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Ignacio Allendes Ibarra con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C1496-21

Consejo para la Transparencia, 08/06/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenando entregar al reclamante copia de los Oficios Secretos N° 26, de 2020, de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros de Chile y N° 02, de 2020, de la Prefectura de Seguridad Privada de Carabineros de Chile O.S. 10, por medio de los cuales dichas reparticiones policiales habrían propuesto a BAT Chile S.A. como entidad obligada por la ley N° 19.303; previa acreditación de la calidad de representante legal o apoderado de la empresa señalada en el requerimiento y de tarjar los datos personales de contexto contenidos en la documentación solicitada. Se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva, por un medio alternativo a la entrega de manera presencial. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos, según corresponda Lo anterior, por cuanto el órgano reclamado no ha fundamentado detalladamente cómo es que los oficios pedidos se enmarcarían en el procedimiento de determinación de "empresa estratégica" de la reclamante, regulado por el artículo 3° del decreto ley N° 3.607, en circunstancias que le pedido dice relación con los oficios que serían fundamento del decreto supremo que estableció a la reclamante como "entidad obligada" a la ley N° 19.303. En efecto, en el presente caso la Subsecretaría de Interior fundó la denegación de información en la aplicación de una normativa que parece no ser atingente al caso que nos convoca y, en la consecuente afectación a "las entidades obligadas y estratégicas, versan sobre documentos que contienen materias sensibles en estrategia y seguridad, tanto para Carabineros de Chile como para la empresa en cuestión, y que en algunos casos podrían ser relevantes para la seguridad nacional"; no obstante, no allegó al expediente ningún antecedente que permita presumir justificadamente que la divulgación de la información pedida afecte, con cierto grado de especificidad y certeza, los bienes jurídicos esgrimidos, máxime si se considera que el solicitante cuenta con suficiente mandato para actuar en representación de BAT Chile S.A., empresa a la cual le atañe la resolución que la califica como entidad sujeta a la ley N° 19.303. En este orden de ideas, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 17 letra a), de la ley N° 19.880, que dispone que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente. A mayor abundamiento, aún en el evento de estimar que la reserva establecida para el decreto que determina a una entidad como obligada a la ley N° 19.303, según su artículo 3°, alcanza o se extiende a los informes de Carabineros de Chile que sirven de fundamento, dicha reserva no procede respecto de aquellas personas que tengan la calidad de interesado en el mismo, pues así se deduce de las expresiones "[e]l decreto a que se refiere el inciso anterior será secreto y se notificará personalmente al propietario, representante o administrador de la respectiva entidad obligada" y "[l]as actuaciones a que den lugar la reposición y el reclamo a que se refieren los incisos anteriores serán secretas y los respectivos expedientes deberán mantenerse en reserva o custodia, pudiendo ser conocidos sólo por las partes o sus representantes". ". Lo anterior guarda concordancia con la necesidad de que las decisiones de la Administración del Estado deben sustentarse en un motivo legal y no arbitrario y, de esa forma, ser susceptibles de control -administrativo o judicial- en lo que respecta al legítimo ejercicio de las potestades públicas que la ley pone en el ámbito de sus competencias, ello por cuanto dichas potestades constituyen un poder jurídico que no se ejerce libremente por la Administración, sino en función del interés al cual están sujetas, resultando así evidente que para que dichos interesados puedan ejercer efectivamente su derecho a reclamar o impugnar la decisión adoptada, puedan previamente, tener acceso a todos los antecedentes del procedimiento. La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1496-21

Entidad pública: Subsecretaría del Interior

Requirente: Ignacio Allendes Ibarra

Ingreso Consejo: 05.03.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenando entregar al reclamante copia de los Oficios Secretos N° 26, de 2020, de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros de Chile y N° 02, de 2020, de la Prefectura de Seguridad Privada de Carabineros de Chile O.S. 10, por medio de los cuales dichas reparticiones policiales habrían propuesto a BAT Chile S.A. como entidad obligada por la ley N° 19.303; previa acreditación de la calidad de representante legal o apoderado de la empresa señalada en el requerimiento y de tarjar los datos personales de contexto contenidos en la documentación solicitada. Se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva, por un medio alternativo a la entrega de manera presencial. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos, según corresponda

Lo anterior, por cuanto el órgano reclamado no ha fundamentado detalladamente cómo es que los oficios pedidos se enmarcarían en el procedimiento de determinación de "empresa estratégica" de la reclamante, regulado por el artículo 3° del decreto ley N° 3.607, en circunstancias que le pedido dice relación con los oficios que serían fundamento del decreto supremo que estableció a la reclamante como "entidad obligada" a la ley N° 19.303.

En efecto, en el presente caso la Subsecretaría de Interior fundó la denegación de información en la aplicación de una normativa que parece no ser atingente al caso que nos convoca y, en la consecuente afectación a "las entidades obligadas y estratégicas, versan sobre documentos que contienen materias sensibles en estrategia y seguridad, tanto para Carabineros de Chile como para la empresa en cuestión, y que en algunos casos podrían ser relevantes para la seguridad nacional"; no obstante, no allegó al expediente ningún antecedente que permita presumir justificadamente que la divulgación de la información pedida afecte, con cierto grado de especificidad y certeza, los bienes jurídicos esgrimidos, máxime si se considera que el solicitante cuenta con suficiente mandato para actuar en representación de BAT Chile S.A., empresa a la cual le atañe la resolución que la califica como entidad sujeta a la ley N° 19.303. En este orden de ideas, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 17 letra a), de la ley N° 19.880, que dispone que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente.

A mayor abundamiento, aún en el evento de estimar que la reserva establecida para el decreto que determina a una entidad como obligada a la ley N° 19.303, según su artículo 3°, alcanza o se extiende a los informes de Carabineros de Chile que sirven de fundamento, dicha reserva no procede respecto de aquellas personas que tengan la calidad de interesado en el mismo, pues así se deduce de las expresiones "[e]l decreto a que se refiere el inciso anterior será secreto y se notificará personalmente al propietario, representante o administrador de la respectiva entidad obligada" y "[l]as actuaciones a que den lugar la reposición y el reclamo a que se refieren los incisos anteriores serán secretas y los respectivos expedientes deberán mantenerse en reserva o custodia, pudiendo ser conocidos sólo por las partes o sus representantes". ". Lo anterior guarda concordancia con la necesidad de que las decisiones de la Administración del Estado deben sustentarse en un motivo legal y no arbitrario y, de esa forma, ser susceptibles de control -administrativo o judicial- en lo que respecta al legítimo ejercicio de las potestades públicas que la ley pone en el ámbito de sus competencias, ello por cuanto dichas potestades constituyen un poder jurídico que no se ejerce libremente por la Administración, sino en función del interés al cual están sujetas, resultando así evidente que para que dichos interesados puedan ejercer efectivamente su derecho a reclamar o impugnar la decisión adoptada, puedan previamente, tener acceso a todos los antecedentes del procedimiento.

La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1188 del Consejo Directivo, celebrada el 8 junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1496-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de febrero de 2021, don Ignacio Allendes Ibarra solicitó a la Subsecretaría del Interior la siguiente información:

"Proceder a entregar copia del Oficio Secreto 26 de 2020, de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros de Chile, y copia del Oficio Secreto N° 02 de 2020, de la Prefectura de Seguridad Privada de Carabineros de Chile O.S. 10, a través de los cuales, ambas Reparticiones Policiales, eventualmente, informan y proponen a BAT, como entidad obligada por la ley N° 19.303. Observaciones: Ambos son citados como fundamento, para la dictación del Decreto Exento N° 981, de fecha totalmente tramitado 15.01.2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Ministerio de Economía, Fomento y Turismo".

2) RESPUESTA: Mediante Ord. N° 5287, de 4 de marzo de 2021, la Subsecretaría del Interior respondió a dicho requerimiento de información indicando que no es posible hacer entrega de la información requerida, toda vez que tiene carácter de secreta por disposición expresa del artículo 3°, del decreto ley N° 3.607, que deroga el D.L. N° 194, de 1973 y establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados, extendiéndose la reserva al decreto que declara la calidad de estratégica de la entidad correspondiente, así como de los estudios de seguridad presentados por ésta, en caso que hubieren. Al respecto, invocan la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 5 de marzo de 2021, don Ignacio Allendes Ibarra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud.

Argumenta, que como se señaló en la solicitud presentada, la declaración corresponde a la de "entidad obligada" en virtud de la ley N° 19.303, la cual se formaliza por un decreto expedido por los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Economía, Fomento y Turismo, como se señala en el artículo 3° inciso 1° de la misma ley. Por su parte, la denegación realizada por la Subsecretaría del Interior hace referencia a la resolución emanada del Intendente que notifica el hecho de encontrarse en las circunstancias señaladas en el inciso 1° del artículo 3° del Decreto Ley N° 3607 de 1981, ninguna de las cuales es aplicable a las instalaciones de BAT CHILE S.A. ubicadas en Suiza N° 244, comuna de Cerrillos.

Adjunta copia de escritura pública de fecha 06 de octubre de 2020, en que consta su personería para actuar en representación de BAT Chile S.A. ante organismos de la Administración del Estado.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Interior, mediante Oficio E7180, de 29 de marzo de 2021, solicitando que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante Oficio N° 9133, de 22 de abril de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones en esta sede reiterando lo expuesto en su respuesta al requerimiento. Concluyendo que "en virtud de lo señalado por la normativa vigente, y que la naturaleza de los estudios de seguridad de las entidades obligadas y estratégicas, versan sobre documentos que contienen materias sensibles en estrategia y seguridad, tanto para Carabineros de Chile como para la empresa en cuestión, y que en algunos casos podrían ser relevantes para la seguridad nacional, es que concurre la causal de secreto o reserva artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en virtud del cual se faculta a esta autoridad a denegar el acceso a la información requerida, y que por tanto, se actuó conforme a lo facultado por el legislador".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por la Subsecretaría del Interior a la solicitud del reclamante referida al acceso a copia de los Oficios Secretos N° 26, de 2020, de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros de Chile y N° 02, de 2020, de la Prefectura de Seguridad Privada de Carabineros de Chile O.S. 10, por medio de los cuales dichas reparticiones policiales habrían propuesto a BAT Chile S.A. como entidad obligada por la ley N° 19.303.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. En razón de lo anterior, en principio, la información objeto del amparo es información pública pues dice relación con actos y resoluciones de un órgano del Estado, salvo la concurrencia de alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran.

3) Que, el órgano requerido fundo la denegación en que se trataría de información reservada conforme al artículo artículo 3°, del decreto ley N° 3.607, que deroga el D.L. N° 194, de 1973 y establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados, extendiéndose la reserva al decreto que declara la calidad de estratégica de la entidad correspondiente, así como de los estudios de seguridad presentados por ésta, en caso de que hubiere. Dicha reserva resultaría aplicable por el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

4) Que, sin embargo, del tenor del requerimiento se observa claramente que lo pedido dice relación con Oficios que habrían sido dictados por las autoridades policiales que se indica, en el marco del procedimiento regulado por la ley N° 19.303 -que establece obligaciones a entidades que indica, en materia de seguridad de las personas-, conforme al cual se determinó que la empresa mandante del requirente, BAT Chile S.A., es entidad obligada por la aludida ley. Luego, al tenor del requerimiento, y lo establecido en el artículo 2° del mismo cuerpo normativo, esto es, que "Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las entidades a que se refiere el artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981"; este Consejo, no advierte cómo es que la información pedida se encuentre comprendida en la hipótesis de reserva establecida precisamente en el artículo 3°, del decreto ley N° 3.697, que invoca la Subsecretaría del Interior, por tratarse de estatutos normativos que regulan situaciones diversas.

5) Que, en efecto, la ley N° 19.303, conforme a su artículo 1°, regula las obligaciones que deberá cumplir "los establecimientos, instituciones o empresas, en adelante, las entidades obligadas, que, por sus actividades, reciban, mantengan o paguen valores o dinero, deberán cumplir con las obligaciones de esta ley, en cada recinto o local en que desarrollen, con carácter permanente o temporal, tales labores, siempre y cuando los montos en caja, en cualquier momento del día, sean iguales o superiores al equivalente de quinientas unidades de fomento". Por su parte, el artículo 3°, de la ley, señala que "[m]ediante decreto supremo, expedido a través de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, y de Economía, Fomento y Turismo, previo informe de Carabineros de Chile, se determinarán, en forma genérica o específica, las entidades obligadas que, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1°, quedarán sometidas a las obligaciones que establece esta ley. / El decreto a que se refiere el inciso anterior será secreto y se notificará personalmente al propietario, representante o administrador de la respectiva entidad obligada, ya se trate de personas naturales o de comunidades, sociedades u otras personas jurídicas. Acto seguido, establece que la entidad obligada podrá, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, solicitar al Presidente de la República la reposición del decreto por el que se le hubiere sometido al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente ley y de no estar conforme con lo resuelto, podrá reclamar, dentro del plazo de diez días, ante la Corte de Apelaciones que tenga jurisdicción en el territorio donde se ubique el respectivo recinto o local. Interpuesto el reclamo, al que deberán acompañarse los antecedentes en que se funde, la Corte pedirá informe a la autoridad respectiva, fijándole un plazo breve para emitirlo. Finalmente, el mentado artículo señala que "[l]as actuaciones a que den lugar la reposición y el reclamo a que se refieren los incisos anteriores serán secretas y los respectivos expedientes deberán mantenerse en reserva o custodia, pudiendo ser conocidos sólo por las partes o sus representantes" (énfasis agregado).

6) Que, a su turno, el Reglamento de la ley N° 19.303 (decreto N° 1772, de 1995, del Ministerio de Interior), establece en sus artículos 5° y 6°, que "[s]e entenderá por Medidas de Seguridad, toda acción que involucre la implementación de recursos humanos, elementos físicos y tecnológicos, y los procedimientos a seguir, con el fin de evitar la comisión de hechos delictuales y proteger la seguridad de las personas. Dichas medidas considerarán las fortalezas y debilidades, y servirán para adoptar cursos de acción tendientes a suprimir tales debilidades". Luego, "[l]as medidas de seguridad que decidan adoptar las entidades obligadas, serán presentadas a las Prefecturas de Carabineros o a la autoridad institucional comprendida en el artículo 13 de la Ley N° 19.303 y contendrán la información necesaria dispuesta por la autoridad policial".

7) Que, por su parte, el decreto ley N° 3.607, que deroga decreto ley N° 194, de 1973, y establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados, tiene por objeto regular la autorización, en la forma y condiciones que establece, "el funcionamiento de vigilantes privados que tendrán como único y exclusivo objeto la protección y seguridad interior de edificios, destinados a la habitación, oficinas o a otra finalidad; de conjuntos habitacionales; de recintos, locales, plantas u otros establecimientos de empresas cualquiera sea su naturaleza". Asimismo, el artículo 3° del mismo cuerpo normativo, establece que "[n]o obstante lo dispuesto en el artículo 1°, las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, las entidades públicas, las empresas de transporte de valores, las empresas estratégicas, los servicios de utilidad pública que se determine, deberán contar con su propio servicio de vigilantes privados y, además, mantener un organismo de seguridad interno, del cual dependerá la oficina de seguridad". Acto seguido, se dispone que "[s]e consideran empresas estratégicas las que se individualicen como tales por decreto supremo, el que tendrá carácter de secreto. / Los intendentes, a proposición de las Prefecturas de Carabineros respectivas, notificarán a las entidades la circunstancia de encontrarse en la situación prevista en los incisos anteriores, pudiendo delegar esta atribución en los correspondientes gobernadores. Una vez notificado el afectado, deberá presentar a la autoridad requirente, dentro del plazo de sesenta días, un estudio de seguridad que contenga las proposiciones acerca de la forma en que se estructurará y funcionará su organismo de seguridad interno y su oficina de seguridad. (...). / El estudio de seguridad a que se refiere el inciso anterior deberá ser elaborado por el propio interesado, quien podrá requerir la asesoría de alguna empresa de seguridad, debidamente autorizada. (...) / Para todos los efectos legales y administrativos, el estudio de seguridad tendrá el carácter de secreto y quedará archivado en las respectivas Prefecturas de Carabineros, las cuales certificarán el hecho de haberse presentado y aprobado".

8) Que, así las cosas, en la especie, el órgano reclamado no ha fundamentado detalladamente cómo es que los oficios pedidos se enmarcarían en el procedimiento de determinación de "empresa estratégica" de la reclamante, regulado por el artículo 3° del decreto ley N° 3.607, en circunstancias que le pedido dice relación con los oficios que serían fundamento del decreto supremo que estableció a la reclamante como "entidad obligada" a la ley N° 19.303.

9) Que, en tal orden de ideas, es menester tener presente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que además, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 3° del decreto ley N° 3.607, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

10) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. En el presente caso, como se expuso precedentemente, la Subsecretaría de Interior funda la denegación de información en la aplicación de una normativa que parece no ser atingente al caso que nos convoca y, en la consecuente afectación a "las entidades obligadas y estratégicas, versan sobre documentos que contienen materias sensibles en estrategia y seguridad, tanto para Carabineros de Chile como para la empresa en cuestión, y que en algunos casos podrían ser relevantes para la seguridad nacional"; no obstante, no allegó al expediente ningún antecedente que permita presumir justificadamente que la divulgación de la información pedida afecte, con cierto grado de especificidad y certeza, los bienes jurídicos esgrimidos, máxime si se considera que el solicitante cuenta con suficiente mandato para actuar en representación de BAT Chile S.A., empresa a la cual le atañe la resolución que la califica como entidad sujeta a la ley N° 19.303. En este orden de ideas, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 17 letra a), de la ley N° 19.880, que dispone que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente.

11) Que, a mayor abundamiento, aún en el evento de estimar que la reserva establecida para el decreto que determina a una entidad como obligada a la ley N° 19.303, según su artículo 3°, alcanza o se extiende a los informes de Carabineros de Chile que sirven de fundamento, dicha reserva no procede respecto de aquellas personas que tengan la calidad de interesado en el mismo, pues así se deduce de las expresiones "[e]l decreto a que se refiere el inciso anterior será secreto y se notificará personalmente al propietario, representante o administrador de la respectiva entidad obligada" y "[l]as actuaciones a que den lugar la reposición y el reclamo a que se refieren los incisos anteriores serán secretas y los respectivos expedientes deberán mantenerse en reserva o custodia, pudiendo ser conocidos sólo por las partes o sus representantes". Lo anterior guarda concordancia con la necesidad de que las decisiones de la Administración del Estado deben sustentarse en un motivo legal y no arbitrario y, de esa forma, ser susceptibles de control -administrativo o judicial- en lo que respecta al legítimo ejercicio de las potestades públicas que la ley pone en el ámbito de sus competencias, ello por cuanto dichas potestades constituyen un poder jurídico que no se ejerce libremente por la Administración, sino en función del interés al cual están sujetas, resultando así evidente que para que dichos interesados puedan ejercer efectivamente su derecho a reclamar o impugnar la decisión adoptada, puedan previamente, tener acceso a todos los antecedentes del procedimiento.

12) Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado fehacientemente la causal de reserva invocada por el organismo, se acogerá el amparo en análisis, ordenándose entregar al reclamante copia de los Oficios individualizados en el numeral 1) de lo expositivo, previa acreditación de la condición de representante legal o apoderado de la empresa en cuestión. Al respecto, se hace presente que teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia a consecuencia del COVID-19, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo requerido, por un medio alternativo a la entrega de manera presencial. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos, según corresponda.

13) Que, además, el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Lo anterior, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Ignacio Allendes Ibarra, en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de los Oficios Secretos N° 26, de 2020, de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros de Chile y N° 02, de 2020, de la Prefectura de Seguridad Privada de Carabineros de Chile O.S. 10, por medio de los cuales dichas reparticiones policiales habrían propuesto a BAT Chile S.A. como entidad obligada por la ley N° 19.303; previa acreditación de la condición de representante legal o apoderado de la empresa en cuestión. Lo anterior, dándose cumplimiento a lo señalado en los considerandos 12° y 13° precedentes.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ignacio Allendes Ibarra y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.