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Alberto Rodríguez Kovacic con OTRAS INSTITUCIONES Rol: C1509-21

Consejo para la Transparencia, 18/05/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Unidad de Análisis Financiero, referido a entrega de copia de sumarios e investigaciones sumarias afinadas en período que indica, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que puedan contener. Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1509-21

Entidad pública: Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Requirente: Alberto Rodríguez Kovacic

Ingreso Consejo: 06.03.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Unidad de Análisis Financiero, referido a entrega de copia de sumarios e investigaciones sumarias afinadas en período que indica, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que puedan contener.

Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva.

En sesión ordinaria N° 1182 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1509-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de febrero de 2021, don Alberto Rodríguez Kovacic solicitó a la Unidad de Análisis Financiero - en adelante también UAF-: "copia de todos los sumarios administrativos, e investigaciones sumarias, que se hayan generado en la Unidad de Análisis Financiero, desde el 1 de enero de 2010 al 1 de febrero de 2021".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 12-2021, de 1° de marzo de 2021, la Unidad de Análisis Financiero respondió el requerimiento, señalando, en síntesis, que según lo dispuesto en el artículo 137, inciso segundo del decreto con fuerza de ley N° 29, año 2005, del Ministerio de Hacienda, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo - en adelante Estatuto Administrativo-; "El sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa", manteniendo su secreto para terceros.

En concordancia con lo anterior, debe denegar la información conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, ya que su entrega afectaría sus funciones, dado que la divulgación de procesos disciplinarios no afinados puede ir en desmedro o entorpecer el éxito de la investigación y la toma de decisiones en los mismos.

Por otro lado, en relación a los procedimientos terminados, deniega conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, aquello en consideración al gran número de actos comprendidos en el periodo consultado y de la pandemia que ha reducido el personal que trabaja de forma presencial.

Sin perjuicio de lo anterior, remite un Excel con información respecto a los sumarios llevados a cabo en el periodo consultado, el cual indica el acto administrativo que le dio origen y término, breve descripción de la materia investigada y resultado de los procesos administrativos.

3) AMPARO: El 6 de marzo de 2021, don Alberto Rodríguez Kovacic dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud. Además, hizo presente, que "lo que se ha solicitado es el sumario, y la investigación sumaria, finalizando ambas por una resolución de término que sanciona o absuelve, no se están solicitando las resoluciones administrativas que abren los sumarios o investigaciones sumarias". Además, requiere que se envíen todos los antecedentes al Contralor General de la República de Chile, a fin de que este pondere la posibilidad de iniciar un sumario administrativo en contra del Director de la Unidad de Análisis Financiero, por haber negado de forma arbitraria, discriminatoria, sin fundamentación jurídico-administrativa, la legítima solicitud de acceso a la información pública realizada a la UAF.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director de la Unidad de Análisis Financiero, mediante Oficio N° E7196, de 27 de marzo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (5°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante OF. ORD. N° 121/2021, de 13 de abril de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que no era posible acceder a la solicitud del peticionario, sin distraer al escaso personal que concurre a sus oficinas para desarrollar funciones esenciales y destinarlo a escanear y convertir los expedientes sumariales al formato solicitado.

Aclaró que, conforme a lo expuesto, el reclamante altera en su amparo lo solicitado expresamente en su requerimiento de información, al limitar su petición a los actos administrativos terminales que sancionan o absuelven los procesos disciplinarios instruidos por la UAF.

Lo anterior, es de suma importancia, pues al alterar el requirente lo pedido originalmente en su solicitud, modifica la información que es objeto del amparo por supuesta denegación y, por ende, altera los fundamentos fácticos considerados por ese servicio para resolverlo.

En cuanto a la fundamentación de la causal alegada para denegar las investigaciones afinadas, señaló lo siguiente:

1.- Que, a la época del requerimiento de información como asimismo en la actualidad, el país se encuentra en estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública generada por el brote de COVID 19, establecido originalmente mediante decreto N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior, y prorrogado por última vez a través del decreto N° 72, de 13 de marzo de 2021, de la misma cartera de Estado, por 90 días hábiles. Armónicamente con lo anterior, mediante decreto N° 1, de fecha 7 de enero de 2021, del Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública, prorrogó vigencia del decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decretó alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus.

2.- Que, conforme a lo reseñado, las autoridades competentes han decretado una serie de medidas excepcionales, orientadas a disminuir las posibilidades de contagio entre personas de COVID-19, que en el caso de la UAF, mediante resolución exenta N° 38, de 23 de marzo de 2020, de ese origen, decretó que la gran mayoría de sus funcionarios presten sus servicios de forma remota sin concurrir presencialmente a sus dependencias, con excepción de aquellos servidores que cumplen funciones esenciales, que en la práctica son solo 7 funcionarios.

3.- Que, por lo anterior, no era posible acceder a la solicitud del peticionario, sin distraer al escaso personal que concurre a sus oficinas para desarrollar funciones esenciales y destinarlo a escanear y convertir los expedientes pedidos al formato solicitado.

4.- Que, las circunstancias descritas configuran la hipótesis de reserva o secreto contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

En tal sentido, precisó que de la totalidad de sus funcionarios (69), únicamente 7 concurren ocasionalmente a sus dependencias a prestar funciones esenciales.

Agregó que, finalmente, y teniendo en consideración que en su amparo el reclamante precisa que lo solicitado son los actos administrativos terminales que sancionan o absuelven los procesos disciplinarios instruidos por la UAF en el período requerido, se encuentra disponible a proporcionarlos, si este Consejo decide en tal sentido.

Solicitan desde ya, que dados los supuestos del inciso final del artículo 25 de la Ley de Transparencia, se fije audiencia para recibir los antecedentes y entre ellos las alegaciones orales de la Unidad de Análisis Financiero.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información, circunscribiéndose el objeto de éste a los sumarios e investigaciones afinadas. Al respecto, el órgano alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, en cuanto a la información reclamada, se debe tener presente el criterio establecido por este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos Roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18 y C837-19, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, en particular, el inculpado y el abogado que asumiere su defensa. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, su justificación también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137 inciso 2° del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros)

3) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva alegada por el órgano reclamado, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de la citada ley, precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de una solicitud requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.

4) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". (Énfasis agregado).

6) Que, en lo que atañe a las alegaciones realizadas por el órgano reclamado referidas al contexto de emergencia en que se encuentra el país, cabe hacer presente que este Consejo por medio de Oficio N° 252, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, en caso alguno justifica la falta de entrega de esta, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud, que: "A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento".

7) Que, en este orden de ideas, es indudable que la referida pandemia dificulta el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información pública de los órganos de la Administración, y es por esa razón que este Consejo, entregó directrices excepcionales para hacer frente a esta situación, las que el órgano derechamente desatendió. En efecto, pues en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de la reclamada realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, debió seguir lo informado por esta Corporación, en el citado oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública.

8) Que, al respecto, de acuerdo con los antecedentes acompañados, este Consejo no advierte que la satisfacción del requerimiento formulado importe una afectación al debido cumplimiento de las funciones de la reclamada, cuando en la especie no se ha señalado con claridad la cantidad ni la envergadura de la información necesaria para dar respuesta a la solicitud planteada, más aún, considerando que las obligaciones de transparencia forman parte de las tareas que el órgano debe satisfacer.

9) Que, en consecuencia, al tratarse de información pública, respecto de la cual se descartó la concurrencia de la hipótesis de reserva alegada, se acogerá este amparo, requiriendo entregue copia de los sumarios administrativos e investigaciones sumarias afinados, en período que indica; debiendo tarjar previamente los datos personales de contexto contenidos en aquellos, como por ejemplo RUT, domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, estado civil, fecha de nacimiento, y toda mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos, entre otros. Lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

10) Que, en cuanto a la petición del solicitante de remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para que dicho órgano contralor pondere la posibilidad de iniciar un sumario administrativo en contra del Director de la Unidad de Análisis Financiero, cabe hacer presente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Transparencia la potestad sancionatoria contemplada en dicho cuerpo normativo se encuentra radicada en este Consejo por lo que no procede la derivación al ente de control requerida por el solicitante. Por otra parte, no se advierten antecedentes que ameriten en la especie instruir un procedimiento sancionatorio respecto de la autoridad señalada.

11) Que, finalmente, respecto de la solicitud de audiencia efectuada por la reclamada, este Consejo estima que no resulta necesaria, al existir antecedentes suficientes para la adecuada resolución del presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Alberto Rodríguez Kovacic en contra de la Unidad de Análisis Financiero, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director de la Unidad de Análisis Financiero, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante copia de los sumarios administrativos e investigaciones sumarias afinados en período que indica, tarjando, previamente, todo dato personal que puedan contener conforme a lo indicado en el considerando 9° del presente acuerdo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alberto Rodríguez Kovacic y al Sr. Director de la Unidad de Análisis Financiero.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.