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Mauricio Ripetti Silva con DIRECCIÓN DEL TRABAJO Rol: C7980-20

Consejo para la Transparencia, 01/06/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, ordenando entregar toda la información consultada relativa a los pactos de reducción de jornada laboral suscritos en conformidad a la ley N° 21227 con fecha 25 de abril de 2020, por la empresa Asesorías y Servicio Kyklos SpA, y los trabajadores que accedieron a su entrega. Lo anterior, por haberse acreditado en este procedimiento de acceso a la información, que dichas personas manifestaron expresamente su voluntad para que el órgano requerido entregue la información reclamada referida a ellas. Por otra parte, se rechaza el amparo deducido respecto de la información reclamada referida a los trabajadores que no han manifestado su voluntad para entregarla. Ello, por cuanto se trata de información sobre personas distintas del solicitante, no constando que los titulares de dichos antecedentes laborales y personales hayan otorgado su consentimiento para su entrega, no concurriendo ninguna de las circunstancias que habilite la comunicación de la información pedida conforme a la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, ni tampoco un interés público prevalente que justifique relevar la protección que nuestro ordenamiento jurídico brinda a los datos sensibles de la persona consultada. Finalmente, se representa al órgano reclamado no haber comunicado la solicitud formulada a los titulares de la información solicitada, de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7980-20

Entidad pública: Dirección del Trabajo

Requirente: Mauricio Ripetti Silva

Ingreso Consejo: 04.12.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, ordenando entregar toda la información consultada relativa a los pactos de reducción de jornada laboral suscritos en conformidad a la ley N° 21227 con fecha 25 de abril de 2020, por la empresa Asesorías y Servicio Kyklos SpA, y los trabajadores que accedieron a su entrega.

Lo anterior, por haberse acreditado en este procedimiento de acceso a la información, que dichas personas manifestaron expresamente su voluntad para que el órgano requerido entregue la información reclamada referida a ellas.

Por otra parte, se rechaza el amparo deducido respecto de la información reclamada referida a los trabajadores que no han manifestado su voluntad para entregarla. Ello, por cuanto se trata de información sobre personas distintas del solicitante, no constando que los titulares de dichos antecedentes laborales y personales hayan otorgado su consentimiento para su entrega, no concurriendo ninguna de las circunstancias que habilite la comunicación de la información pedida conforme a la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, ni tampoco un interés público prevalente que justifique relevar la protección que nuestro ordenamiento jurídico brinda a los datos sensibles de la persona consultada.

Finalmente, se representa al órgano reclamado no haber comunicado la solicitud formulada a los titulares de la información solicitada, de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1186 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7980-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 23 de octubre de 2020, don Mauricio Ripetti Silva solicitó a la Dirección del Trabajo toda la información relativa a los pactos de reducción de jornada laboral suscritos en conformidad a la ley N° 21.227 con fecha 25 de abril de 2020, por la empresa Asesorías y Servicio Kyklos SpA, y 19 de sus trabajadores que individualiza, pactos que fueron registrados en dicho organismo con fecha 27 de mayo de 2020, requiriendo, en particular:

a) Los antecedentes que obren en poder de la Dirección del Trabajo respecto del registro de los pactos de reducción de jornada laboral previamente individualizados que efectuó la Empresa, adjuntando, las constancias y los pronunciamientos dictados por la institución al respecto;

b) Los antecedentes y/o pronunciamientos emitidos por la Dirección del Trabajo respecto de la evaluación de los pactos de reducción de jornada laboral previamente individualizados, incluyendo su aprobación, rechazo y observaciones formuladas por la autoridad, y, en su caso, si éstas se subsanaron. Adjuntando, además, el fundamento de cada una de las decisiones adoptadas, incluyendo los ordinarios, dictámenes y demás pronunciamientos dictados a su respecto:

c) Los antecedentes que obren en poder de la Dirección del Trabajo respecto de la remisión de los pactos de reducción de jornada laboral previamente individualizados a la Administradora de Fondos de Cesantía respectiva, adjuntando, en su caso, los comprobantes de envío o remisión, ordinarios, dictámenes y demás pronunciamientos dictados a su respecto;

d) Los antecedentes relativos a la vigencia de los pactos informada por la Dirección del Trabajo a la Administradora de Fondos de Cesantía respectiva, adjuntando, en caso de ser procedente, los ordinarios, dictámenes y demás pronunciamientos dictados a su respecto.

2) RESPUESTA: La Dirección del Trabajo respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2020, señalando, en síntesis, que los pactos de reducción de jornada que posee corresponden a documentos privados, que no revisten el carácter de público por contener información personal y sensible, concurriendo la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en relación con la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, además del deber de reserva de sus funcionarios de conformidad al artículo 40, del D.F.L. N° 2, de 1967, del Trabajo y Previsión Social, ley orgánica de la Dirección del Trabajo.

Por otra parte, adjunta los ordinarios N° 1257, N° 1261 y N° 1573, de fecha 09 y 10 de junio, y 22 de julio, todos del año 2020, respectivamente, que dan cuenta de la tramitación del pacto de reducción temporal de jornada de trabajo N° 1360/2020/044.

Respecto de las observaciones realizadas por la AFC a los trabajadores señalados en el pacto, para acceder a dicha observación, de acuerdo a lo establecido anteriormente, informa que debe seguir el procedimiento establecido en la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, que permite a su titular o representante solicitar copia de sus propios documentos, concepto que ha sido ratificado por el Consejo para la Transparencia en su Instrucción General N° 10 sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

Finalmente, informa en el marco de la ley N° 21.227, ha habilitado en su sitio web el banner "Registro Público Ley 21.227 Protección del empleo", en el cual se encuentra publicado los actos regulados en la mencionada normativa legal.

3) AMPARO: El 04 de diciembre de 2020, don Mauricio Ripetti Silva dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Dirección del Trabajo fundado en que recibió respuesta incompleta a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional de Trabajo mediante oficio N° E21287, de fecha 19 de diciembre de 2020. Se solicitó expresamente al órgano: señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; teniendo en consideración lo expuesto por el reclamante, señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; señale si parte de la información requerida, a su juicio, afectaba derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

El órgano reclamado formuló sus descargos u observaciones a través de presentación de fecha 05 de enero de 2021, complementado por correo electrónico de fecha 04 de febrero de 2021, señalando, en síntesis, que en virtud del principio de divisibilidad entregó al reclamante sólo los oficios ordinarios N° 1257, N° 1261 y N° 1573, de fecha 09 y 10 de junio, y 22 de julio, todos del año 2020, respectivamente, que dan cuenta de la tramitación del pacto de reducción temporal de jornada de trabajo N° 1360/2020/044, en particular de las observaciones realizadas y la remisión de los actos a la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile (AFC), denegando todo antecedente o documento que contiene información de carácter personal de los trabajadores, por estimar que concurren las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.

En este sentido, explica que el pacto de reducción de jornada laboral en Chile es una herramienta creada por la ley N° 21.227 con motivo de la pandemia COVID-19, que permite a los empleadores acordar con sus trabajadores de manera individual o colectiva la reducción de hasta el 50% de la duración de su jornada de trabajo. El trabajador recibirá un complemento adicional a su remuneración de hasta un 25% con cargo al Seguro de Cesantía.

Agrega, que el pacto que se suscribe se realiza mediante un anexo al contrato de trabajo, que debe contener, al menos, lo siguiente: a) Individualización de las partes, con indicación del rol único tributario del empleador, del rol único nacional del trabajador e información necesaria para hacer el pago del complemento a que realizará la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía; b) Duración y fecha de entrada en vigencia del pacto; c) Promedio de las remuneraciones imponibles fijas y variables devengadas por el trabajador en los últimos tres meses anteriores completos a la celebración del pacto; d) Jornada de trabajo reducida, porcentaje de la reducción de la jornada de trabajo convenida y remuneración correspondiente a dicha jornada, y e) Declaración jurada simple del empleador respecto a que se cumplen los requisitos establecidos en el título II de la ley N° 21.227 para la celebración del pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo.

A su vez señala que los trabajadores para tener derecho al beneficio deben registrar diez cotizaciones mensuales en el Fondo de Cesantía, continuas o discontinuas, en el caso de trabajadores con contrato de trabajo indefinido. En el caso de trabajadores con contrato a plazo fijo, o por una obra, trabajo o servicio determinado se requieren cinco cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas. Para acceder a las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, las cotizaciones deberán haberse registrado en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de la celebración del pacto respectivo. Además, el trabajador debe registrar las tres últimas cotizaciones continuas con el mismo empleador con el que suscribe el pacto de reducción temporal de jornada. Los trabajadores de empleadores exceptuados del acto o declaración de autoridad, pero que necesiten reducir o redistribuir la jornada ordinaria de trabajo de sus trabajadores para poder mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, el trabajador deberá registrar tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad. Asimismo, podrán acceder aquellos trabajadores que registren un mínimo de seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos doce meses, siempre que a lo menos registren las últimas dos cotizaciones con el mismo empleador en los dos meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad.

Por lo expuesto, señala que el pacto celebrado y sobre el cual versa el requerimiento, es una modificación al contrato de trabajo, que se manifiesta mediante un anexo del mismo y como tal es un documento de carácter privado que contiene información personal de los trabajadores, proporcionada por el empleador para un fin específico. A su vez, quienes suscriben este pacto deben cumplir con ciertos requisitos también establecidos por ley, y que dicen relación con el número y período de cotizaciones que tenga el trabajador durante un cierto tiempo lo que van vinculadas a la situación laboral actual de cada trabajador. Además, toda la información utilizada para tramitar el beneficio que consiste en el pago del complemento de la remuneración, es de carácter personal e íntimo de la vida privada de cada trabajador, por tal motivo, la tramitación de los pactos y las observaciones que se realicen en este proceso ya sea por parte de este Servicio o de la AFC, sólo empecé al trabajador adscrito al pacto.

Por ello, sostiene que la tramitación de los pactos se hace en base a información de carácter personal y privada de los trabajadores, la cual es aportada por el empleador y validada con la base de datos de la AFC, la que dice relación con la trayectoria y ámbito laboral del trabajador, como los años cotizados, monto cotización etc., por lo cual los antecedentes acerca de la tramitación y las observaciones en los casos consultados y que han sido denegados, dicen relación directa, con información de carácter personal y sensible de los trabajadores en cuestión, debiendo reservarse de conformidad al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con la ley N° 19.628.

Por otra parte, señaló que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por cuanto información como la reclamada podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección del Trabajo, comprometiendo la efectividad de sus labores, pues podría eventualmente inhibirse a terceros de formular presentaciones ante esta entidad por vulnerarse sus derechos, por la entrega de información de carácter personal que este organismo tiene el deber de resguardar, no sólo por mandato legal de la Ley N° 19.628 y Ley N° 19.880, tal como se indica precedentemente si no también se debe observar lo ordenado en el artículo 40 inciso 1° del D.F.L. N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Finalmente sostiene que a su parecer no procedía comunicar la solicitud a los terceros en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, por estimar que lo reclamado es información personal y privada de cada trabajador, y por tanto reservada, proporcionando los datos de contacto de los trabajadores que comprende la solicitud, con excepción de tres personas respecto de las cuales no se informaron sus datos de contacto.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Este Consejo, mediante oficios N° E4201, E4202, E4204, E4205, E4206, E4207, E4210, E4221, E4223, E4224, E4225, E4226, E4227, E4228, E4229, todos de fecha 11 de febrero de 2021, y E4222, de fecha 12 de febrero del mismo año, notificó el presente amparo, respectivamente, a los 16 trabajadores cuyos datos de contacto informó el órgano requerido, a fin que presentaran sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Al respecto, doña María Larraín Baltra, José Hidalgo Morales, Carolina Almarza Figueroa, Elisabet Karlen Astore, Sebastián Hercerg Ruíz, Félix Arenas Quezada, Eloy Illanes Zúñiga, y Rodrigo Salvatierra Arraño, por correos electrónicos de fecha 12, 15, 15, 16, 22, 23 y 28 de febrero, todos de 2021, respectivamente formularon sus descargos, señalando, en síntesis, que expresamente manifiestan su consentimiento para la entrega de la información reclamada.

Se hace presente que a la fecha de la presente decisión este Consejo no recibió presentación alguna destinada a formular sus descargos, por parte de los demás terceros a quienes se les notificó el presente amparo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta recibida por parte de la Dirección del Trabajo en relación a la entrega de la información relativa a los pactos de reducción de jornada laboral suscritos en conformidad a la ley N° 21.227, con fecha 25 de abril de 2020, por la empresa Asesorías y Servicio Kyklos SpA y 19 de sus trabajadores, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto, el órgano reclamado solo entregó al solicitante copia de los oficios ordinarios N° 1257, N° 1261 y N° 1573, de fecha 09 y 10 de junio, y 22 de julio, todos del año 2020, respectivamente, que dan cuenta de la tramitación del pacto de reducción temporal de jornada de trabajo N° 1360/2020/044, denegando todo antecedente o documento que contiene información de carácter personal de los trabajadores, por estimar que concurren las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, en primer lugar, corresponde tener en consideración que el órgano reclamado no comunicó la solicitud formulada a los terceros sobre los cuales versa el requerimiento, de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, circunstancia que se le representará a la Sra. Directora Nacional de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, y conforme se indicó en el N° 5 de lo expositivo, en virtud de los datos de contacto proporcionados por el órgano reclamado, este Consejo pudo notificar la solicitud formulada solo a 16 de los 19 trabajadores que comprende el requerimiento, recibiendo respuesta por parte doña María Larraín Baltra, José Hidalgo Morales, Carolina Almarza Figueroa, Elisabet Karlen Astore, Sebastián Hercerg Ruíz, Félix Arenas Quezada, Eloy Illanes Zúñiga, y Rodrigo Salvatierra Arraño, quienes en su calidad de terceros, manifestaron expresamente su consentimiento para la entrega de la información reclamada.

4) Que, respecto de las alegaciones de la Dirección del Trabajo para denegar la información reclamada, cabe tener en consideración que el órgano requerido explicó detalladamente que el pacto celebrado y sobre el cual versa el requerimiento, es una modificación al contrato de trabajo, que se manifiesta mediante un anexo del mismo, siendo documentos de carácter privado que contiene información personal de los trabajadores, proporcionada por el empleador para un fin específico, haciendo presente que quienes suscriben este pacto deben cumplir con ciertos requisitos también establecidos por ley, que reflejan detalles de la situación laboral actual del trabajador, y que dicen relación con el número y período de cotizaciones que tenga el trabajador durante un cierto lapso de tiempo, la individualización del trabajador y empleador, duración del pacto, promedio de remuneraciones recibidas, jornada laboral, declaraciones juradas, entre otros, antecedentes que se proporcionan para tramitar el beneficio que consiste en el pago del complemento de la remuneración, y que reflejan aspectos de carácter personal y de la vida privada de cada trabajador, razón por la cual sólo entregó copia de los oficios ordinarios respectivos que dan cuenta de la tramitación del pacto de reducción temporal de jornada de trabajo N° 1360/2020/044.

5) Que, sobre el fondo de lo reclamado, cabe tener en consideración que la información sobre la situación laboral de una persona natural debe calificarse como dato personal a la luz de la definición prevista en el artículo 2° letra f), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, toda vez que se refiere a una persona natural identificada o identificable, como contempla dicha norma legal. En este sentido, de acuerdo con el artículo 10 de dicho cuerpo legal, el tratamiento de estos datos no está permitido, salvo que una ley lo autorice, exista el consentimiento expreso del titular, o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. Asimismo, el artículo 9 de la ley N° 19.628 dispone que "los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público", de modo tal, que si una persona acompaña información sobre su situación laboral para la validación de un pacto con su empleador para reducir su jornada laboral y con ello obtener un complemento adicional a su remuneración con cargo al Seguro de Cesantía, su utilización queda restringida a ese ámbito por parte del órgano público competente, no pudiendo entregarse dicha información para otros fines sin la autorización expresa de sus titulares, circunstancia que no concurren en el presente caso, salvo respecto de las personas que si consintieron, señaladas en el N° 5 de lo expositivo y cuyo caso se analizará más adelante.

6) Que, por lo señalado precedentemente, a juicio de este Consejo no procede la divulgación de la información reclamada referida a las personas respecto de las cuales no se acreditó en esta sede su voluntad para la proceder a su entrega, por ser dichos antecedentes reservados de conformidad a lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, razón por la cual se rechazara el presente amparo a su respecto, sin necesidad de pronunciarse por la otra causal de reserva alegada por el órgano reclamado, por resultar inoficioso.

7) Que, ahora bien, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, respecto de la información reclamada relativa a María Larraín Baltra, José Hidalgo Morales, Carolina Almarza Figueroa, Elisabet Karlen Astore, Sebastián Hercerg Ruíz, Félix Arenas Quezada, Eloy Illanes Zúñiga, y Rodrigo Salvatierra Arraño, en virtud de lo señalado en el N° 5 de lo expositivo, a juicio de este Consejo ha sido posible acreditar que dichas personas manifestaron expresamente su voluntad en esta sede para que se entreguen los antecedentes reclamados que sobre ellas versa, y por consiguiente, resulta forzoso desestimar las alegaciones formuladas por el órgano reclamado para fundar su denegación a su respecto. Por consiguiente, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando a la Dirección del Trabajo entregar al solicitante la información reclamada referida a los terceros que manifestaron su consentimiento a la entrega de la misma.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Mauricio Ripetti Silva en contra de la Dirección del Trabajo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir Sra. Directora Nacional de Trabajo:

a) Entregar al reclamante toda la información relativa a los pactos de reducción de jornada laboral suscritos en conformidad a la ley N° 21.227 con fecha 25 de abril de 2020, por la empresa Asesorías y Servicio Kyklos SpA, y María Larraín Baltra, José Hidalgo Morales, Carolina Almarza Figueroa, Elisabet Karlen Astore, Sebastián Hercerg Ruíz, Félix Arenas Quezada, Eloy Illanes Zúñiga, y Rodrigo Salvatierra Arraño, en particular:

i. Los antecedentes que obren en poder de la Dirección del Trabajo respecto del registro de los pactos de reducción de jornada laboral previamente individualizados que efectuó la Empresa, adjuntando, las constancias y los pronunciamientos dictados por la institución al respecto;

ii. Los antecedentes y/o pronunciamientos emitidos por la Dirección del Trabajo respecto de la evaluación de los pactos de reducción de jornada laboral previamente individualizados, incluyendo su aprobación, rechazo y observaciones formuladas por la autoridad, y, en su caso, si éstas se subsanaron. Adjuntando, además, el fundamento de cada una de las decisiones adoptadas, incluyendo los ordinarios, dictámenes y demás pronunciamientos dictados a su respecto:

iii. Los antecedentes que obren en poder de la Dirección del Trabajo respecto de la remisión de los pactos de reducción de jornada laboral previamente individualizados a la Administradora de Fondos de Cesantía respectiva, adjuntando, en su caso, los comprobantes de envío o remisión, ordinarios, dictámenes y demás pronunciamientos dictados a su respecto;

iv. Los antecedentes relativos a la vigencia de los pactos informada por la Dirección del Trabajo a la Administradora de Fondos de Cesantía respectiva, adjuntando, en caso de ser procedente, los ordinarios, dictámenes y demás pronunciamientos dictados a su respecto.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Representar a la Sra. Directora Nacional de la Dirección del Trabajo la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, al omitir la comunicación a terceros que contempla dicha norma legal. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

IV. Rechazar el amparo respecto de la información reclamada referida a las personas que no manifestaron su voluntad para su entrega, por concurrir a su respecto la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

V. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mauricio Ripetti Silva, a la Sra. Directora Nacional de la Dirección del Trabajo, y a los terceros involucrados en el presente procedimiento de acceso a la información pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.