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Luis Hernán Torres Aguirre con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C1223-21

Consejo para la Transparencia, 08/06/2021

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de la nómina de los funcionarios pertenecientes a la IV División de Ejército, que se les otorgó los años 2009 y 2010, el Beneficio Económico de Gratificación de FF.EE, Asignación de Maquina y Especialidad Nociva y si cumplían con los requisitos para ser beneficiados. Además, del número del personal que recibió los señalados beneficio, los años 2009 y 2010 en las Unidades de Armas Combinadas, División Logística, Brigada de Operaciones Especiales y Brigada de Aviación. No obstante lo cual, en el evento de no contar con todos los antecedentes requeridos, deberá informar dicha circunstancia expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en la etapa de cumplimiento de esta decisión. Lo anterior, por tratarse de información referida a beneficios económicos recibidos por una división determinada del Ejército los años 2009 y 2010, respecto de la cual se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo alegado por el órgano, toda vez que no se acreditó la forma en que la publicidad de dichos antecedentes podría entorpecer la decisión de la institución al respecto. Así como tampoco, que corresponden a actividades de investigación realizadas por el Ministerio Público y/o las policías. Además, se hace presente que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1223-21

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Luis Hernán Torres Aguirre

Ingreso Consejo: 23.02.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de la nómina de los funcionarios pertenecientes a la IV División de Ejército, que se les otorgó los años 2009 y 2010, el Beneficio Económico de Gratificación de FF.EE, Asignación de Maquina y Especialidad Nociva y si cumplían con los requisitos para ser beneficiados. Además, del número del personal que recibió los señalados beneficio, los años 2009 y 2010 en las Unidades de Armas Combinadas, División Logística, Brigada de Operaciones Especiales y Brigada de Aviación. No obstante lo cual, en el evento de no contar con todos los antecedentes requeridos, deberá informar dicha circunstancia expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en la etapa de cumplimiento de esta decisión.

Lo anterior, por tratarse de información referida a beneficios económicos recibidos por una división determinada del Ejército los años 2009 y 2010, respecto de la cual se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo alegado por el órgano, toda vez que no se acreditó la forma en que la publicidad de dichos antecedentes podría entorpecer la decisión de la institución al respecto. Así como tampoco, que corresponden a actividades de investigación realizadas por el Ministerio Público y/o las policías. Además, se hace presente que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

En sesión ordinaria N° 1188 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1223-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de enero de 2021, don Luis Hernán Torres Aguirre solicitó al Ejército de Chile, lo siguiente:

"1° Deseo información respecto de, a que personas (Nombre y Grado) pertenecientes a la IV División de Ejército, se les otorgó los años 2009 y 2010, el Beneficio Económico de Gratificación de FF.EE, Asignación de Maquina y Especialidad Nociva y si cumplía con los requisitos para ser beneficiados.

2° Asimismo el dato -SOLAMENTE NUMÉRICO- del personal que recibió los señalados beneficio, los años 2009 y 2010 en las Unidades de Armas Combinadas,. División Logística, Brigada de Operaciones Especiales y Brigada de Aviación".

2) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 6800/1368, de fecha 5 de febrero de 2021, el Ejército de Chile respondió el requerimiento, haciendo presente que "aún está en tramitación un Sumario Administrativo relacionado con la F AM, el cual tiene el carácter de reservado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la Ley N° 20.285 "Sobre acceso a la información pública", que señala "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: ( ... ), b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas", situación que ocurre en la especie, razón por la cual no es posible su remisión, además de instruirse paralelamente una causa en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, Causa Rit 1356-2018, RUC 1800306783-8. Finalmente, es dable señalar que la reserva de las investigaciones Sumarias Administrativas en curso y/o tramitación, ha sido ratificada por la Contraloría General de la República en diversos dictámenes, entre ellos N° 59798 de 2008 y N° 14807 de 2004 y por el Consejo para la Transparencia en Causa Rol C-715-12 y C411-09, entre otros".

3) AMPARO: El 23 de febrero de 2021, don Luis Hernán Torres Aguirre dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante Oficio N° E5760, de 7 de marzo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, explicando en qué medida lo solicitado serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) señale el estado procesal en que se encuentra el sumario solicitado; y, (4°) para el caso de encontrarse afinado el sumario solicitado, remita copia íntegra de su expediente. Finalmente, hago presente a usted que, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante Oficio N° 6800/2786, de 23 de marzo de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos, reiterando lo señalado en su respuesta, en orden a que se deniega la información solicitada en razón de que su atención importaría elaborar documentación, lo que escapa al derecho de acceso de acuerdo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia.

Sin perjuicio de lo cual, además, denegó el acceso a lo solicitado, por cuanto la información dice relación con el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), el que se encuentra judicializado por fraude al fisco, instruyéndose actualmente por el Juzgado de Garantía de Coyhaique en causa RIT 1356-2018, RUC 1800306783-8, actualmente, está para resolución de la Excma. Corte Suprema de Justicia para dirimir la contienda de competencia trabada con el 2° Juzgado Militar de Santiago.

Del mismo modo, y también por el FAM se instruye Investigación Sumaria Administrativa ordenada incoar por resolución N° 1585/20376/447, de 9 de noviembre de 2017, del Comandante General de Personal, expediente que se encuentra en trámite por la asesoría jurídica de dicha alta repartición, en conformidad con el procedimiento dispuesto en el artículo 83 inciso 2° de decreto supremo N° 277, año 1974, del Ministerio de Defensa Nacional, aprueba el DNL-919 "Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas" - en adelante D.S. N° 277/1974-, etapa que tiene el carácter de secreta conforme lo ha dictaminado la Contraloría General de la República.

Además, señala que cualquiera que fuere la condición en que se pudiera encontrar la información en la Institución, se trata de antecedentes que dicen relación con una materia (FAM) que indubitadamente el propio recurrente, no sólo reconoce que es objeto de investigación judicial y administrativa, sino que en ellas tiene la calidad de imputado y/o inculpado. Establecido lo anterior, la forma en que debe proceder para acceder a aquella, es mediante los derechos y garantías que el artículo 93 del Código Procesal Penal le confiere. Lo expuesto, habida consideración a que en la etapa de tramitación en que se encuentra la investigación, sobre el FAM que incoa el Juzgado de Garantía de Coyhaique, es secreta para los terceros ajenos al procedimiento por disposición del artículo 182 del Código Procesal Penal, condición en que se encuentra la Institución.

Situación similar ocurre respecto del Fiscal Administrativo, habida consideración de que la investigación sumaria administrativa se encuentra en una etapa de procedimiento reglamentario que es secreta, sin perjuicio de lo cual, el recurrente puede pedir al Fiscal le otorgue acceso a las piezas del sumario antes mencionado o efectúe nuevas diligencias relativas a su solicitud de información pública. Añade que, de acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de investigaciones sumarias administrativas de las Fuerzas Armadas, en atención a la calidad de inculpado del recurrente, este, debiese poder acceder a la investigación en comento, al momento de la notificación del dictamen fiscal, lo que no ha ocurrido hasta la fecha.

Por lo anterior, se configuraría las causales de reserva del articulo 21 N° 1 letra b) y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con el artículo 182 del Código Procesal Penal y el artículo 83 inciso 2° del D.S. N° 277/1974.

Por último, la reclamada indicó que, atender el requerimiento efectuado por la reclamante implicaría recabar, cotejar y confrontar gran cantidad de información que no se encuentra sistematizada, lo que obligaría a elaborar una especie de informe, el que a la fecha es inexistente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, por cuanto el órgano reclamado consideró que aquella escapa al derecho de acceso de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Además, de que concurre a su respecto las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 letra b) y N° 5 de la ley señalada, esta última en relación con lo establecido en el artículo 182 del Código de Procedimiento Penal y en el artículo 83 del D.S. N° 277/1074.

2) Que, primeramente, respecto de la alegación del Ejército de Chile en orden a que la información pedida importaría elaborar documentación, lo que escapa al derecho de acceso a la información pública; conviene tener presente que este Consejo ha razonado que se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que se refieran a información que puede desprenderse fácilmente de los registros o antecedentes que el organismo reclamado mantenga en su poder, cuya respuesta no suponga la imposición de un gravamen a su respecto, ni la configuración de ninguna de las causales de reserva alegadas, conforme al criterio desarrollado en la decisión de amparo Rol C467-10, entre otras, así como en aplicación de los principios de máxima divulgación y de facilitación, consagrados en el artículo 11 letras d) y f) de la Ley de Transparencia. Luego, si bien, el órgano reclamado señaló, que los esfuerzos que implicaría atender la solicitud en los términos que está formulada, obligaría a recabar, cotejar y confrontar un gran número de información, no aportó mayores antecedentes que permitan acreditar dicha circunstancia. Por tanto, se desestimará la alegación de la reclamada en tal sentido, siendo necesario avocarse a las causales de reserva esgrimidas.

3) Que, en relación con la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, cabe hacer presente que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos Roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

4) Que, en este sentido, el órgano reclamado se limitó a indicar, que los antecedentes requeridos dicen relación con el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), respecto del cual existe actualmente una investigación sumaria administrativa y un procedimiento judicial por fraude al Fisco, ambas en tramitación y en etapa secreta. Así, del análisis de sus alegaciones se advierte que no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes pedidos, podría generar la afectación invocada, perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, ni cómo su publicidad podría entorpecer la decisión de la institución al respecto; ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva.

5) Que en cuanto a la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 83 inciso 2° del D.S. N° 277/1974, cabe hacer que esta última norma no entra dentro de aquellas identificadas en las hipótesis de reserva, esto es, ley de quorum calificado. Sin embargo, a su respecto, se debe considerar lo razonado en los considerandos anteriores, en orden a que no se acreditó que la divulgación de lo pedido, produzca una afectación al privilegio deliberativo del Ejército de Chile, en la investigación que se encuentra llevando a cabo.

6) Que, finalmente, respecto de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, en particular, el inciso primero consagra el "Secreto de las actuaciones de investigación. Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento". En este punto, la reclamada no precisó cuáles de los antecedentes requeridos obedecerían a la categoría de "actuaciones de investigación", así como tampoco, que aquellas hubiesen sido llevadas a cabo por el Ministerio Público y/o las policías, más si del tenor de lo pedido aquello dice relación con información que, principalmente, da cuenta de la administración y gestión de su presupuesto respecto a los beneficios económicos que les otorga a su personal.

7) Que, a mayor abundamiento, se debe considerar que el órgano reclamado, con ocasión de sus descargos, reconoce la condición de imputado del reclamante, de esta forma, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, "El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". Lo que se encuentra consagrado dentro de los derechos y garantías del imputado en el artículo 93 letra e) del cuerpo normativo citado.

8) Que, respecto de la información solicitada se debe tener presente que el artículo 167 del decreto con fuerza de ley N° 1, año 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, establece Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas -en adelante D.F.L. N° 1/1997-; estable que dicho personal "tendrá derecho, como retribución de sus servicios, a percibir en forma regular y completa, el sueldo y demás remuneraciones y beneficios económicos correspondientes a su empleo, que determine la ley". Así, el Párrafo 3° "De las demás remuneraciones", dentro de las cuales, se encuentran aquellas consultadas, a saber, "Asignación de máquina: El personal afecto a la escala de sueldos de las Fuerzas Armadas que en razón al desempeño de sus funciones propias deba operar un computador o un terminal computacional, los ingenieros especialistas en informática, analistas de sistemas, programadores o digitadores y los jefes y subjefes de organizaciones cuya función principal sea el proceso de información computacional, tendrán derecho a percibir una asignación de máquina, no imponible, ascendente al veinte por ciento de su sueldo en posesión.//El reconocimiento de este derecho se efectuará por resolución de la correspondiente Dirección del Personal o Comando de Personal en conformidad al reglamento respectivo, aprobado por decreto supremo con la firma del Ministro de Hacienda." (Artículo 185, letra d)

9) Que, por su parte, el artículo 186 del D.F.L. N° 1/1997, establece los "Sobresueldos" a los que el personal afecto a la escala de sueldos de las Fuerzas Armadas tendrá derecho, cuando acredite una especialidad, un título, pertenezca a un escalafón o desempeñe una determinada actividad, el que ascenderá a un 35 %, a menos que se indique un porcentaje diferente y se calculará sobre el sueldo en posesión, en particular, "k) El personal que preste sus servicios en especialidades peligrosas o nocivas para la salud, percibirá un sobresueldo cuyo monto será de un 17 % a un 30%, según lo determine el reglamento respectivo". Finalmente, el artículo 189 del cuerpo normativo citado, contempla las "Gratificaciones" que recibirá dicho personal, dentro de las cuales, se encuentra la de "d) De servicios en unidades de paracaidistas, de montaña, comandos y fuerzas especiales: El personal que sin estar en posesión del título de especialidad correspondiente, desempeñe funciones propias de las especialidades en las unidades precedentemente mencionadas, percibirá una gratificación ascendente al 25 %. //Esta gratificación será incompatible con el sobresueldo establecido en la letra c) del artículo 186 y con todas las gratificaciones contempladas en este artículo, con excepción de la gratificación antártica".

10) Que la información solicitada dice relación con la nómina de los funcionarios de una determinada repartición del Ejército de Chile que recibieron los beneficios señalados en los considerandos anteriores, en los años 2009 y 2010. Así como también, el número de aquellos que los recibieron en distintas brigadas y reparticiones para los mismos años. En este punto cabe señalar que este Consejo ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, lo que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los empleados de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y encontrarse al servicio de la misma.

11) Que, además, la publicidad de la información consultada permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado.

12) Que, en consecuencia, al tratarse de información pública respecto de la cual se descartó la concurrencia de las causales de secreto o reserva alegadas, este Consejo procederá a acoger el presente amparo y conjuntamente con ello ordenará la entrega de los antecedentes en la forma requerida. No obstante lo cual, en el evento de no contar con todos los antecedentes requeridos, la reclamada deberá informar dicha circunstancia expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en la etapa de cumplimiento de esta decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el deducido por don Luis Hernán Torres Aguirre en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante los antecedentes que a continuación se señalan:

"1° Deseo información respecto de, a que personas (Nombre y Grado) pertenecientes a la IV División de Ejército, se les otorgó los años 2009 y 2010, el Beneficio Económico de Gratificación de FF.EE, Asignación de Maquina y Especialidad Nociva y si cumplía con los requisitos para ser beneficiados.

2° Asimismo el dato -SOLAMENTE NUMÉRICO- del personal que recibió los señalados beneficio, los años 2009 y 2010 en las Unidades de Armas Combinadas,. División Logística, Brigada de Operaciones Especiales y Brigada de Aviación".

No obstante lo cual, en el evento de no contar con todos los antecedentes requeridos, deberá informar dicha circunstancia expresa y fundadamente al solicitante y a este Consejo, en la etapa de cumplimiento de esta decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Hernán Torres Aguirre y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.