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Ignacio Ramírez Villegas con DEFENSORIA PENAL PÚBLICA Rol: C1052-12

Consejo para la Transparencia, 07/11/2012

Se dedujo amparo en contra de la Defensoría, fundado en el hecho de que la información entregada no corresponde a la solicitada sobre copia de los instructivos o manuales contables, en que haya establecido o instruido la consulta del libro mayor por parte de los giradores de cuentas corrientes institucionales al momento de firmar cheques fiscales, copia de la instrucción especifica en que se hubiere informado u ordenado a quienes cumplen dicha función lo señalado previamente; y, en caso de que no exista tal instructivo, manual o instrucción, el requirente solicita que dicha situación le sea certificada. El Consejo señaló que el órgano solo con ocasión de sus descargos precisó que no existían en su poder antecedentes adicionales y distintos a los ya entregados, circunstancia por lo que este Consejo tendrá por cumplida la obligación de informar, en virtud de la remisión al solicitante de los descargos presentados por el órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1052-12

Entidad pública: Defensoría Penal Pública

Requirente Ignacio Ramírez Villegas

Ingreso Consejo: 23.07.2012

En sesión ordinaria Nº 386 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1052-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de junio de 2012, don Ignacio Ramírez Villegas, solicitó a la Defensoría Penal Pública -en adelante e indistintamente la Defensoría-, mediante su plataforma electrónica, la entrega de los siguientes antecedentes:

a) Copia de los instructivos o manuales contables, en que haya establecido o instruido la consulta del libro mayor por parte de los giradores de cuentas corrientes institucionales al momento de firmar cheques fiscales;

b) Copia de la instrucción especifica en que se hubiere informado u ordenado a quienes cumplen dicha función lo señalado previamente; y,

c) En caso de que no exista tal instructivo, manual o instrucción, el requirente solicita que dicha situación le sea certificada.

2) RESPUESTA: El 4 de julio de 2012, la Defensoría Penal Pública mediante correo electrónico remitió al solicitante, en archivos adjuntos, la carta de respuesta del Defensor Nacional, la Resolución Exenta N° 3.308 de 21 de diciembre de 2007 -que aprobó el manual financiero contable-, y copia del referido manual.

3) AMPARO: El 23 de julio de 2012, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Defensoría, fundado en el hecho de que la información entregada no corresponde a la solicitada, señalando en síntesis lo siguiente:

a) Respecto del manual financiero contable remitido por la reclamada, indica que este en ninguno de sus capítulos hace mención al protocolo que deben seguir los giradores de cuentas corrientes fiscales en la institución al momento de firmar cheques.

b) En el mismo sentido señala que “…no se da respuesta expresa a lo solicitado y además, si esta es toda la respuesta (…), no existiría una instrucción explícita como la solicitada (…) en cuanto a que se debe consultar el libro mayor del banco al momento de firmar cheques fiscales, por cuanto no existe algo en dicho sentido en el referido manual”.

c) Indica que al no existir una instrucción que obligue a obrar en los términos señalados en el literal anterior, ello se configuraría en una denegación de acceso a la información, toda vez que los antecedentes entregados no corresponden a los efectivamente solicitados.

d) Finalmente señala que la reclamada tampoco dio cumplimiento a la certificación requerida, en relación a la inexistencia de la obligación de consultar el registro mayor del banco, en forma previa a firmar los cheques fiscales.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 706, de 7 de agosto de 2012, al Defensor Nacional, a fin de que presente sus descargos solo respecto de los literales a) y b) de la solicitud, puesto que lo requerido en el literal c), no es parte del derecho de acceso a la información pública. El Defensor Nacional, mediante presentación de 23 de agosto de 2012, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis lo siguiente:

a) Que en lo referido a los instructivos o manuales, dicho órgano hizo entrega de la información disponible sobre materias financieras contables, la cual se encuentra contenida en el manual elaborado a propósito del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), con el objetivo de recopilar, sintetizar y uniformar los principales procedimientos y normativa vigente en el área de contabilidad, finanzas y presupuesto.

b) Agrega que como resultado de su incorporación al SIGFE, dicho Servicio ha definido como áreas transaccionales, es decir unidades operativas que administran recursos y tienen cuentas corrientes propias, tanto a la Defensoría Nacional como a las Defensorías Regionales, lo que permite a éstas últimas operar como una unidad independiente en materias financieras.

c) Aclara que el manual financiero remitido al solicitante, expresa en su página 22, de forma precisa que “la confección de un egreso y cheque asociado se genera una vez que se verifique que está toda la documentación de respaldo respectiva que sustenta la operación (factura, resolución, orden de compra, etc) y además se cuente con los recursos financieros disponibles en las cuentas corrientes”.

d) Que en virtud de lo anterior, el órgano señala que ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2° de la Ley de Transparencia, toda vez que hizo entrega de aquellos antecedentes que obran en su poder y que dicen relación con la información consultada.

e) En lo relativo al literal b) de la solicitud, -instrucción especifica a los giradores de cuentas corrientes, que establezca como un deber la revisión previa del libro mayor antes de firmar los cheques fiscales-, señala que la solicitud debe entenderse satisfecha con la remisión del citado manual, el cual da cuenta en sus distintos acápites del procedimiento con el cual opera en materia financiera contable.

f) Finalmente señala que la información entregada es todo lo que obra en poder de dicho órgano “…pues no existe otro antecedente que verse sobre la materia consultada”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, respecto de lo requerido en el literal c) de la presentación del reclamante, este no es susceptible de ser amparado a través de la Ley de Transparencia, toda vez que es una manifestación del legítimo ejercicio del derecho de petición -establecido en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política-, cuya tramitación debe ajustarse a las normas legales específicas que puedan existir o, en su defecto, según las disposiciones de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, atendido su valor supletorio.

2) Que, con lo anterior, en relación a los literales a) y b) de la solicitud, cabe tener presente lo señalado por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 212 de 29 de diciembre de 2005, que aprobó la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, aplicable a los órganos de la Administración del Estado, el que señala en su capítulo primero que el registro mayor “Es un registro de segunda entrada en el cual se ordena por cuenta y en orden cronológico los movimientos provenientes del Registro Diario”, siendo este último, el que da cuenta de todas las operaciones de la entidad.

3) Que, la reclamada en ejercicio de las facultades que le han sido conferidas por la Ley N° 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública -específicamente la contenida en el literal a) del artículo 7°-, dictó la Resolución Exenta N° 3.308 de 21 de diciembre de 2007, que aprobó el manual financiero contable que rige las operaciones financieras al interior de dicho Servicio, con la finalidad de establecer un procedimiento común obligatorio, tanto para la Defensoría Penal como para sus Defensorías Regionales, y de esta forma uniformar la normativa vigente en el área de contabilidad, finanzas y presupuesto.

4) Que, de la revisión de la resolución citada, como del manual financiero contable remitido por la reclamada al solicitante, este Consejo ha podido constatar que efectivamente dicho documento da cuenta de un procedimiento estándar de manejo de las operaciones financieras del órgano reclamado con ocasión de su incorporación al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado –SIGFE-, y cuyo objeto es facilitar el manejo, control y publicidad del uso de los recursos que le son asignados anualmente, facilitando de dicho modo que tanto la Defensoría Nacional como sus Defensorías Regionales, puedan administrar sus recursos de una manera uniforme y con la debida autonomía. Sin perjuicio de ello, la obligación por la cual se consulta (literales a) y b) de la solicitud) no se encuentra establecida en éste, señalando únicamente a modo ejemplar, cuales serían los antecedentes que deben ser verificados en forma previa a la confección de un egreso y cheque asociado.

5) Que, el órgano solo con ocasión de sus descargos precisó que no existían en su poder antecedentes adicionales y distintos a los ya entregados, circunstancia que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, debió informar en su respuesta al solicitante, lo que será representado al órgano reclamado.

6) Que, conjuntamente con la notificación de la presente decisión y en mérito de lo señalado en el considerando precedente, este Consejo tendrá por cumplida la obligación de informar, en virtud de la remisión al solicitante de los descargos presentados por el órgano reclamado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Ignacio Ramírez Villegas en contra de la Defensoría Penal Pública, por los fundamentos planteados anteriormente.

II. Representar al Sr. Defensor Nacional, que al no haber expresado en su respuesta a la solicitud de información del requirente, dentro del plazo fijado por el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la circunstancia de que no existían antecedentes adicionales a los ya entregados, ha vulnerado dicha disposición, y asimismo ha transgredido el principio de oportunidad.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Defensor Nacional y a don Ignacio Ramírez Villegas, remitiendo a este último copia de los descargos del órgano.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que no concurre al presente acuerdo el Presidente del Consejo Directivo, don Alejandro Ferreiro Yazigi, por no asistir a la presente sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.