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Milton Bertín Flores con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C848-12

Consejo para la Transparencia, 23/11/2012

Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), fundado en la respuesta negativa de dicho órgano a la solicitud de información referente a la copia del registro de personas con ordenes de detención pendiente, correspondiente a una solicitud que este Consejo ordenó al Ministerio del Interior derivar al SRCI en la decisión amparo C1485-11. El Consejo rechaza el amparo deducido, toda vez que el legislador encargó a la PDI la recopilación, sistematización y comunicación limitada de la base de datos solicitada, con la finalidad de que estos registros sean un elemento coadyuvante del cumplimiento de su misión institucional. Revelar esta información contravendría la clara señal del legislador respecto al tratamiento restringido de dichos datos, y que se traduce en la restricción del acceso de los mismos y con autorización de acceso a solo determinadas personas e instituciones para consultarlo, como medida de eficacia de la labor policial.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Otros 



Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C848-12

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile –PDI–

Requirente: Milton Bertín Flores

Ingreso Consejo: 08.06.2012

En sesión ordinaria Nº 391 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C848-12.

VISTO:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada; el Decreto Ley Nº 2460, de 1979, que establece la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; la Ley Nª 20.253 que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de Seguridad Ciudadana, y Refuerza las Atribuciones Preventivas de las Policías; y los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Corresponde a la que este Consejo ordenó al Ministerio del Interior derivar al SRCI en la decisión de amparo Rol C1485-11, de 30 de noviembre de 2011. En esta solicitud don Milton Bertín Flores requirió “copia del registro de personas con ordenes de detención pendiente”. La PDI reconoce haber recibido esta solicitud desde dicho Ministerio el 27 de abril de 2012

2) RESPUESTA: El 25 de mayo de 2012 la PDI respondió a la solicitud de información, señalando que la información requerida se encuentra contenida en la base de datos del sistema de Gestión Policial del Departamento de Asesoría Técnica (GEPOL) que constituye una herramienta de trabajo creada por la PDI para el cumplimiento de su misión y cometidos propios, y cuyo contenido se forma a partir de las resoluciones judiciales que disponen el arresto o la aprehensión de las personas, según lo ordenado por los Tribunales de Justicia para su ejecución por parte de la PDI. Sin embargo, sostiene que la PDI no es un servicio público creado para entregar información sobre resoluciones judiciales que decreten la privación de libertad de las personas. A mayor abundamiento, señala que el Poder Judicial pronunció el Auto Acordado contenido en el acta N° 253-2008 que creó la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no siendo la PDI el órgano competente para ocuparse de la solicitud de información, ella fue derivada a la antedicha Comisión del Poder Judicial para su gestión y conocimiento en conformidad a lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 8 de junio de 2012 el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la PDI, fundado en haber recibido una respuesta negativa a su solicitud, argumentando al efecto que lo solicitado no se refiere a todas las órdenes de detención emitidas en el país, sino solamente aquellas que los tribunales han encargado ejecutar a la PDI, excluyendo las expedidas a Carabineros. Por otra parte, lo respondido por la PDI contraviene el texto del artículo 10 de la Ley de Transparencia, pues lo solicitado constituye información elaborada con presupuesto público. Asimismo, el principio de relevancia impide distinguir según el origen, clasificación o procesamiento de la información, lo que indica que lo actuado por la PDI en orden a remitir la solicitud al Poder Judicial resulta manifiestamente improcedente. Finalmente, las órdenes de detención no pueden ser consideradas confidenciales, pues son emitidas por actuación de los Tribunales de Justicia en audiencia pública. Al respecto acompaña copia de una resolución pronunciada por un Juzgado de Garantía en audiencia pública en que se emitieron dos órdenes de detención.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 2162, de 15 de junio de 2012, al Sr. Director General de la PDI, solicitándole especialmente que al formular sus descargos: (1º) se refiriera a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señalara el contenido del registro solicitado, en particular, el número de personas cuyos nombres se encuentran en dicho registro y los campos que abarca la información solicitada (por ejemplo, si contiene el nombre de la persona con orden de detención, RUT de cada persona, número de causa que originó la orden, entre otras). Mediante el Ord. N° 342, de 9 de julio de 2012, dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) La información solicitada está constituida por el registro que mantiene la PDI respecto de las personas que registran órdenes de detención pendiente, incluidas en el sistema GEPOL de la institución, sin que dicha solicitud se haya reducido a información estadística o referido sólo a los nombres de los requeridos, o al tipo de delito más requerido. Siendo así, lo solicitado dice relación con datos personales y/o sensibles conforme a la definición de los mismos que consagra el artículo 2°, letras f) y g) de la Ley N° 19.628. Tal aserto es corroborado por la Contraloría General de la República a través de su Dictamen N° 22.522/2008, en el cual además se declara que la PDI se encuentra autorizada para realizar el tratamiento de los datos en cuestión, reconociendo las limitaciones existentes al respecto.

b) Los antecedentes que forman parte del registro solicitado constituyen información que no ha sido obtenida de una fuente no accesible al público, pues se trata de la resoluciones judiciales que los tribunales de justicia han dirigido a la PDI (tanto los Juzgados de Garantía como los antiguos Juzgados del Crimen) a afectos de hacer efectivo su cumplimiento y llevar a cabo la detención de los requeridos. Asimismo, ni la ley ni el titular de dichos datos ha autorizado a la PDI para comunicar dicha información a terceros, por lo que no se configuran ninguno de los supuestos que autorizan el tratamiento de dicha información conforme a lo que establece la Ley N° 19.628.

c) En este contexto, se configuraría la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues de entregarse la información solicitada se vería afectada la vida privada de las personas respecto de quienes se han despachado órdenes de detención y que figuran en el sistema GEPOL, toda vez que esa información se enmarca en el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. En tal sentido, señala que las órdenes de detención que se encuentran pendientes obedecen, en su origen, a múltiples causas, y no se vinculan necesariamente con la circunstancia de ser el requerido un imputado de un crimen o simple delito, ya que un testigo que no concurre al llamado que le hace un tribunal, también puede ser objeto de una medida de esa naturaleza, e incluso más, en algunos casos del sistema penal antiguo, a víctimas denunciantes de algún delito se les despachó orden de detención o arresto, por no haber asistido a ratificar la denuncia respectiva.

d) Atendido que en el Sistema GEPOL se reúnen las órdenes del antiguo proceso penal con el nuevo, es preciso señalar que respecto de las primeras que no es posible identificar en la base de datos la calidad del requerido, esto es, si es un imputado rebelde, un testigo o denunciante que no concurrió a un llamado del tribunal. Por lo tanto, el conocimiento de parte de terceros de la información relativa a la inclusión de una persona en el mencionado registro lesionará la vida privada del titular, por afectar aquel ámbito de su vida que ha dejado al margen del conocimiento y escrutinio público, precisamente por tratarse de un tema que de una u otra forma vincula al titular del dato con el sistema judicial.

e) Asimismo, la comunicación de esos antecedentes vulneraría la honra de la persona y de su familia, como derecho referido a la reputación y estima que cada uno tiene sobre uno mismo y que el resto le considera y debe respetar, puesto que la divulgación a terceros de la sola circunstancia de la inclusión de una persona en un registro de personas con órdenes de detención pendiente, que no permite conocer las razones de dicha inclusión necesariamente afectará a éstas en su honra, perdiendo el respeto ante sus pares y su familia, pues le se sindicaría automáticamente como "prófugo de la justicia" en circunstancias que la orden podría deberse únicamente a una no comparecencia a una audiencia y no a la imputación de la comisión de un delito.

f) Caso aparte lo constituyen las órdenes de aprehensión dirigidas en contra de los adolescentes infractores de la Ley Penal, quienes están sujetos as un especial régimen de protección de sus datos. En ese sentido, la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes establece en el artículo 40, que en caso de infracciones a la Ley penal por parte de esos menores: “de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. A mayor abundamiento, la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo estableció en su artículo 33 inciso 1° la prohibición de “la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la identidad de menores de edad que sean autores, cómplices, encubridores o testigos de delitos, o de cualquier otro antecedente que conduzca a ella”. Ello debe considerarse pues en el registro de requeridos con órdenes de aprehensión pendiente que al efecto mantiene la PDI, no se permite distinguir tampoco si se trata de un adulto o de un menor de edad (niña, niño o adolescente), por lo que ciertamente la publicidad de las órdenes de detención de un menor de edad afectará sus derechos, consagrados por el ordenamiento jurídico nacional, en especial aquel relativo a la reinserción social.

g) En el mismo orden de ideas, esto es, la afectación de derechos, la divulgación de lo requerido menoscaba el derecho a la seguridad de las personas, conforme a lo que establece el artículo 19 N° 7 de nuestra Carta Fundamental, así como la seguridad individual en los términos que establece la misma norma. En efecto, los requeridos que figuran en el registro solicitado, podrían verse expuestos a una persecución por parte de otras personas que quisieran hacer justicia por sus propias manos, por lo que su captura y detención se realizaría al margen de la ley, pudiendo propiciar la creación de virtuales policías privadas o vigilantes que se dediquen a la captura de esas personas requeridas. En cambio, al detener a una persona la policía debe cumplir una serie de protocolos para respetar sus derechos, tales como intimarle la orden de detención, leerle sus derechos y, por cierto, no agredirlo.

h) Varios reportajes televisivos han exhibidos detenciones efectuadas por transeúntes, en que además a la privación de libertad se añade la agresión de los captores, quienes tratan de hacer justicia por sus propias manos. Recuerda un reportaje en televisión acerca del trato que recibirían las asesoras del hogar de un condominio del sector alto de la capital, en que se identificó a una persona que, por su opinión, fue perseguida por internet, haciendo público su domicilio, RUT, nombre del cónyuge, recibiendo numerosos insultos y descalificaciones e incluso algunas amenazas, que afectaron su seguridad individual, esto es su vida e integridad física.

i) Por otra parte, y teniendo en consideración que la Ley de Transparencia no exige, como requisito para presentar solicitudes de información a los organismos públicos, el de acreditar la finalidad con la que se desea la información, cabe considerar que el requirente, al dotarse de esa información, podría crear una base de datos por la que cobre derechos por su consulta o bien para que sea utilizada como medio de presión en contra de su titular para que adopte la conducta requerida por parte de quien maneja la información.

j) En consecuencia, habiéndose establecido que la divulgación de la información afecta varios derechos resulta necesario determinar si los derechos fundamentales descritos ceden frente al derecho de acceso a la información pública únicamente porque se trata de una base de datos elaborada con presupuesto público. Al respecto, y sobre la base de la aplicación del denominado "balancing test" estima que el acceso y entrega de tal información puede producir una afectación del derecho a la vida privada del titular de la referida información, sin que valga para soslayar esa consideración la presunción de la publicidad de la información, puesto que el derecho a la vida privada y a la honra es una garantía constitucional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, que no puede perder su valor por una presunción. Será carga entonces del solicitante de la información probar y acreditar, en el marco del citado "balancincg test", la existencia de un interés público superior que amerite, en desmedro de la garantía fundamental citada, la primacía del derecho al derecho de acceder a la información solicitada. Y en tal sentido “para que se limite un derecho constitucional la ley debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Que la limitación esté señalada en la Carta Fundamental; b) Que la limitación respeto el principio de igualdad; c) Que esté establecida con indudable determinación; d) Que sea razonada y justificable; e) Que no afecte el derecho en su esencia; f) Que no imponga condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio” [Tomás Vial Solar, Abogado; Informe en Derecho Sobre la Constitucionalidad de la Causal de Negativa al Acceso a la Información fundada en la Afectación de los Intereses de Terceros].

k) En ese sentido, la restricción a los derechos fundamentales de la protección de la vida privada y honra de las personas frente al derecho de acceso a la información pública, afectaría el principio de igualdad sin que exista una causa legal que lo determine, dado que no estamos frente a la autoridad judicial que resuelve una controversia jurídica. Asimismo, de entregarse la información requerida se afectaría el derecho a la vida privada y a la honra en su esencia, al igual como ocurriría de revelarse las situaciones y circunstancias que forman parte de la intimidad personal, y mientras más trate la persona de defenderse más se expone al escrutinio público por figurar en ese listado.

l) En el contexto anterior, resulta necesario considerar que acaba de entrar en vigencia la Ley N° 20.593 que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia “en el que se anotarán las órdenes de detención vigentes cuando éstas hayan sido libradas por Tribunales de Justicia con competencia en lo penal en los siguientes casos: 1) Respecto del imputado que haya sido declarado rebelde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 y 100 del Código Procesal Penal. 2) Respecto del imputado que se fugare estando sujeto al régimen de prisión preventiva o sujeto a la medida cautelar prevista en la letra a) del artículo 155 del Código Procesal Penal. 3) Respecto del condenado que se encuentre en el caso del inciso 2° del artículo 468 del Código Procesal Penal. 4) Respecto del condenado que se fugare mientras se encuentre cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad. 5) Respecto del condenado a quien se le revocare alguna de las medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad previstas en la ley N° 18.216. 6) Respecto del condenado a una pena privativa de libertad a quien se le revocare el beneficio de la libertad condicional, previsto en el decreto ley N° 321, de 1925, u otro beneficio penitenciario” (artículo 1°).

m) El Mensaje Presidencial de la actual norma legal, señalaba en su parte pertinente: “Este proyecto de ley tiene por finalidad facilitar o permitir la detención de quienes se encuentran prófugos de la justicia. Además de la creación del Registro, establece medidas específicas que obstaculizan la obtención de determinadas prestaciones del Estado. En efecto, un sujeto que, voluntariamente se ha situado al margen de la legalidad, muchas veces obtiene prestaciones del sistema público que pueden constituir herramientas que le facilitan la elusión de la justicia”, es decir, tiene una finalidad restringida, cual es la captura o detención de aquellos que forman parte de ese registro. Para aquello el legislador estableció en términos restringidos y taxativos quienes pueden acceder a esa información, disponiéndose en el artículo 7° que: “Sólo podrán acceder a la información contenida en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, las siguientes instituciones: 1) Los Tribunales de Justicia. 2) El Ministerio Público. 3) Carabineros de Chile. 4) La Policía de Investigaciones de Chile. 5) Gendarmería de Chile. 6) La Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 7) El Servicio de Registro Civil e Identificación. 8) Los organismos públicos a que se refieren los artículos 9° y 10, para los fines allí previstos y en la forma señalada en dichos artículos. Las personas o instituciones señaladas en el número 8), tendrán acceso limitado al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, pudiendo únicamente ser informados sobre el hecho de encontrarse una persona determinada incorporada en éste. Dichas instituciones podrán acceder al Registro para el solo efecto del trámite que se realiza. Las instituciones señaladas en los números 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7) deberán establecer los procedimientos que determinarán las personas que tendrán acceso a la información, a fin de garantizar la debida confidencialidad”.

n) Así, el dato contenido en ese registro sigue siendo un dato personal y sensible, autorizando el legislador al Servicio de Registro Civil e Identificación para que lo trate y transmita a ciertas personas y para el único fin de efectuar la detención del requerido. En la discusión parlamentaria se planteó el tema de este acceso restringido señalándose en el marco de la discusión lo siguiente: “El señor Galli, asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, explicó que el acceso a este Registro es restringido porque no existe para las personas la obligación de denunciar o de detener a una persona con una orden de detención vigente; solo los funcionarios públicos están obligados a denunciar, en caso de delitos flagrantes. Por otro lado, la información que se tiene respecto de las órdenes de detención pendientes, es entregada sólo a aquellos organismos públicos encargados de detener u de perseguir a las personas que han cometido delitos. La idea no es buscar la autotutela, ya que la obligación de garantizar la seguridad pública es del Estado y no de las personas”. A mayor abundamiento, en la discusión del proyecto, en su intervención el H. Diputado José Miguel Ortiz manifestó: “En su oportunidad, quise destacar un hecho fundamental; estamos de acuerdo, desde todo punto de vista, con que se cree el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, pero ello no se puede prestar para que exista una persecución implacable contra gente que cometió delitos y que transgredió la ley, o para que la información de los registros llegue a niveles que signifiquen problemas a esas personas y a sus familias”. En el mismo sentido al exponer el H. Diputado Felipe Harboe en su parte pertinente señala “¿Quiénes pueden acceder a esto? No es un tema menor. Se estableció un conjunto de personas de diferentes instituciones. En suma, esto quedó circunscrito principalmente a las Instituciones que participan en el proceso. Lo más importante es evitar el mal uso o el uso extensivo de estos antecedentes”.

o) Además de todo lo ya expuesto, la base de datos en cuestión no es estática, por el contrario, cambia a cada minuto, sea cancelando una orden (mediante la detención del requerido o de la contraorden despachada por el tribunal) o bien ingresando un nuevo requerimiento judicial, de ahí que no es fiable la información, lo que la hace inexacta, llegando a la situación de figurar alguien como requerido en un momento posterior se hubiere cancelado dicha orden por otra resolución judicial que así lo disponga. Lo expuesto hace que algunos de los datos que pudieren entregarse en un momento determinado, sea aquellos denominados por el legislador en el artículo 2° letra d) de la Ley N° 19.628 como "dato caduco" que como tal ya hubiere perdido su vigencia, al haber eliminado la anotación o se hubiere agregado una nueva. En ese sentido, aclara que en los procesos penales, en especial los antiguos, el tribunal despachaba en varios casos, la orden a Carabineros y a la PDI, y no existiendo la obligación por parte de las policías de registrar en las bases de datos el hecho de haberse producido una detención, podía suceder en varios casos que la persona fuera detenida por la policía uniformada, trasladada al juzgado, cumpliéndose el requerimiento del tribunal y, sin embargo mantenerse aún la orden de detención en la base de datos.

p) Existen también casos de personas, quienes incluso han tramitado la eliminación de antecedentes, han cumplido la pena impuesta, pero el tribunal no dispuso de la contraorden de detención, por lo que a pesar de haber solucionado sus temas judiciales, siguen figurando en el sistema, atendido que el tribunal no despacha la contraorden. Unido a lo anterior están los casos de órdenes judiciales de larga data, es así como figuran aún pendientes órdenes de detención desde al año 1981, es decir, en causas en las que puede operar la prescripción penal. En todos los casos descritos, la figuración de las personas del listado demuestra que no todas obedecen al concepto de "prófugos de la justicia", o "los más buscados", con lo cual queda en evidencia la afectación en los derechos de las personas que figuran en el registro GEPOL de la PDI.

q) Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que en la especie concurre además la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, pues las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública establecidas en el artículo 101 de la Carta Fundamental, que están compuestas por Carabineros e Investigaciones, conforme al texto citado existen para “dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior en las forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas”. En este sentido, y como una aproximación de definición de orden público se señala que éste es el: “estado de paz de la colectividad nacional resultante de la protección del Estado contra las diferentes amenazas que pudieran atentar contra la seguridad, tranquilidad, moralidad e higiene de sus habitantes” [Luis Orellana Reyes. "Orden Público, Su conservación y protección. Memoria de Prueba U. de Concepción 1993]. Del concepto señalado no cabe sino reconocer que el Estado debe proveer a ese estado de paz mediante la actuación de los organismos públicos pertinentes, tendientes a evitar todo hecho que amenace o que atente contra la seguridad, tranquilidad, etc., de la sociedad.

r) Asimismo, la seguridad pública puede ser definida como una necesidad de las personas que integran la sociedad, para desarrollarse plenamente como tales, viviendo en armonía con los demás, respetando los derechos individuales del otro. Para que esta necesidad se satisfaga surge como un servicio la necesidad que el Estado garantice la integridad física de las personas y de sus bienes. Por lo anterior, el garante de que esa necesidad se cumpla o satisfaga es el Estado, el que debe destinar sus actuaciones a evitar toda alteración del orden social, que ponga en riesgo la seguridad de la sociedad. De acuerdo a lo expuesto, en este concepto la Policía de Investigaciones de Chile, no sólo cumple con un rol investigativo de los delitos ya cometidos, sino que debe cumplir con el mandato constitucional de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en forma tal que debe prevenirlos, lo cual se manifiesta, entre otras actividades, al evitar que las personas tomen la justicia por sus propias manos, por ejemplo creando grupos de persecución de los prófugos de la justicia, alterando con ello el orden institucional vigente determinado por la Carta Fundamental.

s) De todo lo expuesto, debe concluirse que todo el esfuerzo legislativo para concentrar en una base de datos las órdenes de detención que los tribunales dictan en materia criminal en contra de un sinnúmero de personas, y en poder de un solo ente, en este caso el Servicio de Registro Civil e Identificación, limitando además el acceso en razón de los servicios a los que se les autoriza expresamente, y restringiéndolo también en cuanto a las finalidades de ese acceso, implica que los derechos de las personas incluidas en el citado Registro de Prófugos no han sido eliminados por esa inclusión, por el contrario, tienden a protegerse en pos de una finalidad última cual proveer a la captura del sujeto respecto del cual existe una orden evitando con ello que siga eludiendo a la justicia. Es por ello que permitir que un particular reúna en su poder la información que consta en los registros señalados sería dejar en letra muerta lo ordenado por la ley 20.593 que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, puesto que los terceros no autorizados por esa norma legal para requerir información, la podrían obtener de aquel peticionario que logró reunir la información de esos servicios públicos.

t) En este sentido la base de datos del Sistema GEPOL de la Policía de Investigaciones va a contener necesariamente varias coincidencias con ese Registro, de ahí que del juego de normas citadas en relación con este podemos observar que tiene un acceso restringido a quienes pueden acceder y a la finalidad perseguida por esa base de datos. Y por lo mismo enfatiza en que resultaría atentatorio contra los derechos de las personas (incluidas en esa base de datos) que un tercero no habilitado por el legislador acceda a la información relativa a todas las personas con órdenes de detención pendiente, algunas de las cuales, como ha señalado, pueden estar incluidas en el Registro de Prófugos que mantiene el Registro Civil del que no tiene acceso, pero lo pueda obtener desde el GEPOL de la PDI.

u) En cuanto a la tipología y contendido del registro, informa que al 30 de junio de 2012 a las 09:00 hrs. el total de órdenes de aprehensión asciende a 184.900, comprendiendo ese registro el nombre del requerido, su número de RUT, número de rol de la causa, número del tribunal, tipo de delito, en algunos casos el domicilio del requerido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en la especie se ha solicitado información que la propia PDI ha reconocido obra en su poder, por lo tanto, ha de estimarse que dicho organismo resulta competente para ocuparse de la solicitud de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, que señala: “Se entenderá que un servicio es competente para resolver la solicitud cuando, … en cualquier caso, aquélla obrase en su poder. Lo anterior tendrá aplicación, salvo que la información solicitada hubiere sido generada por un órgano público diferente al requerido, en la medida que: a) Esté facultado legalmente para cobrar por ella un valor distinto a los costos directos de reproducción; b) Pudiere ver afectado, con su entrega, el debido cumplimiento de sus funciones, o c) Tenga competencias o atribuciones preferentes para evaluar la afectación de la seguridad de la Nación o el interés nacional”, circunstancias excepcionales cuya concurrencia no se aprecia en la especie. Por lo demás, la competencia de la PDI ha sido ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la sentencia recaída en el reclamo de ilegalidad Rol 6252-2011 deducido por la mismo PDI en contra de la decisión de amparo Rol C516-11, en que dicho organismo estimo ser incompetente para ocuparse de la solicitud referida a las órdenes de aprehensión que registraba una persona. Siendo así, ha de concluirse que la derivación de la solicitud efectuada a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial no resultaba procedente.

2) Que, lo solicitado es copia del registro de órdenes de detención pendientes que maneja la PDI, es decir, se ha solicitado un banco de datos particular que se encuentra en poder de dicho organismo, y que al tenor de lo prescrito en el artículo 2º, letra m), de la Ley Nº 19.628 constituye “un conjunto organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos”. Concretamente, los datos que serán relacionados están referidos a los nombres y apellidos de todas las personas respecto de las cuales algún tribunal hubiese despachado orden de detención, exigiendo que se contengan en esa base sólo las órdenes que se encuentren vigentes. En consecuencia, no se está solicitando la información o base de datos que sobre órdenes de detención administra el Poder Judicial, cuyas reglas de recopilación, sistematización y tratamiento pueden resultar esencialmente distintas a las de las que administra la PDI, de manera que lo que se diga respecto de la publicidad o reserva de la primera no resulta necesariamente comunicable a la segunda.

3) Que, para resolver sobre la publicidad o reserva de la base solicitada, debe necesariamente atenderse a la finalidad específica a que respondió su recopilación y sistematización de acuerdo a la normativa pertinente. Resulta decidor en tal sentido el artículo 3° de la Ley N° 20.253 (D.O. 14.03.2008) que crea el Registro unificado y actualizado de órdenes de detención en poder de las policías, que dispone: “Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán mantener un banco de datos unificado y actualizado de personas respecto de las cuales exista orden de detención pendiente. Dicho registro o banco de datos será de uso exclusivo de las policías para efecto de lo dispuesto en el artículo 85 del Código Procesal Penal, y sus datos sólo serán comunicados al Ministerio Público y a los tribunales, en el marco de una investigación o proceso judicial (inc. 1°), disponiendo su inc. 4º que “Toda persona podrá solicitar a las policías certificado de dicho registro, el cual contendrá todos los antecedentes que constaren respecto al solicitante. Cabe consignar que la historia tanto de la antedicha Ley Nº 20.253, que crea el Registro unificado y actualizado de órdenes de detención, como de la Ley N°20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia en poder del Registro Civil, evidencian que la intención del legislador ha sido fortalecer las funciones policiales en cuanto al resguardo de la seguridad pública, especialmente aquellas que tienen lugar dentro del procedimiento penal (p. ej., llevar a cabo con éxito controles de identidad y detener a personas con órdenes de aprehensión pendientes). Así, durante la tramitación del primero de los cuerpos legales mencionados los representantes del Ejecutivo señalaron que esta propuesta “…obedecía a la conveniencia de que las policías pudieran contar con un banco integrado de datos en el que consten las órdenes de detención pendientes, al que pudieren recurrir al efectuar un control de detención”. Asimismo, durante la tramitación el diputado Sr. Burgos expresó que “…el banco de datos unificado y actualizado respecto de personas que tengan órdenes de detención pendientes evitaría que una persona pudiera burlar, por ejemplo, un control de identidad de Carabineros, porque su orden de detención figura en él”.

4) Que, lo anterior cobra especial relevancia si se atiende a las funciones legales atribuidas a la PDI. En efecto, de acuerdo al inciso 2º del artículo 101 de la Carta Fundamental, “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas” (lo destacado es nuestro). A mayor abundamiento, el artículo 5º del D.L. Nº 2460/1979, o Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, indica que a dicha institución le corresponde “contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación, así como a las órdenes emanadas de las autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos en que intervengan como tribunales especiales; prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal…” (lo destacado es nuestro).

5) Que, de lo anterior, se colige que el legislador encargó a la PDI la recopilación, sistematización y comunicación limitada de la base de datos solicitada, con la finalidad de que sean estos registros un elemento coadyuvante del cumplimiento de la misión institucional que ha sido encomendada a dicho organismo, como colaborador en la mantención del orden público, la seguridad pública y, en definitiva, la paz social, que se funda en el cumplimiento de las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales de justicia. Por lo tanto, revelar esa información contravendría la clara señal entregada por el legislador respecto del tratamiento restringido que debe dar dicho organismo a los datos que forman parte del registro solicitado, y que traduce en la restricción del acceso a los mismos y la autorización concedida sólo a determinadas personas e instituciones para consultarlos, como una medida destinada a hacer más eficaz el trabajo policial, razón por la cual a juicio de este Consejo se configura en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

6) Que, como se ha indicado, la finalidad de la recopilación de las órdenes de detención en poder de la PDI y su tratamiento reservado dicen relación, en último término, con la idea de mantener el orden público interno por los motivos ya señalados, cual forma parte de la obligación de promoción del bien común que la CPR encomienda al Estado, dentro de un contexto más general que el simple cumplimiento de las funciones de los órganos públicos individualmente considerados, por lo que a juicio de este Consejo la revelación de la información solicitada significaría afectar la seguridad de la Nación en lo que refiere a la mantención del orden público configurándose por ende la causal de reserva prevista en el art. 21 N°3 de la Ley de Transparencia, y afectaría además el interés nacional configurando la causal del art. 21 Nº 4 del mismo cuerpo legal.

7) Que, sin perjuicio de lo anterior, al solicitarse una base de datos personales deben también aplicarse los principios que emanan del derecho a la protección de datos personales conforme a las normas de la Ley N° 19.628. Entre éstos, deben destacarse los siguientes:

a. El principio de calidad del dato, que consiste en que los datos tratados deben ser exactos, adecuados, pertinentes y no excesivos, y que debe ser observado durante la recogida y posterior tratamiento de los datos, con prescindencia que el tratamiento lo efectúe una entidad privada o un órgano público. Concurren a la configuración de dicho principio otros tres principios rectores, a saber: el principio de veracidad del dato, el principio de finalidad el dato y el principio de proporcionalidad del dato (Acápite 4.2 de la “Recomendaciones del Consejo para la Transparencia Sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado”, disponible en el link: http://www.consejotransparencia.cl/cplt-publica-en-diario-oficial-recomendacion-sobre-proteccion-de-datos-personales/consejo/2011-09-14/100108.html).

b. El principio de finalidad, consagrado en el artículo 9º de la Ley Nº 19.628, que exige utilizar los datos personales sólo en los fines para los que fueron recolectados, y que en el caso de los órganos públicos están dados por la esfera de su competencia. Analizadas las potestades otorgadas a la PDI no se advierte ninguna que le permita difundir o ceder a terceros las órdenes de detención solicitadas sino sólo a los sujetos ya señalados. En efecto, el ya citado artículo 3º de la Ley Nª 20.253 lleva a concluir que su tratamiento está limitado a objetos específicos, como el control de identidad y la ejecución de las mismas órdenes de detención, debiendo mantener reserva respecto del resto. Esto pone en evidencia la excepcionalidad del acceso a la base respectiva, sin perjuicio del acceso del titular del dato personal .

c. El principio de proporcionalidad, según establece la Recomendación sobre Protección de Datos Personales de este Consejo, sólo permite recabar“…aquellos datos que sean necesarios para conseguir los fines que justifican su recolección”. Por tanto, se entenderá que se cumple con el principio de proporcionalidad cuando el o los datos que se recolecten, así como su posterior tratamiento, sean adecuados o apropiados a la finalidad que lo motiva; sean pertinentes o conducentes para conseguir la referida finalidad y no excesivos en relación a dicha finalidad para la cual se han obtenido, en el sentido que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia. A juicio de este Consejo, nada de esto ocurre en esta solicitud. Además, según ha indicado la propia PDI la base de datos de personas que registran órdenes de detención pendientes no es estática, ya sea porque se cancela la orden (mediante la detención del requerido o de la contraorden despachada por el tribunal) o porque ingresan nuevos requerimientos judiciales, dependiendo la actualización del Poder Judicial. Así, la información que podría entregarse en virtud de esta solicitud puede no corresponder a la situación real de una o más personas, por lo que constituye un tratamiento excesivo.

d. El principio de veracidad del dato, según el cual los datos personales deben ser exactos, actualizados y responder con veracidad a la situación real de su titular (inciso segundo del artículo 9° de la Ley N° 19.628), cuestión que en este caso no se cumple plenamente a partir de lo señalado en el literal precedente, pues pueden existir en esta base datos caducos.

8) Que, por otra parte, como lo solicitado son las órdenes de detención pendientes a la fecha de la solicitud existiría una evidente dificultad para definir el cumplimiento de esta condición de vigencia en cada caso, atendido lo razonado en el literal c) del considerando precedente, arriesgándose responsabilidades civiles en caso de publicarse datos caducos.

9) Que, por todo lo anterior, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Milton Bertín Flores en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General o al Director Jurídico de este Consejo indistintamente, notificar la presente acuerdo a don Milton Bertín Flores y al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

 

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.