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Matilde Esquerre Pavón con CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI) Rol: C3017-21

Consejo para la Transparencia, 04/05/2021

Una persona dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública fundado en que no recibió respuesta a su solicitud. Consejo declara inadmisible el amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Ausencia de infracción

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3017-21

Entidad pública: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Requirente: Matilde Esquerre Pavón.

Ingreso Consejo: 27.04.2021.

En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C3017-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 16 de abril de 2021, doña Matilde Esquerre Pavón, ingresó una solicitud ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, requiriendo la copia de la resolución exenta que otorgó el derecho de goce real en el predio que se indica. En específico, se señala: "Alto Biobio, en fundo Los Chenques Lote A se han construido casas con subsidio del Serviu y autorización de Conadi del derecho real de goce, es un predio tomado por la comunidad de Cauñicu desistiéndose mi padre que es el dueño de las acciones legales iniciadas el año 2018 para poder iniciar trámite de compra por dicha institución, lo que hasta la fecha no se ha hecho. Necesito resolución exenta que otorgó derecho real de goce a comuneros en predio Los Chenques Lote A, Alto Bio Bio".

2) Que, con fecha 27 de abril de 2021, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena remitió la respuesta al requerimiento, señalando que los derechos reales de uso y goce que sean constituidos en el sector Caiñicu- Los Chenques, recaen en predios particulares indígenas, en inmuebles adquiridos con el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas que administra la entidad y en terrenos del título de Merced N° 2835, José Antonio Pavian. De modo que la Corporación no cuenta con resoluciones exentas que determinen la superficie de derecho real de uso o goce del terreno que se consulta.

3) Que, con fecha 27 de abril de 2021, doña Matilde Esquerre Pavón dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, fundado en que recibió respuesta incompleta o parcial a su solicitud, agregando: "Solicité razones por la no compra de los predios de los documentos adjuntos. Además, CONADI dio derechos real de goce por títulos de merced en territorio de la comunidad correspondientes a Anselmo Pavián, pero Serviu construyó las casas en predio los Chenques lote a que no corresponde a dicho título de merced, ya que es propiedad privada y ubicada en distinto lugar, pero lamentablemente Serviu construyó en predio que no debía".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a fin de resolver la admisibilidad del amparo en la especie, primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia.

2) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

3) Que, de acuerdo a los antecedentes expuestos por la parte reclamante, se concluye que su comparecencia en esta instancia no es a consecuencia de la falta de entrega de aquella información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 precipitado. Ello, por cuanto, lo pretendido por la parte recurrente es solicitar un pronunciamiento por parte del órgano respecto a los motivos por los cuales no se compró el terreno que se indica, lo que, además de no estar contenido en el requerimiento objeto de amparo, no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, razón por la que no cabe pronunciarse respecto de ello en esta sede.

4) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.

5) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que la parte recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública al órgano reclamado o cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, a través de los canales que correspondan, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano. Así como también, podrá recurrir ante este Consejo, interponiendo un nuevo amparo a su derecho de acceso a la información, en los casos que se cumplan los presupuestos del artículo 24, esto es, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la eventual negativa a la solicitud de información; o bien, una vez terminado el plazo de 20 días que dispone el órgano requerido para dar respuesta.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por doña Matilde Esquerre Pavón en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Matilde Esquerre Pavón y al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.