logo
 

C60-20 Rol: C60-20

Consejo para la Transparencia, 01/06/2021

Se rechaza la solicitud de invalidación presentada en el procedimiento de amparo Rol C60-20 deducido por don José Valenzuela Negrete, en representación de Medical International Laboratories Corporation S.A., o MINTLAB, de fecha 26 de abril de 2021, en la cual requirió invalidar la decisión adoptada y retrotraer el proceso al estado de poder llevar a cabo la notificación a los terceros, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Conformidad objetiva

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

RESUELVE SOLICITUD DE INVALIDACIÓN POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO DECISIÓN AMPARO ROL C60-20

En sesión ordinaria N° 1186 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la presentación efectuada por don José Valenzuela Negrete, en representación de Medical International Laboratories Corporation S.A., en adelante, MINTLAB, de fecha 26 de abril de 2021, relativa a solicitud de invalidación por falta de emplazamiento en contra de la decisión adoptada en la sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo del 2020, en el procedimiento de amparo Rol C60-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 5 de mayo de 2020, en sesión ordinaria N° 1094, este Consejo se pronunció sobre el amparo Rol C60-20, deducido por don Alberto Covarrubias en contra del Instituto de Salud Pública, acogiendo el reclamo, y ordenando, en definitiva, la entrega de copia de los estudios presentados por los laboratorios para que fuese aprobada su bioequivalencia respecto de los fármacos utilizados en salud mental y neurología, en virtud de los fundamentos que allí se indican.

2) Que, mediante Oficio N° E6301, de igual fecha, este Consejo procedió a la notificación de la decisión mencionada precedentemente, tanto a la parte reclamante como a la reclamada.

3) Que, en tal contexto, don José Valenzuela Negrete, en representación de MINTLAB, con fecha 26 de abril de 2021, interpuso reclamación de invalidación por falta de emplazamiento, en contra de la mencionada decisión, por no haber dado traslado a dicho laboratorio, en su calidad de tercero, circunstancia que tornaría ilegal dicha decisión, por haber omitido un trámite esencial.

4) Que, en su requerimiento, la reclamante sostiene que ni el Instituto de Salud Pública ni el Consejo para la Transparencia, procedieron a la notificación de los terceros cuyos derechos pudieran verse afectados con la solicitud de don Alberto Covarrubias, en el presente caso, a los laboratorios que remitieron los informes solicitados, particularmente, al Medical International Laboratories Corporation S.A. Así las cosas, atendido dicho vicio, solicita la invalidación del procedimiento por falta de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la ley N° 19.880.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone: "Los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley". Así, en términos generales, se ha señalado que los recursos administrativos son medios de carácter impugnatorio a través de los cuales el afectado por un acto administrativo inicia un procedimiento en que insta del órgano administrativo, autor del mismo, su modificación, reemplazo o anulación.

2) Que, por su parte, el inciso primero del artículo 53 de la ley N° 19.880, establece que "La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto". Como es dable apreciar, y así lo ha entendido tanto la doctrina como la jurisprudencia administrativa y judicial, dicha norma contempla el deber de la autoridad administrativa de dejar sin efecto los actos que ha emitido con infracción a derecho, en otras palabras, la invalidación es una potestad-deber del órgano de la administración, pero respecto de sus propios actos ("la autoridad...podrá...invalidar"). En tal sentido, por el ejemplo, la Contraloría General de la República, en su dictamen N° 18.353/2009, señala "la disposición precitada contempla la obligación de la autoridad administrativa para dejar sin efecto los actos que ha emitido con infracción a derecho, sujeto a las restricciones que para tal efecto ha previsto el propio ordenamiento jurídico y la jurisprudencia administrativa, entre las cuales cabe destacar que esa atribución debe ejercerse dentro del término de dos años contados desde la notificación o publicación del acto viciado". De igual forma, la Excma. Corte Suprema, en sentencia de autos ingreso rol N° 3125-03, sostiene "Que es efectivo que, en virtud de lo que dispone el artículo 6° de la Constitución Política de la República, la administración tiene un poder de autotutela en cuya virtud el Estado o sus órganos pueden invalidar sus actos o corregirlos para encuadrarlos en el ordenamiento jurídico alterado por tales actuaciones irregulares" (considerado 1°). En conclusión, la institución que se comenta tiene su fundamento en el deber de todo órgano de la Administración del Estado o autoridad administrativa de conformar su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, esto es, respetar el principio de legalidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

3) Que, del tenor de lo señalado en los numerales 3) y 4) de lo expositivo, el objeto del recurso incoado por MINTLAB es solicitar la invalidación del procedimiento administrativo por falta de notificación conforme lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la Ley de Transparencia, a los laboratorios que remitieron informes al ISP, al tenor de lo solicitado, a fin de retrotraer el procedimiento al estado anterior a la notificación de los terceros que puedan verse afectados por la divulgación de la información, a efectos de formular sus descargos, a fin de que ahora, oyendo a todos los interesados, entre los cuales se encuentra la parte recurrente, y con su mérito, se dicte una nueva decisión. En tal orden de ideas, lo pretendido por el recurrente es que se inicie un procedimiento que, en definitiva, invalide los actos emitidos por esta Corporación durante la tramitación del procedimiento de amparo rol C60-20, incluyendo la decisión adoptada. Así las cosas, y no obstante lo expuesto por el solicitante de invalidación, resulta plausible sostener que no existe perjuicio alguno para la empresa MINTLAB por el supuesto vicio alegado, que deba ser subsanado con la invalidación de la decisión adoptada, conforme a lo que se indicará a continuación.

4) Que, en primer lugar, se debe considerar que la información que la empresa reclamante busca proteger, no ha sido entregada a la parte solicitante en virtud de la interposición, por parte del Instituto de Salud Pública, del reclamo de ilegalidad -en contra de la decisión respecto de la cual ahora se requiere su invalidación- ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, rol ingreso de Corte N° 275-2020, con fecha 19 de mayo de 2020, de manera que sus eventuales derechos siguen indemnes. Asimismo, cabe tener presente que los laboratorios OPKO CHILE S.A., y DIFEM LABORATORIO S.A., interpusieron sendos recursos de protección en contra de la misma decisión, roles 55.925-2020 y 55.926-2020, los que aún se encuentran en tramitación.

5) Que, en segundo lugar, respecto de la documentación reclamada, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público". Conforme a lo anterior, tratándose de antecedentes que forman parte de un procedimiento administrativo por parte de un órgano público en el cumplimiento de sus funciones, y constituyendo los informes presentados por los laboratorios, los fundamentos esenciales y directos de los actos administrativos por medio de los cuales se aprobaron los estudios para demostrar la equivalencia de los distintos productos farmacéuticos, la documentación requerida, en la especie, constituye información de carácter eminentemente público, respecto de la cual este Consejo ordenó su entrega.

6) Que, en tercer lugar, cabe tener presente lo señalado por el órgano con ocasión de sus descargos, al indicar que "todos los estudios de equivalencia terapéutica son acompañados por los solicitantes de registros sanitarios, conteniendo información de carácter confidencial que afectan derechos de carácter comercial y económico de terceros, debiendo ser consultados cada uno de ellos sobre la facultad de oposición conferida en el artículo 20° de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, existiendo de esta forma norma expresa que mandata al ISP la comunicación a más de 3.000 involucrados con lo requerido por el señor Covarrubias", denegando la entrega de la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y agregando que "el recurso humano actualmente disponible en la sección que cuenta con la información, no permite destinar la totalidad de las funciones para otorgar el requerimiento. Ello se debe a que actualmente se disponen de más de 3.000 informes técnicos de bioequivalencia, lo que demuestra la dificultad de responder a la solicitud. La cantidad de informes involucra a terceros por contener ella información de carácter sensible que puede afectar derechos de los interesados, debiendo contactar a cada titular para solicitar autorización para la entrega de los documentos".

7) Que, conforme a lo expuesto, si bien la causal de reserva alegada por el órgano no se acreditó de manera suficiente, que permitiera rechazar el amparo rol C60-20 en cuanto a la entrega de la documentación requerida, toda vez que no se indicó la cantidad de funcionarios y el período necesario para extraer la información solicitada, ni la forma en que se mantiene almacenada, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, vale tener en consideración que, efectivamente, se trataba de una gran cantidad de terceros a quienes se debía notificar su derecho de oposición, conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, procedimiento al cual el Instituto de Salud Pública no dio aplicación. Así las cosas, este Consejo no contaba con los datos de contacto de los terceros eventualmente afectados con la publicidad de los informes pedidos, por cuanto el ISP sólo remitió una planilla que contiene datos relativos a: "Tipo de informe", "Registro" y "Principio Activo" de cada producto farmacéutico respecto del cual se requirió el registro de bioequivalencia, sin indicar la identificación de los laboratorios correspondientes ni sus respectivas casillas de correo electrónico o domicilio postal, motivo por el cual, si bien se trata de un trámite de carácter esencial, este Consejo se encontraba y se encuentra, en la imposibilidad material de notificar y dar traslado a todos los terceros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia.

8) Que, en cuarto lugar, y contrario a lo señalado latamente por el recurrente, al momento de resolver el amparo cuya decisión se solicita sea invalidada, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, esto es, "Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado", este Consejo, con la finalidad de evitar la concurrencia de algún vicio que pudiera acarrear la ineficacia del procedimiento de amparo, ponderó en abstracto los antecedentes del caso, y estimó que la publicidad de la totalidad de la información solicitada por don Alberto Covarrubias, podría configurar la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

9) Que, en virtud de lo expuesto, y si bien este Consejo se encontraba en la imposibilidad de dar traslado a los terceros conforme a lo señalado precedentemente, en los considerandos 13), 14) y 15) de la decisión del amparo rol C60-20, esta Corporación se hizo cargo de dicha circunstancia -la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia-, disponiendo la reserva de la información relativa a la fórmula y a los procesos de elaboración de los productos farmacéuticos consultados, a fin de proteger los derechos económicos y comerciales de los laboratorios. En efecto, según lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C3184-16 y C5698-18, "la divulgación de la fórmula cualitativa completa y expresión cuantitativa de sus ingredientes, permitiría a terceros acceder a las características, fórmulas y procesos esenciales de sus productos, cuya revelación ocasionaría la pérdida de las ventajas comparativas del titular, afectándose con ello los derechos comerciales y económicos del tercero". Luego, en virtud de lo expuesto, no resulta plausible sostener que los terceros hubieren quedado en la absoluta indefensión, al tenor de lo indicado por la reclamante de invalidación.

10) Que, a mayor abundamiento, frente a una solicitud de información de carácter similar, en la cual se requirió la totalidad de los documentos existentes en el expediente de registro del producto farmacéutico que indica, amparo rol C5698-18, cabe tener presente lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en recurso de ilegalidad rol N° 414-2019, que en su considerando 4° razonó que "de lo expuesto por las partes y los antecedentes acompañados, la información y antecedentes que el ISP estará en condiciones de entregar a la peticionaria conforme a la Decisión de Amparo dicen relación con aquellos que en su oportunidad BPH acompañó con su solicitud de Registro del producto farmacéutico para que ese órgano procediera a su evaluación y, en general, corresponden a certificaciones o antecedentes para verificar quienes intervinieron en su producción y distribución los que estarán a disposición del público por lo que revestidos de estas características, no cabe atribuirles el carácter de reservados o confidenciales de forma tal que su conocimiento por terceros pueda constituir una violación del secreto empresarial de los productos o bien, afectar los intereses comerciales o económicos, el derecho de propiedad industrial, intelectual o limitar el ejercicio de una actividad comercial o empresarial de la reclamante, lo que queda ratificado cuando el CPLT acogiendo la divisibilidad de la información acoge parcialmente lo pedido por la peticionaria disponiendo que el ISP debe proceder a tarjar lo que se precisa en el Numeral II letra a) de los resolutivo en especial aquello que dice relación con la fórmula del producto farmacéutico y los datos personales del contexto que puedan contener, lo que deja a resguardo lo que constituye el fundamento principal de la oposición, desestimándose las otras razones esgrimidas por la reclamante, en especial la confidencialidad acordada con los fabricantes que no consta en los contratos que el CPLT tuvo a la vista y el perjuicio comercial con la entrega de la información que no se acreditó y finalmente, la condición de la peticionaria, lo que de acogerse constituiría una discriminación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 19 de la Ley de Transparencia" (énfasis agregado).

11) Que, en consecuencia, en virtud de todo lo expuesto, habiéndose desestimado las alegaciones del tercero recurrente, en orden a que la decisión del amparo rol C60-20 constituiría un acto contrario a derecho que justificaría su invalidación, en la cual se hubiere incurrido en un vicio o en una infracción al principio de juridicidad que deba ser subsanada con la invalidación de la decisión adoptada, constatando que los antecedentes proporcionados en nada alteran lo resuelto en el citado amparo, no existiendo por tanto elementos de juicio que ameriten invalidarla, y siendo además el reclamo de ilegalidad la forma de impugnar lo resuelto por este Consejo, se rechazará la solicitud de invalidación presentada por don José Valenzuela Negrete, en representación de Medical International Laboratories Corporation S.A., o MINTLAB.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y EN LA LEY N° 19.880, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y EN LA LEY N° 19.880, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar la solicitud de invalidación presentada en el procedimiento de amparo Rol C60-20 deducido por don José Valenzuela Negrete, en representación de Medical International Laboratories Corporation S.A., o MINTLAB, de fecha 26 de abril de 2021, en la cual requirió invalidar la decisión adoptada y retrotraer el proceso al estado de poder llevar a cabo la notificación a los terceros, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don José Valenzuela Negrete, en representación de MINTLAB, a la casilla electrónica indicada en su presentación, a la Sra. Directora del Instituto de Salud Pública y a don Alberto Covarrubias.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.