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Ilustre Municipalidad de Calama con Consejo Para La Transparencia Rol: 5-2021

Corte de Apelaciones de Antofagasta, 05/05/2021

Municipalidad interpone reclamo de ilegalidad de la Ley de Transparencia, en contra de la decisión de amparo emitida por el Consejo Para La Transparencia para que revoque y se deje sin efecto la decisión que le ordenó entregar la información solicitada al no constar en ninguno de los soportes señalados en la normativa vigente. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Dinko Franulic Cetinic
  • Myriam Urbina Perán
  • Virginia Soublette Miranda

Texto completo:

Antofagasta, a cinco de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Iván Centellas Contreras, Abogado, en representación convencional de la Ilustre Municipalidad de Calama, representada por su Alcalde Titular Daniel Agusto Pérez, abogado, todos con domicilio en calle Vicuña Mackenna N° 2001, Calama, interpone reclamo de ilegalidad de la Ley de Transparencia, en contra de la decisión de amparo emitida por el Consejo Para La Transparencia, representado legalmente por su Director General (s) David Alejandro Jesús Ibaceta Medina, abogado, ambos domiciliados en calle Morandé N° 360, piso 7, Santiago, por dictar la decisión de amparo C6515-20, infringiendo los artículos 5 inciso 2° y 10 inciso 2° Ley 20.285, y artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, para que revoque y se deje sin efecto la decisión de entregar la información solicitada por la peticionaria, al no constar en ninguno de los soportes señalados en la normativa vigente, con costas.

Informa la recurrida y solicita su rechazo. Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su recurso en que la decisión de amparo Rol N° C6515-2020, dictada por el Consejo Para la Transparencia, (CPLT) por la que acoge el amparo interpuesto por Sergio Chamorro Avilés en contra de la Municipalidad de Calama, adolece de infracción de Ley. Expone que el fondo de la cuestión debatida radica en una supuesta omisión de entrega de información, que no existe en poder de la Municipalidad, pues el órgano que tiene a cargo la formulación del proyecto es la Secretaría Regional Ministerial del MINVU Región de Antofagasta, la que por medio de sus contratistas va ejecutando sus propuestas, siendo consultada la Municipalidad como contraparte técnica, conociendo los avances con posterioridad. Al resolver el Consejo, que el Municipio conocería la totalidad de los antecedentes de los proyectos a cargo de la SERVIU, sin tener antecedente documental para hacer esa afirmación, y sin ofrecer los fundamentos o razonamientos que usó para arribar a esa conclusión, vulnera toda posibilidad de contradecir o sustentar sus dichos.

Alega que existe infracción a lo dispuesto en los artículos 5 inciso 2° y 10 inciso 2° de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, en cuanto la información publicada en el portal mercado público de la licitación de los proyectos Parque Oasis y Parque René Schneider, bastan para enterarse de los mismos, además las notas de prensa que vinculan a SERVIU con dichos proyectos. Portales de internet que son públicos, por lo que la Municipalidad no ha negado información pública, por el contrario, ha explicado que aquella no existe en su poder y por ende sólo remite lo que le es enviado por SERVIU, al ser contraparte técnica de ellos.

Sostiene que si lo que se busca es la elaboración de información nueva a partir de otros antecedentes, se requerirá siempre que por lo menos haya constancia de alguno de ellos, tal y como lo señala el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 10 de junio de 2014, por Recurso de Inaplicabilidad Rol N° 2505-2014, caratulado "Superintendencia de Bancos con CPLT".

Además, el artículo 25 de la Ley 20.285 provee herramientas a ambas partes para adjuntar antecedentes y medios de prueba que dispongan para sostener sus pretensiones. Entonces, si del proceso de amparo no consta que se hayan aportado antecedentes u otros medios de prueba que den credibilidad a los dichos de la reclamante, no se entiende que la decisión del amparo haga fe de un supuesto no comprobado, para derivar de ello las múltiples exigencias de entrega de información inexistente.

La decisión del CPLT no satisface el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, indispensable para que el acto administrativo esté dotado no solo de validez, eficacia e imperio, sino también de legitimidad, considerando que se trata de alterar reglas sustantivas relativas a la prueba de las obligaciones, y que ella misma con sus decisiones pretende construir Doctrina=Normas de aplicación general y abstracta, de manera que el estándar de motivación es especialmente alto.

Concluye que el Consejo para la Transparencia, ha resuelto el amparo con infracción de ley, especialmente en lo que respecta a las disposiciones contenidas en los artículos 5 inciso 2° y 10 inciso 2°, ambos de la Ley 20.285, y con falta de fundamentación suficiente exigida en los artículo 11 y 41 de la ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, por cuanto, se exige a la Municipalidad de Calama entregar información que no existe, que no consta en soporte alguno y que tampoco se puede construir como nueva información por carecer del registros de antecedentes que permita producir tal información, más allá de la entregada en su oportunidad.

Solicita revocar la decisión recurrida disponiendo se deje sin efecto la decisión que ordena la entrega de la información solicitada por la peticionaria, al no constar en ninguno de los soportes señalados en la normativa vigente, con costas.

SEGUNDO: Que don David Ibaceta Medina, abogado, Director General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, informa que la decisión de amparo C6515-20 adoptada por el Consejo para la Transparencia se ajusta a derecho y al espíritu del constituyente en materia de derecho de acceso a la información pública, por lo que el Reclamo de Ilegalidad debe ser rechazado.

Efectivamente mediante causa Rol C6515-20 de 2 de febrero de 2021, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo deducido por Sergio Chamorro Avilés en contra de la Municipalidad de Calama, requiriendo al alcalde de la Municipalidad de Calama, entregar "Toda la información que obre en su poder, en algún soporte documental, relacionada con las gestiones, diseños y elaboración de los proyectos de Construcción Parque Urbano Oasis Calama y Construcción Parque Urbano René Schneider Calama. Con todo, en el evento de no existir algunos de estos antecedentes, se deberá explicar y acreditar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie".

Precisa que la Municipalidad no dio cuenta fehacientemente de los motivos por los cuales no posee más información que la requerida y entregada. Así, el Consejo dispuso ordenar la entrega de la información que se indica, en la medida que esos antecedentes existan en algún soporte documental, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Trasparencia. Con todo, en el evento de no existir algunos de estos antecedentes, se deberá explicar y acreditar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie.

De esta manera, la decisión adoptada no es ilegal desde que no se está obligando a la Municipalidad a entregar información de la cual no disponga, ni menos a elaborar información, pues se ha conferido a dicho órgano una opción de cumplimiento alternativo de la decisión, para que en caso de que realmente no tenga los antecedentes solicitados, simplemente exprese fundada y explícitamente dicha circunstancia al requirente de información, dando cuenta de los motivos por los cuales la información sería inexistente, de acuerdo a la normativa aplicable en la especie, regulada en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, sin que exista infracción a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia.

El Consejo para la Transparencia obró ajustándose a lo dispuesto en el artículo 13 de la LT, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10, ya que no está exigiendo elaborar o entregar información inexistente, sino únicamente que se limite a efectuar una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, dando cuenta fehaciente de las gestiones solicitadas, para luego en caso de ser habida la información, proporcionarla; o en su defecto, una vez agotados los medios para encontrarla, sin ser habida, comunicar dicha circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que justifican la inexistencia.

Plantea que la controversia debe centrarse únicamente en dilucidar si se ajusta a derecho la decisión reclamada al ordenar, en primer término, la entrega de la información solicitada, por no haber acreditado la Municipalidad la inexistencia de aquellos; o en segundo lugar, en el evento que dicha información no obre en su poder, deberá simplemente acreditar dicha circunstancia al solicitante, de conformidad a lo dispuesto en el punto 2.3 de la Instrucción General N° 10 sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, que en lo pertinente dispone que:

- El órgano administrativo debe agotar todos los medios que se encuentran a su disposición para encontrar la información.

- Si el órgano estima que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, debe instruir el correspondiente proceso sancionatorio.

- Si la información no fuera habida, el órgano debe comunicar esa circunstancia al solicitante e indicarle detalladamente las razones que justifiquen que no fue habida.

En este caso, la Municipalidad no cumplió con el estándar de búsqueda, ni permitió dar cuenta de una búsqueda exhaustiva de la documentación solicitada, que asegura que se agotaron efectivamente todos los medios a su disposición para encontrar la información requerida. Sucede que la Municipalidad sólo se limitó a señalar que no detentaba más información, pero nunca acompañó ni adjuntó algún antecedente a partir del cual se pueda desprender y conocer las gestiones de búsquedas realizadas, las fechas en que estas fueron efectuadas, el nombre de los funcionarios que tuvieron a su cargo dichas búsquedas, o los lugares o dependencias en que se buscó.

Si bien la inexistencia de la información constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, dicha alegación siempre debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo ser aquello acreditado de forma fehacientemente.

En cuanto a que la información publicada en el portal de mercado público sobre los proyectos consultados, bastaría para enterarse de los mismos, sumados a las notas de prensa, al efecto, lo pedido es información que obre en su poder, lo que infringe varios principios consagrados en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, entre ellos, los Principios de Relevancia y Máxima Divulgación, y el Principio de Facilitación, explicación que no exime al órgano de demostrar en forma pormenorizada que no detenta más información que la previamente entregada.

Concluye que la Decisión de Amparo Rol C-6515-20 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra absolutamente ajustada a derecho.

TERCERO: Que se ha deducido reclamo de ilegalidad de la ley de transparencia en contra de la decisión de amparo rol C-6515-20 emitida por el Consejo para la Transparencia de fecha 2 de febrero de 2021, en los términos del artículo 28 de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

El Consejo para la Transparencia, a través de la resolución impugnada acogió el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Calama, ordenando la entrega de toda información que obre en su poder en algún soporte documental- relacionada con las gestiones, diseños y elaboración de los proyectos de "Construcción Parque Urbano Oasis Calama" y "Construcción Parque Urbano René Schneider Calama".

Además, tiene por cumplida aunque extemporáneamente- la obligación de derivar la solicitud de información a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta en su calidad de Unidad Técnica de dichas iniciativas.

Lo anterior, por no haberse acreditado que no existen mayores antecedentes en poder del municipio reclamado que los entregados con ocasión de la respuesta; ello atendida su calidad de contraparte técnica de las iniciativas consultadas y que el mismo órgano informó que habrían existido gestiones con la Seremi, Ministerio y Gobierno Regional correspondientes.

Aplica el mismo criterio adoptado en decisiones de amparo roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras.

Indica que, con todo, en el evento de no existir tales antecedentes, se deberá explicar y acreditar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie.

Se representa al Municipio la falta de derivación oportuna de la solicitud a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta.

La resolución reclamada refiere lo siguiente: En el punto 1) de la parte considerativa narra los proyectos antes señalados y los descargos efectuados por la Municipalidad respecto a la falta de información en cuanto a lo solicitado indicando haber efectuado la derivación a la unidad técnica, agregando que con ocasión de la respuesta habría entregado toda la información que obraba en su poder al respecto. En el punto 2), cita el artículo 13 de la Ley de Transparencia que refiere lo siguiente: "En caso que el órgano de la administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario...". En la especie, tal como se señaló, el órgano con ocasión de la respuesta, se limitó a señalar que la unidad técnica de los proyectos consultados era la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta; procediendo con posterioridad, durante la tramitación del presente amparo, a derivar el requerimiento a dicha Secretaría en virtud de lo dispuesto en la referida norma. Por lo anterior, resuelve acoger el amparo en este aspecto, sin perjuicio de tenerse por cumplida aunque extemporáneamente- la obligación que pesaba sobre el órgano recurrido, de haber procedido a derivar oportunamente al órgano competente la información reclamada que no obraba en su poder, lo cual es representado en la parte resolutiva.

En el punto 3), se refiere a la información pedida respecto de los proyectos consultados que pudiera obrar en poder del Municipio, el organismo con ocasión de los descargos, el cual señaló que en su oportunidad entregó toda la información que tuvo a la vista, sin que existan otros antecedentes en tal sentido.

Luego de citar otras resoluciones dictadas en diversos amparos por el Consejo, señala que la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, alegación que debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente.

En el punto 4) se indica que a juicio del Consejo no resulta plausible la alegación de inexistencia aducida por el órgano reclamado, atendida su calidad de contraparte técnica en los proyectos consultados y considerando, además, que uno de ellos, específicamente el de "Construcción Parque Urbano Oasis Calama", se encuentra en etapa de ejecución.

Refiere que el propio órgano indicó en sus descargos que el señor Alcalde había realizado acciones para concretar dichos proyectos, tales como reuniones con la Seremi y el Ministerio respectivo y con otras autoridades del Gobierno Regional.

En mérito de lo anterior, acoge el amparo respecto de la documentación reclamada que obre en poder del organismo y ordena su entrega en la medida que estos antecedentes existan en algún soporte documental, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia y, en el evento de no existir algunos de estos antecedentes ordena explicar y acreditar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie.

CUARTO: Que para dilucidar el conflicto jurídico que se ha planteado, es necesario traer a colación las normas legales y constitucionales que gobiernan la materia.

En primer lugar, el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional." Que de la norma transcrita puede señalarse que la publicidad es el principio de orden general que rige los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Se trata entonces de un principio constitucional al cual deben someterse las leyes y los reglamentos, pero que permite una excepción, y corresponden a aquellos actos cuyo conocimiento afectaren el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

De otro lado, interesan ciertos artículos de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

Su artículo 1° dispone que "La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimiento para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información." El artículo 5° prescribe que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado." "Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas." Como se advierte, la norma establece que toda información en poder de las entidades públicas -siendo su ámbito de aplicación el que indica el artículo 2° de la ley de que se trata- en principio es pública, salvo las excepciones, que pueden ser constitucionales o legales.

El artículo 10° de la misma ley establece que "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley." "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales." El artículo 16 de la Ley en comento señala que "La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley." "En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos." "Además, deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiva su decisión. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a las acciones y recursos correspondientes." "La resolución denegatoria se notificará al requirente en la forma dispuesta en el inciso final del artículo 12 y la reclamación recaída en ella se deducirá con arreglo a lo previsto en los artículos 24 y siguientes." El artículo 11 de la Ley en cuestión dispone a su vez, que el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:...b) Principio de la libertad de información, de acuerdo al que toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado. ...c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. ...d) Principio de máxima divulgación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales. ...f) Principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. ...g) Principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. ...i) Principio del control, de acuerdo al que el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente, y las resoluciones que recaigan en solicitudes de acceso a la información son reclamables ante un órgano externo.

Posteriormente el artículo 12 indica que la solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener: ...b) Identificación clara de la información que se requiere.

El artículo 16 refiere que la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado requerido, estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley.

Por su parte su artículo 19 dispone que la entrega de copia de los actos y documentos se haga por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley.

Finalmente, el artículo 24 se refiere al derecho que asiste a aquel a quien se le deniegue su petición, para recurrir ante el Consejo establecido en el Título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información, y el artículo 28 dispone que "En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.", estableciendo uno más de los ya innumerables reclamos de ilegalidad de que esta Corte debe conocer en primera o única instancia.

QUINTO: Que de la interpretación armónica de las normas antes citadas, aparece que conforme al principio de transparencia y publicidad, procede por norma general, entregar la información que se requiera a los órganos del Estado, salvo que, efectivamente, ésta se encuentre comprendida en alguna de las causales de excepción al principio de publicidad, como está previsto en la Constitución y la ley.

SEXTO: Que la controversia debe avocarse en dilucidar si la decisión reclamada al ordenarse la entrega de la información solicitada, se ajusta a derecho, por no haber acreditado la Municipalidad la inexistencia de aquella, o en segundo lugar, en el evento que dicha información no obre en su poder, debe acreditar dicha circunstancia, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 2.3 de la Instrucción General N° 10 sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información SÉPTIMO: Que para resolver la cuestión controvertida, debe analizarse los antecedentes expuestos para determinar si en el caso concreto, el Consejo para la Transparencia al resolver el amparo incurrió en infracción de ley, especialmente en las disposiciones contenidas en los artículos 5° inciso segundo y 10° inciso segundo, ambos de la Ley 20.285 y en una falta de fundamentación suficiente en los términos exigidos en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

OCTAVO: Que es un hecho, que la reclamante, Ilustre Municipalidad de Calama, indicó al Consejo para la Transparencia que a la solicitud efectuada por don Sergio Chamorro Avilés, respondió que esa Municipalidad no contaba con la información en la forma específica en que fue solicitada por el recurrente, no vislumbrándose que la resolución reclamada adolezca de ilegalidad, por cuanto según se indica en el punto II letra a) de lo resolutivo de la decisión de amparo reclamada, se da una orden alternativa, esto es, entregar al reclamante la información requerida, o en su defecto, de ser el caso que ella no obre en su poder como lo sostuvo la Municipalidad- explique y acredite los motivos por los cuales la información sería inexistente, informando de ello al Consejo.

NOVENO: Que del tenor literal de los artículos 5°, 10° y 11° de la Ley de Transparencia se desprende que el espíritu y la voluntad del legislador consiste en que cualquier persona pueda acceder a toda información que exista y obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea el formato material o soporte en que ésta se encuentre, sin importar su origen, clasificación o procesamiento.

Lo anterior se ve reforzado con lo dispuesto en las letras a) y d) del artículo 11° de la referida Ley que consagran los principios de relevancia y de máxima divulgación.

DÉCIMO: Que en consecuencia, el Consejo para la Transparencia actuó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en la instrucción general N° 10 en su numeral 2.3, toda vez que no exige al recurrente que entregue información inexistente, sino que se limite a efectuar una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, informando sobre las gestiones solicitadas y, en caso de ser habida la información, proporcionarla o, de no ser habida, comunicar dicha circunstancia al solicitante, indicando de manera detallada las razones que justifican la inexistencia.

UNDÉCIMO: Que asimismo, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 33 letra d) de la Ley de Transparencia, en mérito de la cual se dictó la referida Instrucción General N° 10 sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información.

En el caso sub lite no existe un acto administrativo que haya dispuesto la eliminación de los documentos solicitados, por lo que la Municipalidad debió dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra b) del numeral 2.3 de la citada Instrucción General N° 10, en cuanto dispone que el órgano administrativo debe agotar todos los medios que se encuentran a su disposición para encontrar la información; y si estima que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria debe instruir el correspondiente proceso sancionatorio. Además si la información no fuere habida, el órgano debe comunicar esa circunstancia al solicitante e indicarle claramente las razones que justifiquen que no fue habida.

DUODÉCIMO: Que la Municipalidad, al limitarse a señalar que no detentaba más información, no acompañó ni adjuntó antecedente alguno que permitiera conocer las gestiones y fechas de búsquedas realizadas, por lo que no cumplió con el estándar de búsqueda antes señalado, como tampoco permitió dar cuenta de una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, que asegurara que se habían agotado todos los medios a su disposición para encontrar la información requerida, motivo por el cual el Consejo para la Transparencia resolvió de manera fundada y acertada, ordenando a la Municipalidad entregar al solicitante toda la información que obre en su poder en algún soporte documental, relacionado con las gestiones, diseños y elaboración de los proyectos "Construcción Parque Urbano Oasis Calama" y "Construcción Parque Urbano René Scheneider Calama" y; en el evento que dicha información no obre en su poder, se acredite dicha circunstancia de conformidad al numeral 2.3 de la instrucción general N° 10, en cuanto por ella no se obliga a la Municipalidad a entregar información inexistente o que obre en su poder, sino que la misma decisión le confiere una opción de cumplimiento alternativo para acreditar la inexistencia de lo solicitado.

DÉCIMO TERCERO: Que conforme a todo lo expuesto, esta Corte comparte los argumentos esgrimidos por el Consejo para la Transparencia al dictar la decisión de amparo antes indicada, por lo que, siendo ajustada ésta a los hechos y el derecho, en caso alguno es ilegal, y en consecuencia se rechazará el presente reclamo de ilegalidad del artículo 28 de la Ley N° 20.285.

DÉCIMO CUARTO: Que estimando que la recurrente tuvo motivo plausible para litigar, no se le condenará en costas.

Por estas consideraciones y en conformidad con lo que disponen los artículos 24 y 28 de la Ley N° 20.285, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el reclamo de ilegalidad presentado por el abogado don Iván Centellas Contreras, en representación convencional de la Ilustre Municipalidad de Calama, en contra de la decisión de Amparo rol C-6515-20 del Consejo para la Transparencia, puesta en conocimiento del recurrente con fecha nueve de febrero del año dos mil veintiuno que acogió totalmente el amparo interpuesto por don Sergio Chamorro Avilés en contra de la I. Municipalidad de Calama.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Transcríbase al Consejo para la Transparencia.

Regístrese y comuníquese.

Rol 5-2021 (Cont. Adm). Redacción de la Ministro Señora Virginia Soublette Miranda.

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Dinko Franulic C., Virginia Elena Soublette M., Myriam Del Carmen Urbina P. Antofagasta, cinco de mayo de dos mil veintiuno.

En Antofagasta, a cinco de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.