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Consejo de Defensa del Estado con Consejo para la Transparencia Rol: 633-2020

Consejo para la Transparencia, 11/05/2021

Consejo de Defensa del Estado deduce reclamo en contra del Consejo para la Transparencia por la ilegalidad en que habría incurrido con motivo de la Decisión de Amparo mediante la cual se acogió el amparo por denegación de acceso a la información pública formulado ordenando a la Fuerza Aérea de Chile hacer entrega al requirente de copia de la Hoja de Vida del Comandante Leonel Olguín González, quien se encuentra en servicio activo. Corte rechaza la reclamación.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Ordena retrotraer procedimiento

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Ministros:

  • Jaime Balmaceda Errázuriz

Texto completo:

Santiago, once de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Ruth Israel López, abogado Procurador Fiscal de Santiago, en representación del Consejo de Defensa del Estado, y deduce reclamo en contra del Consejo para la Transparencia por la ilegalidad en que habría incurrido con motivo de la Decisión de Amparo Rol N° 3633-20, adoptada en Sesión de 22 de septiembre de 2020, mediante la cual se acogió el amparo por denegación de acceso a la información pública formulado por don Luis Flores, ordenando a la Fuerza Aérea de Chile hacer entrega al requirente de copia de la Hoja de Vida del Comandante Leonel Olguín González, quien se encuentra en servicio activo.

Explica que mediante solicitud de información pública de 29 de mayo de 2020, don Luis Flores requirió de la Fuerza Aérea de Chile copia de las Hojas de Vida funcionaria del Comandante Sr. Leonel Olguín González, correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019, época en que dicho Oficial se desempañaba en la Dirección General de Movilización de la Defensa Nacional. La Fuerza Aérea de Chile negó su entrega fundado en la oposición del Oficial Sr. Leonel Olguín González, quien al ser consultado no otorgó su consentimiento. Hace presente que la institución agregó además como fundamentos las causales de reserva o secreto del artículo 21 de la Ley N° 20.285, en sus numerales 2 y 3 y éste último, con relación a lo previsto en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar.

Como ilegalidades en que habría incurrido la decisión que se impugna, señala las siguientes:

I.- Procedencia de las causales de reserva y secreto contempladas en el artículo 21 numerales 2 y 5 de la Ley de Transparencia, con relación a lo dispuesto por la Ley N° 19.628, "Sobre Protección de la Vida Privada", y al artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Explica a este respecto que las Hojas de Vida de cualquier funcionario público civil dicen relación fundamentalmente con su desempeño funcionario, pero en el caso de las Fuerzas Armadas en éstas se registran además datos de carácter de personal, entendiéndose por tales aquellos que conciernen a una persona natural, identificada o identificable.

Asimismo, dentro de estos antecedentes también es posible encontrar datos a los cuales la ley les ha otorgado el carácter de sensibles, por cuanto se refieren a las características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada, tales como el origen racial, ideologías, creencias o convicciones religiosas, estados de salud físicos o psíquicos, comportamiento financiero, etc.

Hace presente que recientemente la Ley N° 21.096, que Consagra el Derecho a Protección de los Datos Personales, incorporó expresamente el "Habeas Data" en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, agregando como garantía la protección de datos personales y señala que su tratamiento y protección se efectuará en la forma y condiciones que establece la ley.

Agrega que en la Hoja de Vida -confeccionada de conformidad a la Resolución CJ N° 0418, de mayo de 2005- se registra en forma cronológica el comportamiento y desempeño profesional de cada miembro de la Fuerza Aérea de Chile, lo que incluye juicios de valor "extra funcionarios" propios de la profesión militar, dejando constancia de cualquier otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal. En particular, las entrevistas de evaluación, las cuales pueden ser requeridas por el calificador cuantas veces estime conveniente, y consisten en una reunión formal entre el calificador y el calificado, orientadas a corregir y/o moderar determinadas conductas del personal.

II.- Procedencia de la causal contemplada en el artículo 21 numerales 3 y 5 de la Ley N° 20.285, en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar y el artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424.

Explica que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas, conforme lo establece expresamente el artículo 101 inciso tercero de la Constitución Política de la República; existen para la defensa de la Patria y son esenciales para la seguridad nacional, como lo establece el inciso primero de la norma citada, que ordena a su vez que una Ley Orgánica Constitucional regule normas básicas referidas a la antigüedad, mando y sucesión de mando.

Indica que los antecedentes relacionados a los procesos de calificación de los miembros de las Fuerzas Armadas deben entenderse como reservados, ya que las Hojas de Vida forman parte del Sistema de Calificación y Proceso de Selección de las Instituciones Armadas, contenido en los artículos 75 y siguientes del DFL1, del Ministerio de Defensa, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Mediante éstas se evalúa el desempeño de un funcionario "de acuerdo con las características de su empleo, el grado jerárquico, su especialidad y exigencias del respectivo cargo". El inciso segundo de la misma norma indica que "Las calificaciones servirán de base para resolver la permanencia, la eliminación del servicio o la prórroga del respectivo contrato cuando corresponda, como asimismo, para determinar la procedencia de los ascensos, mandos, destinaciones o comisiones del personal".

Así, prosigue el reclamante, corresponde a las Juntas de Selección de Oficiales el conocimiento, estudio y valorización de las calificaciones, todo lo cual se ejecuta en sesiones que son secretas y que constan en actas que también lo son. De lo anterior fluye, necesariamente, que los antecedentes que sirven de bases para las resoluciones adoptadas por dichos órganos, en ningún caso pueden constituir información pública.

Argumenta que las Hojas de Vida contienen información relacionada directamente con la Seguridad de la Nación. En consecuencia, su publicidad no sólo quebranta principios fundamentales de la profesión militar, sino que pone en riesgo los objetivos y fines que la Carta Fundamental exige cumplir a las FFAA. La condición reservada de la Hoja de Vida permite que los superiores tengan plena libertad y autonomía, exenta de toda presión para registrar sus consideraciones, felicitaciones, méritos y castigos. Además, se contienen hechos propios del servicio concerniente a la preparación y capacitación militar, expresando también el estándar con que son preparados dentro de la institución

Estos documentos -prosigue- son reservados para los integrantes de la Fuerza Aérea de Chile, de modo tal que debiesen tratarse de igual forma para con personas ajenas a la institución, debido a que ellas forman parte de un proceso reglado y reservado de calificaciones y selección, según lo dispone el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, y el artículo 79 del Decreto con Fuerza de Ley (G) N° 1, de 1997, más aun tratándose de un oficial en servicio activo.

Asimismo, estima que la publicidad pretendida afecta los principios de obediencia y verticalidad de mando propios de las instituciones armadas, ya que su publicidad podría afectar la credibilidad de los mecanismos que tiene la Institución para observar, mantener, ascender y/o dar término a la carrera de un oficial. De hecho, su publicación, aún parcializada, puede ir definiendo el perfil de la carrera y formación de una especialidad, información de gran utilidad en manos interesadas en determinar quiénes son los posibles funcionarios que estarán en ciertos y específicos cargos o puestos de mando.

Por otra parte, la "Hoja de Vida" constituye el instrumento reservado mediante el cual la Fuerza Aérea de Chile determina los perfiles de mando en base a las especiales capacidades contenidas en dicho documento. Lo anterior es importante desde la perspectiva de inteligencia militar.

Adiciona que la causal invocada guarda concordancia con la reserva objetiva impuesta por el número 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, en tanto señala que procede dicha denegación cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo con las causales del artículo 8° de la Constitución Política.

Afirma que ambas causales se relacionarían directamente con lo previsto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, ley de quórum calificado, que establece precisamente una causal de secreto y/o reserva al expresar: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 1° Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile y de su personal".

Por otra parte -continúa relatando-, el secreto y/o reserva de esta información se encontraría también contemplado en los literales a) y b) del artículo 34 de la Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, que expresan: "Artículo 34.- Los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional son públicos. Los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional, incluidos los que acompañan el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, serán secretos o reservados en todo lo relativo a: a) Planes de empleo de las Fuerzas Armadas. b) Estándares en los que operan las Fuerzas Armadas."

En otro orden de ideas, refiere que el CPLT, al desechar la concurrencia de las causales invocadas, reitera la necesidad de ponderar la afectación efectiva al bien jurídico protegido al sostenerse que además de la norma legal pertinente, se requiere acreditar que la publicidad de la información afecte alguno de los bienes jurídicos mencionados en el artículo 8° de la Carta Fundamental. Sin embargo, no existe ninguna norma en la Ley de Transparencia que establezca la facultad del Consejo de cuestionar la constitucionalidad de una norma legal de quórum calificado por disposición de la Constitución Política. Esta atribución no se contempla entre aquellas que señala el artículo 33 de la Ley de Transparencia.

Añade que no debe olvidarse que tal mandato se aplica directamente y obliga, según dispone el artículo 6° de la Carta Fundamental, tanto a titulares como a integrantes de los órganos del Estado, "como a toda persona, institución o grupo". Dicha norma dispone que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos" pero luego agrega que una ley de quórum calificado puede establecer la reserva o secreto en ciertas circunstancias.

Es eso lo que ha hecho el artículo 436 del Código de Justicia Militar.

Segundo: Que en su informe el Consejo para la Transparencia solicita el rechazo del presente arbitrio.

Expone que luego de analizarse todos los antecedentes, el Consejo para la Transparencia, mediante Decisión Rol C3633-20 adoptada con fecha 22 de septiembre del año 2020, acogió el amparo requiriendo entregar al solicitante copia de la hoja de vida del Comandante de la Fuerza Aérea de Chile don Leonel Olguín González, de los años 2017 a 2019, pero reservar las anotaciones que digan relación con la realización de actividades o labores de inteligencia y de carácter sensible relacionadas con otros países que pudiera contener; así como tarjar todos aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada por el funcionario, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario consultado. Además, dispuso tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 19.628.

En cuanto a las alegaciones de derecho, argumenta que la información contenida en las hojas de vida de funcionarios públicos es pública en virtud de lo dispuesto en los artículos 8° de la Constitución Política y 5°, 10 y 11, letra c), de la LT, ya que versa sobre la carrera funcionaria, calificación y desempeño en el ejercicio de sus funciones, sirviendo su contenido de fundamento para la adopción de decisiones en los respectivos procesos calificatorios.

Indica que de acuerdo a la definición de Hoja de Vida que entrega el artículo 79 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, el Consejo reclamado concluyó que la información requerida obra en poder de la FACH y ha sido elaborada con el propósito de contar con un insumo para evaluar el desempeño del Sr. González Olguín, pues ésta ha servido de fundamento de las resoluciones dictadas por dicha institución en los respectivos procesos calificatorios del mencionado funcionario.

Hace presente que si bien la FACH no remitió, bajo reserva del artículo 26 de la Ley N° 20.285, la Hoja de Vida que le fue requerida por ese Consejo para el análisis en concreto, su parte ha podido revisar el contenido material de otras, de ex oficiales de la Fuerza Aérea de Chile (Amparo Rol C2290-19), pudiendo constatar que registran información sobre evaluaciones de desempeño, ciertas anotaciones de sus superiores jerárquicos, así como apreciaciones sobre la ejecución de tareas inherentes a los cargos desempeñados mientras están sujetos a calificaciones, sirviendo como antecedente y fundamento para la adopción de decisiones relacionadas con los procesos de evaluación, calificación y ascensos.

Agrega que si la información obra en poder de un organismo de la Administración Pública es en principio pública y para desvirtuarlo debe acreditarse que concurre una causal de secreto o reserva y quien alega debe acreditar los presupuestos que la hagan aplicable.

En este contexto, expone que la FACH sólo invocó alegaciones genéricas sobre la materia y no logró acreditar de qué modo concreto y específico la entrega de los datos requeridos pudiere afectar los bienes jurídicos cautelados por los preceptos legales y constitucionales que citó.

Agrega que el Consejo ponderó adecuadamente las especiales funciones que cumple el personal de las F.F.A.A. y su sistema de calificaciones, lo que consta expresamente en la decisión recurrida, no siendo efectivo que su parte desconozca la importante misión institucional que debe cumplir la institución. Sin embargo, explica que ni la Constitución Política de la República, ni la Ley N° 20.285 dejó a las Fuerzas Armadas, y en particular a la FACH, exentas o no regidas por el principio de publicidad de sus actuaciones, ni al margen del derecho de acceso a la información pública.

Señala también que la Fuerza Aérea de Chile carece de legitimación activa para invocar la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la LT, por cuanto el tercero involucrado, don Leonel Olguín González, fue notificado en todas las etapas del procedimiento, inclusive de la decisión de amparo, decidiendo no reclamar de ilegalidad ante esta Corte de Apelaciones.

Funda esta alegación en que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la citada ley, una vez ejercido el "derecho a oposición" por parte del tercero eventualmente afectado con la publicidad de la información requerida, el órgano queda impedido de proporcionar la información solicitada, salvo resolución en contrario del Consejo para la Transparencia, en cuyo caso, la Fuerza Aérea de Chile no se encuentra facultada para reclamar de ilegalidad en virtud de la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley, a diferencia de la situación del "tercero afectado", a quien la norma le reconoce expresamente la facultad de recurrir, ello por expresa disposición del inciso 3° del artículo 28 del mismo texto legal.

En subsidio de lo anterior, estima que la publicidad de las Hojas de Vida y calificaciones de funcionarios públicos no se encuentran comprendidas en la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 2 de la LT, por cuanto se relaciona con el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia aplicable a quienes se desempeñan en órganos públicos o en aquellos creados para el cumplimiento de funciones administrativas.

Indica que los servidores públicos al desempeñar su trabajo realizan una función pública, que debe ejercerse con probidad y transparencia, tal como lo establecen los artículos 8° de la Constitución y 3° y 4° de la Ley de Transparencia. La sujeción a dichos principios no tiene excepción o exclusión alguna, tratándose de funcionarios que se han desempeñado en las Fuerzas Armadas. En consecuencia, la Hoja de Vida funcionaria ordenada proporcionar al solicitante constituye información directamente relacionada con el ejercicio de la función pública que ha desempeñado el Sr. Leonel Olguín González en calidad de funcionario de la Fuerza Aérea de Chile, que permite verificar o conocer sus actuaciones funcionarias y su carrera en la institución, por lo que es información esencialmente pública,

Luego afirma que la decisión recurrida no vulnera el derecho al respeto y protección de la vida privada y la protección de datos personales consagrado en la Ley N° 19.628 y en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, por cuanto la entrega de la Hoja de Vida requerida se dispuso por el Consejo reservando datos que se refieran a las características físicas o morales del funcionario consultado y a datos personales de contexto que no se relacionen con el ejercicio de la función pública.

Añade que no basta la existencia e invocación de una norma a la que se le atribuya el carácter de ley de quórum calificado que establezca el secreto de ciertos antecedentes para dar por configurada la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, si la publicidad no afecta alguno de los bienes jurídicos señalados en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política. Explica que el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar dispone la reserva de aquellos documentos directamente relacionados con el resguardo de la Seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y atendidos dichos objetivos, el Consejo sistemáticamente ha concluido que la funcionalidad del secreto establecido en dicho artículo es restar del conocimiento público aquellos antecedentes documentales directamente vinculados con las funciones de garante de la Seguridad de la Nación y Defensa Nacional, siempre que, a consecuencia de la publicidad de esos antecedentes, se vean afectados dichos bienes jurídicos, lo que no ocurriría en el caso de autos. En efecto, en el presente caso es posible sostener que la información contenida en la Hoja de Vida del oficial consultado no dice relación con antecedentes ni datos relativos a la Defensa Nacional o la Seguridad de la Nación, con la cual pudiera develarse información específica relativa a la estrategia, inteligencia o defensa militar o con planes de operación de las Fuerzas Armadas o de su personal, ni implica revelar su dotación, ya que la información requerida se refiere sólo a su historial funcionario en la institución, por lo cual tampoco implica un debilitamiento al rol o misión de las Fuerzas Armadas en la actualidad.

Siendo las causales de reserva una excepción a la publicidad, su interpretación, configuración y aplicación debe ser de carácter restrictivo, pues limitan el derecho de acceso a la información, que tiene el carácter de derecho fundamental implícito reconocido en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política.

Sostiene que la Hoja de Vida institucional no resulta ser un documento subsumible en lo dispuesto en el artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. Refiere que a partir de las decisiones pronunciadas en los amparos Roles C349-11 y C536-11, su parte estableció la necesidad de adoptar una interpretación restrictiva que delimite su alcance -al tratarse de una limitación de un derecho constitucional-, para de ese modo evitar que se desvirtúe el carácter excepcional que poseen las reglas de secreto.

La entrega al solicitante de la hoja de vida requerida -prosigue- no afecta la seguridad de la nación, por lo que tampoco se configura la causal de secreto prevista en el artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285. Expone que si bien la Seguridad Nacional es un concepto jurídico indeterminado, que adquiere contenido y alcance en su aplicación a casos concretos, se ha entendido que es un "Bien colectivo, de rango constitucional, que preserva la independencia del país y que obliga la defensa de la soberanía, su institucionalidad republicana y la integridad territorial de Chile, frente a agresiones externas, calificadas como tales por el ordenamiento nacional e internacional". Sin embargo, lo que se ordenó entregar se trata de información que no se encuentra directamente relacionada con las actividades de seguridad y defensa de la Nación, ni revelan estrategias militares, que despliega por mandato legal la FACH, ni tampoco ponen en riesgo la defensa de la patria, ni la integridad territorial, ni la preservación del orden institucional del país, máxime si en la parte resolutiva de la decisión recurrida se ordena reservar los antecedentes que se indican en la decisión.

Tercero: Que como lo afirma el reclamado, la norma constitucional del artículo 8° consagra el principio de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen en al ámbito de sus competencias y la Ley N° 20.285 creó la nueva institucionalidad con miras a promover y garantizar la transparencia. En consecuencia, la regla general es la publicidad y acceso a la información pública y la excepción la constituyen las causales del artículo 21 de la citada ley u otras que establezca una ley de quórum calificado, las que deben entenderse como un desarrollo o aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de la norma constitucional.

Sin embargo, la transparencia no es absoluta, pues el orden constitucional admite motivos legítimos para que actos o resoluciones, como los documentos que los sustenten, sus fundamentos o procedimientos, puedan mantenerse en secreto o reserva, siempre que quien la invoca acredite los hechos que la justifican.

Cuarto: Que sin duda el objetivo de la Ley de Transparencia no es permitir, sin limitación alguna, la divulgación a terceros de información de naturaleza privada o pública que obra en poder de la Administración.

En el caso que se revisa se trata de la Hoja de Vida de un funcionario público -activo de la institución requerida-, es decir, de un antecedente que existe y obra en poder de la Fuerza Aérea de Chile.

Quinto: Que en cuanto a la excepción de falta de legitimidad activa alegada por la reclamada, en relación a la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.085, esta será acogida, por cuanto no es procedente que la institución se subrogue en el interés particular del funcionario, quien debidamente notificado en cada una de las instancias administrativas decidió no reclamar contra la decisión que dispuso la entrega de la información. De lo expuesto en el libelo de autos es evidente que la institución reclamante al esgrimir la citada causal lo hace en defensa de fines particulares, como son el honor y la honra del Comandante Olguín González.

La causal en comento -N° 2 del artículo 21 de la LT- señala que: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico", norma que debe vincularse con la garantía del número 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que por su parte dispone: "La Constitución asegura a todas las personas: 4° El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley".

Sexto: Que conforme a lo que se viene razonando, el único afectado con la publicidad de la Hoja de Vida es el respectivo funcionario, el que debidamente emplazado en el procedimiento administrativo se abstuvo luego de reclamar contra la decisión de amparo que afectaría sus intereses, pudiendo hacerlo de acuerdo a lo señalado el inciso tercero del artículo 28 de la citada ley, en tanto dispone que "El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de conformidad con el artículo 20". Cabe consignar que el término "también" empleado por la norma citada no significa que el órgano de la Administración -la Fuerza Aérea de Chile- pueda esgrimir en favor de otros esta causal, por cuanto el titular para su ejercicio es el tercero que se dice afectado con la publicidad de la información.

Séptimo: Que sin perjuicio de lo anterior, tampoco es posible concluir que la entrega de la Hoja de Vida de un funcionario en actividad constituya la revelación de datos sensibles que puedan afectar su honra o vida privada en los términos previstos en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental y en la Ley N° 19.628.

El artículo 79 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del año 1997, del Ministerio de Defensa Nacional), define Hoja de Vida como "el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate".

De la norma transcrita es dable concluir que el contenido de la Hoja de Vida es de naturaleza eminentemente funcionaria, sin que su publicidad vulnere los derechos del afectado, por cuanto no se ha demostrado por el reclamante que dicho documento registre antecedentes que excedan la definición legal o que constituyan una afectación concreta al derecho a la honra y vida privada del titular de los datos. Por el contrario, la información es propia de datos vinculados únicamente a la carrera funcionaria, la calificación del personal y el desempeño del ejercicio de los cargos públicos Se trata de un documento que registra las actividades del personal, que sirve de antecedente o fundamento para la dictación de otros actos o resoluciones también relacionados con el desempeño público del titular. A lo anterior se agrega que no se ha ordenan dar acceso a las actas de las juntas de calificación del funcionario y que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 33 letra m) de la LT, el acto reclamado dispone reservar las anotaciones que digan relación con actividades o labores de inteligencia y de carácter sensible, así como tarjar todos aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionen con la función pública desempeñada por el funcionario.

Octavo: Que en relación con las causales de reserva de los numerales 3 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, y en específico con los artículos 436 del Código de Justicia Militar y 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424, es dable anotar que la primera causal de reserva o secreto dispone: "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública". De lo antes razonado y considerando la naturaleza y contenido de la Hoja de Vida funcionaria, no se advierte de qué forma tales datos podrían afectar la seguridad de la nación o la defensa nacional.

Noveno: Que la información que da cuenta una hoja de vida -con las limitaciones descritas para su entrega- no es de aquella que pueda significar la revelación de estrategias militares que afecten la seguridad nacional, tampoco pone en riesgo la integridad territorial ni institucional del país, ni afecta la defensa de la patria frente a la agresión externa o interna.

Décimo: Que, por otro lado, la causal del N° 5 del artículo 21 de la ley 20.285 señala: "Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política". Acá lo norma esgrimida corresponde al artículo 436 del Código de Justicia Militar y si bien se trata de una ley de quorum calificado, la misma establece un caso de reserva de la información, pero únicamente relativa a aquellos documentos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas "y entre otros: 1.- Los relativos a las Plantas de dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal,...". En la especie, la Hoja de Vida de un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile -por su naturaleza- no se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, sino únicamente con aspectos de la carrera funcionaria y servicio público del titular.

El reclamante no ha demostrado que la entrega de la información de que se trata afecte el debido cumplimiento de las funciones de la FACH o que genere el debilitamiento de sus capacidades estratégicas o técnicas militares; tampoco se observa cómo esa información -del ámbito funcionario- ponga en riesgo la defensa de la patria, ni la integridad territorial del país, ni la preservación del orden institucional.

Undécimo: Que en cuanto las letras a) y b) del artículo 34 de la Ley 20.424, sobre Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, los hechos de la causa no configuran ninguna causal de reserva o secreto amparada por esa normativa. En efecto, el precepto dispone: "Los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional son públicos".

"Los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional, incluidos los que acompañan el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público, serán secretos o reservados en todo lo relativo a.

a) Planes de empleo de las Fuerzas Armadas.

b) Estándares en los que operan las Fuerzas Armadas".

Por consiguiente, del tenor literal del citado precepto solo cabe concluir que Hoja de Vida institucional de un miembro de la FACH es ajena a la materia allí regulada, por cuanto no dice relación con los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarias de la Defensa Nacional, ni revela los planes de empleo o los estándares con que éstas operan.

Duodécimo: Que por las razones expuestas, el Consejo para la Transparencia ha actuado en el ámbito de sus atribuciones legales al resolver la controversia sometida a su conocimiento, razón por la que no cabe sino concluir que la reclamación deducida debe ser necesariamente rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo que disponen los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la Información Pública, se rechaza la reclamación interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Fuerza Aérea de Chile, contra la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia recaída en el Amparo C-363320, de 22 de septiembre de 2020. Regístrese y comuníquese.

Redactó la ministra señora González Troncoso.

N° Contencioso Administrativo-633-2020.

Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez T., Maria Loreto Gutierrez A., Jaime Balmaceda E. Santiago, once de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a once de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.