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Emilia Hermosilla con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Rol: C8104-20

Consejo para la Transparencia, 15/06/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordenando la entrega de la información solicitada, con el detalle requerido, sobre las personas en cuya contra el órgano recurrido presentó una querella en el contexto del estallido social, a partir del 18 de octubre de 2019 y hasta la fecha de la solicitud de acceso a la información. Lo anterior, por desestimarse la concurrencia de la causal de reserva sobre afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano por distracción de sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, contenida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia; por lo que se trata de información pública que obra en poder del órgano recurrido que ya ha sido difundida públicamente por este con anterioridad; además, de tratarse información a cuyo respecto, por estar referida a procesos judiciales, rige el principio de publicidad contemplado en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código Procesal Penal, respecto de la cual, la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no se aviene con su obligación de informar, en conformidad del artículo 15 de la Ley de Transparencia. Se rechaza el amparo en lo referido a la entrega de información sobre el domicilio particular (incluyendo comuna) en que 61 personas querelladas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la fecha de la solicitud de acceso a la información, cumplieron arresto domiciliario, total o parcial, por tratarse de un dato personal. Se rechaza el amparo en cuanto a la entrega de toda la información solicitada respecto de 489 personas que no habrían sido formalizadas a la fecha de la solicitud de acceso a la información, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por cuanto la situación de estas personas se encuentra radicada en la esfera de competencia del Ministerio Público, quien tiene la potestad legal para decidir si formaliza o no una investigación ante los tribunales de justicia, por lo que se aplica el artículo 182 del Código Procesal Penal, que establece el secreto de las actuaciones de investigación contenidas con el expediente investigativo que obra en poder del Ministerio Público


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8104-20

Entidad pública: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Requirente: Emilia Hermosilla.

Ingreso Consejo: 10.12.2020.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordenando la entrega de la información solicitada, con el detalle requerido, sobre las personas en cuya contra el órgano recurrido presentó una querella en el contexto del estallido social, a partir del 18 de octubre de 2019 y hasta la fecha de la solicitud de acceso a la información.

Lo anterior, por desestimarse la concurrencia de la causal de reserva sobre afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano por distracción de sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, contenida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia; por lo que se trata de información pública que obra en poder del órgano recurrido que ya ha sido difundida públicamente por este con anterioridad; además, de tratarse información a cuyo respecto, por estar referida a procesos judiciales, rige el principio de publicidad contemplado en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código Procesal Penal, respecto de la cual, la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no se aviene con su obligación de informar, en conformidad del artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Se rechaza el amparo en lo referido a la entrega de información sobre el domicilio particular (incluyendo comuna) en que 61 personas querelladas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la fecha de la solicitud de acceso a la información, cumplieron arresto domiciliario, total o parcial, por tratarse de un dato personal.

Se rechaza el amparo en cuanto a la entrega de toda la información solicitada respecto de 489 personas que no habrían sido formalizadas a la fecha de la solicitud de acceso a la información, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por cuanto la situación de estas personas se encuentra radicada en la esfera de competencia del Ministerio Público, quien tiene la potestad legal para decidir si formaliza o no una investigación ante los tribunales de justicia, por lo que se aplica el artículo 182 del Código Procesal Penal, que establece el secreto de las actuaciones de investigación contenidas con el expediente investigativo que obra en poder del Ministerio Público

Se aplican los criterios adoptados en las decisiones de amparo roles C2607-17, C3941-19, C8223-19, C307-20, C548-20, 310-21, 520-21 y 1131-21.

La consejera Natalia González se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1191 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C8104-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de noviembre de 2020, doña Emilia Hermosilla solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la siguiente información:

"MAteria: querellas ley interior del estado

en radio cocoperativa

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/galli-hay-1-073-imputados-por-ley-de-seguridad-post-18-o-ysolo-tres/2020-11-02/085455.htmlv

el subsecretario Galli informo a la opinion publica lo siguiente:

desde el 18 de octubre del 2019 el gobierno interpuso 531 querellas contra 1.774 imputados por distintos delitos y reveló que 219 de ellas fueron por ley de seguridad del estado contra 1.073 imputados.

solicito al subsecretario detalle las 1774 querellas: por edad sexo y tribunal y juzgado y atendido que los juicios son publico, detalle numero de causa judicial y causal de la ley de interior por la cual se querella y articulo o articulos de de la ley por el cual se querella .

El subsecretariao galli dice el 2 de noviembre 2020 que actualmente solo tres personas están en prisión preventiva .

Además del desglose edad tribunal y juzgado y atendido que los juicios son publico, detalle numero de causa judicial y causal de la ley de interior por la cual se querella y articulo o artículos de de la ley por el cual se querella para estas dos personas se se solicita que se añada donde cumplen prisión preventiva y cuantos días han permanecido privados de libertad.

Luego Galli dice que más de mil imputados por ley de seguridad del estado y hoy 61 se encuentran con arresto domiciliario para las 61 personas ademas del desglose edad tribunal y juzgado y atendido que los juicios son publico, detalle numero de causa judicial y causal de la ley de interior por la cual se querella y articulo o articulos de de la ley por el cual se querella para estas dos personas se se solicita que se añada comuna en la que cumplen prision preventiva y cuantos dias han permanecido privados de libertad y cuantos con arresto domiciliario Galli dice que 441 están con otras medidas cautelares se solicita Ademas del desglose edad tribunal y juzgado y atendido que los juicios son publico, detalle del numero de causa judicial y causal de la ley de interior por la cual se querella y articulo o articulos de de la ley por el cual se querella para estas dos personas y detalle cuales medidas cautelares se les aplicó; hay para estos 441 personas .

GAlli dice que 59 personas fueron condenadas . se solicita desglose edad región y nombre de cárcel donde cumplen condena y plazo de dicha condena . Cuanto tiempo permanecieron en prision preventiva y cuanto tiempo permanecieron con arresto domiciliario hasta la sentencia y detalle cual Juzgado atendido que los juicios son publico) numero de causa judicial y causal, articulo de la ley de interior del estado por la cual se condena a estas 59 personas .

Galli dice que dos personas fueron sobreseidas . Para las dos personas dos sobreseídas se solicita Ademas del desglose edad tribunal y juzgado y atendido que los juicios son publico, detalle numero de causa judicial y causal de la ley de interior por la cual se querella y articulo o articulos de de la ley por el cual se querella para estas dos personas se se solicita que se añada cuanto tiempo y en que recinto permanecieron en prisión preventiva arresto domiciliario desde la detención hasta la dictación de su sentencia y fecha de su sentencia absolutoria

Galli dice que 489 que no han sido formalizados Para las 489 personas no formalizadas se solicita desglose edad y sexo: tribunal y juzgado atendido que los juicios son publico, detalle numero de causa judicial y causal de detencion con la que aplico querella el ministerio del interior y articulo o articulos de de la ley por el cual se querella para estas 489 personas se solicita que se añada cuanto tiempo y en que recinto permanecieron en prision preventiva, arresto domiciliario desde la detencion hasta la formalizacion si dentro del plazo de respuesta esto se produce.

Entendiendo esta solicitante que el querellante de las 1074 personas informadas por el ministerio de interior según palabras del subsecretario Galli las interpone el organismo ministerio del interior .año".

2) RESPUESTA: Por medio de Oficio Ordinario N° 29.758, de 9 de diciembre de 2020, el órgano recurrido señaló lo siguiente:

a) "En este sentido, debe destacarse que la ley N° 20.285, permite acceder a información que, al momento de la solicitud, obre en poder del órgano de la Administración Pública requerido, y esté contenida en algún soporte, sin importar cuál sea éste; siendo dable agregar que, en todo caso, el citado texto legal no obliga a los organismos públicos a generar, elaborar o producir información, sino a entregar la actualmente disponible.

Aclarado lo interior, respecto de las querellas presentadas por esta Cartera de Estado, me permito informar a usted que, con su clave única puede ingresar al enlace web [htt ps:// ofi cina judicialvirtual.pjud.cl/]. dirigirse a la pestaña consulta unificada, luego búsqueda por nombre, presionar persona jurídica y escribir en el campo de búsqueda, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Por su parte, en cuanto a las medidas cautelares para los casos requeridos, de conformidad al artículo 13° de la Ley N° 20.285, se deriva su requerimiento a Gendarmería de Chile para que, previo examen de admisibilidad, y en caso que resulte procedente, entregue los antecedentes que correspondan.". (sic)

3) AMPARO: El 10 de diciembre de 2020, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a lo requerido. Al efecto, agregó que:

"No se encuentra la información

La información no existe

La información solicitada está en posesión de otro órgano o servicio".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante oficio N° E21259, de fecha 19 de diciembre de 2020, requiriendo que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (3°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (6°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida ni causal de reserva aplicable, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Luego, por medio correo electrónico de fecha 29 de diciembre de 2020, se acompañó el Oficio Ordinario N° 31.440/2020, de la misma fecha anterior, en que el órgano recurrido evacuó sus descargos, los que, en resumen, señalan lo siguiente:

a) Se invoca la causal de reserva contenida en el artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, argumentando que: "(...) sin perjuicio que las causas judiciales se encuentran permanentemente a disposición del público en el portal de Oficina Judicial Virtual, información a la que puede acceder siguiendo los siguientes pasos: ingresar a [htt ps:// oficinajudicialvirtual.p jud.cl/home/index.phpl, luego donde dice "Todos los servicios' utilizando Clave única. Después, al lado inferior izquierdo se debe ingresar a "Consutla Unificada'. Seleccionando "Búsqueda por Rut persona Jurídica", utilizando el RUT del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que se indica a continuación, RUT 60.501.000-8, y que se encuentra disponible en la página web de este Servicio, podrá acceder a la información requerida respecto de las querellas presentadas por este Ministerio a partir del 18 de octubre de 2019 en Santiago, es preciso señalar que esta Subsecretaría no cuenta con la información al tenor de lo requerido, en virtud de lo siguiente:

Si bien el Sr. Subsecretario del Interior, emitió un comunicado informando el número de querellas interpuestas por este Ministerio, así como información relativa al número de imputados y cuántos de ellos se encontrarían en prisión preventiva, es preciso indicar que esta Cartera de Estado solo cuenta con la información relativa a las cifras globales, toda vez que lo anterior consiste en un consolidado según lo informado por cada uno de los 12 abogados que conforman el Área Judicial Penal de la División Jurídica de esta Subsecretaría, respecto de las causas que tienen a su cargo.

En tal sentido, para recopilar, procesar y desglosar la información al tenor de lo requerido por la reclamante, implicaría que cada uno de los referidos abogados deba revisar exhaustivamente el historial de cada una de las causas a su cargo, destinando mínimo 1 hora por causa. Por consiguiente, si se han interpuesto 531 querellas, implicaría destinar 531 horas hombre a la revisión de cada uno de los expedientes, lo que se traduce en destinar exclusivamente a esta labor 6 horas diarias por aproximadamente 89 días, lo que claramente distrae indebidamente a los funcionarios.

A mayor abundamiento, para obtener los datos solicitados, los cuales no son relevantes ni fueron tomados en cuenta para el informe antes señalado, implicaría revisar cada una de las actas de cada expediente, lo cual es aún más complejo en aquellas causas donde hay más de un imputado. Lo anterior, con la finalidad de obtener, procesar y sistematizar información relativa a dónde cumplen prisión preventiva, en qué recinto, por cuanto tiempo, desglosado además por sexo y edad, entre otros campos solicitados por la reclamante.

En consecuencia, se configura la causal de denegación del art. 21 N° 1 letra c) de la ley 20.285, esto es, "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales", debido a que la información solicitada no se refiere solo al acopio o reunión de datos, sino que para satisfacer el requerimiento de la reclamante, es necesario realizar un análisis exhaustivo de un gran número de antecedentes, lo que claramente supondría una labor que distraería indebidamente a los funcionarios de esta Subsecretaría, viendo interrumpida sus funciones principales.".

b) "Asimismo, y según lo dispuesto en el art. 10 de la Ley N° 20.285, el cual dispone que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, siendo dable agregar que, en todo caso, el citado texto legal no obliga a los organismos públicos a generar, elaborar o producir información, sino que entregar la actualmente disponible, lo cual no ocurre en la especie, toda vez que dar cumplimiento al tenor de lo requerido implicaría necesariamente generar información.".

c) "Finalmente, y sin perjuicio de lo señalado, en el oficio de respuesta antes señalado se derivó el requerimiento de la especie respecto de la información referente a medidas cautelares, a Gendarmería de Chile, quien es el órgano competente para conocer del asunto.".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se refiere a la entrega de la siguiente información solicitada al Ministerio del Interior y Seguridad Pública:

a) Detalle de las 1.774 querellas presentadas a partir del 18 de octubre de 2019 y hasta la fecha de la solicitud de acceso -5 de noviembre de 2020--, señalándose edad y sexo de las personas querelladas; juzgado en que se tramita cada querella; rol del juicio; causal de la ley de seguridad interior del Estado invocada en la querella, indicando artículo de la ley.

b) Respecto de 3 personas que están en prisión preventiva a la fecha de la solicitud de acceso, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se solicita: edad de las personas; tribunal en que se presentó la querella contra esas personas; número del rol del juicio; causal de la ley de seguridad interior del Estado invocada, indicando artículo de la ley; lugar en que cumplen prisión preventiva y la cantidad de días que han permanecido privados de libertad.

c) Respecto de 61 personas con arresto domiciliario, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se solicita: edad de las personas; tribunal en que se presentó la querella contra esas personas; número del rol del juicio; causal de la ley de seguridad interior del Estado invocada, indicando artículo de la ley; lugar en que cumplen arresto domiciliario, indicando la comuna; y la cantidad de días que han permanecido privados de libertad y cuantos días con arresto domiciliario.

d) Respecto de 441 personas que se encuentran con medidas cautelares personales, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se solicita: edad de las personas; tribunal en que se presentó la querella contra esas personas; número del rol del juicio; causal de la ley de seguridad interior del Estado invocada, indicando artículo de la ley; y detalle de cuáles medidas cautelares se aplicó a cada persona.

e) Sobre 59 personas que fueron condenadas por tribunales de justicia, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se solicita: edad de las personas; región y nombre de la cárcel donde cumplen condena y plazo de dicha condena; tiempo en que permanecieron en prisión preventiva y tiempo que permanecieron con arresto domiciliario hasta la dictación de la sentencia condenatoria; tribunal que dictó la sentencia condenatoria; número del rol del juicio; causal y articulo de la ley de interior de seguridad del Estado por la cual fueron condenas estas personas.

f) Respecto de dos personas que fueron sobreseídas, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se solicita: edad de las personas; tribunal en que se presentaron las querellas; número del rol del juicio; causal y articulo de la ley de interior de seguridad del Estado invocadas en las querellas contra estas personas; tiempo en que permanecieron en prisión preventiva o arresto domiciliario desde la detención hasta la dictación de la sentencia de absolución y fecha de su sentencia absolutoria.

g) En cuanto a 489 personas que no han sido formalizadas, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se solicita: edad de las personas y su sexo; individualización del tribunal; número del rol de juicio; causal de detención con la que aplicó la querella; y artículo o artículos de la ley de seguridad interior del Estado por el cual se presentaron querellas contra estas personas; tiempo de detención y en qué recinto permanecieron en prisión preventiva, arresto domiciliario desde la detección y hasta su formalización ante los tribunales de justicia si dentro del plazo de respuesta esto se produce.

2) Que, por su parte, el órgano recurrido señaló que la solicitud en cuanto a la información referida a la aplicación de medidas cautelares personales respecto de algunas personas en cuya contra se interpusieron querellas por infracción a la ley de seguridad interior del Estado, tales como, prisión preventiva o arresto domiciliario, se derivó a Gendarmería para que se pronunciará respecto de esa parte de lo solicitado.

3) Que, cabe tener presente que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, en este sentido, el órgano recurrido invocó como causal de reserva para denegar la entrega de la información, aquella contenida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, esto es, "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales", sosteniendo que la información que dio a conocer el Sr. Subsecretario del Interior públicamente a los medios de comunicación se basó en la información consolidada elaborada por cada uno de los 12 abogados que conforman el Área Judicial Penal de la División Jurídica de esa Subsecretaría, respecto de las causas que tienen a su cargo. Sin embargo, se alega, que el recopilar, procesar y desglosar la información al tenor de lo requerido por la reclamante implicaría revisar exhaustivamente el historial de cada una de las causas a su cargo, destinando mínimo 1 hora por causa. Por consiguiente, si se han interpuesto 531 querellas, implicaría destinar 531 horas hombre a la revisión de cada uno de los expedientes, lo que se traduce en destinar exclusivamente a esta labor 6 horas diarias por aproximadamente 89 días, lo que claramente distrae indebidamente a los funcionarios.

Se señala en este sentido, a mayor abundamiento, que para satisfacer la entrega de la información solicitada se debería revisar cada una de las actas de cada expediente, lo cual sería aún más complejo en aquellas causas donde hay más de un imputado. Lo anterior, con la finalidad de obtener, procesar y sistematizar información relativa a dónde cumplen prisión preventiva, en qué recinto, por cuanto tiempo, desglosado además por sexo y edad, entre otros campos solicitados por la reclamante.

Por último, se alega que en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, el cual dispone que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte", no se establece la obligación a los organismos públicos a generar, elaborar o producir información, sino que entregar la actualmente disponible, lo cual no ocurre en la especie, toda vez que dar cumplimiento al tenor de lo requerido implicaría necesariamente generar información.

5) Que, en primer lugar, con relación a la causal de reserva alegada por el órgano requerido para denegar la información pedida, cabe tener presente que en virtud del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "(...) afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "(...) la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "(...) la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

8) Que, en efecto, de los antecedentes examinados, ha sido posible establecer que el órgano reclamado para justificar la causal de reserva alegada, se limitó a señalar que entregar la información pedida significaría distraer indebidamente a cada uno de los 12 abogados que trabajan en dicho servicio, ya que, deberían acceder a las carpetas y antecedentes de los juicios que cada uno de ellos tramita judicialmente, y porque, además, ello supone recopilar y elaborar información, lo que no se encuentra exigido por la Ley de Transparencia. Sin embargo, los antecedentes aportados y alegaciones esgrimidas no permiten apreciar el modo en que la entrega de los antecedentes requeridos efectivamente afecta el debido cumplimiento de sus funciones al distraerse a los abogados del cumplimiento regular de sus labores habituales, ya que, incluso, el propio órgano requerido en sus descargos en esta sede de amparo ha señalado que la información que el Sr. Subsecretario del Interior dio a conocer públicamente y que fue recogida por diversos medios de comunicación social, fue elaborada a partir de una consolidación que cada uno de los abogados realizó de los juicios que les corresponde tramitar, esto es, los abogados tuvieron que acceder a cada una de las carpetas de los juicios iniciados por querellas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para revisar sus antecedentes, consolidar y agrupar la información respectiva que dio a conocer públicamente el Sr. Ministro del Interior y Seguridad Pública, lo que demuestra que el ejercicio de acceso a los datos de los juicios penales iniciados por querellas presentadas por el órgano recurrido si se pudo realizar de manera adecuada y suficiente. Por estos motivos, a juicio de este Consejo, dichas argumentaciones no son suficientes para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por el organismo recurrido, procediéndose a desestimar esta causal de reserva.

9) Que, por su parte, en cuanto a la respuesta del órgano recurrido a la solicitud de acceso a la información, en que señaló que la información solicitada se podía encontrar en la página web del Poder Judicial en el sistema de "Consulta Unificada de Causas" introduciendo en la parte respectiva el RUT del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cabe tener presente lo señalado por este Consejo en el amparo Rol C1131-21, en orden a que, "(...) a partir de la decisión del amparo Rol C955-12, este Consejo ha razonado que la antedicha disposición consagra una modalidad especial de entrega de la información que resulta equivalente a proporcionarla materialmente o en un soporte físico, y que incluso puede llegar a reemplazar a esta última forma, en la medida que su acceso sea permanente, expedito, completo y suficiente. Esto atiende particularmente a la finalidad perseguida por dicha norma, cual es, evitar que los órganos de la Administración incurran en gastos innecesarios asociados a la reproducción material de la información que le ha sido requerida, cuando esta se encuentra disponible en otro medio que permita el acceso a la misma del modo ya indicado, y que satisfaga cumplidamente lo requerido.". Acto seguido, en esta última decisión de amparo se señaló: "(...) en tal contexto, esta Corporación procedió a revisar de oficio el enlace electrónico proporcionado por el órgano reclamado, verificando que dicho sitio web corresponde a un reservatorio general de información, consistente en un sistema general de búsqueda de causas para todas las competencias, cuyos parámetros no permiten obtener -de manera expedita, completa y suficiente- el acceso a los antecedentes peticionados, conforme al detalle señalado por el reclamante. Al efecto, el referido motor de búsqueda no permite obtener un listado desagregado - con indicación del tribunal, RUC Y RIT- respecto de las querellas interpuestas por el organismo, pues la aplicación de los criterios de búsqueda sólo permiten obtener aquello de forma parcial sobre un tribunal determinado. Razón por la cual, se descarta que se haya proporcionado acceso a lo pedido de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia."

10) Que, con relación a la solicitud de información realizada por la recurrente al órgano recurrido, cabe tener en consideración lo resuelto por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otros, en orden a que el marco normativo aplicable a la publicidad de los expedientes judiciales en materia penal, dentro del cual se encuentran lógicamente los medios para identificarlos, como ocurre, por ejemplo, con el rol de cada causa. En este orden de ideas, la designación de un RIT o RUC a las respectivas causas penales, la realizan los Tribunales de Justicia, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad, que se encuentra consagrado en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos", en concordancia con la norma anterior se encuentra el artículo 1° del Código Procesal Penal, que dispone: "Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público". Este contexto normativo establece claramente el principio de la publicidad como base de la función jurisdiccional, el que garantiza una mejor administración de justicia, ya que permite a la ciudadanía en general, y a las partes en particular, controlar la actuación de los tribunales, velando por la transparencia y corrección de sus actuaciones, garantía que incluso se encuentra reconocida en tratados internacionales, tal como ocurre en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

11) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública, verificándose en la especie que la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no se aviene con su obligación de informar, en conformidad de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de los antecedentes consultados en los términos que se señalarán en la parte resolutiva de esta decisión, sin perjuicio que se deberá evitar entregar toda información personal de contexto, como por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, estado civil, teléfono, correo electrónico particular, entre otros, en aplicación de lo previsto en los artículos 2°, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, y del del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

12) Que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, si bien el órgano recurrido respecto de la información solicitada referida a la aplicación de distintas medidas cautelares dictadas por los tribunales de justicias y su duración, en el contexto de las querellas criminales presentadas por este por infracción a la ley de seguridad interior del Estado, derivó la solicitud a Gendarmería de Chile por estimar que este era el órgano competente para informar al respecto, cabe tener presente que el órgano recurrido en un informe presentado por el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, Sr. Víctor Pérez, ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, tal como consta de lo informado en los siguientes enlaces web: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/02/a-casi-un-ano-del-18-de-octubre-las-cifras-del-gobierno-sobre-los-dd-hh-en-el-estallido-social-3-443-personas-heridas-y-347-con-trauma-ocular/, https://www.senado.cl/comision-de-dd-h-h-revisa-cifras-a-un-ano-del-estallido-social/senado/2020-10-02/143547.html y https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/10/01/999550/Cifras-Gobierno-un-ano-18O.html, entregó información agregada y detallada de las querellas presentadas por el aludido Ministerio, así como, de las medidas cautelares personales decretadas por los tribunales de justicia que afectaron a las personas indicadas en las querellas en cuestión, de lo que se desprende que el órgano recurrido disponía de la información solicitada por la recurrente no siendo necesaria e indispensable para acceder a esta la derivación a Gendarmería de Chile, salvo en lo referido a la mención de los lugares públicos en que estas medidas cautelares se hicieron efectiva, en tanto, corresponde a Gendarmería de Chile el establecer el recinto carcelario en que una persona quedara en prisión preventiva. Sin embargo, el domicilio particular en que una persona debe cumplir su arresto domiciliario, total o parcial, constituye un dato personal de contexto en los términos los artículos 2, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, el que no puede ser divulgado por el órgano recurrido sino existe autorización expresa por escrito del titular de dicho dato, por lo que el amparo será rechazado en este punto.

13) Que, respecto de la información referida a las 489 personas cuya investigación no ha sido formalizada ante los tribunales de justicia, en el contexto de las querellas por aplicación de la ley de seguridad interior del Estado, cabe tener en consideración que la situación de estas personas se encuentra radicada en la esfera de competencia del Ministerio Público, quien tiene la potestad legal para decidir si formaliza o no una investigación ante los tribunales de justicia. Atendido lo anterior, sobre la situación de estas personas rige lo dispuesto por el artículo 182 del Código Procesal Penal, que establece el secreto de las actuaciones de investigación contenidas con el expediente investigativo que obra en poder del Ministerio Público, que impide la entrega de información sobre edad de estas personas y su sexo; individualización del tribunal; número del rol de juicio; causal de detención con la que aplicó la querella; y artículo o artículos de la ley de seguridad interior del Estado por el cual se presentaron querellas contra estas personas; por cierto, que no existiendo una investigación formalizada ante un tribunal de justicia respecto de estas personas, es inexistente cualquier antecedente referido a la aplicación de medidas cautelares personales como la prisión preventiva o el arresto domiciliario. Por estas razones se desestimará el amparo en este punto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Emilia Hermosilla en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, que:

a) Entregue a la requirente la siguiente información:

(i) Respecto de las 1.774 querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a partir del 18 de octubre de 2019 y hasta la fecha de la solicitud de acceso -5 de noviembre de 2020--: la edad y sexo de las personas querelladas; juzgado en que se tramitan las querellas; rol de los juicios que dieron lugar las querellas; causal de la ley de seguridad interior del Estado invocada en las querellas, indicando artículo de la ley.

(ii) Respecto de 3 personas que, a la fecha de la solicitud de acceso a la información, se encontraban en prisión preventiva, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública: la edad de las personas; tribunal en que se presentó la o las querellas contra esas personas; número del rol del o los juicios que dieron lugar la o las querellas; causal de la ley de seguridad interior del Estado invocada, indicando artículo de la ley; recinto penitenciario o cárcel pública en que cumplen prisión preventiva y la cantidad de días que han permanecido privados de libertad a la fecha de la solicitud de acceso a la información.

(iii) Respecto de 61 personas con arresto domiciliario a la fecha de la solicitud de acceso a la información, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública: edad de las personas; tribunal en que se presentó la querella contra esas personas; número del rol del o los juicios que dieron lugar la o las querellas; causal de la ley de seguridad interior del Estado invocada, indicando artículo de la ley; y la cantidad de días que han permanecido privados de libertad y cuantos días con arresto domiciliario.

(v) Respecto de 441 personas que a la fecha de la solicitud de acceso a la información se encontraban con medidas cautelares personales, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública: edad de las personas; tribunal en que se presentó la querella contra esas personas; número del rol del o los juicios que dieron lugar la o las querellas; causal de la ley de seguridad interior del Estado invocada, indicando artículo de la ley; y detalle de cuáles medidas cautelares se aplicó a cada persona.

(vi) Respecto de 59 personas que fueron condenadas por tribunales de justicia a la fecha de la solicitud de acceso a la información, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública: edad de las personas; región y nombre del recinto penitenciario o cárcel donde cumplen condena y plazo de dicha condena; tiempo en que permanecieron en prisión preventiva; tiempo en que permanecieron con arresto domiciliario hasta la dictación de la sentencia condenatoria; tribunal que dictó la sentencia condenatoria; número del rol del o los juicios en que se dictaron la o las sentencias condenatorias; causal y articulo de la ley de interior de seguridad del Estado por la cual fueron condenas estas personas.

(vii) Respecto de 2 personas que fueron sobreseídas a la fecha de la solicitud de acceso a la información, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública: edad de las personas; tribunal en que se presentaron la o las querellas; número del rol del o los juicios que dieron lugar la o las querellas; causal y articulo de la ley de interior de seguridad del Estado invocadas en las querellas contra estas personas; tiempo en que permanecieron en prisión preventiva o arresto domiciliario desde la detención hasta la dictación de la sentencia de absolución y fecha de su sentencia absolutoria.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo referido a la entrega de información sobre el domicilio particular (incluyendo comuna) en que 61 personas querelladas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la fecha de la solicitud de acceso a la información, cumplieron arresto domiciliario, total o parcial, por las razones indicadas en esta decisión.

IV. Rechazar el amparo en cuanto a la entrega de toda la información solicitada respecto de 489 personas que no habrían sido formalizadas a la fecha de la solicitud de acceso a la información, en el contexto de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por las razones expuestas en esta decisión.

V. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Emilia Hermosilla y al Sr. Ministro del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.