logo
 

Jorge Cortés Sepúlveda con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C1483-21

Consejo para la Transparencia, 15/06/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenándose la entrega de los RIT/RUC de las causas penales en las cuales se encontraron involucradas las AFPs desde el año 2002, y que fueren conocidas por la Superintendencia de Pensiones. Lo anterior, por tratarse de información pública, toda vez que la designación del RIT o RUC, la realizan los Tribunales, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad consagrado en el Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos"; respecto de la cual, se desestimó, asimismo, la afectación de las funciones del organismo, de los derechos de los terceros y de las labores investigativas del Ministerio Público. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otros.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1483-21

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones

Requirente: Jorge Cortés Sepúlveda

Ingreso Consejo: 05.03.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenándose la entrega de los RIT/RUC de las causas penales en las cuales se encontraron involucradas las AFPs desde el año 2002, y que fueren conocidas por la Superintendencia de Pensiones.

Lo anterior, por tratarse de información pública, toda vez que la designación del RIT o RUC, la realizan los Tribunales, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad consagrado en el Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos"; respecto de la cual, se desestimó, asimismo, la afectación de las funciones del organismo, de los derechos de los terceros y de las labores investigativas del Ministerio Público.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otros.

En sesión ordinaria N° 1191 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1483-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de enero de 2021, don Jorge Cortés Sepúlveda solicitó a la Superintendencia de Pensiones, "me remitan rit/ruc de las causas penales en las cuales se encontraron involucradas las afp desde el 2002, y que fueron conocidas por la superintendencia de pensiones; afp + rit/ruc".

2) RESPUESTA: Por medio de Oficio ordinario N° 5716, de fecha 24 de febrero de 2021, el órgano respondió el requerimiento, señalando que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, en virtud de una búsqueda realizada en el enlace web que indica de la Oficina Judicial Virtual, la información pública sobre la materia es la causa RUC 1700029634-1, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, respecto de la cual se encuentra involucrada AFP Provida S.A.

Agregó que, en relación a todo otro RIT o RUC que no se encuentre publicado en la Oficina Judicial Virtual, en virtud del ya mencionado artículo 182 del Código Procesal Penal, debe proceder conforme al artículo 13 de la Ley de Transparencia, derivando su solicitud al Ministerio Público, ya que es el órgano que se encuentra en la posición legal para determinar la publicidad o reserva de la información solicitada. Así, mediante Oficio Ordinario N° 5717, de fecha 24 de febrero de 2021, procedió a derivar al Ministerio Público la solicitud.

3) AMPARO: El 5 de marzo de 2021, don Jorge Cortés Sepúlveda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Pensiones fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N° E6575, de fecha 18 de marzo de 2021, solicitó al reclamante aclarar si accedió al link proporcionado por el órgano reclamado señalando, en el caso de haberlo hecho, si los antecedentes publicados satisfacen o no su requerimiento.

Al respecto, mediante correo electrónico de fecha 24 de marzo de 2021, el recurrente indicó que si accedió al link remitido por la reclamada. Además, señaló que los RIT/RUC desde el año 2002 no pueden ser encontrados porque el organismo no los envió, por lo que la información entregada no permite satisfacer su requerimiento.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante Oficio N° E7697 de fecha 8 de abril de 2021, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante Oficio Ordinario N° 11712, de fecha 30 de abril de 2021, la Superintendencia presentó sus descargos en los siguientes términos:

Hizo presente que su actuar, se aviene a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, conforme al cual las solicitudes de acceso deben derivarse a aquel organismo competente para pronunciarse sobre la entrega de la información, en especial en el caso de la denuncia por hechos que pueden constituir un delito. Así, advirtió que en atención a la naturaleza de lo solicitado, como son las denuncias al Ministerio Público, el órgano que se encuentra en mejor posición para calificar la reserva de los antecedentes requeridos es éste último, conforme al artículo 180 del Código Procesal Penal. Sobre el particular, citó jurisprudencia de esta Corporación en este sentido.

Por otra parte, señaló que la información solicitada obra en su poder. En este sentido, explicó que tiene conocimiento de aquellos casos en los que se ha ejercido denuncia y eventualmente requerimientos que pudieron provenir de las policías o del Ministerio Público, en los cuales las AFP pueden haber sido víctimas, terceros o denunciados algunos de sus dependientes, lo cual consta en denuncias o requerimientos de información, que no se encuentran organizadas de manera sistematizada, sin perjuicio que muchos documentos -como oficios reservados sobre la materia- previos al año 2009, no se encuentran digitalizados y que una búsqueda en el sistema documental es compleja, producto a que la información sobre dichos procesos se mantiene de manera reservada conforme al artículo 182 del Código Procesal Penal. Añadió que, el proceso de persecución penal está totalmente entregado al Ministerio Público y a los Juzgados con competencia en lo penal, por lo que, no le corresponden realizar seguimiento ni control de los procesos, ni menos le deben informar el resultado de aquellos casos en los que haya denunciado o haberle sido requerida información, resultando extremadamente difícil conocer el estado de los procesos penales, detentando dicho control y conocimiento el órgano competente al que fuere derivada la solicitud.

Con todo, precisó que, sin perjuicio de su incompetencia, concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia; pues una de sus funciones especiales es aquella referida a la fiscalización o supervisión de las personas o entidades sujetas a su control, el cual no sería efectivo si las personas sobre quienes ejerce sus facultades, tienen noticia previa a la instrucción de un proceso sancionatorio, de las diligencias, pruebas y consideraciones preliminares sobre la imputabilidad de las personas determinadas o determinables investigadas, así como tener conocimiento de los patrones de fiscalización, por lo que, si dicho control no llega a ser efectivo, potencialmente se está afectando el debido cumplimiento de sus funciones; particularmente, alertar de las etapas, pesquisas, pruebas, y permitir establecer un patrón de los procesos de fiscalización.

Además, indicó que procedería la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en la medida que la comunicación de los RIT o RUC -además de no contar sobre la publicidad o reserva del proceso penal-, puede afectar el derecho de presunción de inocencia previsto en el artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República y en los artículos 8.2 y 14.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por el decreto supremo N° 873, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta línea, señaló que el conocimiento sobre dichos datos, no se pronuncian sobre la inocencia de aquellas personas determinadas o determinables investigadas, sino que se refieren comunicación que el órgano ha dirigido en contra de determinados sujetos, sobre antecedentes que son o han sido materia de investigación, que podrían ser constitutivas de crímenes o simples delitos. Adicionalmente, advirtió que la amenaza de afectación de los derechos del tercero va directamente vinculada con la divulgación de la información requerida, ya que la existencia de un proceso y su expediente digital, da cuenta de la formalización de una investigación o proceso de persecución penal.

Asimismo, señaló que la divulgación de lo pedido podría afectar el derecho a la honra, garantizado en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental.

A su turno, esgrimió la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de los RIT/RUC de las causas penales en las cuales se encontraron involucradas las AFPs desde el año 2002, y que fueren conocidas por la Superintendencia de Pensiones, respecto de lo cual, el órgano reclamado no obstante haber derivado la solicitud de información al Ministerio Público, advirtió con ocasión de sus descargos, que lo solicitado obra en su poder, sin embargo, se configuran las causales de reserva del artículo 21 N° 1, N° 2 y N° 5 en relación a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal.

2) Que, resulta atingente tener presente que el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, respecto de la información solicitada, se debe tener presente lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otros, en orden al marco normativo aplicable a la publicidad de los expedientes judiciales en materia penal, dentro del cual se encuentran lógicamente los medios para identificarlos, como ocurre por ejemplo, con el rol de cada causa. En este orden de ideas, la designación de un RIT o RUC a las respectivas causas penales, la realizan los Tribunales de Justicia, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad, que se encuentra consagrado en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos". Esta es, en consecuencia, la premisa legal que aplica sobre la materia consultada, en tanto la designación de un número para identificar una causa judicial, constituye una actuación del tribunal correspondiente. Luego, el referido antecedente, nos permite como sociedad materializar una garantía que, además, se encuentra reconocida en tratados internacionales, tal como ocurre en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por el decreto supremo N° 778, año 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

4) Que, en efecto, el artículo 8 N° 5, de la Convención Americana, en lo que atañe a las Garantías Judiciales, establece que: "El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia". A su turno, el artículo 14 del citado Pacto dispone que: "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente (...)". En este mismo sentido, en el ámbito de la legislación nacional, el artículo 1° del Código Procesal Penal, prescribe que: "Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público". Lo anterior, se basa en que la publicidad como base de la función jurisdiccional garantiza una mejor administración de justicia, ya que permite a la ciudadanía en general, y a las partes en particular, controlar la actuación de los tribunales, velando por la transparencia y corrección de sus actuaciones. Desde este punto de vista, para dar inicio a dicha publicidad es necesario poder en primer lugar, identificarla, siendo esencial para ello el conocimiento del rol interno de la causa judicial. Es por esta razón, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 22 de noviembre de 2005, sobre Caso Palamara Iribaren versus Chile, señaló que la publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y se relaciona con la necesidad de transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen.

5) Que, con todo, la normativa antes citada, desde luego admite excepciones, como el honor o la intimidad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio. Sin embargo, el llamado a aplicar reservas en los respectivos procesos son los mismos Tribunales, tal como dispone la Excma. Corte Suprema, en el artículo 37 de su Compendio de Autos Acordados, particularmente, en su Capítulo Décimo Sexto, sobre las normas de tramitación: "Publicidad de las Actuaciones. Las actuaciones que se realicen ante el Juzgado de Garantía, por la naturaleza del nuevo sistema procesal penal, son públicas (artículo 1° del Código Procesal Penal, artículo 8 N° 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), sin perjuicio que el tribunal pueda disponer, a petición del fiscal o de otro interviniente, su reserva, lo que sólo corresponderá acoger cuando la gravedad de los antecedentes o sus circunstancias lo hagan aconsejable".

6) Que, por lo tanto, cuando la naturaleza del delito lo amerita, es el mismo órgano reclamado quien debe solicitar a los distintos tribunales las reservas respectivas. En efecto, partiendo sobre la base de que, si la víctima o el imputado, por ejemplo, necesitaba la referida reserva, el órgano reclamado en cumplimiento de sus propias funciones, debió solicitar al juzgado la reserva. Luego, si no lo requirió, se colige que el servicio ponderó dicha situación y no lo consideró necesario, a la luz de las circunstancias de cada caso en particular.

7) Que, en otro orden de ideas, cabe tener en consideración que la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 26 de febrero de 2020, causa Rol 26.276-2019, en cuanto la entrega de roles de causas judiciales solicitadas a Gendarmería de Chile, refirió que: "(...) tampoco puede configurarse la causal de reserva establecida, respecto de la edad de los condenados y rol de la causa, pues se trata de datos que, sin la indicación del nombre del interno, quedan convertidos en datos desvinculados de las características morales de personas identificadas".

8) Que, además, la información como el rol y tribunal, son accesibles desde la página web del Poder Judicial mediante el sistema de "Consulta Unificada de Causas", ya que se trata de información que se halla en una fuente de libre acceso al público. Así, por ejemplo, el máximo Tribunal, mediante sentencia pronunciada en los autos Rol N° 19.511-2019, con fecha 4 de septiembre de 2019, concluyó lo siguiente: "(...) tal como lo ha resuelto esta Corte con anterioridad, a modo ejemplar en autos CS Rol 12.151-2019, tratándose de antecedentes que se hallan en una fuente de libre acceso al público, resulta plausible la defensa del recurrido, en orden a haber accedido a ellos por esta vía. En razón de lo anterior, queda de manifiesto que no es posible sostener que exista privación, perturbación o amenaza actual de los derechos constitucionales del actor atribuible a la recurrida, razón por la cual el presente recurso será rechazado".

9) Que, a su vez, el artículo 2 del auto acordado 37-2016 de la Excma. Corte Suprema, dictado para la aplicación de la ley N° 20.886, establece que: "El Poder Judicial pondrá a disposición del público, en su portal de internet, un sistema de búsqueda de causas que garantice el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad. Se exceptúan de esta búsqueda las causas, sujetos o trámites que se reserven por disposición de la ley o por decisión del juez, a las cuales podrán acceder sólo las personas que se encuentren habilitadas para ello, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber por su divulgación indebida". Asimismo, el inciso tercero del artículo octavo de la ley N° 20.285, y en cumplimiento del principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado, dispone: "En los asuntos cuya cuantía exceda de 500 unidades tributarias mensuales o respecto de los cuales se impongan multas superiores a dicho monto, o penas de presidio o reclusión superiores a tres años y un día, las sentencias de término de los tribunales ordinarios o especiales, y las definitivas en caso de que las primeras sólo modifiquen o reemplacen parte de éstas, deberán publicarse en la forma dispuesta en este artículo. Lo mismo se aplicará a los demás órganos jurisdiccionales a que se refiere el inciso anterior respecto de sus resoluciones de igual naturaleza, cualquiera sea su denominación". Por lo tanto, lo anterior pone de relieve la importancia de la anotada publicidad para el adecuado desempeño de la función jurisdiccional que desempeñan los tribunales, inclusive en materia penal, por cuanto obliga a publicar la sentencia respectiva, la que lógicamente incluye el dato relativo al RIT y RUC de la respectiva acción judicial, de lo que se sigue que dicha información es pública en virtud de la ley, por cuanto dicha publicidad se instituye como sustento fundamental del orden institucional y democrático de la República.

10) Que, unido a lo anterior, además, respecto de las personas jurídicas, cabe tener presente que este Consejo ha resuelto reiteradamente, a partir de las decisiones recaídas en los amparos C461-09, C184-10 y C734-10, que no resulta aplicable la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada; por cuanto los datos personales están referidos a una persona natural identificada o identificable, de acuerdo a la definición prevista en el artículo 2 letra f) de dicho cuerpo legal.

11) Que, atendido el régimen de publicidad en relación a la identificación de las causas penales por medio del RIT/RUC, este Consejo no advierte la afectación de alguno de los bienes jurídicos tutelados en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En efecto, la reclamada no acompañó antecedentes que permitieran acreditar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a sus funciones fiscalizadoras, y a los derechos de los terceros. Asimismo, no señaló de qué manera la divulgación de lo solicitado, podría afectar las labores investigativas del ministerio público, en circunstancias que los mismos son determinados por el tribunal respectivo, resultando improcedente la derivación realizada con ocasión de su respuesta, tratándose, además, de información que, según lo señalado por el propio organismo en sus descargos, obra en su poder.

12) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública, respecto de la cual se desestimaron las causales de reserva esgrimidas por la reclamada, se acogerá el presente amparo, ordenándose al organismo haga entrega de lo solicitado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Jorge Cortés Sepúlveda en contra de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones, lo siguiente:

a) Entregue a la reclamante el "rit/ruc de las causas penales en las cuales se encontraron involucradas las afp desde el 2002, y que fueron conocidas por la superintendencia de pensiones; afp + rit/ruc".

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Cortés Sepúlveda y al Sr. Superintendente de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.