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Marco Riveros Keller con Ministros Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol: 36599-2021

Corte Suprema, 01/06/2021

Se interpuso recurso de queja en autos sobre reclamo de ilegalidad seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de ministros por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo Para la Transparencia. Corte declara declara inadmisible el recurso de queja.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Inadmisible por improcedente


Ministros:

  • Adelita Ravanales Arriagada
  • Ángela Vivanco M.
  • Mario Carroza Espinoza
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, uno de junio de dos mil veintiuno.

Al escrito folio N° 59669-2021: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en estos autos Rol Corte Suprema N° 36.599-2021, compareció Marco Riveros Keller, en representación de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), quien dedujo recurso de queja en contra de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conformada por los Ministros señor Jorge Zepeda Arancibia, señor Omar Astudillo Contreras y señora Elsa Barrientos Guerrero, por la dictación de la sentencia de 17 de mayo de 2021, que rechazó el reclamo deducido por su parte, en contra del Consejo para la Transparencia quien, a través de la Decisión de Amparo de 18 de mayo de 2020, dispuso la entrega al solicitante de copia de la "Minuta de Investigación Proceso de Término Anticipado de Contrato N° 4501728437, entre Zarey Consultores SpA y la División Chuquicamata de CODELCO-Chile DF-M/11/2019 y sus anexos".

La solicitud de información fue promovida por Eduardo Bustamante Sánchez, quien pidió a la Contraloría General de la República - que, a su vez, derivó la petición a Cochilco - "copia de la resolución (y sus adjuntos) enviada por Cochilco el 18 de octubre de 2019 y que fuera recepcionada por la Contraloría General de la República con fecha 21 del corriente mes. La referida resolución y sus adjuntos ha sido emitida con ocasión de la derivación realizada por la Contraloría, mediante referencia 169.479/19 de fecha 28 de marzo de 2019 frente a un requerimiento realizado por esta abogado en representación de Zarey Consultores SpA".

La decisión del Consejo para la Transparencia, cuya impugnación fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió parcialmente el amparo deducido, disponiendo que debe entregarse al reclamante copia de la información antes anotada, con excepción de los datos sobre gastos contenidos en la página 8 de la minuta, como asimismo del anexo (v), que contiene un correo electrónico.

Segundo: Que por el recurso se acusa, como grave falta o abuso, el haber resuelto que Cochilco carece de legitimación para reclamar la decisión de amparo. A continuación, se reprocha que los sentenciadores ratificaran la decisión administrativa, permitiendo la vulneración de los numerales N° 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1349, del año 1976, del Ministerio de Minería.

Solicita en definitiva que, acogiéndose el recurso de queja, se deje sin efecto la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó la entrega de la información, rechazando en todas sus partes la solicitud.

Tercero: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales". Su acápite primero, que lleva por título "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Cuarto: Que, además, conforme al artículo 548 del ya citado cuerpo normativo, el recurso en estudio debe interponerse dentro del plazo fatal de cinco días hábiles, contado desde la fecha en que se notifique la resolución que motiva el recurso, término que se amplía conforme a la tabla de emplazamiento a que se refiere el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil cuando el Tribunal que haya pronunciado la resolución tenga su asiento en una comuna o agrupación de comunas diversa de aquella en que lo tenga el tribunal que deba conocer del recurso.

Quinto: Que, de acuerdo al certificado acompañado en autos, la sentencia impugnada, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue notificada por el estado diario de fecha 17 de mayo de 2021, en circunstancias que el recurso de queja fue ingresado el día 25 del mismo mes y año, de lo cual se deriva que el presente arbitrio disciplinario resulta extemporáneo.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde también tener presente que, en el marco del examen de admisibilidad del recurso de queja sub judice, útil resulta recordar que la Ley N° 20.285 ha venido en regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información, los procedimientos para el ejercicio de aquel derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

En ese contexto, el objeto del Consejo para la Transparencia consiste en promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y demás referidos por el cuerpo legal ya citado, y garantizar el derecho de acceso a la información.

Desde una perspectiva orgánica, su máximo estamento está constituido por su Consejo Directivo, integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, funcionarios que sólo cesan en sus cargos por expiración del plazo por el cual fueron designados, renuncia presentada ante el Presidente de la República, postulación a cargos de elección popular, incompatibilidad sobreviniente o remoción dispuesta por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

Como se puede apreciar, el Consejo para la Transparencia es un órgano colegiado, técnico, generado con la participación de dos poderes el Estado, imparcial, independiente e integrado por miembros que gozan de estabilidad en sus cargos y ajenos a la Administración del Estado; que se encuentra llamado, entre otras funciones, a promover la transparencia de la función pública.

Séptimo: Que, por su parte, los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285 confieren al afectado por una decisión del Consejo para la Transparencia, la posibilidad de reclamar ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, órgano jurisdiccional que debe dictar sentencia dentro del término de diez días contados a partir de la vista de la causa, sin que proceda recurso alguno en su contra.

Octavo: Que, como se aprecia de lo desarrollado en los dos motivos precedentes, la Ley N° 20.285 ha elaborado un sistema complejo de amparo del derecho ciudadano de acceso a la información pública, compuesto por dos etapas diversas: una fase administrativa, ante el Consejo para la Transparencia, y la eventual revisión judicial de lo decido por éste, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En común, en ambas etapas, la controversia es conocida por órganos colegiados, integrados por miembros independientes y siempre ajenos a la entidad pública requerida, previa tramitación de procedimientos contenciosos y adversariales dotados de las etapas necesarias para asegurar la debida cautela y el pleno respeto de los derechos del requirente, de la repartición requerida y de los terceros que pudieren tener interés en la publicidad, secreto o reserva de la información.

De esta manera, se está frente a un sistema dotado de dos niveles de revisión de la decisión administrativa, asegurando con ello su control técnico, amplio, integral, y eficaz.

Noveno: Que, así, no puede sostenerse que en la sentencia de 17 de mayo de 2021 los magistrados recurridos hayan incurrido en falta o abuso grave, pues tal resolución, en tanto comparte plenamente la decisión del Consejo para la Transparencia, es fruto de la revisión exhaustiva, sucesiva y consonante del conflicto, desarrollada en sede administrativa y luego judicial, proceso de análisis cuyo resultado uniforme permite concluir que los argumentos del quejoso no resultan aptos para alterar lo decidido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se declara inadmisible el recurso de queja deducido por Marco Riveros Keller, en representación de Cochilco, en lo principal de su presentación de veinticinco de mayo del año en curso.

A los otrosíes: estése a lo resuelto precedentemente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 36599-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A., Mario Carroza E. y Abogado Integrante Pedro Aguila Y. Santiago, uno de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a uno de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.