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Cristián Pinto Garrido con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C1292-21

Consejo para la Transparencia, 08/06/2021

Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, referente a la entrega de información sobre los propietarios de vehículo que se indica, como asimismo de la identidad de quién solicitó la cancelación del registro de inscripción. Lo anterior, por tratarse de datos personales que no se encuentran contenidos en fuentes accesibles al público, cuya develación afectaría el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia y derechos de carácter comercial o económico de dichas personas.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1292-21

Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI)

Requirente: Cristián Pinto Garrido

Ingreso Consejo: 25.02.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, referente a la entrega de información sobre los propietarios de vehículo que se indica, como asimismo de la identidad de quién solicitó la cancelación del registro de inscripción.

Lo anterior, por tratarse de datos personales que no se encuentran contenidos en fuentes accesibles al público, cuya develación afectaría el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia y derechos de carácter comercial o económico de dichas personas.

En sesión ordinaria N° 1188 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1292-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de febrero de 2021, don Cristián Pinto Garrido solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación - en adelante también SRCeI-; "información de todos los propietarios del camión Ford, Placa patente (...) del año 1994, color blanco, cuya inscripción fue cancelada el año 2019, por lo que no aparece la información en certificado de anotaciones e inscripciones vigentes de vehículos motorizados. Solicita además información de quien solicitó su cancelación".

2) RESPUESTA: Mediante Carta N° 1524, de fecha 19 de febrero de 2021, el Servicio de Registro Civil e Identificación respondió el requerimiento denegando el acceso a la información solicitada.

2.1) Primeramente, ilustró que el organismo lleva un Registro de Vehículos Motorizados (R.V.M), en el cual se inscriben los vehículos, la individualización de sus propietarios, las variaciones de dominio y sus gravámenes, y se anotan las placas de patentes únicas. A su vez, complementó que en dicho registro se anotan también todas las alteraciones en los vehículos que los hagan cambiar su naturaleza, sus características esenciales, o que los identifican, como asimismo su abandono, destrucción o su desarmaduría total o parcial o la cancelación de la inscripción a solicitud del propietario, en adecuación de lo prescrito en el inciso 4° del artículo 39 del decreto con fuerza de ley N° 1, año 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito - en adelante Ley de Tránsito-.

2.2) En virtud de lo anterior, reseñó que con fecha 3 de septiembre de 2019 se requirió, por el propietario inscrito la cancelación de la inscripción del vehículo materia de la solicitud de especie, acompañando al efecto declaración jurada notarial, por la causal de destrucción.

2.3) En lo que respecta al nombre de los propietarios del vehículo consultado, hizo presente que ello corresponde a datos personales contenidos en un registro o banco de datos, por lo que procede su reserva, en adecuación a jurisprudencia emanada de esta Corporación que consignó.

3) AMPARO: El 25 de febrero de 2021, don Cristián Pinto Garrido dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante Oficio N° E6548, de fecha 18 de marzo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante Oficio Ord. N° 238, de fecha 31 de marzo de 2021, el organismo presentó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos:

4.1) Señaló que una vez practicada la cancelación de la inscripción de un vehículo en el R.V.M, se elimina dicho registro, por cuanto implica el término de la vida útil de un vehículo por abandono, destrucción o desarmaduría total o parcial, o bien la manifestación de voluntad del propietario, agregando que, la inscripción de una placa patente única es inexistente. Por tal motivo, precisó que la información sobre el propietario actual y eventuales propietarios anteriores, no es posible entregarla a través del respectivo certificado de anotaciones vigentes, toda vez que se trata de una inscripción no vigente, y por lo tanto, inexistente en el formato del referido certificado, el cual únicamente da cuenta del hecho de haberse practicado la cancelación de la inscripción.

4.2) En virtud de lo anterior, puntualizó que se trata de un dato personal y caduco, en adecuación de lo prescrito en el artículo 6 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada -en adelante, indistintamente ley N° 19.628-, respecto del cual, el órgano recurrido le afecta la prohibición legal de entregar los datos personales anteriores de una inscripción cancelada en el registro de vehículos motorizados. A fin de reseñar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia consultada y esta Corporación. Afirmó que, el R.V.M si bien es un registro público, no puede ser catalogado como una fuente accesible al público, por lo que su develación importa una afectación de los derechos de las personas inscritas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso formulada peticionario, referente a la entrega de información sobre los propietarios de vehículo que se indica, como asimismo, de la identidad de quién solicitó la cancelación del registro de inscripción. Al respecto, el organismo esgrimió que lo pedido corresponden a datos personales contenidos en un registro o banco de datos, por lo que procede su reserva, en adecuación a las disposiciones contenidas en la ley N° 19.628.

2) Que, a modo de contexto, el inciso 2° del artículo 3 de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, establece que le corresponderá a este "llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende". Asimismo, los numerales 1° y 7° del artículo 4 del mismo cuerpo legal prescriben, respectivamente, que son funciones del Servicio formar y mantener actualizados los registros que indica, entre ellos, el Registro de Vehículos Motorizados; y "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio".

3) Que, por su parte, los artículos 39 y 47 de la Ley de Tránsito, establecen, respectivamente, que el Servicio "llevará un Registro de Vehículos Motorizados en la base de datos central de su sistema mecanizado, en el cual se inscribirán los vehículos y la individualización de sus propietarios y se anotarán las patentes únicas que otorgue (...) se anotarán también todas las alteraciones en los vehículos que los hagan cambiar su naturaleza, sus características esenciales, o que los identifican, como asimismo su abandono, destrucción o su desarmaduría total o parcial o la cancelación de la inscripción a solicitud del propietario. Para estos efectos su propietario estará obligado a dar cuenta del hecho de que se trate al Registro. En su caso, deberá cancelarse la inscripción (...)", debiendo dicho Servicio "informar o certificar, a quien lo solicite, los hechos o actuaciones que consten en el Registro de Vehículos Motorizados".

4) Que, a su vez, las leyes sobre Registro Civil, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación y artículo 47 de la Ley del Tránsito; el artículo 28 del D.S. N° 1111, de 1985, de Justicia, que contiene el Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados, especifica con precisión que la información que contiene dicho registro, se entrega a través de "certificados automatizados", que pueden ser solicitados por cualquier persona que conozca la placa patente del vehículo de que se trata.

5) Que, la ley N° 19.628 define las fuentes accesibles al público, como "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes". En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional exige que cualquier persona pueda acceder, sin restricciones, a los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar. En el caso de especie, la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en un registro público cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerarlo como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2 letra i) de la ley N° 19.628.

6) Que, en efecto, a pesar de que la información contenida en el aludido Registro de Vehículos Motorizados obre en poder del citado Servicio, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público, por lo que no se puede pretender asimilar ambas expresiones -registro público y fuente accesible al público- en los términos de la ley N° 19.628. (Decisión amparo Rol C1370-14) En este sentido, si el legislador hubiera querido identificar todo "registro público" con una "fuente accesible al público", habría bastado que señalara que éstas son "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados" sin que tuviera sentido alguno incorporar la frase final de esa oración: "de acceso no restringido o reservado a los solicitantes" que es la que acota su interpretación. En consecuencia, la expresión "públicos o privados" que usó el legislador en el artículo 2 letra i) de la ley N° 19.628 debe entenderse referida a cuál es la naturaleza de la institución que está en posesión de los "registros o recopilaciones de datos", es decir, si es un órgano público o es una entidad privada.

7) Que, por ende, el Registro de Vehículos Motorizados no tiene el carácter de fuente accesible al público y, por ende, a este debe aplicarse el principio de finalidad consagrado en el artículo 9 de la ley N° 19.628, por el cual los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados. En este caso concreto, según lo señala el artículo 4 de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, la finalidad de formar y mantener actualizados los registros que la ley le encomienda es "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio".

8) Que, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia recaída en los autos rol de ingreso N° 1085-2013, de fecha 1° de abril de 2014, ratificó las consideraciones antes indicadas, motivo por el cual, estableció respecto de los datos consignados en el aludido Registro de Vehículos Motorizados que "(...) se decide que el señor Director Nacional del Registro Civil e Identificación, deberá hacer entrega al solicitante indicado, de un CD o soporte digital similar, que contenga la información que conste en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, en formato texto desde el año 2009 hasta la fecha de entrega, solamente de los siguientes campos indicados en su petición de 13 de julio de 2012, relativa a vehículos livianos o pesados: Placa Patente Única, Tipo, Marca, Modelo y Año de Fabricación; con excepción del Número de motor, Número de Chasis, Fecha de Inscripción y eventuales fechas de transferencias, Rol Único Nacional y Nombre Completo del Propietario, se trate de personas naturales o jurídicas, los que deberán ser considerados como reservados y, en consecuencia, no podrán entregarse al peticionario (...)". Así, para la referida Corte de Apelaciones los datos incluidos en este Registro son reservados salvo los referidos a: placa patente única; tipo de vehículo; marca del vehículo; modelo y año de fabricación del vehículo. (Énfasis agregado)

9) Que, en tal contexto, en cuanto a la información solicitada, cabe señalar que constituyen datos de carácter personal de quienes asistieron a ellos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 letra f) y 4 de la ley N° 19.628, al quedar comprendidos en su definición que señala que son tales "cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables", lo que implica que esos datos no pueden ser comunicados a terceros sin previo consentimiento de los titulares de esos datos. Sobre lo anterior, cabe considerar, además, que estos han sido recolectados de una fuente no accesible al público por lo cual, les resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7 de la ley N° 19.628, que exige a quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público. De este modo, al ser el cuerpo normativo citado, especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7 el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos establecidos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia y derechos de carácter comercial o económico de dichas personas.

10) Que, atendido lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo por concurrir la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en adecuación con lo dispuesto en el artículo 33 letra m) del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Cristián Pinto Garrido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Pinto Garrido y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.