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Municipalidad de Alhué con Consejo para la Transparencia Rol: 20-2021

Corte de Apelaciones de San Miguel, 03/06/2021

Se deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, con motivo de proceso de amparo de información pública. Corte acoge el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Acogido


Ministros:

  • María Carolina Catepillán Lobos

Texto completo:

San Miguel, tres de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en este procedimiento contencioso administrativo ingreso Corte N° 20-2021 comparece el abogado don Héctor José Parra Rojas, en representación de la Municipalidad de Alhué, corporación de derecho público, RUT N° 69.072.200-9, con domicilio en Pintor Onofre Jarpa N° 55, comuna de Alhué, para interponer reclamo de ilegalidad establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública en contra del Consejo para la Transparencia, representado por su presidenta, doña Gloria de la Fuente González, ambos domiciliados en calle Morandé N° 360, piso 7°, por haber acogido con fecha 23/02/2021 el amparo deducido por un particular y, en consecuencia, ordenó al municipio entregar copia de los comprobantes de transferencias electrónicas bancarias del pago de las remuneraciones del personal de planta y contrata correspondiente al período comprendido entre los meses de enero a octubre del año 2020. Pide tener por interpuesto reclamo de ilegalidad contra la decisión de Amparo Rol C 7949-20 pronunciada por el Consejo para la Transparencia al haber infringido el principio de legalidad, dejando sin efecto el acto recurrido y declarar que la Municipalidad de Alhué se encuentra amparada en el artículo 154 del DFL N° 3 del Ministerio de Hacienda para la información.

Sostiene que existe una vulneración al principio de legalidad, contemplado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política. Señala que la primera causal de ilegalidad en que incurre la autoridad administrativa, es la interpretación administrativa ya que extiende el texto de la ley al disponer el tipo (sic) de información que ordena entregar, en circunstancias que tal actividad queda restringida a los tribunales de justicia. Entiende que el mencionado Consejo, en la decisión reclamada, hizo una interpretación que no le correspondía, al limitar el alcance del artículo 154 inciso 1° de la Ley General de Bancos, referente al secreto bancario. Explica que se invoca el Dictamen N° 3.334 de 2009 de la Contraloría General de la República, para señalar que la calificación de una determinada hipótesis de secreto o reserva, es un asunto de mérito que debe ponderar el organismo que tiene en su poder los antecedentes respectivos. Sin embargo, asevera que se omite la transcripción de aquella parte que señala que los órganos públicos solo pueden entregar información bancaria al órgano contralor, más no, a terceros.

Invoca como segunda causal de ilegalidad, la existencia de una causal de reserva legal. Explica que el artículo 21 de la Ley 20.285 establece que las únicas causales de secreto o reserva, en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso de la información son las que allí se detallan, entre las que se encuentra "...5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quorum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".

Advierte que sobre la base de la citada disposición, y del artículo 154 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, no es posible establecer por la vía de la interpretación administrativa, la inaplicabilidad del "secreto bancario" a las transferencias bancarias que las municipalidades efectúen. Explica que su parte no niega el acceso a la información pública respecto a la nómina de funcionarios y las remuneraciones correspondientes, ya que ellas se encuentran publicadas en el portal de transparencia activa, sino que se amparó en el artículo 154 del DFL N° 3 que Fija Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley de Bancos que contempla el secreto bancario que señala "Las operaciones de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos en virtud de la presente ley estarán sujetas a secreto bancario". Agrega que en ello se fundamentó su respuesta al amparo, desde que aún en el evento de acceder a la información solicitada, no se podrían entregar los números de las cuentas bancarias que se contienen en los depósitos o transferencias, al tratarse de datos sensibles protegidos por la normativa, respecto de lo cual nada dice la decisión recurrida.

Segundo: Que informa al tenor del recurso don David Ibaceta Medina, Director General suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, que por decisión de Amparo Rol C7949-20, adoptada con fecha 23 de febrero de 2021, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo por denegación de acceso a la información deducido en contra del Municipio.

Sostiene que la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 inciso 2°de la Constitución Política y los artículos 5°, 10° y 11° letra c) de la Ley de Transparencia, al obrar en poder del órgano y referirse al uso de recursos públicos en el marco del pago de remuneraciones de funcionarios públicos. Señala que el referido mandato básico de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, se encuentra implícitamente reconocido en el artículo 19 N° 12 de la Carta Fundamental, como una manifestación de la libertad de expresión, establece que el secreto o reserva es de carácter excepcional. Explica que a contar de 2005, sólo a través de una Ley de quorum Calificado, se puede afectar el Principio de Publicidad de los actos de la administración, siempre y cuando se afecten los bienes jurídicos protegidos que el propio artículo 8° contempla; y, que la Ley General de Bancos es anterior a la referida reforma constitucional. De ello colige que, en el caso de marras, se trata de la publicidad de las actuaciones de la Administración del Estado, que se vinculan directamente con el uso de recursos o arcas fiscales y la exigencia de un comportamiento probo de los funcionarios, donde el elemento básico para verificar el correcto comportamiento de la función pública es precisamente su fiscalización o control.

Luego, señala que no es aplicable el inciso 1° del artículo 154 de la Ley General de Bancos, puesto que la municipalidad no es sujeto pasivo de la obligación de reserva a que dicha norma se refiere, por tratarse de información propia y, por ello pública; sin perjuicio que no se acreditó una afectación a alguno de los bienes jurídicos consagrados en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República. Hace presente que la Excma. Corte Suprema ha sostenido que sólo a través de una Ley de Quorum Calificado se puede afectar el Principio de Publicidad de los actos de la administración, siempre y cuando, se afecten los bienes jurídicos protegidos en que el mismo citado artículo 8° contempla, lo que en la especie no se acreditó.

Más adelante, asevera que la interpretación en los casos de secreto y reserva, debe ser restrictiva, al tratarse el derecho de acceso a la información pública de un derecho fundamental implícito, como lo ha declarado el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo establece el Pacto de San José de Costa Rica en relación al artículo 5 inciso 2° de la Carta Fundamental.

Finalmente, concluye que el Consejo para la Transparencia que al resolver la Decisión Amparo Rol C7949-20, obró dentro de sus facultades al ponderar que la publicidad de lo requerido no afectaba a alguno de los bienes jurídicos consagrados en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, lo que le permitió descartar la aplicación del artículo 154 inciso 1° de la Ley General de Bancos. Señala que ha actuado dentro de su competencia y en estricto cumplimiento del mandato legal establecido en los artículos 16, 24 y 33 letra b) de la Ley de Transparencia, siguiendo el procedimiento establecido en ella, e interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Carta Fundamental y la Ley de Transparencia no configurándose las ilegalidades alegadas por la reclamante.

Pide el rechazo del reclamo de ilegalidad, en su totalidad, y que se resuelva mantener o confirmar (sic) la decisión de Amparo Rol C7949-20 de ese Consejo.

Tercero: Que para resolver la materia, resulta necesario tener presente, en primer lugar, que el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, incorporado por la Ley N° 20.050 del año 2005 establece: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

Cuarto: Que, en cumplimiento del mandato constitucional, fue dictada la Ley de Acceso a la Información Pública N° 20.285, que establece, en lo que interesa: "La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (artículo 3°). También consigna que "El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (artículo 4, inciso segundo). Por último, dispone que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" (artículo 5).

Quinto: Que en esa misma línea, el artículo 21 de la Ley de Transparencia previene: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

...2.-Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico"...

Sexto: Que la primera exigencia para que el deber de reserva de la información pueda ser invocado por los órganos del Estado, es que éste conste en una ley de quórum calificado, condición que cumplen las disposiciones legales que hayan sido dictadas con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.285 y que estaban vigentes a su promulgación, como resulta en la especie, el artículo 154 de La Ley de Bancos, que dispone en su inciso primero: "Las operaciones de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos en virtud de la presente ley estarán sujetas a secreto bancario y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente. El que infringiere la norma anterior será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio."

Séptimo: Que de la lectura del texto constitucional es posible advertir que para configurar la condición de reservada de la información, además de la exigencia de quórum calificado que debe cumplir formalmente la ley, cuyo es el caso de autos, resulta indispensable acreditar que, con la entrega de la información, afecte el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Octavo: Que en este caso se ha ordenado a la I. Municipalidad de Alhué entregar a un particular la copia de los comprobantes de las transferencias electrónicas bancarias del pago de remuneraciones del personal de planta y contrata del área municipal correspondientes al período comprendido entre los meses de enero a octubre del año 2020.

Al respecto debe tenerse en consideración, en primer término, que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 7 letra f) de la Ley N° 20.285, ordena a los órganos de la Administración del Estado mantener a disposición permanente del público "Las transferencias de fondos públicos efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios." (el destacado es nuestro). Es decir, no es obligación de los órganos del Estado poner en conocimiento de público, las transferencias bancarias efectuadas a cada uno de los funcionarios por el pago de sus remuneraciones. Y lo anterior no puede ser de otra forma toda vez que dicha información pertenece al ámbito privado de éstos, y su divulgación vulnera el secreto bancario que los protege. Desde luego que, tal como lo señala la reclamante, es pública la información acerca de la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones, más no la cantidad exacta que en cada caso, y en atención a diversas circunstancias - como retenciones judiciales, descuentos por créditos, ahorro y otros similares- recibe cada uno de ellos mes a mes. La divulgación de esta información, desde luego importa una vulneración de los derechos de los funcionarios que laboran en el municipio, aun cuando se indique por el Consejo para la Transparencia que deberán tarjarse "todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena", teniendo en consideración que de tales "ejemplos" sólo la cédula de identidad y el correo electrónico son datos que se incorporan en los comprobantes de transferencias, de manera que resulta inútil la referencia a los demás datos indicados. En efecto, aun cuando se ordenó también "anonimizar" los datos sensibles, el nombre del respectivo trabajador municipal no podrá ser omitido, dado que es necesario para que el tercero que recibirá la información, constate que se le entregó la solicitada y no una distinta.

Noveno: Que, tan importante es la protección de los derechos de terceros, que el artículo 20 de la Ley N° 20.285 dispone que cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectarle, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado deberá comunicárseles la facultad que les asiste para oponerse, cuestión que en el caso de autos no ocurrió.

Décimo: Que, en consecuencia, al acoger el amparo planteado la recurrida pese a concurrir en la especie la reserva establecida en una ley de quórum calificado, ha incurrido en ilegalidad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 28 y siguientes de la Ley N° 20.285, se acoge el reclamo deducido en lo principal de la presentación de fojas 1 por don Héctor José Parra Rojas, en representación de la Municipalidad de Alhué, en contra de la decisión del amparo Rol N° C7949-20 del Consejo para la Transparencia y, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución que acogió el amparo interpuesto por don José Andrés Arellano Blanco en contra de la Municipalidad de Alhué, y en su lugar se lo rechaza.

Acordada la decisión con el voto en contra de la ministro señora Catepillán, quien estuvo por rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto, básicamente por cuanto el amparo C-7949-20 de 23/02/2021 en parte alguna señala que se debe mantener el nombre de los destinatarios de las transferencias bancarias cuyos comprobantes se solicitan.

Y se tiene además presente:

1°) Que para el análisis de la presente reclamación, conviene traer a colación los siguientes antecedentes;

1.- Lo que se decidió por el Consejo para la Transparencia luego de acoger el amparo interpuesto por don José Andrés Arellano Blanco en contra de la Municipalidad de Alhué., consistió en "... II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alhué, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante copia de los comprobantes de transferencia electrónica bancaria del pago de las remuneraciones del personal de planta y contrata del área municipal de la Municipalidad de Alhué, correspondiente al período comprendido entre los meses de enero a octubre del año 2020. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g) y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia...";

2.- Durante la tramitación del amparo en que inciden estos antecedentes, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, solicitó a la municipalidad de Alhué que, en su traslado, se refiriera específicamente, a las causales de secreto o reserva que, en su concepto, harían procedente la denegación de la información denegada;

3.- El mencionado municipio, en síntesis, sostuvo que la entrega de la información pedida, implicaría contravenir el principio de legalidad, contenido en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República, al infringir el secreto bancario previsto en el artículo 154 del DFL N° 3, Ley General de Bancos, sin invocar lo previsto en el artículo 21 N° 5 de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública; y

4.- Durante la tramitación de los recursos de amparo y de ilegalidad, no se acreditó que la entrega de la información pudiera afectar derechos de carácter comercial o económico de la municipalidad de Alhué, o de terceros. 2°) Que, para resolver la materia, resulta necesario tener presente, en primer lugar, que el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, incorporado por la Ley N° 20.050 del año 2005 establece: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

Asimismo, cabe consignar que la Constitución Política de la República asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de información (artículo 19 N° 12), el que se encuentra reconocido en la Carta Fundamental - aunque no en forma explícita - como un mecanismo básico para la plena vigencia de un estado de derecho y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía. Además representa, un efectivo medio para el adecuado control del ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas.

Tales reglas constitucionales, obligan a todos los órganos del Estado, entre ellos, las municipalidades, que éstos den a conocer sus actos y que obren con la mayor transparencia posible en el desempeño de su función pública, lo que se relaciona justamente con el derecho de las personas a ser informadas.

3°) Que, es por ello que, la publicidad de los documentos que se encuentren en poder de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, esto es,"... cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional" y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar.

En cumplimiento del mandato constitucional, fue dictada la Ley de Acceso a la Información Pública N° 20.285, que establece, en lo que interesa: "La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (artículo 3°). También consigna que "El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (artículo 4, inciso segundo). Por último, dispone que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" (artículo 5).

4°) Que en esa misma línea, el artículo 21 de la Ley de Transparencia previene: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

...2.-Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico"...

5°) Que conviene tener presente que la primera exigencia para que el deber de reserva de la información pueda ser invocado por los órganos del Estado, es que éste conste en una ley de quórum calificado, condición que cumplen las disposiciones legales que hayan sido dictadas con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.285 y que estaban vigentes a su promulgación, como resulta en la especie, el artículo 154 de La Ley de Bancos. Sin embargo, de una atenta lectura del texto constitucional permite sostener que para configurar la condición de reservada de la información, además de la exigencia de quórum calificado que debe cumplir formalmente la ley, resulta indispensable acreditar que, con la entrega de la información, afecte el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. En efecto, la Excma. Corte Suprema ha señalado reiteradamente que, además, es necesario evaluar, en concreto, la afectación al bien jurídico que se trata de proteger (roles 49.981-2016; 35.801-2017 y 26.843-2018, entre otros).

6°) Que en razón de lo anterior, correspondía al ahora reclamante, demostrar en qué medida la entrega de la información requerida efectivamente afecta "el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional" y ello en la especie, no ha acontecido.

7°) Que de lo antes colacionado y sin perjuicio de la deficiencia esencial precedentemente anotada, que por sí sola lleva al rechazo de la reclamación, lo cierto es que la información requerida en caso alguno puede afectar el derecho de las personas desde que la decisión del Consejo Directivo dispuso, previo a su entrega, el tarjado de datos personales y sensibles, por aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, el que permite conciliar adecuadamente la entrega de copia de los comprobantes de transferencia electrónica bancaria del pago de las remuneraciones del personal de planta y contrata del área municipal de la Municipalidad de Alhué, correspondiente al período comprendido entre los meses de enero a octubre del año 2020, conforme los artículos 8°, inciso segundo y 19, N° 12 de la Constitución, con las causales de secreto o reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia, sin que por ello resulte posible afirmar que la entrega de la documentación solicitada tiene la aptitud para producir una afectación concreta y precisa de los bienes jurídicos que la Carta Fundamental busca proteger.

En efecto, en el artículo 2 letra l) de la Ley 19.628 sobre Protección de la vida privada, se establece el concepto de Procedimiento de disociación de datos como "...todo tratamiento de datos personales de manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable ..". En seguida, con mayor precisión, se refiere el Proyecto que modifica la mencionada ley, al consignar que se entiende por anonimización o disociación el "Procedimiento irreversible en virtud del cual un dato personal no puede vincularse o asociarse a una persona determinada, ni permitir su identificación, por haberse destruido o eliminado el nexo con la información que vincula, asocia o identifica a esa persona. Un dato anonimizado deja de ser un dato personal" .

8°) Que de lo que se viene razonando, esta disidente concluye que el Consejo para la Transparencia no ha excedido su competencia al disponer en definitiva la entrega de la información requerida, desde que es un órgano dotado legalmente de la potestad de dirimir una controversia de naturaleza jurídica. De ello, necesariamente se colige que le corresponde desentrañar el verdadero sentido y alcance de los preceptos constitucionales y legales que gobiernan los asuntos que se someten a su conocimiento, sin que haya incurrido en ilegalidad alguna.

Redacción de la ministra Sra.Catepillán.

Regístrese y archívese.

N° 20-2021 Contencioso Administrativo

Pronunciado por la Quinta Sala integrada por las ministros señora María Carolina Catepillán Lobos, señora Liliana Mera Muñoz y señora Nelly Villegas Becerra. Se deja constancia que no firma la señora Liliana Mera Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministra Maria Carolina U. Catepillan L. y Ministra Suplente Nelly Magdalena Villegas B. San miguel, tres de junio de dos mil veintiuno.

En San miguel, a tres de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.