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Marco Correa Pérez con SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Rol: C1115-12

Consejo para la Transparencia, 09/11/2012

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento sobre evaluación de desempeño, o denominación equivalente en la SBIF para dicha actividad, del Superintendente, Intendentes, y todo el personal de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Supervisión, los días trabajados, ausencias, permisos administrativos (indicar si son remunerados o no), feriados por licencias médicas, feriados por vacaciones, permisos otorgados para asistir a cursos, convenciones u otros similares y cantidad de cursos, diplomados, magíster o doctorados financiados con recursos de la SBIF respecto de cada uno de los funcionarios mencionados precedentemente y el monto de crédito SENCE utilizado por la SBIF y la cantidad de personas beneficiadas en las cuales se utiliza este crédito. El Consejo señaló que lleva a concluir que su atención configura la distracción alegada, por lo que se hará lugar a la causal de reserva invocada respecto de dichas reclamaciones, a mayor abundamiento, es dable tener presente que la solicitud que motiva el presente amparo se insertan en el contexto de múltiples solicitudes formuladas por el mismo reclamante ante la SBIF, requiriendo antecedentes de diversa naturaleza, muchas de las cuales han dado lugar a sucesivas reclamaciones de amparo. Así, consta que el requirente ha deducido, ante este Consejo, un total de 19 reclamaciones en contra del organismo requerido, entre el período comprendido entre el 11 de octubre de 2011 y el 21 de septiembre de 2012, habiéndose formulado la mayoría de ellas en los últimos 4 meses.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1115-12

Entidad pública: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)

Requirente: Marco Correa Pérez

Ingreso Consejo: 02.08.2012

En sesión ordinaria N° 387 de su Consejo Directivo, celebrada el 9 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1115-12.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 18.556; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Marco Correa Pérez, el 28 de junio de 2012, solicitó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (en adelante, también e indistintamente “SBIF”), que le proporcionara la siguiente información:

a) Evaluación de desempeño, o denominación equivalente en la SBIF para dicha actividad, del Superintendente, Intendentes, y todo el personal de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Supervisión.

b) Los días trabajados, ausencias, permisos administrativos (indicar si son remunerados o no), feriados por licencias médicas, feriados por vacaciones, permisos otorgados para asistir a cursos, convenciones u otros similares y cantidad de cursos, diplomados, magíster o doctorados financiados con recursos de la SBIF respecto de cada uno de los funcionarios mencionados precedentemente.

c) El monto de crédito SENCE utilizado por la SBIF y la cantidad de personas beneficiadas en las cuales se utiliza este crédito.

2) RESPUESTA: La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por medio de carta de 30 de julio de 2012, dio respuesta al requirente, denegando la información requerida en virtud de la hipótesis de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c, de la Ley de Transparencia, fundada en los siguientes hechos:

a) En el período comprendido entre el mes de julio de 2011 y la actualidad, el solicitante ha requerido 30 solicitudes de información a esta Superintendencia invocando las disposiciones de la Ley de Transparencia, referidas a los ámbitos más diversos.

b) Gran parte de dichos requerimientos, a su vez, contienen 3 o más peticiones, y consideran un detalle de información tal, que esta Superintendencia debe utilizar una gran cantidad de recursos humanos en la búsqueda de los antecedentes primero, y luego en la determinación, caso a caso, de la pertinencia jurídica de su entrega, estudio que atendida la naturaleza de esta Institución, reviste la mayor relevancia.

c) A mayor abundamiento, el pasado 25 de julio, presentó tres solicitudes separadas solicitando información, que requerirá distracción de recursos humanos internos para atender lo pedido y, que a juicio de esta Superintendencia, entorpece su labor normal, puesto que la frecuencia y continuidad de sus solicitudes de información constituyen en conjunto una situación que amerita analizar el hecho que un mismo organismo deba permanentemente disponer de recursos y distraer sus funciones propias para atender a una misma persona en una gran variedad de peticiones de información.

3) AMPARO: Don Marco Correa Pérez, el 2° de agosto de 2012, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento, indicando lo siguiente:

a) Respecto a la cantidad de solicitudes presentadas entre el mes de julio de 2011 y la fecha en que se dio respuesta a la solicitud que ha motivado este amparo, considera que el órgano ha efectuado una distinción arbitraria sustentada en una apreciación atemporal y volumétrica de las solicitudes efectuadas por él, en las cuales un 75% (aproximadamente) de las veces la SBIF ha denegado la información efectuada, sin adjuntar una evaluación económica y financiera del impacto en las actividades efectuadas por los funcionarios de la institución, lo cual resta objetividad a la sustentación proporcionada, lo que se ve reforzado por el hecho que solamente en dos oportunidades ha recurrido a este argumento (7% del total de consultas).

b) Asimismo, hace presente que no existe de su parte, ni por omisión o en forma intencionada, la intención de alterar, menoscabar o distraer recursos humanos de la Superintendencia, toda vez que el 75% la información requerida ha sido denegada y no se ha adjuntado en ningún momento un estudio económico financiero que avale tal apreciación.

c) Por lo anterior, se siente discriminado en forma negativa e injusta, al presuponerse que sus actos provocan detrimento en las labores de los funcionarios de la SBIF, toda vez que ha recurrido a la Ley de Transparencia debido a la asimetría de información que existe ante hechos tan relevantes como: el grado de mitigación de riesgos que la SBIF ha determinado a través de sus fiscalizaciones; el control y fiscalización de las instituciones financieras y contratistas que prestan servicios tercerizados; la seguridad de la información la SBIF procesa; la entrega de cartolas bancarias en forma errónea; y códigos de conducta y evaluación del desempeño de las autoridades de la SBIF.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, mediante el Oficio N° 2.914, de 14 de agosto de 2012. Al respecto, el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, por medio del Ordinario N° 3712, formuló los siguientes descargos y observaciones:

a) El reclamante ha presentado a esta Superintendencia 35 peticiones de información invocando las disposiciones de la Ley de Transparencia, durante el período comprendido entre julio de 2011 a la fecha. Nueve de dichas solicitudes las presentó entre julio de 2012 y septiembre en curso y cinco se concentraron en el mes de julio de 2012.

b) Gran parte de sus requerimientos, como el que motiva este amparo, contienen varias peticiones en un mismo acto y consideran un detalle de información tal, que esta Superintendencia debe distraer de sus labores normales a su personal para determinar la procedencia de la información, su búsqueda y finalmente la determinación caso a caso de la pertinencia jurídica de su entrega. Todo lo anterior, implica un elevado número de horas y de personal de distintos estamentos de esta Superintendencia, que deben destinarse a dar respuesta a las peticiones del señor Correa, como trabajo adicional a sus funciones propias y normales, lo que es una distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones.

c) Resulta pertinente señalar que el criterio de la negativa de esta Superintendencia –causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia– ha quedado refrendado por el Consejo para la Transparencia, en sus decisiones de amparo Rol C1186-11 y C570-12.

5) GESTIONES ÚTILES: Este Consejo, por medio de comunicación telefónica, el 6 de noviembre recién pasado solicitó a la SBIF que le remitiera copia de las solicitudes presentadas por el requirente durante el mes de julio. Al respecto, la Superintendencia, a través de correo electrónico de la misma fecha, remitió copia de dichas solicitudes, a través de las cuales el Sr. Correa Pérez ha solicitado lo siguiente:

a) El 16 de julio requirió a la SBIF, citando una supuesta falla informática de la empresa Xerox –que presta servicios externalizados del envío de las cartolas de cuentas corrientes del Banco de Chile–, que hizo que se enviaran a una cantidad indeterminada de clientes, el estado de sus cuentas corrientes a titulares distintos de los receptores de dicha información, requirió que se le informara cuantas auditorías ha efectuado dicho órgano al Banco de Chile y al total de empresas a la cual dicho Banco ha externalizado sus servicios para los períodos 2009, 2010, 2011 y 2012, detallando cuántas corresponden a auditorías de procesos, informáticas y de riesgos, y, en caso de existir, indicar si se informaron debilidades en el sistema de control en la tercerización de servicios de dicho banco. Asimismo, solicitó que se le informara si durante el mismo período de tiempo existen revisiones de la SBIF a informes AT-801 efectuadas a dicho banco y empresas que prestan servicios tercerizados al Banco; y, en caso de existir tales informes, que se indique la cantidad de revisiones, si en la revisión efectuada se probó el control o se detectó la debilidad que provocó el error en la empresa externa al remitir a cliente en forma errada las cartolas de sus cuentas corrientes y, para cada revisión que exista, indicar la empresa auditora que emitió el informe, y, por último, indicar si las revisiones, si es que existen, efectuadas al Banco de Chile y empresas mencionadas, se habían detectado las debilidades de control interno que provocaron el error de la empresa Xerox y sui existió un plan de acción que permitiera mitigar la debilidad detectada.

b) El 25 de julio de 2012 requirió a la SBIF que le entregara el detalle de los funcionarios de dicha repartición que al 31 de diciembre de los años 2010 y 2011, así como al 31 de junio de 2012, tengan a su nombre o a través de empresas de su propiedad, acciones o participación en instituciones financieras bajo fiscalización de la SBIF, detallando la cantidad de acciones o porcentaje de participación por cada funcionario.

c) El mismo 25 de julio presentó una segunda solicitud de información, a través de la cual requirió información relativa a la cantidad de personas que componen la unidad que vela por el cumplimiento de las normas de compliance en la SBIF, detallando identificación y formación profesional, evaluación de desempeño para el año 2011. Además, solicitó se indiquen las materias a nivel macro que fiscalizan en la Superintendencia, objetivos generales y dominios IT, considerando la evaluación al 31 de diciembre de 2011, indicando el grado de cumplimiento y nivel de riesgo para cada dominio IT que evalúan y el modelo de madurez para cada área de la SBIF y sus procesos.

d) El 25 de julio formuló una tercera solicitud de información, requiriendo que se le indicara: la cantidad de casos informados a la unidad de Inteligencia Financiera ocurridos en los años 2011 y 2012 (hasta junio de 2012) por concepto de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, detallando el banco o institución financiera informante; las acciones o instrucciones impartidas durante 2012 a las instituciones financieras fiscalizadas por dicho órgano para la prevención de los delitos mencionados; si se han efectuado acciones legales, indicando la cantidad de casos durante el año 2012; y la cantidad de revisiones efectuadas a bancos o instituciones financieras por parte de la Superintendencia, para fiscalizar el grado de cumplimiento de la normativa relativa a compliance durante los períodos 2011 y 2012.

e) El 1 de agosto, haciendo presente que en la Región de la Araucanía existen 1500 denuncias por retiros improcedentes de cuentas corrientes bancarias, solicitó que se le informara: la cantidad de fiscalizaciones que ha efectuado la SBIF a todas las instituciones bancarias y financieras que le permitan asegurar que los controles de dichas instituciones son suficientes, adecuadas y preventivas en la detección de fraudes y delitos informáticos en cuentas corrientes bancarias, tarjetas de crédito y tarjetas de debito; cantidad de revisiones a planes de contingencias, mitigación y prevención de delitos o fraudes informáticos en contra de cuentas corrientes bancarias, tarjetas de crédito y tarjetas de debito, efectuadas por dicho órgano a todas las instituciones que fiscaliza; cantidad de revisiones o fiscalizaciones efectuadas por la SBIF a la empresa TRANSBANK y empresas relacionadas, así como también a los terceros que prestan servicios tercerizados dicha empresa; indicando si la SBIF sustenta sus procesos de fiscalización en revisiones basadas en SAS 70 prestadas por empresas especializadas en la revisión de los controles que previenen fraudes informáticos en tarjetas de crédito y la cantidad de observaciones efectuadas a la empresa TRANSBANK, empresas relacionadas y empresas que prestan servicios tercerizados sobre prevención de delitos informáticos para mejorar controles deficientes o inexistentes para tarjetas de crédito.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, conforme a lo establecido en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que “se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales”.

2) Que, por su parte, según ha establecido este Consejo en su decisión de amparo Rol C1186-11, el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, en un período acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicho órgano, respecto del cumplimiento regular de sus funciones, recogidas en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, cuando se acredite que su atención agregada implica para tales funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo, de esta forma, la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de los demás personas, implicando, todo ello, una carga especialmente gravosa para el organismo, en términos de la causal de secreto o reserva antes señalada. En este sentido, se debe tener presente que, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. En igual sentido se ha pronunciado este Consejo a través de la decisión que resolvió los amparos Roles C887-12, C889-12 y C890-12, deducidos por el mismo reclamante en contra del mismo órgano reclamado en el presente amparo.

3) Que la SBIF ha fundado la causal invocada en el hecho de que la atención de la solicitud que ha dado lugar al presente amparo requeriría distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En efecto, para argumentar en torno a su procedencia, dicho órgano ha hecho alusión, tanto en la respuesta dada al reclamante como en los descargos formulados en esta sede, a la cantidad de solicitudes formuladas por el reclamante en un determinado espacio de tiempo, precisando, en sus descargos, que sólo en el mes de julio –período en el cual debía pronunciarse respecto del requerimiento que ha dado origen a este procedimiento– el reclamante presentó otras 5 solicitudes de información –cuyo contenido fue extractado en el punto quinto de la parte expositiva–, agregando que para determinar la procedencia de la información, su búsqueda y, finalmente, determinar, caso a caso, la pertinencia jurídica de su entrega, debe distraer de sus labores normales a su personal, todo lo cual implica un elevado número de horas y de personal de distintos estamentos del órgano, que deben destinarse a dar respuesta a las peticiones del reclamante, como trabajo adicional a sus funciones propias y normales.

4) Que las 4 primeras solicitudes descritas en N° 5 de la parte expositiva de esta decisión fueron interpuestas por el reclamante dentro del plazo de 20 días hábiles que la Ley de Transparencia concede a la SBIF para dar respuesta a la solicitud objeto del presente amparo. Por lo tanto, atendida la proximidad temporal entre la solicitud objeto del presente amparo y los requerimientos de información descritos en el N° 5 de la parte expositiva de esta decisión, cabe concluir que la SBIF, para contestar dentro del plazo legal las citadas solicitudes, debió tratar éstas, prácticamente, de manera simultánea.

5) Que, por su parte, analizado el contenido de la solicitud objeto del presente amparo, así como de aquellas descritas en el considerando precedente, se advierte que éstas se refieren a materias de diversa naturaleza (fiscalización, auditoría, información sobre terceros ajenos al organismo, información financiera de su personal, características de unidades particulares del organismo y el ejercicio de sus labores, entre otras) y a información de distintas épocas (auditorias, revisiones, fiscalizaciones y acciones pasadas). En consecuencia, debe concluirse que la atención agregada de estos requerimientos, la búsqueda de la totalidad de la información solicitada, su calificación jurídica a fin de verificar la procedencia de alguna causal legal de secreto o reserva, la eventual tacha de datos personales en aplicación de la Ley N° 19.628, la notificación de tercero, así como la definición de los costos de reproducción, obligaría al organismo a destinar un tiempo excesivo de la jornada de sus funcionarios a la atención de estos requerimientos, exigiendo una dedicación desproporcionada a la atención de los requerimientos del reclamante.

6) Que, en consecuencia, la valoración de la disposición de reserva invocada respecto del requerimiento objeto del presente amparo, en el contexto de los demás requerimientos de información citados precedentemente, lleva a concluir que su atención configura la distracción alegada, por lo que se hará lugar a la causal de reserva invocada respecto de dichas reclamaciones.

7) Que, a mayor abundamiento, es dable tener presente que la solicitud que motiva el presente amparo se insertan en el contexto de múltiples solicitudes formuladas por el mismo reclamante ante la SBIF, requiriendo antecedentes de diversa naturaleza, muchas de las cuales han dado lugar a sucesivas reclamaciones de amparo (p.ej. C1381-12; C1356-12; C1255-12; C1254-12; C1253-12; C1252-12; C1115-12; C1023-12; 890-12; C889-12; C888-12; C887-12, entre otros). Así, consta que el requirente ha deducido, ante este Consejo, un total de 19 reclamaciones en contra del organismo requerido, entre el período comprendido entre el 11 de octubre de 2011 y el 21 de septiembre de 2012, habiéndose formulado la mayoría de ellas en los últimos 4 meses.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Marco Correa Pérez en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General o al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente acuerdo a doña Marco Correa Pérez y al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que no concurre al presente acuerdo el Presidente del Consejo Directivo, don Alejandro Ferreiro Yazigi, por no asistir a la presente sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.