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Luis Flores con DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL Rol: C1611-21

Consejo para la Transparencia, 08/06/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, relativo a la entrega de los antecedentes sobre el reclamo que se consulta. Lo anterior por cuanto lo solicitado forma parte de una investigación penal en curso; información que se encuentra amparada por la reserva legal establecida en el artículo 182 del Código Procesal Penal. Aplica criterio contenido en las decisiones recaídas en los amparos roles C7116-20 y C7449-20. Hay voto disidente del Consejero Francisco Leturia Infante, quien estima que el amparo debió acogerse, toda vez que el organismo no derivó la solicitud al órgano competente para conocer de ella, en la especie, el Ministerio Público.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Disidente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1611-21

Entidad pública: Dirección General de Movilización Nacional

Requirente: Luis Flores

Ingreso Consejo: 10.03.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, relativo a la entrega de los antecedentes sobre el reclamo que se consulta.

Lo anterior por cuanto lo solicitado forma parte de una investigación penal en curso; información que se encuentra amparada por la reserva legal establecida en el artículo 182 del Código Procesal Penal.

Aplica criterio contenido en las decisiones recaídas en los amparos roles C7116-20 y C7449-20.

Hay voto disidente del Consejero Francisco Leturia Infante, quien estima que el amparo debió acogerse, toda vez que el organismo no derivó la solicitud al órgano competente para conocer de ella, en la especie, el Ministerio Público.

En sesión ordinaria N° 1188 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1611-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 9 de febrero de 2021, don Luis Flores solicitó a la Dirección General de Movilización Nacional, lo siguiente:

"copia del reclamo presentado por [persona que individualiza] el día 03.FEB.2021 en la DGMN. Además, se solicita copia de todos los documentos internos y externos que la DGMN, generó a raíz del reclamo (...)".

2) RESPUESTA: El 4 de marzo de 2021, la Dirección General de Movilización Nacional, informa que el reclamo consultado fue derivado al Fiscal Nacional del Ministerio Público, el 5 de febrero de 2021, por medio de oficio que DGMN.ASEJU (P) N° 7000-12. En razón de lo anterior, expresan, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia.

A su vez, invocan la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 10 de marzo de 2021, don Luis Flores dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Movilización Nacional, mediante oficio N° E7188, de fecha 27 de marzo de 2021.

Posteriormente, por medio de DGMN.SDG. OIRS. (P) N° 6800/77 /CPLT., de 9 de marzo de 2021, el organismo remitió sus descargos y observaciones, argumentando lo siguiente:

- Al ser evaluado el reclamo pedido, este servicio determinó que los hechos expuestos en aquel, pueden constituir un crimen o simple delito, cuya investigación es de competencia del Ministerio Público, de tal forma que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal, se procedió a denunciar ante el Fiscal Nacional, el día 5 de febrero de 2021, a través del oficio DGMN. ASEJU (P) N° 7000/12; en consecuencia, y con la finalidad de no entorpecer la investigación y persecución de un crimen o simple delito, se denegó la información pedida con base a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia.

- Sin perjuicio de lo anterior, expresan no contar con los antecedentes que permitan identificar la apertura de alguna causa judicial, puesto que el estado del procedimiento se encuentra en etapa de denuncia y evaluación por parte del Ministerio Público, quien finalmente resolverá.

- Expresan que la persona que presentó el reclamo pedido, es madre de la víctima, recayendo lo solicitado en antecedentes que contienen información privada de aquella, por dar cuenta de hechos asociados a su salud, siendo procedente al efecto invocar la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 2, letra g) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

- Finalmente, informan no haber procedido conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendido a que los antecedentes están en el Ministerio Público.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: Este Consejo, mediante oficio N° E8449 de fecha 19 de abril de 2021, notificó el presente amparo al tercero involucrado, quien presentó el reclamo consultado, a fin que efectuara sus descargos y observaciones al presente amparo.

A la fecha no consta presentación alguna al efecto.

6) GESTIÓN OFICIOSA: Por medio de correo electrónico de fecha 6 de mayo de 2021, se solicitó al órgano reclamado, remitir copia del oficio DGMN. ASEJU (P) N° 7000/12, por medio del cual efectuaron la denuncia ante el Ministerio Público.

Con misma fecha la DGMN, remite copia del antecedente referido.

7) TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO: Por medio de Oficio N° 3100, de 3 de febrero de 2021, este Consejo confirió traslado al Sr. Fiscal Nacional, a fin de que precisara si la información solicitada fue recepcionada por el Ministerio Público, en qué formato; y cómo la publicidad de dicha información podía afectar el debido cumplimiento de sus funciones o eficacia de la investigación que se lleva a cabo.

En respuesta emitida mediante Oficio DEN N° 132/2021, de 19 de mayo de 2021, el Ministerio Público, se opone a la entrega de la información solicitada, expresando:

- Se recibió en Gabinete de esta Fiscalía Nacional denuncia remitida por el Director General de Movilización Nacional, en que da cuenta del reclamo consultado en esa repartición. Dicha denuncia fue remitida a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, dándose inicio a la investigación penal RUC N° 2100189234-4, a cargo del Fiscal Adjunto que individualizan.

- En la investigación penal indicada, el señor Luis Flores -quien efectúa la solicitud de los antecedentes vía Ley de Transparencia- no figura como interviniente, siendo por tanto un tercero ajeno a la investigación.

- En consecuencia, tratándose lo requerido de antecedentes que forman parte de una investigación penal, éstos se encuentran protegidos en virtud de lo establecido en el artículo 182 del Código Procesal Penal, y no pueden ser entregados a un tercero ajeno a la investigación, como lo es el reclamante; invocando al efecto lo dispuesto en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia; concurriendo además, en la situación expuesta, la reserva y protección de los datos personales de una ciudadana que efectuó un reclamo ante una repartición pública, como lo es la DGMN, los cuales deben ser resguardados en virtud de la Ley N° 19.628.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 83 de la Constitución Política de la República, el Ministerio Público es el organismo que dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten inocencia del imputado, y en su caso ejercerá la acción penal pública en la forma prevista en la ley.

2) Que, a su turno, el artículo 182, inciso 1°, del Código Procesal Penal, establece que la investigación penal, será secreta para los terceros ajenos al procedimiento. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el aludido marco normativo, la determinación de la publicidad o reserva de la información solicitada corresponde al Ministerio Público, entidad que expresamente manifestó su oposición a la entrega de lo pedido, con base a que dichos antecedentes efectivamente forman parte de una investigación penal en curso, amparada por el secreto legal ya referido, por lo que procede rechazar el amparo interpuesto. Aplica criterio contenido en las decisiones recaídas en los amparos roles C7116-20 y C7449-20.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Luis Flores en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Flores, al Sr. Director General de Movilización Nacional, al tercero involucrado, y al Sr. Fiscal Nacional.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien estima que el presente amparo debe acogerse, por las siguientes razones:

1) El artículo 13 de la Ley de Transparencia señala que "en caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario...".

2) El artículo 83 inciso 1° de la Constitución Política de la República dispone que el Ministerio Público es el organismo que dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito así como de sus circunstancias punibles en general.

3) En el caso analizado, lo solicitado forma parte de una investigación penal de competencia del Ministerio Público.

4) Con ello, se configura la primera hipótesis del artículo 13, arriba señalado, por lo que a juicio de este disidente, el conocimiento del requerimiento de información corresponde privativamente al Ministerio Público, pues éste se encuentra en mejor posición para decidir sobre la publicidad de los mismos, evitando decisiones contradictorias y considerando los bienes jurídicos protegidos (efectividad de la investigación penal, etc).

5) Considerando lo anterior, y de acuerdo al artículo 182 del Código Procesal Penal, para decidir sobre la publicidad o reserva de la información, solo al Ministerio Público le corresponde determinar la calidad jurídica actual del solicitante de información en relación al procedimiento investigativo a que se refiere la información requerida, en cuanto a establecer si constituye un interviniente, tercero vinculado o ajeno a dicho procedimiento. Resuelto ese punto, solo a éste le corresponde decidir en cuanto a la publicidad o reserva de lo pedido, sin perjuicio de la intervención que pudiera corresponderle al Juez de Garantía que resulte competente en la materia. En ese procedimiento, el CplT carece de competencia.

6) Por ello, puede acreditarse que el órgano reclamado no dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia, pues no derivó la solicitud al Ministerio Público. Y de acuerdo al principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia, el Consejo debió derivar directamente al Ministerio Público la solicitud de acceso formulada, para que dicho órgano se pronuncie sobre lo consultado en los términos del artículo NOVENO de la Ley 20.285.

7) Finalmente, conviene recordar que ante lo que resuelva en definitiva el órgano persecutor, el reclamante podrá recurrir ante la Iltma. Corte de Apelaciones respectiva, en la forma como lo establece la norma recién citada, sólo contra el Ministerio Público, sin necesidad de litigar en esta eventual disputa contra el CplT en forma alguna.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.