo de la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 28 de mayo de 2019, ingreso rol 5888- 2019, se ha pedido el estudio que establece la metodología idónea para identificar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví. En segundo lugar, se ha solicitado la documentación asociada a la implementación de la metodología establecida en dicho estudio. Sin embargo, la respuesta del Ministerio del Medio Ambiente informa respecto de la nueva norma de calidad de dióxido de azufre, de la implementación del Decreto Supremo N° 105/2018, de la medición de compuestos orgánicos volátiles, entre otros contaminantes, de los insumos para la elaboración de una norma secundaria de calidad de aguas, entre otras medidas asociadas a este componente, y de la implementación de redes de monitoreo, sin entregar ningún estudio cuyo objetivo sea establecer fundadamente cuál es la mejor metodología para identificar la totalidad de los gases, elementos o compuestos expelidos al aire, agua y suelo, producidos por todas y cada una de las fuentes provenientes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, ni mucho menos la documentación asociada a implementar la metodología establecida en dicho(s) estudio(s)."

Además, en otros antecedentes, en el amparo de información se señaló que: "Cabe señalar que, de acuerdo con el considerando 44° de la sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 28 de mayo de 2019, ingreso rol 5888-2019, "no es posible aseverar que con la regulación y control de su emisión, en caso de que se concreten las medidas previstas en el artículo 51 del Decreto Supremo N° 105, se haya dado cobertura a la totalidad de los gases, elementos o compuestos expelidos al medio ambiente y que contaminan la zona de la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví. En otras palabras, aun cuando la consideración de estos elementos supone la incorporación de nuevas substancias o partículas a los sistemas de medición y fiscalización, ello no garantiza de modo alguno que su inclusión abarque, englobe o comprenda a todos y cada uno de los gases o compuestos perjudiciales para la salud o perniciosos para el medio ambiente y que son producidos en ese sector".

Expone que, el Consejo para la Transparencia le asignó al amparo el rol C 3119-20 y por correo electrónico de 2 de julio de 20205, el órgano requerido informa que se ha acogido al Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (en adelante, "SARC"), y adjunta la Carta SARC - SAIP 3989, con la finalidad de aclarar la información entregada en virtud de la Carta DJ N° 202009, señalando al efecto que para la componente atmosférica se identifican los estudios que se adjuntaron a la misma que contienen la información relativa al método más idóneo para identificar los gases, elementos o compuestos producidos por las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, así como las acciones para su implementación.

Además, se adjuntó a esta carta la Resolución Exenta N° 0496, de 12 de junio de 2020, que aprueba la ejecución del estudio "Red de Monitoreo y Caracterización de Contaminantes para la Componente Agua en la Bahía de Quintero", que corresponde a la implementación de los resultados de los estudios identificados para el medio hídrico, la que no se encontraba dictada al momento de contestar la Carta DJ N° 202009.

Indica que, como la respuesta complementaria de la Subsecretaría del Medio Ambiente aclara la Carta DJ N° 202009 y adjunta un nuevo antecedente que no subsana la denegación de la información, pues no corresponde a la información solicitada, el 15 de julio de 2020, manifestó la disconformidad con los antecedentes remitidos, solicitando dar curso al procedimiento de amparo.

Refiere que ni la Carta DJ N° 202009 de 29 de mayo de 2020 del Ministerio del Medio Ambiente ni la Red de Monitoreo y Caracterización de Contaminantes para la Componente Agua en la Bahía de Quintero dan cuenta de los estudios pertinentes para establecer, de manera cierta y fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar y determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, de conformidad con la letra a) de lo resolutivo de la sentencia señalada.

En dicha misiva analiza cuestiones de fondo sobre los alcances de la sentencia dictada por el Máximo Tribunal y las acciones desplegadas por la recurrida de dicha causa proteccional, para concluir que lo informado no da cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema y la información requerida.

Sostiene que, por correo electrónico de 22 de julio de 2020, el Consejo para la Transparencia adjunta el Oficio N° E114479 de 20 de julio de 2020, por el que solicita al requirente efectuar un pronunciamiento en relación con la respuesta complementaria entregada por la Subsecretaría del Medio Ambiente el 2 de julio de 2020, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de dicho oficio, haciendo presente que si en el plazo antes indicado no se recibiera comunicación alguna, se entenderá que se encuentra conforme con la respuesta proporcionada por el órgano reclamado.

Refiere que, en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo, por correo electrónico de 22 de julio de 2020, el reclamante efectuó el pronunciamiento solicitado, manifestando su disconformidad con los antecedentes remitidos, solicitando dar curso al procedimiento de amparo, aclarando la infracción cometida por la Subsecretaría del Medio Ambiente, especificando qué información de la solicitada no ha sido entregada.

Precisa que, mediante correo electrónico de 3 de agosto de 2020, don Esteban Sánchez, funcionario del Consejo para la Transparencia, solicita complementar el pronunciamiento al amparo de autos, en términos que se aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, especificando qué información de la solicitada no ha sido entregada, en consideración que se advierte que la Subsecretaría del Medio Ambiente se refiere a cada punto de la solicitud. Asimismo, el funcionario advierte que lo alegado en el pronunciamiento anterior no se enmarcaría dentro del derecho de acceso a la información, pues estaría cuestionando el contenido de la información proporcionada por la Subsecretaría, debiendo responderse dentro del plazo de 3 días hábiles, haciendo presente que si no se recibiera comunicación, se entenderá que el reclamante se encuentra conforme con la respuesta proporcionada por el órgano reclamado.

En cumplimiento de lo ordenado, por correo de 6 de agosto de 2020, se complementó el pronunciamiento efectuado el 22 de julio de 2020, aclarando la infracción cometida por la Subsecretaría del Medio Ambiente, especificando la información solicitada que no ha sido entregada, argumentando por qué el pronunciamiento efectuado sí se enmarca dentro del derecho de acceso a la información, señalando que la Subsecretaría del Medio Ambiente ha remitido información que no se le ha solicitado, denegando infundadamente la información pedida expresamente.

Expuso que, reconoce que los estudios persiguen el legítimo cumplimiento de los objetivos que se señalan en cada uno de ellos, pero lo reclamado es que estos estudios no corresponden a la información expresamente solicitada.

Finalmente, por Oficio N° E16871, de 5 de octubre de 2020, el Director General del Consejo para la Transparencia da cuenta de que el Consejo Directivo, en sesión ordinaria N° 1133 de 29 de septiembre de 2020, acordó dar por atendida la solicitud realizada por esta parte en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente, previa realización de un procedimiento de SARC, considerando que: "4) Que, este Consejo consultó a la parte reclamante, su parecer respecto de la información proporcionada por el órgano recurrido, quien no se pronunció sobre su conformidad o disconformidad dentro del plazo indicado, por lo que cabe concluir que se encuentra conforme con la misma".

Se señaló:

"1) Que, atendido el amparo deducido por don Marcos Emilfork Orthusteguy en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente, fundado en que la información entregada a su petición, donde requiere información sobre las medidas tomadas producto del fallo que indica, no corresponde a la solicitada; dicho organismo al ser notificado por este Consejo de la presente reclamación, proporcionó una respuesta complementaria al requerimiento efectuado.

2) Que, en virtud de lo anterior, este Consejo derivó el presente amparo al "Sistema Anticipado de Resolución de Controversias" (SARC), y mediante oficio E15603, de 15 de septiembre de 2020, solicitó a la parte requirente que en el plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación del referido documento, se pronunciara respecto de la respuesta entregada. Además, se le indicó expresamente que en el evento que este Consejo no recibiera comunicación alguna de su parte en el plazo conferido, se entenderá que se encuentra conforme con la información remitida por el organismo recurrido y se procedería a resolver el amparo interpuesto.

3) Que, atendida la renuncia expresa de la parte reclamante a la notificación postal, el oficio individualizado en el numeral procedente fue enviado al correo electrónico señalado en el amparo, el 16 de septiembre de 2020, sin que a la data del presente acuerdo, este Consejo haya recibido presentación alguna destinada a pronunciarse en los términos solicitados."

Como se verá, la decisión del Consejo Directivo contenida en el Oficio N° E16871 del Director General del Consejo para la Transparencia es ilegal, no sólo porque deniega el acceso a la información en circunstancias que la Subsecretaría del Medio Ambiente entregó información que no corresponde a la solicitada, sino también, porque sus fundamentos adolecen de graves errores de hecho, careciendo de motivación, de modo que debe ser dejada sin efecto, por ser contraria a derecho.

Cita el artículo 8° de la Carta Fundamental y analiza los principios de probidad, transparencia y el derecho a las personas a acceder a la información que se encuentran vinculados.

Expone que, en el mismo sentido el artículo 5°, inciso 1° de la Ley de Transparencia dispone que en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esa ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado

Cita el artículo 11 de la referida Ley, analizando el principio de máxima divulgación y el principio de facilitación y cita el artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 20.285 y entiende que la respuesta dada por la requerida contraviene el deber de los órganos de la Administración del Estado de ejercer su función con transparencia y publicidad de sus actos, ya que logra eludir su deber de entregar los estudios precisos que le ha encargado el Máximo Tribunal.

Agrega que, el derecho de acceso a la información en materia ambiental se encuentra consagrado en el artículo 10 de la Ley N° 20.285, el cual añade que el acceso a aquélla comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda otra elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.

Expone que, en materia ambiental, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptado en 1992, señala en su Principio 10 lo siguiente: "PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes"

Sostiene que, Chile acogió los principios que emanan del principio 10 de la Declaración y erigió su sistema ambiental en la Ley N° 20.417 que modificó la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en los artículos mencionados en el apartado anterior. De la regulación en el ordenamiento jurídico nacional y acuerdos internacionales se evidencia cómo acceder a la información ambiental es un presupuesto fundamental para el ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Hace presente que, por lo anterior, existe un evidente interés público en la entrega de la información relativa al cumplimiento de la sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 5888-2019, en cuanto lo que se solicita es información que sirve para esclarecer, entre otras cosas, la identidad de los gases o compuestos que causaron las intoxicaciones masivas ocurridas en agosto y septiembre de 2018 y que probablemente continúan siendo expelidos al aire, afectando, aún, los derechos de quienes habitan la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.

Luego de analizar la normativa de información que contiene la Ley N° 19.300, resalta que, es deber del Ministerio del Medio Ambiente mantener a disposición de la ciudadanía los datos técnicos y científicos precisos para la prevención de la contaminación y la calidad ambiental, en particular lo referente a la contaminación atmosférica y el impacto ambiental, que se encuentre en su poder, dentro de los cuales están los estudios pertinentes que establezcan, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.

Cita el artículo 31 quáter de la Ley N° 19.300, que señala: "Cualquier persona que se considere lesionada en su derecho a acceder a la información ambiental, podrá recurrir ante la autoridad competente, de conformidad con lo señalado en la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública".

Afirma que, la Subsecretaría del Medio Ambiente no cumple con entregar la información solicitada, que no es otra que la requerida por la Excma. Corte Suprema en la sentencia referida, infringiendo los estándares establecidos en las disposiciones de los artículos 4°, 31 bis letras a), b) y g), artículo 31 quáter y 70 letra t) de la Ley N° 19.300 y en el artículo 16 de la Ley N° 20.285, que establece la obligación de los órganos de la Administración del Estado de proporcionar la información que se les solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece el artículo 21, casos en los que deberá fundar su negativa a entregar la información, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión, circunstancias que en este caso no se producen. Se infringe, también, el artículo 14 de la Ley N° 20.285, que dispone que el órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, pero no entregando información que no corresponde a la solicitada.

Explica que, el órgano requerido tiene la obligación de entregar exactamente la información que se le solicita, o bien, puede negarse a entregarla, fundadamente, en los casos contemplados en el artículo 20 y 21 de la Ley N° 20.285, pero no se autoriza a entregar información que no se le ha solicitado, siendo, precisamente, el caso, pues la Subsecretaría del Medio Ambiente ha remitido información que no se le ha solicitado, denegando infundadamente la información peticionada expresamente, ya que no comprenden los documentos que contienen el(los) estudio(s) pertinente(s) que establezca(n), de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.

En cambio, la Subsecretaría del Medio Ambiente entrega una serie de estudios cuyos objetivos señalados en los mismos, ninguno se condice con el establecimiento del método más idóneo y adecuado en los términos recién descritos. En primer lugar, el rediseño y modernización de la red de monitoreo de la calidad del aire viene a implementar una exigencia del artículo 51 del PPDA, por lo que constituye una "acción previa" que la Excma. Corte Suprema tuvo presente al momento de dictar el fallo, pues, aun cuando la consideración de estos elementos supone la incorporación de nuevas substancias o partículas a los sistemas de medición y fiscalización, ello no garantiza de modo alguno que su inclusión abarque, englobe o comprenda a todos y cada uno de los gases o compuestos perjudiciales para la salud o perniciosos para el medio ambiente y que son producidos en ese sector.

Resalta que, no puede considerarse que este estudio se hace cargo de establecer, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía. Así, mientras la Excma. Corte Suprema exige un "método", este estudio entrega una "metodología". Por otro lado, si tuviera el objetivo que exige la letra a) de lo resolutivo de la sentencia, tampoco fundamenta por qué sólo incluyó los contaminantes que pueden ser emitidos por fuentes puntuales, ni con qué base incorporó los compuestos considerados en la tabla de contaminantes prioritarios.

Reclama que, este estudio sólo se refiere a los residuos industriales líquidos, sin justificar con qué base excluye a otros tipos de residuos, elementos o compuestos. Además, tampoco se fundamenta por qué el método descrito en él es el más idóneo para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía, por lo que no es un estudio que cumpla con el estándar requerido por la letra a) de la sentencia.

Por otra parte, el estudio "Sistematización de información de calidad de agua, sedimentos, objetos de valoración ambiental y fuentes de emisión, como insumos para la elaboración de una Norma Secundaria de Calidad de Aguas en la Bahía de Quintero" sólo presenta una recopilación de la información ambiental disponible para la calidad química del agua en la bahía de Quintero, con el objeto de definir si es suficiente para dar inicio al proceso de elaboración de una Norma Secundaria de Calidad de Aguas, sin analizar el estado ambiental de la columna de agua ni de los sedimentos.

En cuanto al estudio "Modelo de Dispersión de Contaminantes en la Bahía de Quintero", refiere que, su objetivo es conocer la circulación de las aguas en la bahía y su influencia en la dispersión y almacenamiento de contaminantes emitidos, conociendo el aporte individual y el efecto sinérgico de las fuentes emisoras sobre la calidad de agua de la bahía, el que tampoco cumple con lo exigido por la letra a) de la sentencia, pues no pretende establecer ningún método para identificar y determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía.

Finalmente, el estudio "Red de Monitoreo y Caracterización de Contaminantes para la Componente Agua en la Bahía de Quintero", tampoco sirve al fin establecido en las letras a), b) o c) de lo resolutivo de la sentencia, puesto que corresponde a la implementación de los resultados de los estudios ya referidos, que no se hacen cargo de identificar ni de caracterizar todos y cada uno de los elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.

Advierte que, por el presente reclamo no se cuestiona el contenido de la información proporcionada por la Subsecretaría del Medio Ambiente, pues no se busca controvertir el contenido de ninguno de los estudios que ha remitido el órgano requerido. Por el contrario, lo que reclama es que estos estudios no corresponden a la información expresamente solicitada en la solicitud de información ingresada el 9 de abril de 2020 como en la sentencia de la Excma. Corte Suprema y por ello, no constituyen una respuesta fundada a la denegación del acceso a la información requerida.

Finalmente, explica que, la decisión del Consejo para la Transparencia incurre en una serie de errores de hecho, que terminan por dar por atendida la solicitud realizada por el reclamante en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente.

Precisa que, el reclamante no fue notificado de ningún oficio E15603 de 15 de septiembre de 2020, de modo que en ningún momento ha podido tomar conocimiento del apercibimiento que por él se dispone, de dar la conformidad indicada en caso de que este reclamante no evacuare el pronunciamiento solicitado.

De modo que, o bien dicho oficio no ha existido en el procedimiento (caso en que existe un error de hecho), o bien no ha sido notificado a esta parte (caso en que existe un vicio de procedimiento).

Luego, nada dicen los fundamentos de la decisión del Consejo para la Transparencia sobre el pronunciamiento solicitado por el correo electrónico de 3 de agosto de 2020, enviado por el funcionario del Consejo don Esteban Sánchez, ni sobre el pronunciamiento efectuado por esta parte por el correo electrónico de 6 de agosto de 2020. Los errores y omisiones recién expuestos hacen que la decisión del Consejo para la Transparencia recaída en estos autos carezca de la debida motivación, de modo que debe ser dejada sin efecto, por ser contraria a derecho.

SEGUNDO: Que, en apoyo de su reclamación, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Cédula de identidad de Marcos Emilfork; 2. Certificado de título de Marcos Emilfork; 3. Copia simple Acuse Recibo de Solicitud de Acceso a la Información código AW002T0003989 emitido por la Subsecretaría del Medio Ambiente el 9 de abril de 2020; 4. Carta DJ N° 202009 de fecha 29 de mayo de 2020 de la Subsecretaría del Medio Ambiente en la cual se da respuesta a la solicitud realizada; 5. Ficha Reclamo C3119-20 Amparo por denegación de acceso a la información pública de 9 de junio de 2020 interpuesto en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente; 6. Correo electrónico de 2 de julio de 2020 de la Subsecretaría del Medio Ambiente que informa que se ha acogido al SARC; 7. Carta SARC - SAIP 3989 respuesta complementaria de la Subsecretaría del Medio Ambiente; 8. Correo electrónico de 15 de julio de 2020 de pronunciamiento de disconformidad del reclamante; 9. Correo electrónico de fecha 22 de julio de 2020 de solicitud de pronunciamiento del Consejo para la Transparencia; 10. Oficio N° E11447 de 20 de julio de 2020 del Consejo para la Transparencia; 11. Correo electrónico de 22 de julio de 2020 de comunicación de disconformidad del reclamante; 12. Correo electrónico de 3 de agosto de 2020 de solicitud de complemento del Consejo para la Transparencia; 13. Correo electrónico de fecha 6 de agosto de 2020 de complemento del pronunciamiento del reclamante; 14.

Oficio N° E16871 de 5 de octubre de 2020 del Director General del Consejo para la Transparencia; 15. Decisión amparo rol C3119-20 del Consejo para la Transparencia; 16. Correo electrónico de 6 de octubre de 2020 del Consejo para la Transparencia que informa sobre Oficio N° E16871.

TERCERO: Que, evacua el informe requerido don David Ibaceta Medina, abogado, Director General (S) y representante legal del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho público, domiciliada en calle Morandé N° 360, piso 7, Santiago, quien solicita el rechazo de la reclamación.

Funda sus alegaciones señalando que, el 9 de abril de 2020, el requirente solicitó a la Subsecretaría del Medio Ambiente, lo siguiente: "(...)

1.- Los documentos que contengan los estudios a que hace referencia la letra a) de lo resolutivo del fallo, y cualquier otro antecedente e informe directa e indirectamente relacionado con su elaboración: "a) La autoridad sectorial deberá efectuar, a la brevedad, los estudios pertinentes para establecer, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví."

2.- Los documentos que contengan las disposiciones a que hacen referencia las letras b) y c) de lo resolutivo del fallo, y cualquier otro antecedente e informe directa o indirectamente relacionado con éstas: "b) Una vez evacuado el estudio aludido, la autoridad administrativa deberá disponer en breve plazo lo pertinente para implementar las acciones que se desprendan de dicho informe, en el que se habrá debido evaluar la procedencia de instalar filtros o dispositivos que permitan identificar y medir esos compuestos o elementos directamente en la fuente, como puede ser en las chimeneas utilizadas en los procesos industriales.

c) El Ejecutivo dispondrá lo adecuado para que las medidas que surjan del informe aludido estén cabalmente implementadas y, además, en disposición de comenzar a operar, en el término máximo de un año, contado desde el día en que esta sentencia se encuentre firme".

Expone que, mediante Carta DJ N° 2020092, de 29 de mayo de 2020, la requerida dio respuesta a dicha solicitud, informando respecto de: (a) la nueva Norma de Calidad de SO2; (b) la implementación del Plan de Prevención y Descontaminación para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (en adelante, "PPDA"), dentro lo que se prevé una nueva norma primaria de calidad para Compuestos Orgánicos Volátiles (artículo 51 del PPDA) y el rediseño de la red de monitoreo de la calidad del aire (artículo 51 del PPDA); (c) la medición de Compuestos Orgánicos Volátiles, dentro de lo que se cuenta con las campañas de monitoreo del Norwegian Institute for Air Research (en adelante "NILU") y del Instituto de Investigaciones Ambientales de Suecia (en adelante, "IVL"), y la medición de otros contaminantes en la zona (material particulado, dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno, entre otros); (d) la Caracterización Fisicoquímica del Material Particulado Fino MP2.5; (e) los estudios y otros insumos para la elaboración de la norma secundaria para la Bahía de Quintero; (f) del Desarrollo de un Modelo de Dispersión de Contaminantes en la Bahía de Quintero; (g) del análisis de los Informes de Seguimiento de Variables Ambientales y Planes de Vigilancia Ambiental de Establecimientos que Descargan RILES a la Bahía de Quintero; (h) del Monitoreo de Humedales de Campiche, Huasco y Boca Maule; y

(i) de la Red de Monitoreo y Caracterización de Contaminantes para la Componente Agua.

Expone que, el 9 de junio de 2020, el reclamante dedujo amparo en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente, fundado en que la respuesta otorgada por dicho organismo, no corresponde a lo solicitado, por lo que el Consejo admitió a tramitación dicho amparo y atendidos sus fundamentos, derivó el caso al "Sistema Anticipado de Resolución de Controversias" (SARC); de manera de obtener del órgano reclamado una respuesta complementaria a la otorgada al solicitante de información.

Expuso que, la Subsecretaría del Medio Ambiente aceptó someterse al referido procedimiento, remitiendo información complementaria al recurrente, mediante carta de 6 de julio de 2020, identificando los estudios que se adjuntaron a la misma que contienen la información relativa al método más idóneo para identificar los gases, elementos o compuestos producidos por las fuentes presentes, así como las acciones para su implementación.

En virtud de la respuesta otorgada por la Subsecretaría del Medio, la Corporación solicitó un pronunciamiento al reclamante de amparo, respecto de su conformidad con la información remitida, lo que se materializó mediante oficio E N° 11447, de 20 de julio de 2020.

En respuesta a dicho requerimiento, mediante presentación de 28 de julio de 2020, el recurrente de amparo manifestó su disconformidad con la respuesta complementaria entregada por la Subsecretaría de Medio Ambiente, indicando que "ni la Carta DJ N° 202009 de 29 de mayo de 2020 del Ministerio del Medio Ambiente ni la "Red de Monitoreo y Caracterización de Contaminantes para la Componente Agua en la Bahía de Quintero" dan cuenta de los estudios pertinentes para establecer, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, de conformidad con la letra a) de lo resolutivo de la sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 28 de mayo de 2019, rol 5888-2019, caratulada "Francisco Chahuán Chahuán contra Empresa Nacional de Petróleos ENAP S.A.".

Atendido a que el Consejo estimó que el pronunciamiento del recurrente, se fundaba en la insatisfacción con el contenido de la información otorgada por el órgano reclamado y no con una vulneración al ejercicio del derecho de acceso a la información del recurrente, solicitó complementación del pronunciamiento, requiriendo al recurrente que aclarara la infracción cometida por el órgano reclamado, especificando qué información de la solicitada, no fue entregada por el órgano recurrido, en consideración que se advirtió que la Subsecretaría del Medio Ambiente se refirió en la respuesta complementaria otorgada, a cada uno de los puntos de la solicitud de acceso que fundó el amparo.

Indica que, en respuesta a dicho requerimiento, por correo electrónico de 14 de agosto de 2020, el reclamante complementó su pronunciamiento indicando que "Específicamente, la Subsecretaría del Medio Ambiente no ha entregado la información solicitada en el literal 1° del requerimiento de información (...). Es decir, ni su respuesta de 29 de mayo de 2020 ni su complemento de fecha 2 de julio de 2020 comprenden los documentos que contienen el(los) estudio(s) pertinente(s) que establezca(n), de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví. En cambio, como se argumentó en el amparo deducido el 9 de junio de 2020 y se demostró en el pronunciamiento efectuado el 15 de julio de 2020, la Subsecretaría del Medio Ambiente entrega una serie de estudios cuyos objetivos señalados en los mismos ninguno se condice con el establecimiento del método más idóneo y adecuado en los términos recién descritos. Por esta razón, ninguno de estos estudios remitidos por el órgano requerido han sido solicitados, por lo que no puede entenderse que éstos constituyen la información requerida, ni mucho menos pueden calificarse como una respuesta fundada a la denegación del acceso al(los) estudio(s) expresamente solicitado(s) (...)".

Atendido que el recurrente denunció la infracción a la letra a) de la solicitud de acceso fundante del amparo, se tuvo por fracasado el procedimiento SARC y se procedió a conferir traslado a la Subsecretaría del medio Ambiente, mediante Oficio N° E14196, de 25 de agosto de 2020 y por Oficio Ord. MMAA N° 203615, de 8 de septiembre de 2020, el órgano recurrido presentó sus descargos en el requerimiento, señalando que: "(...) respecto a lo alegado por el recurrente, puede señalarse lo siguiente: a. Respecto a que este Ministerio no habría entregado los estudio(s) que establece(n) la metodología idónea para identificar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, es relevante señalar que ello no es efectivo.

Mediante respuesta SARC entregada al solicitante con fecha 02 de julio de 2020, se señaló expresamente que la sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 28 de mayo de 2019, rol N' 5888-2019 (en adelante, la "Sentencia") indicó que: "La autoridad sectorial deberá efectuar, a la brevedad, los estudios pertinentes para establecer, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví' (subrayado y énfasis agregados). Por lo anterior, los estudios pertinentes dicen relación con el método más idóneo para identificar los contaminantes presentes y no con metodología, conceptos de distinto alcance, ya que mientras el primero dice relación con el modo de obrar o proceder, el segundo, es un conjunto de métodos propios de una investigación científica. Es así que esta Subsecretaría acompañó a la carta de respuesta DJ N° 202009, de 29 de mayo de 2020 todos los estudios que contienen la información relativa al método más idóneo para identificar los gases, elementos o compuestos producidos por las fuentes presentes, así como las acciones para su implementación:

Medio atmosférico: Se adjuntó a la Carta DJ N 202009 todos los estudios y documentos en virtud de los cuales se informó el método por el que se está identificando la naturaleza y características de los gases, elementos o compuestos producidos por las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, así como su forma de implementación. A saber, los siguientes: a) Informe "Huella digital de compuestos orgánicos volátiles en la zona de Quintero-Puchuncaví. Resultados de la campaña preliminar (screening) de medición de COV", elaborado por NILU, julio de 2019; b) Informe de resultados de las concentraciones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), elaborado por el Instituto de Investigaciones Ambientales de Suecia (IVL), marzo de 2020; c) Guía metodológica para la estimación de emisiones fuentes puntuales, Ministerio del Medio Ambiente, 2019. provenientes de Resolución Exenta N° 415, de 19 de mayo de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que "Da inicio a la elaboración del anteproyecto de norma primaria de calidad del aire para compuestos orgánicos volátiles (COVs); d) Resolución Exenta N° 440, de 26 de mayo de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que "Establece Programa de Regulación Ambiental 2020-2021"; e) Resolución Exenta N° 0397, de 15 de mayo de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente que "Adjudica licitación pública del contrato denominado "Caracterización del factor meteorológico para calidad del aire y categorización de las condiciones de ventilación para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví".

Medio hídrico: se informó en la Carta DJ NO 202009, el desarrollo de los siguientes estudios, los que ya se encuentran analizados: a) Informe Final "Análisis crítico de los Informes de Seguimiento Ambiental y de los Planes de Vigilancia Ambiental de los Establecimientos que Descargan Residuos Líquidos a la Bahía de Quintero, Región de Valparaíso", elaborado por la Consultora HOLON, diciembre de 2019; b) Informe Final "Sistematización de información de calidad de agua, sedimentos, objetos de valoración ambiental y fuentes de emisión, como insumos para la elaboración de una Norma Secundaria de Calidad de Aguas en la Bahía de Quintero", elaborado por el Centro de Ecología Aplicada, abril de 2020; c) Informe "Monitoreo de Humedales Boca Maule (Región del Biobío), Estero Campiche (Puchuncaví, región de Valparaíso) y Desembocadura del Río Huasco (Región de Atacama), en el contexto de la red de monitoreo de ecosistemas acuáticos del Ministerio del Medio Ambiente", elaborado por BROMA Consultores Ambientales, abril de 2020; d) Informe Etapa N° 4. "Modelo de dispersión de contaminantes en la Bahía de Quintero", elaborado por la Consultora Con Potencial, mayo de 2020. Asimismo, mediante la respuesta SARC enviada al recurrente, se informó que se había contratado a la Fundación CsiroChile Research para la ejecución del estudio "Red de Monitoreo y Caracterización de Contaminantes para la Componente Agua en la Bahía de Quintero", aprobado mediante Resolución Exenta N' 0496, de 12 de junio de 2020.

De esta forma, es posible observar que los estudios pertinentes que fueron entregados dicen relación con el método más idóneo para identificar los contaminantes presentes y no la metodología, conceptos que --como se mencionó- son de distinto alcance. En consecuencia, se adjuntó toda la documentación pertinente con la que cuenta esta Subsecretaría, no existiendo más datos que los efectivamente entregados.

Por otra parte, reiteramos que la información entregada en la Carta DJ N°

202009 permite contextualizar la situación jurídico-normativa de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la medida que la Sentencia no puede entenderse de forma aislada a la gestión que el Estado ha desarrollado a través de los años, el que en virtud de distintos instrumentos de gestión ambiental ha identificado las fuentes que existen en la bahía, así como los contaminantes que ésta generan. No obstante, y tal como señala la Sentencia, existen contaminantes no normados respecto de los cuales no se contaba con información y que resultan relevantes de identificar atendidas las actividades que desarrollan las fuentes existentes en el área.

Asimismo, es importante señalar que el reclamo del recurrente dice relación con su disconformidad respecto al debido cumplimiento de la Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 28 de mayo de 2019, ro1 5888-2019, no respecto a si esta Subsecretaría efectivamente ha cumplido con su deber de entregar todos los estudios pertinentes. En este sentido, el presente amparo no es la vía idónea para solicitar que se dé cuenta del cumplimiento de las medidas que fueron ordenadas mediante la Sentencia ni tampoco para reclamar respecto a su contenido. De esta forma, aparece de manifiesto que lo solicitado por el recurrente es que este Ministerio del Medio Ambiente, en el marco de un procedimiento de amparo, dé cuenta del cumplimiento de una sentencia que ya se encuentra bajo el conocimiento de la l. Corte de Apelaciones de Valparaíso, habiéndose entregado en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, todos los actos y resoluciones, sus fundamentos, v los documentos que les sirven de sustento o complemento directo v esencial con que este órgano de Administración del Estado cuenta".

Expone que, en mérito de lo sostenido por la Subsecretaría del Medio Ambiente, el Consejo solicitó pronunciamiento al recurrente sobre su conformidad respecto de la respuesta otorgada por el órgano recurrido, por medio de oficio N° E15603, de 15 de septiembre de 2020 y atendida la renuncia expresa de la parte reclamante a la notificación postal, el oficio precedente fue enviado al correo electrónico señalado en el amparo, el 16 de septiembre de 2020, indicándose, expresamente, que el pronunciamiento debería efectuarse en el plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación del oficio respectivo y si no se recibía comunicación alguna, se entendería que se encuentra conforme con la respuesta proporcionada por el órgano reclamado y se procederá a resolver derechamente el amparo que dedujera en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente.

Precisa que, a la data del acuerdo, esto es, el 29 de septiembre de 2020, el Consejo no recibió presentación alguna por parte del recurrente destinada a pronunciarse en los términos solicitados y luego de analizarse todos los antecedentes, mediante Decisión de Amparo Rol C3119-20, adoptada el 29 de septiembre de 2020, se tuvo por atendida la solicitud de información efectuada por don Marcos Emilfork Orthusteguy a la de Subsecretaría del Medio Ambiente.

En cuanto al fondo, sostiene que, de la lectura de su impugnación, se advierte que el fundamento de la impugnación se vincula específicamente con la falta de conformidad con lo resuelto por el Consejo, al establecer que la referida Subsecretaría dio cumplimiento a su obligación de informar, teniendo por atendida la solicitud de acceso tramitada por don Marcos Emilfork Orthusteguy. Precisa que, las alegaciones efectuadas por el reclamante de ilegalidad, para fundar su impugnación, en particular, aquellos argumentos de carácter técnico, que a su juicio, justifican que la información otorgada por la Subsecretaría del Medio Ambiente; no corresponde a lo solicitado en el amparo Rol C3119-20, ya que exceden del marco de alegaciones por afectación del derecho de acceso a la información pública; tratándose más bien, de alegaciones relativas al ejercicio del derecho de petición, contemplado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política.

Sostiene que, el recurrente pretende obtener por medio de la tramitación del presente arbitrio, un pronunciamiento relativo al contenido de la información ambiental generada por la Subsecretaría del Medio Ambiente sobre la materia consultada, que fue efectivamente entregada al requirente de información y si esta se ajusta a la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en autos Rol N° 5888-2019, requerimiento que se puede encuadrar en el ejercicio del derecho de petición contemplado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política, pero en ningún caso puede fundar la pretendida ilegalidad en la adopción de la decisión de amparo rol C3119-20.

Alega que, atendido que el reclamante no desarrolla ni explica cuál sería la ilegalidad cometida por el Consejo al dar por entregada la información, el reclamo resulta ser improcedente de conformidad a lo establecido en el art. 28 de la Ley de Transparencia, incurriendo en una omisión argumentativa y defecto procesal grave que impide a esta Corte resolver sobre la hipotética ilegalidad, pues no se plantea ninguna infracción legal, sino que se pretende renovar la discusión jurídica sostenida en sede de amparo sobre la base de los mismos hechos que originaron su solicitud, lo que en términos procesales implica recurrir de apelación ante esta Tribunal del Alzada, lo que no resulta admisible, atendida la naturaleza jurídica del reclamo de ilegalidad, citando jurisprudencia en apoyo.

Precisa que, el amparo rol C3119-20 resolvió dar por entregada la información, debido a que el Consejo verificó la conformidad objetiva entre la información requerida y la información efectivamente entregada al solicitante por la Subsecretaría del Medio Ambiente, sin que el recurrente de amparo se pronunciara en los términos específicamente requeridos en el oficio N° E15603 de 15 de septiembre de 2020.

Hace presente que, en forma posterior a ser evacuados los descargos, en atención a la información que fue otorgada al reclamante en las distintas etapas procesales, y la precisión efectuada por la Subsecretaría de Medio Ambiente, en orden a que no obraba en su poder información diversa o complementaria a la que fue efectivamente otorgada; el amparo Rol C3119-20 fue derivado al Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), que consiste en un procedimiento alternativo de resolución de reclamos o amparos. En las sucesivas respuestas se le envió toda la información e informes requeridos al reclamante y al evacuar el traslado la requerida, se le puso en conocimiento al reclamante la información complementaria, dándole un plazo para su observación, bajo apercibimiento de tener por satisfecha su petición y ante su falta de respuesta, no obstante haber sido dirigida correctamente a su casilla de correo, se tuvo por resuelto el amparo.

Agrega que, aun prescindiendo del trámite de pronunciamiento, resultó forzoso para este Consejo, estimar como atendida la solicitud de información planteada ante la Subsecretaría del Medio Ambiente, por cuanto, se proporcionó al requirente toda la información que posee en relación a lo pedido, relacionada con el cumplimiento del referido fallo judicial.

Reitera que, que las discrepancias manifestadas por el requirente de acceso en las diversas etapas del procedimiento de amparo, y que renueva improcedentemente este sede judicial, se vinculan inequívocamente con el alcance y contenido de la información otorgada; y no con la falta de entrega de alguna información en particular, por lo que se determinó que resultaba procedente en la especie, dar por atendida la solicitud de acceso a la información que fundó el amparo.

Reitera que, los fundamentos de la presente impugnación no constituyen alegaciones vinculadas a la vulneración del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, amparada por la Ley de Transparencia, sino más bien, de la manifestación del derecho de petición, contemplado en el artículo 19 N° 14 de la Carta Fundamental, por cuanto, se solicita una determinada acción de parte de un Órgano de la Administración del Estado.

Explica que, el reclamante no cuestiona que efectivamente se le otorgó acceso a los antecedentes, documentos o resoluciones que obran respecto a la materia consultada, en poder de la Subsecretaría del Medio Ambiente; sino que solicita expresamente que dicho organismo proceda a ajustar los términos de la información otorgada, a los parámetros establecidos en la sentencia dictada por la

Excma. Corte Suprema, en causa rol 5888-2019. Frente a dichas argumentaciones, señala que la Ley N° 20.285 no contempla norma alguna que obligue a los órganos del Estado a realizar determinadas acciones dentro del ámbito de su competencia, ni a elaborar explicaciones o aclaraciones, es decir, no obliga a la Subsecretaría del Medio Ambiente a generar un pronunciamiento sobre una situación específica para satisfacer los "requerimientos de información" que efectúen las personas, amparados en la citada norma, tal como pretende el reclamante, aun cuando dicha pretensión detente un fundamento plenamente legítimo, como lo es, la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema. En efecto, un amparo deducido ante el Consejo o un reclamo de ilegalidad, de derecho estricto, no constituyen vías idóneas para requerir el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones ambientales emanadas del dictado de la sentencia judicial previamente referida, citando jurisprudencia en apoyo de sus alegaciones.

CUARTO: Que, en apoyo de sus alegaciones, la reclamada acompañó los siguientes documentos: 1. Decisión de Amparo N° C3119-20, adoptada por el Consejo para la Transparencia el 29 de septiembre de 2020; 2. Solicitud de acceso a la información, presentada el 9 de abril de 2020, por el reclamante, a la Subsecretaría del Medio Ambiente; 3. Carta N° 202009, de 29 mayo de 2020, en virtud de la cual Subsecretaría del Medio Ambiente dio respuesta a la solicitud de información; 4. Amparo Rol C3119-20, por Denegación de Acceso a la Información, presentado el 9 de junio de 2020, por el reclamante en contra de Subsecretaría del Medio Ambiente; 5. Carta de 2 de julio de 2020, de la Subsecretaría del Medio Ambiente, remitida al reclamante, en el contexto del procedimiento SARC, efectuado en el amparo rol C3119-20; 6. Oficio de Pronunciamiento N° E11.447, de 20 de julio de 2020; pronunciamiento disconforme de don Marcos Emilfork Orthusteguy de 28 de julio de 2020, y su respectiva complementación de 14 de agosto de 2020; 7. Oficio N° 203215, de 8 de septiembre de 2020, en virtud del cual la Subsecretaría del Medio Ambiente evacuó sus descargos al Amparo rol C3119-20; 8. Oficio de Pronunciamiento N° E15.603, de 15 de septiembre de 2020 y constancia de su remisión al correo electrónico consignado por el recurrente de amparo de 16 de septiembre de 2020.

QUINTO: Que los actos administrativos están revestidos de la presunción de legalidad, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 3° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos del Estado, presunción de carácter legal que puede ser desvirtuada, siendo de carga de la reclamante acreditar la ilegalidad invocada.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo señalado, el control que en esta sede se puede realizar, sólo se basa en la legalidad o no del acto reclamado, sin poder modificar lo resuelto en caso de que el acto impugnado se ajuste al derecho vigente.

En la especie, la reclamante no señala la norma infringida, solo manifiesta su disconformidad entre la información entregada y lo resuelto por la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en causa rol 5888-2019.

Así, por ejemplo, sostiene la reclamante que "no puede considerarse que este estudio se hace cargo de establecer, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía. Así, mientras la Excma. Corte Suprema exige un ‘método’, este estudio entrega una ‘metodología’. Por otro lado, si tuviera el objetivo que exige la letra a) de lo resolutivo de la sentencia, tampoco fundamenta por qué sólo incluyó los contaminantes que pueden ser emitidos por fuentes puntuales, ni con qué base incorporó los compuestos considerados en la tabla de contaminantes prioritarios". Lo que deja en evidencia su disconformidad con el contenido técnico de la información entregada, en cuanto a que en su opinión no da cumpliento a la sentencia señalada.

SÉPTIMO: Que, si bien la reclamante sostiene su arbitrio en que no se ha entregado la información solicitada, lo cierto es que el Consejo para la Transparencia otorgó acceso a los antecedentes, documentos o resoluciones que obran respecto a la materia consultada, en poder de la Subsecretaría del Medio Ambiente.

En este sentido, el amparo rol C3119-20 resolvió dar por entregada la información, debido a que el Consejo verificó la conformidad objetiva entre la información requerida y la información efectivamente entregada al solicitante por la Subsecretaría del Medio Ambiente, sin que el recurrente de amparo se pronunciara en los términos específicamente requeridos en el oficio N° E15603 de 15 de septiembre de 2020, habiéndose notificado por correo electrónico en su oportunidad.

OCTAVO: Que, la acción de reclamación no es la vía idónea para requerir el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones ambientales emanadas de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en causa rol 5888-2019.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, esta Corte estima que no existe ilegalidad en el acto administrativo impugnado, toda vez que fue dictado por funcionario competente y dentro de sus facultades, con pleno respeto a la normativa vigente.

En consecuencia la presente acción de reclamación no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículo 28 de la Ley de Transparencia, se declara: Que se RECHAZA, el recurso de reclamación deducido por el abogado Marcos Emilfork Orthusteguy contra del Oficio N° E16871 del Consejo para la Transparencia.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del abogado integrante Sr. Cristián Lepin Molina.

Rol 652-2020.

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Suplentes Maria Ines Lausen M., Ana Maria Osorio A. y Abogado Integrante Cristian Luis Lepin M. Santiago, siete de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a siete de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.