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Pía Briceño Sepúlveda con SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Rol: C1478-21

Consejo para la Transparencia, 15/06/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Educación, requiriendo la entrega de información referida "Cantidad total de profesores y profesoras, así como también asistentes de la educación, que se han acogido al incentivo al retiro por año (...) desagregada por sector, sexo y estamento"; y la "Indicación del costo por año asociado a la cantidad total de trabajadores acogidos al incentivo al retiro y en lo respectivo a los diversos sectores y estamentos". Lo anterior respecto de la ley N° 20.976, para profesores y profesoras; de la ley N° 20.964, para asistentes de la educación, en ambos casos correspondiente al año 2017. No obstante lo anterior, en el evento que parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual se descartó la hipótesis de distracción indebida alegada por el órgano. Se rechaza el amparo en cuanto a la entrega de información sobre la ley N° 21.050, respecto de los asistentes a la educación y del año 2020, de los profesores y profesoras acogidos a la ley N° 20.822. Lo anterior por cuanto la reclamada ha señalado los motivos específicos por los cuales lo pedido no obra en su poder y no se dispone de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria a aquella.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1478-21

Entidad pública: Subsecretaría de Educación

Requirente: Pía Briceño Sepúlveda

Ingreso Consejo: 04.03.2021

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Educación, requiriendo la entrega de información referida "Cantidad total de profesores y profesoras, así como también asistentes de la educación, que se han acogido al incentivo al retiro por año (...) desagregada por sector, sexo y estamento"; y la "Indicación del costo por año asociado a la cantidad total de trabajadores acogidos al incentivo al retiro y en lo respectivo a los diversos sectores y estamentos". Lo anterior respecto de la ley N° 20.976, para profesores y profesoras; de la ley N° 20.964, para asistentes de la educación, en ambos casos correspondiente al año 2017. No obstante lo anterior, en el evento que parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual se descartó la hipótesis de distracción indebida alegada por el órgano.

Se rechaza el amparo en cuanto a la entrega de información sobre la ley N° 21.050, respecto de los asistentes a la educación y del año 2020, de los profesores y profesoras acogidos a la ley N° 20.822.

Lo anterior por cuanto la reclamada ha señalado los motivos específicos por los cuales lo pedido no obra en su poder y no se dispone de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria a aquella.

En sesión ordinaria N° 1191 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1478-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de enero de 2021, doña Pía Briceño Sepúlveda solicitó a la Subsecretaría de Educación, lo siguiente:

"Durante los años 2015 a 2017 se publicaron las siguientes leyes que pretendían incentivar el retiro de funcionarios públicos del sector educacional, al respecto:- Ley N° 20.822 y N° 20.976, del año 2015 y 2016, que abordaban el retiro de Profesores, contemplando ambas normativas la suma de 30.331 cupos al año 2024. - Ley N° 20.964 y N° 21.050, de los años 2016 y 2017, sobre Asistentes de la Educación, ambas con vigencia al año 2025 y que contemplaron 12.000 cupos. De esta forma, solicitamos a la Subsecretaría de Educación la siguiente información:

1. Cantidad total de profesores y profesoras, así como también asistentes de la educación, que se han acogido al incentivo al retiro por año, esto en el período comprendido entre el 2015 y el primer semestre del año 2020. Asimismo, solicitamos que esta información se nos presente desagregada por sector, sexo y estamento. Lo anterior de acuerdo a las leyes respectivas anteriormente individualizadas que regulan a cada grupo de funcionarios públicos.

2. Indicación del costo por año asociado a la cantidad total de trabajadores acogidos al incentivo al retiro y en lo respectivo a los diversos sectores y estamentos".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 1336, de 1° de marzo de 2021, la Subsecretaría de Educación respondió el requerimiento, señalando que adjunta planilla indicando número de ley, año y monto, respecto del costo asociado a la cantidad total de trabajadores acogidos al incentivo al retiro.

Respecto a la información relativa a los profesores y asistentes de la educación del año 2020 no se puede entregar, toda vez que a la fecha no ha sido levantada.

En relación a la información de profesores, adjunta en formato Excel las planillas con el detalle de los años 2016, 2017 y 2018, y de los asistentes de los años 2017, 2018 y 2019, aquello se encuentra disponible en el enlace que indica.

En cuanto a la consulta, según lo informado por la División de Planificación y Presupuesto, la búsqueda de información desde el año 2015 y 2019 para los profesores y de los años 2015 y 2016, para los asistentes, implica que, al menos un funcionario debe levantar, revisar y sistematizar una gran cantidad de antecedentes, a fin de elaborar el documento en los términos requeridos, toda vez que aquellos se encuentran en más de 49.780 documentos físicos aproximadamente y 2.000 resoluciones, lo que implica la dedicación a tiempo completo por al menos 414 horas. En atención a lo anterior, alegó la concurrencia de la causal establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 4 de marzo de 2021, doña Pía Briceño Sepúlveda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud. Además, la reclamante hizo presente que: "sólo entregó información parcial y contradictoria, en segundo, presentó información que no fue requerida por esta parte, y, en tercer lugar, respecto a la "información faltante" de respuesta, esta fue declarada como reservada. Así:

1. La respuesta sólo entrega valores totales (no información desagregada) asociados a algunos años por concepto de incentivo al retiro. a. En el caso de los y las docentes: Se solicitó expresamente información sobre la ley N° 20.822 (2015) y se entregaron las sumas asociadas al gasto de los años 2015 a 2019, faltando la información del año 2020. En tanto respecto de la ley N° 20.976 (2016) sólo se entregaron los valores de los años 2018 a 2020. b. Asistentes de la educación: Sólo se pronunciaron en el caso de la ley N° 20.964 (2016) y entre los años 2018 a 2020. Para la ley N° 21.050 (2017) no existe información.

2. Consta una tabla Excel con el costo de otras leyes cuya información no fue solicitada (leyes N° 20.652, 20.159 y 20.501).

3. De manera contradictoria con la información presentada en la tabla Excel, se sostuvo que la información del año 2020 no ha sido levantada, siendo que en dicha tabla existe información parcial sobre este año.

4. Por último, respecto de la información faltante, se sostiene que la entrega de la misma es una carga excesiva de trabajo, denegando y declarando reservada la información. Se afirma que, según la División de Planificación y Presupuesto de la Subsecretaría de Educación, "la información requerida desde el año 2015 y 2019 para los profesores y de los años 2015 y 2016 para los asistentes" implicaría una gran cantidad de trabajo:

a. Sin embargo, en el caso de los asistentes de la educación la primera ley fue dictada en el año 2016, por lo que difícilmente podría existir dicha información para el año 2015.

b. Respecto de los años para los cuales levantar la información sería una carga mayor de trabajo, hay años cuya información sí consta en la tabla, así como también, otros años sin información a los que no se hace alusión alguna en la respuesta. Para el caso de las leyes aplicables a los y las profesoras, para la ley N° 20.822 sí se entregan los valores totales comprendidos entre los años 2015 a 2019, en tanto que respecto de la ley N° 20.976 no consta información para el año 2017. Por otro lado, para el caso de los y las asistentes de la educación, no existe información sobre la aplicación de la ley N° 20.964 para el año 2017 y respecto de la ley N° 21.050 no existe respuesta alguna".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Educación, mediante Oficio N° E6765, de 19 de marzo de 2021, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (4°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (5°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Mediante oficio Ord. N° 07/1211, de 13 de abril de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos, haciendo presente que, actualmente, se encuentra en proceso de revisión y otorgamiento de beneficios, para el año 2018 en docentes y 2019 en asistentes de la educación, por lo tanto, declara la inexistencia de información en relación con los años posteriores.

Asimismo, la reclamada señaló que entregó la información en relación con el costo por año asociado a la cantidad total del personal acogido a incentivo al retiro, indicando el año calendario de pago. La información que no entregó en esa oportunidad corresponde a los años anteriores a los declarados. Ello, debido a que las leyes anteriores de retiro (distintas a las leyes N° 20.964 y N° 20.976) no incluían en su tramitación la generación de una nómina de beneficiarios por año, por tanto la ley N° 20.822 no está desagregada por estas variables, lo que implica que no se encuentra disponibles ni la cantidad ni la identificación de los beneficiarios, por lo tanto, la información no se encuentra sistematizada.

En cuanto a esta situación, aclara que las distintas leyes posteriores han ido reemplazando al resto, por lo que hoy en día las leyes que efectivamente generan las listas de beneficiarios son las leyes N° 20.976 (docentes) y N° 20.964 (asistentes de la educación), las que además se comenzaron a pagar durante el año 2018. Previo a estas leyes, se entregaba beneficios por incentivo al retiro por medio de leyes de término de contrato, las que generaban resoluciones sin un proceso de generación de nóminas.

En cuanto a la ley N° 21.050, deja constancia que ella es una norma de reajuste del sector público que no corresponde a materias de incentivo al retiro por lo que no se contempla como una ley asociada al término de contrato de un trabajador como consecuencia de la recepción de un bono por su jubilación. Por lo tanto, no existe entrega de bonos al retiro incluidos en la mencionada norma.

Acto seguido, el órgano recurrido indica que los distintos procesos de postulación a los incentivos no corresponden necesariamente al mismo que el año en que se pagó, siendo este último la fecha calendario en que se transfirieron los beneficios a los sostenedores, mientras que el proceso de postulación refiere a los cupos establecidos por año en las respectivas leyes.

Aclara, que la información entregada no incluye apertura por sexo, debido a que esa información no está incluida en reportes habituales.

En cuanto a la información solicitada, señala que la misma se encuentra en más de 49.780 documentos físicos aproximadamente y más de 2000 resoluciones. Ahora bien, algunos de los datos solicitados no se encuentran en soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia, como el sexo, ya que no ha sido un dato que se haya solicitado de manera sistemática. Tampoco existen los datos de los beneficiarios de los años 2019 en adelante, en el caso de los docentes, y de la misma forma, tampoco existen los datos de los beneficiarios de los años 2020 en adelante, en el caso de los asistentes de la educación, ya que actualmente el Ministerio ha estado recopilando la información sobre beneficiarios de bonos hasta el año 2018 y 2019, respectivamente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en respuesta incompleta o parcial a la solicitud de información referida a la cantidad total de profesores y profesoras, así como también asistentes de la educación, que se han acogido al incentivo al retiro por año en período y respecto a leyes que indica, como asimismo, el costo por año asociado. Así, de acuerdo con lo verificado por esta Corporación y lo expresado por la reclamante, el presente amparo se circunscribiría a lo siguiente: a) profesores y profesoras: Ley N° 20.822, faltaría el año 2020; Ley N° 20.976, faltaría el año 2017; b) asistentes de la educación: Ley N° 20.964 faltaría el año 2017; Ley N° 21.050, faltaría todo el periodo consultado.

2) Que, con respecto a la información de los asistentes a la educación correspondiente a la ley N° 21.050, y del año 2020, de los profesores y profesoras acogidos al incentivo establecido en la ley N° 20.822, el órgano reclamado alegó la inexistencia de aquella. En tal sentido, se debe tener presente que lo argumentado corresponde a una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla; sino que ésta debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo de aquello, lo que debe ser acreditado de manera fehaciente.

3) Que, en la especie, la Subsecretaría de Educación señaló que la ley N° 21.050, corresponde al reajuste del sector público, por lo que, no guarda relación con la materia consultada. En efecto, la ley N° 21.050, otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales; estableciendo para el caso de los asistentes de la educación el derecho a percibir aguinaldo (artículo 3); "bono de desempeño laboral" (artículo 29); y la asignación por desempeño en condiciones difíciles (artículo 41). De esta forma, no contempla incentivo al retiro de dichos funcionarios, que corresponde a lo consultado en el requerimiento que dio origen al presente amparo. Por su parte, en cuanto a la información del año 2020, de los profesores y profesoras acogidos a la ley N° 20.822, el órgano reclamado señaló que aquella no existe, por cuanto han estado recopilando los antecedentes sobre los beneficiarios del incentivo en cuestión, sólo hasta el año 2018.

4) Que, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, que establece que sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. De esta forma, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por la Subsecretaría de Educación en orden a que no cuentan con lo reclamado, se rechazará el presente amparo en este aspecto.

5) Que, en cuanto a los demás antecedentes reclamados, el órgano recurrido alegó la concurrencia de la causal dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de la citada ley, precisa, que dicha circunstancia se configura, cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.

6) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, su concurrencia supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". (Énfasis agregado)

8) Que, el órgano recurrido señaló que las leyes anteriores no incluían en su tramitación la generación de una nómina de beneficiarios por año, por tanto, no está desagregada por estas variables, lo que implica que no se encuentra disponibles ni la cantidad ni la identificación de los beneficiarios, por lo tanto, lo requerido no se encuentra sistematizado, por lo que, su entrega implicaría la distracción indebida de sus funcionarios en el cumplimiento de sus labores habituales, pues aquello se encuentra contenida en más de 49.780 documentos físicos y de 2000 resoluciones, lo que significaría la dedicación a tiempo completo de, al menos un funcionario de la Unidad de Bonos por un período cercano a 414 horas.

9) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, se considera que las alegaciones del órgano reclamado no otorgan antecedentes para configurar la causal de excepción al principio de publicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado alegada, careciendo de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, al no proporcionar elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva, descartándose su concurrencia. Además, se debe considerar que la Subsecretaría de Educación, publica una serie de listados que contendrían parte de los antecedentes requeridos. Así que, aquello ya se encontraría sistematizado.

10) Que, en consecuencia, al tratarse de información pública, habiéndose descartado la hipótesis de reserva alegada, se acogerá el presente amparo en esta parte, requiriendo su entrega. No obstante lo anterior, en el evento que parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de esta decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Pía Briceño Sepúlveda en contra de la Subsecretaría de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Educación, lo siguiente:

a) Entregue a la reclamante la información referida "Cantidad total de profesores y profesoras, así como también asistentes de la educación, que se han acogido al incentivo al retiro por año (...) desagregada por sector, sexo y estamento"; y la "Indicación del costo por año asociado a la cantidad total de trabajadores acogidos al incentivo al retiro y en lo respectivo a los diversos sectores y estamentos". Lo anterior respecto de la ley N° 20.976, para profesores y profesoras; de la ley N° 20.964, para asistentes de la educación, en ambos casos correspondiente al año 2017. No obstante lo anterior, en el evento que parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en cuanto a la entrega de información sobre la ley N° 21.050, respecto de los asistentes a la educación y del año 2020, de los profesores y profesoras acogidos a la ley N° 20.822, por no obrar en poder del órgano reclamado, en virtud de las razones expuestas precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y el Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Pía Briceño Sepúlveda y al Sr. Subsecretario de Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.