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Instituto Nacional de Derechos Humanos con Ministros de Corte de Apelaciones Rol: 36590-2021

Corte Suprema, 07/06/2021

Se interpuso recurso de queja en autos sobre reclamo de ilegalidad seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de ministros por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo Para la Transparencia. Corte declara declara inadmisible el recurso de queja.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Inadmisible por improcedente


Ministros:

  • Ángela Vivanco M.
  • Enrique Alcaldes
  • Mario Carroza Espinoza
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, siete de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Pablo Rivera Lucero, abogado, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en autos sobre reclamo de ilegalidad seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 364-2020, dedujo recurso de queja en contra de los Ministras Sres. Juan Manuel Muñoz Pardo y Alejandro Eduardo Rivera Muñoz, y de la Ministra Sra. Mireya Eugenia López Miranda, por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar, el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad por él interpuesto en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo Para la Transparencia en antecedentes Rol C3941-2019, en cuya virtud se ordenó la entrega, por parte del INDH, de: "La indicación de los roles (RIT y RUC) de aquellas causas jurisdiccionales en las que el INDH ha intervenido en favor de extranjeros y en contra de las decisiones de gobierno".

Denuncia que tal falta o abuso grave consiste en haber desconocido la concurrencia de la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, de la forma como desarrolla en su libelo.

Segundo: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales". Su acápite primero, que lleva por título "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Tercero: Que, en el marco del examen de admisibilidad del recurso de queja sub judice, conviene recordar que la Ley N° 20.285 ha venido en regular el principio general de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio de aquel derecho y para su amparo, así como las excepciones expresas a la publicidad de la información.

En ese contexto, el artículo 24 de dicho cuerpo normativo confiere al requirente de información cuya petición ha sido expresa o tácitamente denegada, la posibilidad de solicitar el amparo de su derecho de acceso ante una autoridad especial, consistente en el Consejo para la Transparencia, órgano cuyo objeto consiste en promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.

Desde una perspectiva orgánica, su máximo estamento está constituido por su Consejo Directivo, integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, funcionarios que sólo cesan en sus cargos por expiración del plazo por el cual fueron designados, renuncia presentada ante el Presidente de la República, postulación a cargos de elección popular, incompatibilidad sobreviniente, o remoción dispuesta por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

Como se puede apreciar, el Consejo Para la Transparencia es un órgano colegiado, técnico, generado con la participación de los poderes ejecutivo y legislativo, compuesto por miembros que gozan de estabilidad en sus cargos e integran la Administración del Estado, actuando en esta materia como fiscalizadores; encontrándose llamado, entre otras funciones, a resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados, determinación que debe adoptar con sujeción estricta, en especial, a los principios de legalidad, contradictoriedad e imparcialidad, directrices que le exigen actuar con objetividad en la tramitación y en la decisión que adopte (artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental y artículo 11 de la Ley N° 19.880).

Cuarto: Que, por su parte, los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285 confieren, al afectado por una decisión del Consejo Para la Transparencia, la posibilidad de reclamar ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, órgano jurisdiccional que debe dictar sentencia dentro del término de diez días contados a partir de la vista de la causa, sin que proceda recurso alguno en su contra.

Quinto: Que, como se aprecia de lo desarrollado en los dos motivos precedentes, la Ley N° 20.285 ha elaborado un sistema complejo de amparo del derecho ciudadano de acceso a la información pública, compuesto por dos etapas diversas: Una fase administrativa, ante el Consejo Para la Transparencia, y la eventual revisión judicial de lo decido por el Consejo, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En común, en ambas etapas la controversia es conocida por órganos colegiados, integrados por miembros independientes, sujetos al principio de imparcialidad y siempre ajenos a la entidad pública requerida, previa tramitación de procedimientos contenciosos y adversariales dotados de las etapas necesarias para asegurar la debida cautela y el pleno respeto de los derechos del requirente, de la repartición requerida y de los terceros que pudieren tener interés en la publicidad, secreto o reserva de la información.

De esta manera, se está frente a un sistema dotado de dos niveles de revisión de la decisión administrativa denegatoria, asegurando con ello su control técnico, amplio, integral, y efectivo.

Sexto: Que, así, no puede sostenerse que, en la sentencia de dieciocho de mayo último, los jueces cuya decisión se impugna hayan incurrido en falta o abuso grave, pues tal resolución, en tanto comparte plenamente la decisión de amparo del Consejo Para la Transparencia, es fruto de la revisión exhaustiva, sucesiva y consonante del conflicto, desarrollada en sede administrativa y luego judicial, proceso de análisis cuyo resultado uniforme permite concluir que los argumentos de la quejosa, que se limitan a reiterar las alegaciones desarrolladas en el reclamo, no resultan aptos para alterar lo decidido.

Séptimo: Que, por ello, incluso cuando quienes concurren al presente fallo puedan no compartir aquel criterio, no es dable reprochar a los Ministros recurridos haber incurrido en falta o abuso grave, esto es "de mucha entidad o importancia", derivando en el necesario rechazo de la reclamación.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se declara inadmisible el recurso de queja deducido por don Pablo Rivera Lucero, abogado, en lo principal de su presentación de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.

Al segundo, cuarto, quinto y séptimo otrosíes: estese al mérito de lo resuelto.

Al primer otrosí: escapando lo solicitado a la competencia de esta Sala, ocúrrase ante quien corresponda.

Al tercer y sexto otrosíes: sin perjuicio de lo resuelto, a sus antecedentes.

Al octavo otrosí: téngase presente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 36590-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Mario Carroza E. y los Abogados (as) Integrantes Enrique Alcalde R., Pedro Aguila Y. Santiago, siete de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a siete de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.