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Pablo Antonio Gallardo Molina con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C2045-21

Consejo para la Transparencia, 01/06/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenándose la entrega de información sobre las solicitudes y rechazos de permanencia definitiva correspondiente al año 2020, desagregado según nacionalidad, edad, género y región. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, no se acreditó suficientemente la inexistencia esgrimida por la reclamada, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N° 10, no advirtiéndose, además, causales de secreto o reserva que justifiquen su denegación. Por otra parte, se rechaza el amparo respecto a aquella parte del requerimiento relativa a las solicitudes de permanencia definitiva presentada y rechazada en el período 2018 a 2019, toda vez que la Subsecretaría del Interior, con ocasión de su respuesta, entregó la información en los términos que fuere solicitado. Asimismo, respecto a los motivos de la diferencia advertida por el requirente entre las diversas respuestas otorgadas por el organismo en relación a requerimientos similares, y la solicitud de conocimiento de los métodos utilizados para compilarla y rectificar los datos entregados, por cuanto excede la solicitud planteada originalmente. La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Inhabilitación)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C2045-21

Entidad pública: Subsecretaría del Interior

Requirente: Pablo Antonio Gallardo Molina

Ingreso Consejo: 25.03.2021

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenándose la entrega de información sobre las solicitudes y rechazos de permanencia definitiva correspondiente al año 2020, desagregado según nacionalidad, edad, género y región.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, no se acreditó suficientemente la inexistencia esgrimida por la reclamada, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N° 10, no advirtiéndose, además, causales de secreto o reserva que justifiquen su denegación.

Por otra parte, se rechaza el amparo respecto a aquella parte del requerimiento relativa a las solicitudes de permanencia definitiva presentada y rechazada en el período 2018 a 2019, toda vez que la Subsecretaría del Interior, con ocasión de su respuesta, entregó la información en los términos que fuere solicitado.

Asimismo, respecto a los motivos de la diferencia advertida por el requirente entre las diversas respuestas otorgadas por el organismo en relación a requerimientos similares, y la solicitud de conocimiento de los métodos utilizados para compilarla y rectificar los datos entregados, por cuanto excede la solicitud planteada originalmente.

La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1186 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2045-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de enero de 2021, don Pablo Antonio Gallardo Molina solicitó a la Subsecretaría del Interior, "cantidad de solicitudes, rechazos y no acogidas a trámites de Permanencia Definitiva, al igual que la cantidad de Visas Temporarias entregadas producto del rechazo a no ser acogida la solicitud de Permanencia Definitiva. De igual forma la cantidad de solicitudes y rechazos de Visas Temporarias. Esto entre los años 2018 y 2021 (a la fecha de esta solicitud), disgregado según nacionalidad, edad, género y región".

2) RESPUESTA: Por medio de Oficio N° 7692, de fecha 9 de marzo de 2021, el órgano respondió el requerimiento, accediendo a la entrega de lo solicitado. En efecto, adjuntó tablas con información sobre las solicitudes de permanencia definitiva presentadas, rechazadas y las que no fueron recogidas a trámite, en el período 2018 a 2019 desagregadas por nacionalidad, sexo, edad y región. Asimismo, adjuntó información sobre las solicitudes de visa temporaria, y de aquellas que fueren rechazadas, entre los años 2018 a 2019, con indicación de la nacionalidad, sexo, edad y región.

Por último, advirtió que los datos estadísticos de las solicitudes del año 2020 y 2021, es información que no se encuentra disponible con el detalle requerido, toda vez que no ha sido íntegramente consolidada y por tanto, aun está en proceso de elaboración.

3) AMPARO: El 25 de marzo de 2021, don Pablo Antonio Gallardo Molina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría del Interior, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud. En particular, hizo presente que "La respuesta recepcionada el día 9 de marzo dice no poseer datos 2020, lo que discrepa con otra solicitud (adjunta) que fue realizada solo 7 días después a la presente por un tercero, al igual que los datos de solicitudes y rechazos de Permanencia Definitiva 2018-2019 no coinciden con la mencionada solicitud, ni con otra solicitud a la que se tuvo acceso (adjunta, otro tercero). Antes esto, se solicita rectificar los datos, conocer los motivos de dicha diferencia y conocer los métodos utilizados para compilar esta información, para así tener claridad total ante esta situación".

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° E8517, de fecha 19 de abril de 2021, con el objeto de que evacuara sus descargos y observaciones.

No obstante lo anterior, a la fecha del presente acuerdo, no consta que el organismo reclamado haya presentado sus descargos u observaciones en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido los términos en que fuere interpuesto, el presente amparo se funda en la disconformidad del requirente con la información otorgada por la reclamada en relación a los datos de solicitudes y rechazos de permanencia definitiva del período 2018 a 2019, así como en la falta de entrega de información respecto de las solicitudes y rechazos de permanencia definitiva correspondiente al año 2020.

2) Que, sobre el particular, cabe hacer presente que, las tablas adjuntadas por la reclamada con ocasión de su respuesta, con información sobre las solicitudes de permanencia definitiva presentadas, rechazadas -y las que no fueron recogidas a trámite-, en el período 2018 a 2019 desagregadas por nacionalidad, sexo, edad y región, y sobre lo cual el reclamante cuestiona su contenido, en virtud de la discrepancia que dichas cifras presentan con las respuestas otorgadas en relación a otras solicitudes de acceso, de similar naturaleza, cabe indicar que, a juicio de este Consejo, la información remitida por la Subsecretaria del Interior permite satisfacer el requerimiento en los términos que fuere consultado, correspondiendo desestimar las alegaciones del recurrente en este punto, por cuanto ello no corresponde a una denegación de información propiamente tal, sino más bien a una insatisfacción con el contenido de la misma, circunstancia que escapa al ámbito de competencia de esta Corporación, rechazándose el amparo en este punto.

3) Que, asimismo, en relación a la solicitudes realizadas por el requirente, con ocasión de la interposición del presente amparo, respecto a conocer los motivos de la diferencia advertida entre las diversas respuestas otorgadas por el organismo en relación a solicitudes similares, conocer los métodos utilizados para compilar aquella y rectificar los datos entregados, cabe señalar que dicho requerimiento, excede la solicitud de acceso consignada en el numeral 1° de lo expositivo, por lo que, se rechazará el amparo en este punto. Sin perjuicio de lo anterior, resulta atingente recordar al reclamante el derecho que le asiste de solicitar dicha información, mediante la interposición de un nuevo requerimiento.

4) Que, por otra parte, en cuanto a la información sobre las solicitudes y rechazos de permanencia definitiva correspondiente al año 2020 -desagregado según nacionalidad, edad, género y región-, respecto de lo cual la reclamada esgrimió la inexistencia de lo solicitado en los términos pedidos, cabe hacer presente que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que aquella constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual esta no obra en su poder y debiendo acreditarlo fehacientemente.

5) Que, luego, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación, "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen." (Énfasis agregado)

6) Que, es la especie, a juicio de este Consejo, el órgano reclamado no ha dado cumplimiento al estándar de búsqueda de la información y acreditación de la inexistencia impuesto por la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. En particular, la reclamada sólo señaló que la información no obraba en su poder en los términos pedidos, por cuanto no ha sido íntegramente consolidada y que estaría aún en proceso de elaboración. En consecuencia, tratándose de antecedentes de naturaleza pública al alero de lo dispuesto en el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, conforme al cual "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", respecto de la cual, no se advierte la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen su denegación, se acogerá el presente amparo en este punto, ordenándose la entrega de lo solicitado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Pablo Antonio Gallardo Molina en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante la información sobre las solicitudes y rechazos de permanencia definitiva correspondiente al año 2020, desagregado según nacionalidad, edad, género y región.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto a aquella parte del requerimiento relativa a la entrega de información sobre las solicitudes de permanencia definitiva presentadas y rechazadas en el período 2018 a 2019, toda vez que la Subsecretaría del Interior, con ocasión de su respuesta, entregó la información en los términos que fuere solicitado. Asimismo, respecto a los motivos de la diferencia advertida por el requirente entre las diversas respuestas otorgadas por el organismo en relación a solicitudes similares, y la solicitud de conocimiento de los métodos utilizados para compilar la referida información y rectificar los datos entregados, por cuanto excede la solicitud de información planteada originalmente, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Antonio Gallardo Molina y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.