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Octavio Gaete Bustamante con MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Rol: C1038-12

Consejo para la Transparencia, 07/11/2012

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Las Condes, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información sobre deudores de la municipalidad, que tengan deudas anteriores al 31 de enero de 2009, por concepto de patentes municipales. El Consejo acogió el amparo y señaló que la información sobre el pago de derechos municipales es de carácter pública, al igual que la identidad de los deudores y el monto adeudado, criterios que, en la especie, resultan del todo aplicables y permiten concluir que las deudas por patentes municipales también poseen el carácter de información pública, la información relativa a la identidad de los deudores de patentes y el monto adeudado, debe obrar en poder de la unidad encargada de Administración y Finanzas del municipio, considerando no sólo que el interés municipal exige que se cobren dichas deudas, sino que además la información debiera encontrarse sistematizada o, a lo menos, ser de fácil acceso para los funcionarios que laboran en dicha unidad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Presupuestos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1038-12

Entidad pública: Municipalidad de Las Condes

Requirente: Octavio Gaete Bustamante

Ingreso Consejo: 19.07.2012

En sesión ordinaria Nº 386 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1038-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de mayo de 2012, don Octavio Gaete Bustamante solicitó a la Municipalidad de Las Condes la siguiente información sobre deudores de la municipalidad, que tengan deudas anteriores al 31 de enero de 2009, por concepto de patentes municipales. En detalle, requirió:

a) Nombre completo del deudor;

b) R.U.T completo del deudor;

c) Dirección representante legal;

d) Cédula de identidad del representante legal;

e) Primer periodo adeudado (más antiguo);

f) Último periodo adeudado (más nuevo);

g) Monto total de la deuda con multas e intereses; y,

h) Monto adeudado de los últimos 3 años con multas e intereses.

2) RESPUESTA: El 20 de junio de 2012, la Municipalidad de Las Condes respondió a dicho requerimiento de información mediante Ordinario N° 90, señalando, en síntesis, que:

a) Se deniega la entrega de la información en virtud del artículo 21 Nº 2, de la Ley de Transparencia, atendido que la información que se solicita afecta la honra de toda persona y sus derechos de carácter comercial y económico. Al respecto, la Constitución Política de la República establece en el artículo 19 N° 4°: "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia", norma que, como se aprecia, no discrimina entre personas naturales o jurídicas. De este modo, el hecho de entregar información señalando de forma determinada que una persona es deudora de otra, con toda la información adicional que se pide, afecta directamente la dignidad, opinión o fama de toda persona, es decir, su honra.

b) Respecto de las personas jurídicas se afecta además su derecho a desarrollar cualquier actividad económica. En este sentido la Excelentísima Corte Suprema, ha señalado: "Que el actuar de las recurridas ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, en cuanto la publicación de la morosidad de la Sociedad Los Almendros en el boletín de Dicom afecta directamente el prestigio comercial de ésta y con ello la posibilidad de desarrollar su actividad económica sin perturbación alguna."

c) En cuanto a las personas naturales, se afecta el ámbito de la vida privada al pedirse la revelación de datos de carácter personal, consistente en la información de obligaciones tributarias, por contravenir lo dispuesto el artículo 17 de la Ley N°19.628, lo que ha sido confirmado por la Excelentísima Corte Suprema mediante las sentencias Rol N° 2457-2007, 2450-2007, y 500-2007.

d) Esto último, se reafirma con la reciente dictación de la Ley N° 20.575 de 17 de febrero de 2012, que estableció el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, la que sólo puede ser comunicada al comercio establecido, para el proceso de crédito, y a las entidades que participen de la evaluación de riesgo comercial y para ese solo fin.

e) Agrega que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, estos datos sólo deben utilizarse para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. Se desprende entonces que la información que se solicita es de una fuente no accesible al público, dado que se ha formado con los datos que los propios contribuyentes han otorgado al momento de realizar actuaciones ante la Municipalidad. Finalmente, la contravención de las disposiciones legales citadas, impone al responsable de los registros o bases de datos la obligación de indemnizar todo daño o perjuicio por el tratamiento indebido de los datos personales, sin perjuicio de las demás acciones que establezca la Constitución o la Ley. En materia penal, la revelación ilegitima de la información puede ser constitutiva de los delitos de violación de secretos públicos, en concurso con el delito de uso de información privilegiada, según corresponda, contemplados en los artículos 246 y 247 bis del Código Penal, respectivamente.

f) Finalmente, señala que además se deniega la información en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, fundando esta causal en que la información que se solicita afecta los derechos de terceros de la comuna de Las Condes, por lo que de conformidad con el procedimiento de acceso a la información, la autoridad o jefe superior del servicio debe comunicar a las personas afectadas la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, mediante carta certificada. Por tanto, dado que se pide el listado de un gran número de personas que son contribuyentes y/o deudores del municipio, esta situación implicaría un gasto importante de recursos tanto humanos como económicos, distrayendo, asimismo, de manera indebida, a los funcionarios municipales del cumplimiento regular de sus labores habituales.

3) AMPARO: El 19 de julio de 2012, don Octavio Gaete Bustamante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que solicitó la misma información a las municipalidades de Vitacura y Renca, sin que éstas hayan formulado observaciones al respecto.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, mediante Oficio N° 2.721 de 31 de julio de 2012, quien mediante Ordinario N° 3/474, de 20 de agosto de 2012, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que:

a) En cuanto al artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, reitera los argumentos planteados en su respuesta, insistiendo en que existe una gran cantidad de contribuyentes y/o deudores municipales en la comuna de Las Condes, a quienes se refiere o puede afectar la información que se pide, por lo que atender el requerimiento (notificando a cada uno de los titulares de la información) requiere distraer indebidamente a los funcionarios municipales del cumplimiento regular de sus labores, e implica a su vez, un gasto importante de recursos tanto humanos como económicos, para su realización.

b) Para acreditar la causal invocada, acompaña a su presentación un informe del Jefe del Departamento de Patentes Municipales, de 11 de Agosto de 2012, que señala la existencia de más de 32.062 patentes comerciales vigentes, y un Memo de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, de 14 de Agosto de 2012, que indica que son cuatro las personas que trabajan en Oficina de Partes, encargadas de despachar y recibir la correspondencia municipal, entre otras funciones; y treinta personas, las encargadas de realizar las más de veinte funciones señaladas en el Reglamento de Organización Interna Municipal, en el Departamento de Patentes Municipales. Agrega que también se afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, ya que su entrega repercute sobre la gestión de cobro, tanto judicial como extrajudicial, de los impuestos y derechos municipales que se encuentran en mora. Asimismo, tiene influencia en la interposición de futuras demandas de prescripción extintiva por concepto de impuestos y derechos municipales en contra del municipio como consecuencia de la publicación, comunicación, o conocimiento de terceros de la información que se pide.

c) Respecto de la causal establecida en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, reitera lo señalado en su respuesta al solicitante en orden a que el hecho de entregar información señalando de forma determinada que una persona es deudora de otra, con toda la información adicional que se pide, afecta directamente la dignidad, opinión o fama de toda persona, es decir, su honra. Agrega que lo anterior se vería reafirmado con la reciente dictación de la Ley N° 20.575, que estableció el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, la que sólo puede ser comunicada al comercio establecido, para el proceso de crédito, y a las entidades que participen de la evaluación de riesgo comercial y para ese solo fin.

d) Agrega que la información solicitada no está referida a un acto o resolución de la Municipalidad, sus fundamentos, o documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial, y los procedimientos utilizados por ésta para su dictación, sino que a información elaborada con presupuesto público, para el proceso de gestión y cobro de créditos por concepto de derechos e impuestos municipales, tanto judicial como extrajudicial, y que por estar referida a deudas morosas anteriores al 31 de Enero de 2009, su publicación, comunicación o conocimiento respecto de terceros, puede afectar de manera directa la honra, buen nombre o prestigio comercial de las personas naturales y/o jurídicas, en su caso. Alega que en el fondo, se pide una verdadera base de datos de deudas morosas por concepto de patentes municipales, lo que afecta principalmente a las Pymes, y que en el mercado, tiene un importante valor de tipo económico o comercial.

e) Concluye que entregar la información al requirente sin comunicar a las personas a quienes se refiere o afecta ésta, se infringe el artículo 19 N° 26 de la Carta Fundamental, en relación con su numeral 4, y el artículo 21, N°2, de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, cabe hacer presente que la información solicitada se refiere a los deudores que al día de hoy mantuvieren deudas anteriores al año 2009 por concepto de patentes municipales, respecto de los cuales se requiere el nombre completo, R.U.T, dirección y cédula de identidad del representante legal; primer periodo adeudado (más antiguo); último periodo adeudado (más nuevo), monto total de la deuda con multas e intereses; y el monto adeudado de los últimos 3 años con multas e intereses.

2) Que, respecto de idéntica solicitud de información formulada por el requirente ante la Municipalidad de La Reina, y conociendo del amparo presentado por éste en contra de dicho municipio, este Consejo evacuó la decisión Rol C643-12, cuyo razonamiento, en lo pertinente, habrá de seguirse en la presente decisión.

3) Que, según lo disponen los artículos 5º, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, considerando que lo requerido versa sobre patentes municipales es preciso tener presente, por una parte, que conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del D.L. N° 3.063, de 1979, sobre rentas Municipales, el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, debe pagar una contribución de patente municipal –la que es regulada en los artículos siguientes de dicho cuerpo normativo– y, por otra, que la Ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, establece, clasifica y regula el pago de las patentes de alcoholes. Asimismo, el pago de las patentes municipales –ya sean comerciales, industriales, profesionales o de alcoholes– habilita a los contribuyentes para ejercer una actividad lucrativa en un lugar determinado de la comuna durante toda la vigencia de la misma –salvo en el caso de las patentes profesionales, en que la habilitación para realizar la actividad lucrativa se extiende a todo el territorio de la República–, y que las mismas deben ser pagadas en los plazos establecidos expresamente en los cuerpos normativos citados precedentemente, según corresponda.

5) Que, en diversas decisiones, este Consejo ha señalado que la información sobre el pago de derechos municipales es de carácter pública (decisiones de los amparos roles C472-10 y C771-11, entre otras), al igual que la identidad de los deudores y el monto adeudado (decisión de amparo Rol C403-11), criterios que, en la especie, resultan del todo aplicables y permiten concluir que las deudas por patentes municipales también poseen el carácter de información pública.

6) Que, en la decisión de amparo Rol C1310-11, se ordenó la entrega de la base de datos que es utilizada para emitir las boletas de cobros de extracción de basura y aseo domiciliario en la que se incluyera, entre otros, el nombre completo del propietario, su dirección y valor del cobro de aseo domiciliario, señalándose al efecto que “.. aunque los deudores de derechos municipales sean personas naturales y la calidad de deudor sea un dato personal a la luz de lo dispuesto en el artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de Datos Personales, este Consejo ha señalado en su decisión C403-11 que las deudas tributarias constituyen el reflejo de cargas públicas, cuyo cumplimiento tiene un evidente interés público que justifica su publicidad…”, no configurándose, en definitiva, la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia”. Allí se añadió que “el mismo razonamiento resulta aplicable respecto de los deudores que son personas jurídicas, pues su calidad no altera el interés público que reviste la información en los términos planteados en el considerando anterior, de modo que se acogerá el presente amparo en esta parte y se requerirá al Alcalde de la Municipalidad de Algarrobo la entrega del registro de pago de los permisos en comento y del registro de morosidades” (considerando 14º de la citada decisión).

7) Que de esta forma, corresponde rechazar las alegaciones efectuadas por el municipio reclamado en este amparo en cuanto a la aplicación de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y asimismo, lo señalado por éste en orden a que en la especie debía notificar a todos los contribuyentes y procesar dicha información, lo que eventualmente implicaba distraer de manera indebida a sus funcionarios de sus labores habituales, configurándose con ello, la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c) del mismo cuerpo legal, por cuanto de conformidad con lo anterior, establecida la publicidad de lo requerido, no procede que en la práctica se dé lugar a la notificación de los terceros involucrados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del referido cuerpo legal.

8) Que, cabe referirse a lo señalado por el municipio en sus descargos, en orden a que en la especie resultaría aplicable lo dispuesto en el artículo 1°, de la Ley N° 20.575, el cual establece que respecto al tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial a que se refiere el Título III de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá respetarse el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales. Sobre el particular, resulta útil tener presente lo razonado en el dictamen N° 44.813, de 2012, de la Contraloría General de la República, que respecto del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo, concluyó que no resultaba aplicable el artículo segundo transitorio de la Ley Nº 20.575, que dispone que no podrán comunicarse los datos de las obligaciones económicas, financieras, bancarias o comerciales a que se refiere el Título III de la Ley Nº 19.628. En el precitado dictamen, del análisis del referido Título III, se concluye que las obligaciones a que éste se refiere son las señaladas en los incisos primero y segundo del artículo 17 de La ley Nº 19.628, porque tanto el resto del aludido precepto, como los demás artículos de este título -18 a 21-, regulan la utilización de datos personales relativos a tales obligaciones.

9) Que, el inciso primero del precitado artículo 17 previene, en lo que interesa, que los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por las causales que allí se indican; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales. A su turno, el inciso segundo de la norma en comento establece que también podrán comunicarse aquellas otras obligaciones de dinero que determine el Presidente de la República mediante decreto supremo, las que deberán estar sustentadas en instrumentos de pago o de crédito válidamente emitidos, en los cuales conste el consentimiento expreso del deudor u obligado al pago y su fecha de vencimiento. Como se aprecia, los señalados incisos primero y segundo regulan obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que constan en los instrumentos que consigna -letras de cambio, pagarés y cheques protestados, instrumentos de pago o de crédito válidamente emitidos-, como también las derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de las entidades que indica, sin contemplar entre tales hipótesis las deudas por patentes municipales cuya fuente es de origen legal, razón por la cual es dable concluir que, por su naturaleza, la información requerida no se encuentra dentro de aquellos datos personales de carácter económico, a que se refiere el Título III de la Ley N° 19.628, y, en consecuencia, deberá rechazarse lo señalado por el órgano reclamado en orden a que a ésta resulte aplicable el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, contemplado en la Ley N° 20.575.

10) Que, por otra parte, en cuanto a la existencia de los datos solicitados, este Consejo en su decisión de amparo Rol C1145-11, estableció que la información relativa a la identidad de los deudores de patentes y el monto adeudado, debe obrar en poder de la unidad encargada de Administración y Finanzas del municipio, considerando no sólo que el interés municipal exige que se cobren dichas deudas, sino que además la información debiera encontrarse sistematizada o, a lo menos, ser de fácil acceso para los funcionarios que laboran en dicha unidad. Sobre el particular la Contraloría General de la República, en su dictamen N° 39.428, de 2008, estableció que “la regla general sobre cobro de deudas municipales -incluidas las derivadas de patentes de alcoholes- es que los municipios carecen de facultades legales para condonarlas o rebajarlas, incluyéndose sus intereses y reajustes (…). Así, considerando que en la especie la deuda de que se trata se encuentra morosa, es dable concluir que el municipio debe efectuar las gestiones de cobro de deudas que procedan, las que, por cierto, deben comprender la eficiente utilización de recursos municipales, de manera que el agotamiento de los medios de cobranza no puede significar un desembolso desproporcionado de recursos”.

11) Que, conforme con lo anterior, solo se entiende que el municipio pueda efectuar acciones de cobro en la medida que tenga determinados los montos adeudados por cada contribuyente de su comuna. Es más, de declarar incobrables los créditos y castigarlos de su contabilidad, previa certificación del secretario municipal, mediante decreto alcaldicio emitido con acuerdo del concejo –según lo dispone el artículo 66 del D.L. N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales-, requerirá contar con tales antecedentes.

12) Que, a mayor abundamiento el municipio reclamado ha acompañado a sus descargos una copia del decreto N° 572, de 10 de enero de 2011, de la Municipalidad de Las Condes, mediante el cual dicha entidad edilicia aprobó un contrato para el servicio de cobranza de impuestos y derechos municipales morosos y de instrumentos protestados con la empresa que se indica, cuyo numeral 13, letra d), establece entre las obligaciones de la municipalidad, la de entregar una nómina y certificados ejecutivos al contratista, conforme se indica en las Bases Técnicas, para dar inicio a la cobranza. A su turno, tales bases precisan que el municipio entregará al prestador del servicio el correspondiente certificado emitido por el Secretario Municipal que acredite la deuda de cada contribuyente moroso, y una nómina con el detalle de los certificados entregados. Además, y en sustento de lo señalado respecto de la existencia de la información solicitada, cabe agregar que en sus descargos el municipio reclamado señaló que lo requerido era “información elaborada con presupuesto público, para el proceso de gestión y cobro de créditos por concepto de derechos e impuestos municipales, tanto judicial como extrajudicial.”

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Octavio Gaete Bustamante, en contra de la Municipalidad de Las Condes, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes:

a) Hacer entrega al reclamante de la información señalada en el numeral 1° de la parte expositiva de la presente decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Octavio Gaete Bustamante, y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente del Consejo don Alejandro Ferreiro Yazigi no concurrió al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.