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Felipe Montoya Aguilera con COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C1196-21

Consejo para la Transparencia, 25/05/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, referido a la entrega de las cartas de la sociedad concesionaria al inspector fiscal u a otras autoridades del Ministerio de Obras Públicas, los oficios, memorándums y otras comunicaciones de aquellos a la sociedad concesionaria, los libros de obras y comunicaciones, los centinelas, y los informes o minutas elaborados por la Asesoría a la Inspección Fiscal. Lo anterior, en virtud de que se acreditó que otorgar la información reclamada significaría una distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado en el cumplimiento regular de sus labores habituales.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1196-21

Entidad pública: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC)

Requirente: Felipe Montoya Aguilera

Ingreso Consejo: 22.02.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, referido a la entrega de las cartas de la sociedad concesionaria al inspector fiscal u a otras autoridades del Ministerio de Obras Públicas, los oficios, memorándums y otras comunicaciones de aquellos a la sociedad concesionaria, los libros de obras y comunicaciones, los centinelas, y los informes o minutas elaborados por la Asesoría a la Inspección Fiscal.

Lo anterior, en virtud de que se acreditó que otorgar la información reclamada significaría una distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado en el cumplimiento regular de sus labores habituales.

Aplica criterio de decisión del amparo Rol C4482-20.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1183 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1196-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de enero de 2021, don Felipe Montoya Aguilera solicitó a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas - en adelante también DGC-, lo siguiente:

"1. Los siguientes documentos relativos al contrato de concesión "Hospital Félix Bulnes" comprendidos entre el día 18 de febrero de 2019 a la fecha de la solicitud:

(i) Las cartas enviadas por Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A. al Inspector Fiscal o a cualquiera otra autoridad del Ministerio de Obras Públicas;

(ii) Los ordinarios, memos u otras comunicaciones enviadas por el Inspector Fiscal u otras autoridades del Ministerio de Obras Públicas a la Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud;

(iii) Los Libros de Obras y de Comunicaciones;

(iv) Los centinelas; y

(v) Informes o Minutas elaboradas por la Asesoría de la Inspección Fiscal.

2. Los siguientes documentos citados en los vistos de la Resolución Exenta DGC N° 842/2020 (PSP):

(i) El Decreto Supremo MOP N° 240 de 17 de agosto de 2015, que modificó por razones de interés público las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Hospital Félix Bulnes";

(ii) La Resolución DGC (Exenta) N° 359 de 10 de septiembre de 2018, que modificó por razones de interés público y urgencia las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Hospital Félix Bulnes";

(iii) La Resolución DGC (Exenta) N° 079 de 10 de enero de 2020;

(iv) La Resolución DGC (Exenta) N° 451 de 13 de febrero de 2020;

(v) El "Certificado de Recepción Definitiva de las Obras de Edificación" de 16 de marzo de 2020 de la Ilustre Municipalidad Cerro Navia"; y

(vi) El Acta de la Comisión de Puesta en Servicio Provisoria de 19 de marzo de 2020".

2) RESPUESTA: El 9 de febrero de 2021, la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas respondió el requerimiento, accediendo a parte de la información solicitada y denegando lo pedido en el numeral 1) de la solicitud, por la concurrencia de las causales de reserva del artículo 21 N° 1 letra c), N° 2 y N° 4 de la Ley de Transparencia. Al efecto, indicó, en síntesis, lo siguiente:

a) Que, se requiere de un gran número de funcionarios dedicados a tiempo completo para recopilar la información correspondiente a los documentos de comunicaciones emitidos por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas. Además de esto, se necesitaría de a lo menos 5 funcionarios que por un mes se dediquen a verificar los aspectos de confidencialidad de la información incluida en la referida documentación. Esto implicaría a su vez, distraerlos de sus funciones y afectar de manera directa el trabajo del órgano público.

b) Que, no es posible hacer entrega de los documentos mencionados en el punto número 1 de la solicitud, debido a que las cartas enviadas por la Sociedad Concesionaria, los oficios emitidos por el Inspector Fiscal, el Libro de Obras y las minutas realizadas por la Inspección Fiscal del Contrato de Concesión poseen información relevante del contrato.

c) Que, hacer entrega de información sensible para el normal funcionamiento del Hospital en el escenario actual de pandemia por el que atraviesa el país, puede resultar aún más riesgoso ya que el conocimiento público de la documentación con que se manejan las contingencias relativas a la operatividad del hospital Félix Bulnes, expone a que la salud pública pueda verse vulnerada, generando con ello graves riesgos a la salud de la población.

3) AMPARO: El 22 de febrero de 2021, don Felipe Montoya Aguilera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta incompleta a su solicitud, por cuanto se le denegó lo pedido en la primera parte del requerimiento efectuado.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante oficio N° E5757, de 6 de marzo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; y, (5°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría el interés nacional.

Mediante ordinario electrónico DGC N° 0262-2021, de 22 de marzo del 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos, reiterando la concurrencia de las causales de reserva del artículo 21 N° 1 letra c), N° 2 y N° 4 de la Ley de Transparencia, respecto de lo pedido. Agregando lo siguiente:

a) Que, se estima que la información solicitada corresponde a 11.000 documentos aproximadamente, que deben ser revisados a fin de ponderar si a su respecto deben aplicar el procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; o alguna de las causales de excepción previstas en el artículo 21 de la ley señalada. Para lo cual, estiman que necesitarían destinar a 5 de sus funcionarios de manera exclusiva a dicha labor por alrededor de 58 días, a razón de revisar 190 documentos diarios. Así, sostuvo que la recopilación de lo requerido y su ponderación, demandaría un importante trabajo que, indudablemente, entorpecería el normal y debido ejercicio de las labores de fiscalización de la obra pública concesionada, pues distraería indebidamente a los profesionales de sus funciones. Además, señala que la información se encuentra tanto en formato papel como en digital. Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido.

b) Que, "parte de la información solicitada puede vincularse con los sistemas de vigilancia del Hospital Félix Bulnes y con las líneas vitales de funcionamiento del recinto, incluidas sus unidades críticas de atención de pacientes y con los planes de contingencia y de mantenimiento de las plantas de aguas y gases clínicos". Es por ello que, se ha estimado que entregar esa información tiene la capacidad de poner en riesgo el adecuado funcionamiento del Hospital y con ello la obligación del Estado de atender las demandas de salud pública que, en estos días, son exigidas a máximo nivel con ocasión de la pandemia por Covid-19.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la entrega parcial de la información, circunscribiéndose el objeto de este a lo pedido en el N° 1 de la solicitud. Al efecto, el órgano recurrido invocó la concurrencia de las causales de reserva del artículo 21 N° 1 letra c), N° 2 y N° 4 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en cuanto a la causal de excepción dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia alegada, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, en orden a que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas.

3) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

4) Que, en virtud de lo expuesto, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, conforme a la cual los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

5) Que, en la especie, según lo informado por la reclamada en sus descargos, la información solicitada corresponde a 11.000 documentos aproximadamente, que deben ser revisados a fin de ponderar si a su respecto deben aplicar el procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; o alguna de las causales de excepción previstas en el artículo 21 de la ley señalada. Para lo cual, estiman que necesitarían destinar a 5 de sus funcionarios de manera exclusiva a dicha labor por alrededor de 58 días, a razón de revisar 190 documentos diarios. Por tanto, en virtud de lo señalado, se estima que en este caso concurre la causal de reserva invocada, en consecuencia, se rechazará el presente amparo. En el mismo sentido se resolvió amparo Rol C4482-20, referida a similar información.

6) Que, atendido lo resuelto precedentemente, resulta inoficioso pronunciarse sobre las demás alegaciones realizadas por el órgano reclamado, fundada en las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 4 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Felipe Montoya Aguilera en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, por concurrir respecto de lo solicitado la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Felipe Montoya Aguilera y al Sr. Director General de Concesiones de Obras Públicas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.