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Municipalidad de Maipú con Consejo para la Transparencia Rol: 91-2021

Corte de Apelaciones de Santiago, 10/06/2021

Se deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, con motivo de proceso de amparo de información pública. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Fernando Carreño Ortega
  • Mario Rojas González
  • Maritza Villadangos Frankovich

Texto completo:

Santiago, diez de junio de dos mil veintiuno.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 9 de febrero de este año comparece la abogada doña Elizabeth Olguín Ríos, en representación de la Municipalidad de Maipú, quien de conformidad a lo previsto en los artículos 28 y siguientes de la Ley 20.285, deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada el 26 de enero de 2021, por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, con motivo del proceso de amparo de información pública, rol N° C-6.803-20.

Indica que el 23 de septiembre de 2020 recibió vía portal web la solicitud de acceso a la información pública realizada por don José Fuenzalida González, quien exigió: "1 - Cantidad de semáforos que no están en actual funcionamiento en la comuna; 2. Si existe contrato o concesión vigente del servicio de mantención y reparación de semáforos, acompañando antecedentes; 3. ¿Cuál es la unidad municipal a cargo de los semáforos y quién es el responsable?; 4. Si se han celebrado nuevos contratos respecto del servicio de mantención y reparación de semáforos en la comuna de Maipú. Documentos fundantes; y 5. Si existe algún plan municipal para reparar los semáforos que continúan sin funcionar".

Explica que frente a dicha petición el por Resolución N° 1071, el Director Municipalidad informó al requirente que Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, ya que no correspondía a una solicitud de acceso a la información y se enmarcaba más bien en el ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República. Agrega que respecto de esta decisión, con fecha 22 de octubre de 2020 el solicitante dedujo amparo ante el Consejo para la Transparencia, incoándose la causa rol N° C-6.803-20.

Refiere que en sesión ordinaria N° 1.152, de 26 de enero de 2021, el Consejo para la Transparencia acogió el aludido amparo y ordenó a la Municipalidad de Maipú entregar al reclamante la siguiente información: "i. Cantidad de semáforos que no están en actual funcionamiento en la comuna; ii. Si existe contrato o concesión vigente del servicio de mantención y reparación de semáforos, acompañando antecedentes; iii. Unidad municipal a cargo de los semáforos y funcionario responsable; iv Si se han celebrado nuevos contratos respecto del servicio de mantención y reparación de semáforos en la comuna de Maipú. Documentos fundantes; y v Si existe algún plan municipal para reparar los semáforos que continúan sin funcionar", dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde que la referida decisión se encontrare ejecutoriada.

Alega, en primer término, que la reclamada efectuó una interpretación errónea de las normas aplicables al caso, dado que en su opinión, no resulta una materia de competencia del Consejo para la Transparencia.

Sostiene que la petición de información solicitada implica la elaboración de un informe que pueda dar respuesta a ella, situación que no compete a un requerimiento de la Ley 20.285 y que se enmarca más propiamente en el derecho de petición que consagra la Carta Fundamental, correspondiendo que sea contestado por la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias del ente edilicio.

Afirma que en la decisión impugnada se incurre en sendos errores, pues en el considerando segundo se asevera que lo pedido no solo puede desprenderse fácilmente del contenido de los registros, documentos o antecedentes que plausiblemente debe mantener el municipio respecto de la materia consultada, tales como, contratos, decretos, informes, cuenta pública y análisis estadísticos, entre otros, sino que además puede derechamente satisfacerse mediante la entrega de dichos antecedentes, sin considerar en ello que el espíritu de la citada ley es precisamente dar cumplimiento a las solicitudes de acceso a la información, pero dentro de un margen que depende de cada situación de hecho, en términos de los esfuerzos desproporcionados que puede llegar a involucrar la entrega de lo requerido. Añade que es absurdo que se conceda información que no fue tratada como una petición de transparencia, la que en caso de haber sido así, debió ser derivada al Ministerio de Transportes, toda vez que no todos los antecedentes obran en su poder y no se encuentran sistematizados, ni digitalizados, por lo que de mantenerse la decisión impugnada, la municipalidad deberá destinar el esfuerzo específico de un funcionario con dedicación exclusiva para tal efecto.

Argumenta, en segundo lugar, que si bien la naturaleza jurídica de la decisión del Consejo para la Transparencia, corresponde a la de una potestad discrecional, ella se encuentra sujeta a los límites que determinan su control por parte de la judicatura y la prohibición de exceso.

Pide, en definitiva, que se acoja la presente reclamación de ilegalidad y que se revoque la sentencia impugnada, declarando que se rechaza totalmente el amparo deducido, al no cumplir la respectiva petición el estándar exigido por la Ley 20.285;

SEGUNDO: Que mediante resolución de fecha 15 de febrero de este año se tuvo por interpuesto el presente recurso de reclamación y se confirió traslado al Consejo para la Transparencia y al tercero interesado, don José Fuenzalida González;

TERCERO: Que evacuando el informe de rigor don David Ibaceta Medina, abogado, en representación del Consejo para la Transparencia, solicita que el presente reclamo sea rechazado en todas sus partes, en virtud, en síntesis, de las siguientes consideraciones:

a).- Indica, en primer lugar, que corresponde declarar el arbitrio inadmisible en aquella parte referente a la supuesta existencia de esfuerzos desproporcionados para entregar lo pedido, por carecer la reclamante de legitimación activa y, en subsidio, porque conforme a las razones explicadas, no puede invocar extemporáneamente la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

Precisa, en relación a las alegaciones sobre una eventual distracción indebida en el cumplimiento de funciones, que corresponde declarar inadmisible el reclamo, pues el inciso segundo del artículo 28 de la Ley 20.285 prohíbe a los órganos del Estado invocar la causal del artículo 21 N° 1.

En subsidio de lo anterior, solicita el rechazo de la presente impugnación por haber sido invocada la causal extemporáneamente, esto es, una vez que la decisión de amparo C-6.803-20 ya había sido adoptada, habiendo precluido el derecho de alegarla en esta sede, por infringirse con ello el principio de congruencia procesal.

b).- Argumenta, enseguida, que la decisión que se objeta no es ilegal por cuanto se ajusta a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República y a los artículos 5° y 10 de la citada ley, ya que la información solicitada obra en poder de la municipalidad, no siendo efectivo que para satisfacer la solicitud deba elaborar o crear información nueva o distinta de la que ya posee.

En este sentido, hace presente que la propia municipalidad refiere en su reclamo que la información no está sistematizada, ni digitalizada y que su entrega implicará destinar esfuerzos específicos de un funcionario con dedicación exclusiva para estos efectos, lo que deja en evidencia que el Consejo para la Transparencia obró ajustándose a la normativa citada, ya que no le está exigiendo que elabore información que no posee, sino únicamente que se remita a efectuar una búsqueda y la sistematización de antecedentes que obran en su poder.

Agrega a lo anterior, que se encuentran también amparadas por el derecho de acceso a la información todas aquellas solicitudes que impliquen informar, afirmativa o negativamente, en virtud de si los antecedentes requeridos obran o no en poder del órgano reclamado, lógica en que se encuentra precisamente la información pedida, la que pudo ser resuelta contestando afirmativa o negativamente.

c).- Explica, a continuación, que conforme se deprende de los artículos 4, 5, 10 y 11 letras a), c) y d) de la Ley 20.285, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en la propia ley.

d) .- Esgrime, finalmente, que no es admisible que recién en sede de ilegalidad se sostenga que parte de la información, obraría en poder del Ministerio de Transporte, ya de ser efectivo, correspondía señalarlo al dar respuesta a la solicitud, conforme lo estipula expresamente el artículo 13 de la Ley 20.285;

CUARTO: Que por resolución de 1 de abril del año en curso se dispuso prescindir de los descargos del tercero interesado, don José Fuenzalida González, por no haber evacuado los mismos dentro del término legal, y se trajeron estos autos en relación. El 8 de junio de este año se procedió a la vista de la causa, con intervención de los apoderados de la reclamante y de la reclamada;

QUINTO: Que en primer lugar, no es posible soslayar a estos sentenciadores que la competencia que posee esta Corte en esta materia, de conformidad a lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 20.285, se enmarca en el examen de legalidad de la decisión del Consejo para la Transparencia que deniega o, en su caso, otorga acceso a la información a quien la requiere.

Luego, habiéndose en este caso acogido íntegramente el amparo de información, "por tratarse de una solicitud de acceso a la información pública amparada por la Ley de Transparencia, respecto de la cual no se acreditó su entrega, ni se alegó causal de secreto o reserva que ponderad", el análisis que incumbe efectuar a este Tribunal se encuentra circunscrito a dirimir en definitiva la legalidad de dicha decisión;

SEXTO: Que ahora bien, tras la sola lectura del libelo en que la actora plantea el reclamo es posible constatar que tal impugnación se apoya únicamente en que, a su juicio, "la producción de la información solicitada implica la elaboración de un informe para dar respuesta, situación que no compete a una solicitud de la Ley 20.285 sino que se enmarca en el derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, debiendo ser contestado por la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias de este ente edilicio"".

En términos sencillos, estima la reclamante que la información solicitada no se encuentra amparada por la Ley 20.285, dado que no toda ella obra en poder de la municipalidad, ni se encuentra sistematizada, ni digitalizada, por lo que su entrega le implicaría destinar esfuerzos específicos de un funcionario con dedicación exclusiva para tales efectos.

No existe controversia respecto de que la actora no opuso causal de reserva alguna ante el Consejo para la Transparencia en orden a justificar su comportamiento frente a la solicitud de don José Fuenzalida González;

SÉPTIMO: Que así entonces, luego de analizar nuevamente la información solicitada, esta Corte no advierte el motivo o razón que supuestamente excluiría a dicha petición del amparo de la Ley de Transparencia.

En efecto, lo pedido comunicar es la cantidad de semáforos que no se encuentran en actual funcionamiento en la comuna de Maipú; la unidad municipal a cargo de los semáforos y el funcionario responsable; y la existencia de algún contrato o concesión vigente, relativos al servicio de mantención y reparación de semáforos; de nuevos contratos respecto de los mismos servicios; y de algún plan municipal para reparar los semáforos que continúan sin funcionar.

Pues bien, el artículo 10 de la Ley 20.285 estatuye: "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

Por su parte, los literales c) y d) del artículo 11 del mismo texto legal prevén: "El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:...

c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.

d) Principio de máxima divulgación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales...""

Luego, tratándose de información pública la que ha sido solicitada a la reclamante y habiendo ella reconocido tácitamente en su libelo pretensor que, al menos, mucha de la misma obra en su poder, pero que no se encontraría digitalizada, ni sistematizada, debió entonces proporcionarla, sin que lo ardua que pueda resultar su recopilación le permita hacer excepción a dicha obligación.

La premisa anterior encuentra correlato en el inciso segundo del artículo 14 de la Ley 20.285, en cuanto dispone que el plazo de veinte días hábiles que el organismo requerido tiene para pronunciarse sobre la petición de información puede excepcionalmente prorrogarse por otros diez días hábiles cuando existan circunstancias "que hagan difícil reunir la información solicitada", norma de la que es posible inferir, entonces, que lo difícil de la recopilación de los antecedentes no justifica la no entrega de los mismos, en tanto no se incurra en distracción indebida de las labores habituales de los funcionarios del órgano requerido, al tenor de la letra c) del numeral 1° del artículo 21 del mismo estatuto, alegación que en cualquier caso resulta improcedente de esgrimir a la reclamante, conforme prevé el inciso segundo del artículo 28 del citado texto legal;

OCTAVO: Que atendidas las alegaciones de hecho y de derecho que fueron objeto del escrutinio llevado a cabo por el Consejo para la Transparencia y que desencadenaron en la decisión impugnada, lo cierto es que lo reflexionado precedentemente resulta suficiente para desestimar el arbitrio en análisis.

Sin perjuicio de ello, aparece igualmente pertinente señalar que lleva razón la autoridad reclamada cuando expresa que las razones que se blanden en sustento del reclamo de ilegalidad son subsumibles en la causal de reserva de la letra c) del numeral 1° del artículo 21 de la Ley 20.285, la que le está prohibido alegar en esta sede, conforme dispone el inciso segundo del artículo 28 del mismo texto legal, que le priva expresamente de legitimación activa para ello;

NOVENO: Que asimismo, habida consideración que al evacuar sus descargos en el procedimiento de amparo, la reclamante manifestó únicamente que la información requerida no corresponde a una solicitud de acceso a la información, sino que se enmarca en el derecho de petición consagrado en la Constitución Política de la República, debiendo ser contestado por la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias de la municipalidad, acontece también que los nuevos argumentos, que consigna ahora en su reclamo para justificar la supuesta ilegalidad que denuncia, no pudieron ser revisados por la autoridad administrativa al momento de resolver, de modo que no resulta posible a esta Corte efectuar el examen de legalidad que se le exige, en virtud de razones o causales que no formaron parte de la discusión y que, por ende, tampoco se contienen en la decisión que se objeta.

La alegación de encontrarse parte de la información requerida en poder de otra repartición pública -Ministerio de Transportes-, además de ser un antecedente que sólo en esta sede ha sido planteado, por lo que conforme se ha señalado en el acápite anterior, resulta inane al escrutinio de esta Corte, conlleva también concluir la inobservancia de la reclamante del deber que le imponía en esa hipótesis el artículo 13 de la Ley 20.285, en cuanto dispone que en "caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario",

DECIMO: Que conforme a todo lo reflexionado, deberá necesariamente desecharse el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 20.285, se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido por doña Elizabeth Olguín Ríos, en representación de la Municipalidad de Maipú, en contra de la decisión de amparo pronunciada por el Consejo para la Transparencia, con fecha 26 de enero de 2021, en los autos rol N° C-6.803-20, sin costas.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 91-2021.-

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Fernando Ignacio Carreño O., Maritza Elena Villadangos F. Santiago, diez de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a diez de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.